Sentencia 2011-05861 de noviembre 17 de 2011

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110011102000201105861 01 (3703-11) S.D. 2

Aprobado según acta de Sala 43

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Bogotá, D.C., diecisiete de noviembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, artículo 42 de la Ley 1474 de 2011 y el Acuerdo 075 del 28 de julio de 2011, la Sala Dual de Decisión 2 integrada por los honorables magistrados Julia Emma Garzón de Gómez y Angelino Lizcano Rivera que forma parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país.

El artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 consagra en el inciso segundo:

“El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo (...) si a su juicio el fallo carece de fundamento procederá a revocarlo de inmediato. Si se encuentra el fallo ajustado a derecho lo confirmará (...)”.

2. Caso en concreto.

Las accionantes en el eje central de su reclamación sostienen, que desde el año 2009 a la fecha, el Procurador General de la Nación y las procuradoras accionadas han emitido de manera continua y sistemática una serie de pronunciamientos que incluyen información inexacta o tergiversada, relacionada con los derechos reproductivos de las mujeres colombianas: al descontextualizar la orden de la Corte Constitucional de implementar “campañas masivas de derechos sexuales y reproductivos” contenida en la Sentencia T-388 de 2009 y soportada en la línea trazada en la Sentencia C-355 de 2006 (i); al mentir sobre lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Estado han establecido sobre la anticoncepción oral de emergencia (ii); al mentir para evitar la remoción de obstáculos al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por parte de la entidad de vigilancia del sistema de salud (iii); al mentir frente a los efectos de la suspensión del Decreto 4444 de 2006 para evitar la aplicación de la jurisprudencia constitucional sobre la objeción de conciencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo (iv); al mentir sobre el reconocimiento del derecho a la vida de los no nacidos para exigir a los funcionarios públicos su protección (v); y al mentir sobre lo que la OMS y el Invima han determinado frente al Misoprostol para evitar su inclusión en el plan obligatorio de salud.

Como presupuesto fáctico de la primera afirmación (i) aducen que el 21 de octubre de 2009, el Procurador General de la Nación emitió un comunicado de prensa en el que señala que la Corte Constitucional había ordenado en la Sentencia T-388 de 2009 implementar campañas masivas de promoción del aborto; y que el 10 de noviembre del mismo año, la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia declaró que las órdenes contenidas en la Sentencia T-388 de 2009, eran inaplicables hasta tanto no se decidiera la solicitud de nulidad presentada por la misma Procuraduría.

Frente al segundo presupuesto fáctico (ii) afirman que el 27 de octubre de 2009, la Procuraduría General de la Nación conceptuó dentro de una acción popular presentada por la corporación Foro Ciudadano en contra del Invima que “las píldoras del día después que contienen como principio activo el Levonogestrel son abortivas y que por lo tanto violan el derecho a la vida del que está por nacer, y por ello deben ser retiradas del mercado”; y que el 7 de diciembre de 2009, con ocasión de una propuesta de un candidato presidencial públicamente conocida de distribuir gratuitamente píldoras de anticoncepción de emergencia, el Procurador General de la Nación declaró que estas eran abortivas; en contravía a lo que la OMS y el Consejo de Estado han dicho sobre las píldoras anticonceptivas de emergencia.

En cuanto a la tercera premisa (iii) en la Sentencia T-209 de 2008, la Corte Constitucional indicó que la Superintendencia de Salud debe investigar y, de ser necesario, sancionar a las EPS e IPS que se nieguen a prestar el servicio de IVE (interrupción voluntaria del embarazo), lo que reiteró en la Sentencia T-388 de 2009, no obstante lo cual, el 2 de marzo de 2010, el Superintendente Nacional de Salud recibió una carta de la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, en la que lo “invitaba” ajustar la Circular Externa 058 expedida por el ente de control y vigilancia del sistema de salud para garantizar la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE): por no ser este un derecho, a pesar de que en la Sentencia T-585 de 2010 la Corte Constitucional indicó que a partir de la Sentencia C-355 de 2006, surgió en Colombia un verdadero derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en cabeza de las mujeres que se encuentren incursas en las tres hipótesis despenalizadas.

Frente a la cuarta afirmación (iv) señalaron que en las sentencias C-355 de 2006, T-209 de 2008 y T-388 de 2009, así como en el Auto 327 de 2010, se han establecido reglas claras sobre el ejercicio de la objeción de conciencia en casos de IVE, que protegen tanto al objetor como a la mujer solicitante del procedimiento, no obstante, el 13 de mayo de 2010, el Procurador General de la Nación expidió la Circular 029, dirigida a todos los funcionarios y las funcionarias de esa entidad que ejercen funciones relacionadas con el cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2006, indicando que debido a la suspensión del Decreto 4444 de 2006 y mientras el Consejo de Estado no resolviera de fondo la demanda instaurada en contra del mismo “ninguna autoridad judicial o administrativa puede restringir la objeción de conciencia”. Además, en el informe de vigilancia a la Sentencia C-355 de 2006, aseguró que el derecho a la objeción de conciencia no está reglamentado ni protegido en relación con la IVE; y el 27 de julio de 2011, en la Circular 021, dirigida a los funcionarios del Ministerio Público, de los ministerios de Educación y de la Protección Social, así como de la Superintendencia Nacional de Salud, que ejercen funciones relacionadas con las campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos ordenadas en la Sentencia T-388 de 2009, solicitó vigilar que en toda situación en que se informe o se promuevan los casos en que excepcionalmente se encuentra despenalizado el aborto, se respeten los derechos de todas las personas e instituciones que puedan verse involucradas en su práctica, especialmente el derecho fundamental a la libertad de conciencia.

Frente al quinto presupuesto fáctico de la acción (v) que en la Sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional indicó que si bien el fenómeno de la vida humana comienza en la concepción, el derecho a la vida sólo se reconoce desde el momento del nacimiento, sentencia por la que ha sido felicitado el Estado colombiano; no obstante ello, el 25 de marzo de 2011, el Procurador General de la Nación emitió un comunicado señalando que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe el aborto y protege el derecho a la vida en forma absoluta y desde la concepción.

2.1. Problema jurídico.

El tema objeto de debate se encamina a establecer si los actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, originados y materializados en los diferentes pronunciamientos que han emitido los accionados como representantes de la Procuraduría General de la Nación, los cuales han sido atacados por las accionantes por vía de amparo constitucional, son susceptibles de ser examinados mediante acción de tutela.

2.2. Test de procedibilidad.

Efectivamente, tal y como lo ha sugerido la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, antes de efectuar una valoración de fondo de la solicitud de amparo impetrada, es indispensable “(...) verificar si los hechos que se alegan en la presente causa, se enmarcan en el test de procedibilidad de la tutela, y justifica que se adopten medidas de protección del derecho fundamental invocado (T-285/10)”.

Bajo el anterior presupuesto es necesario señalar, que la acción de tutela es el mecanismo pertinente para reclamar la protección de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente señalados por la ley, siempre y cuando no se disponga de otros recursos o medios de defensa judicial para hacerlos valer.

La afectación o amenaza a los derechos, debe estar vigente y permitir la intervención de la jurisdicción constitucional a fin de restablecer o proteger de manera efectiva el derecho, y si esto no es posible, resulta inoportuno acudir a este mecanismo de protección y defensa de los derechos fundamentales.

Es por ello, que el juez de tutela debe analizar ponderadamente si la acción constitucional impetrada cumple con los requisitos genéricos de procedibilidad, estando con ello obligado en primer lugar a evaluar la procedencia, pertinencia, oportunidad e inmediatez de la acción, exigencias sustanciales que de no ser satisfechas impiden la valoración de fondo por parte del funcionario judicial.

Ahora bien, la Sala al examinar los presupuestos fácticos vertidos en el paginario, anuncia desde ya la improcedencia del amparo solicitado por i) ausencia del presupuesto de inmediatez y ante el evento remoto de colmarse tal presupuesto, la presente acción también deviene en improcedente por cuanto ii) ataca actos generales, impersonales y abstractos , proferidos por el señor Procurador General de la Nación y las procuradoras delegadas para la función pública y para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia en ejercicio de las funciones conferidas mediante el artículo 277 de la Constitución Política y el Decreto Ley 262 de 2000, mediante el cual se modificó la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación, se estableció el régimen de competencias interno de la citada entidad, se dictaron normas para su funcionamiento y se regularon las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos los citados servidores y iii) se puede reclamar a la propia Corte Constitucional y a los jueces de instancia del proceso que culminó con la Sentencia T-388 de 2008.

2.2.1. La inmediatez.

Este requisito está contemplado en el artículo 86 de la Carta Política, que en su desarrollo establece como elemento principal de la tutela la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que establezca la ley, de tal forma que es de la esencia misma de la acción de tutela la protección actual, inmediata y efectiva de dichos derechos.

Cabe señalar cómo desde sus primeras sentencias la honorable Corte Constitucional ha reconocido a la inmediatez como elemento constitutivo de este medio de defensa constitucional; es así como desde la Sentencia Fundacional C-542 de 1992 sostuvo:

“(...) La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: ...la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales”.

La Corte ha precisado que la inexistencia de un término de caducidad no implica que la acción de tutela pueda interponerse en cualquier tiempo:

“La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo esta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por su 'inmediatez´. (...) Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos. Ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción [SU-961/99]”.

Con el principio de inmediatez se garantiza por parte de la Corte que la acción de tutela no se convierta en un instrumento generador de caos y factor desestabilizador del orden institucional, resolviendo así con este la tensión existente entre orden y seguridad, entre protección efectiva de los derechos y estabilidad:

“La Corte ha entendido que la tutela contra una decisión (...) debe ser entendida, no como un recurso Último o final, sino como un remedio urgente para evitar la violación inminente de derechos fundamentales. En esta medida, recae sobre la parte interesada el deber de interponer, con la mayor diligencia la acción en cuestión, pues si no fuera así la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera iniciar cualquiera de las partes. (...) En consecuencia, la tensión que existe entre el derecho a cuestionar las decisiones (...) mediante la acción de tutela y el derecho a la firmeza de las sentencias y a la seguridad jurídica, se ha resuelto estableciendo, como condición de procedibilidad de la tutela, que la misma sea interpuesta, en principio, dentro de un plazo razonable y proporcionado (T-315/2005; T-370/2010)”.

De manera que a la presunta vulneración alegada por las accionantes, que data del año 2009, la regula el citado presupuesto, ante la necesidad de que la acción de tutela fuere presentada en un término razonable, tal y como lo sugiere el referido precedente jurisprudencial; de allí que la Sala debe señalar que esa exigencia específica de la doctrina constitucional, tiene una doble connotación, toda vez que si bien el juez de tutela está obligado a decidir en forma casi inmediata –término de diez días- es decir, en un perentorio término constitucional, precisamente para garantizar la protección del derecho fundamental; es apenas lógico que el término para acudir en protección del derecho, también tiene que ser perentorio, pues de lo contrario la inmediatez como característica de la acción de tutela perdería todo sentido y rigor, quedando al arbitrio del accionante.

La exigencia anterior es aplicable al caso que concita la atención de la Sala, en tanto como quedó relacionado en el aparte del caso concreto, las presuntas amenazas se verificaron el 21 y 27 de octubre, 10 de noviembre y 7 de diciembre de 2009; el 2 de marzo y 13 de mayo de 2010 y el 25 de marzo de 2011; y en tal sentido las presuntas amenazas en virtud al principio de seguridad jurídica han perdido vigencia, independientemente que la última se haya registrado dentro del término de seis meses para instaurar la acción de amparo constitucional.

Vale destacar bajo rigores metodológicos, que lo que es objeto de controversia es la amenaza al derecho fundamental a la información, que las accionantes sólo entendieron vulnerado a partir del 25 de marzo de 2011 pese a registrarse su presunta vulneración desde el 21 de octubre de 2009; de allí que para el amparo solicitado, no sean de recibo que se emitan juicios de valor y exigencias sobre tales actos ya fenecidos, los cuales constituyen presupuesto esencial para la acción constitucional demandada.

Por lo anterior, es evidente que en el caso objeto de estudio cobran asidero la argumentaciones efectuadas por el a quo, en el sentido de entender que si el referente de ataque constitucional son pronunciamientos de la accionada que datan del 21 de octubre de 2009, no puede considerarse, de cara a los fines de la acción de tutela, como un plazo razonable, toda vez que han transcurrido más de dos años en que surgió la presunta amenaza.

Así, la Sala al constatar que no se satisface uno de los requisitos generales de procedibilidad jurisprudencialmente exigidos para poder examinar una tutela contra actos emitidos por el Procurador General de la Nación y sus delegadas, debe concluir que se torna imposible estudiar el aspecto sustancial planteado por las accionantes.

De otro lado, al margen de que la acción impetrada devenga improcedente por falta de inmediatez, la Sala debe señalar que es indiscutible que el caso analizado tiene relevancia constitucional a la luz de la protección de los derechos fundamentales, pues así lo han entendido no sólo las accionante sino también la misma Corte Constitucional, en las sentencias C-355 de 2006, T-388 de 2009 y T-585 de 2010, las cuales han marcado la línea en los casos IVE. Empero como esta Colegiatura advirtió en precedencia, el amparo solicitado también deviene en improcedente al atacar actos de carácter general, impersonal y abstracto derivados de la función Constitucional del Ministerio Público.

2.2.2. Improcedencia de la tutela para cuestionar actos de carácter general, impersonal y abstracto.

Siendo evidente que el debate jurídico planteado por las accionantes no se limita a la presunta lesión del derecho a la información, es necesario señalar que la acción de tutela no es el mecanismo para controvertir un acto de carácter general, impersonal y abstracto, circunstancia que ubica la pretensión de las accionantes en una de las causales específicas de improcedencia establecidas en el artículo 6º, numeral 5º del Decreto 2591 de 1991, razón más que suficiente para que este juez de tutela, no se encuentre facultado para entrar a conocer el fondo del asunto.

“ART. 6º—Causales de improcedencia de la tutela.

La acción de tutela no procederá: (...) 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.

En efecto, la Sala encuentra que el amparo solicitado va dirigido contra las diferentes intervenciones que ha realizado el señor Procurador General de la Nación junto a su delegadas, ante las diferentes autoridades administrativas y judiciales como Ministerio Público en temas IVE, al tenor de las funciones previstas en el artículo 277 de la Constitución Política y el citado Decreto 262 de 2000, sin que en manera alguna las accionantes concreten en la demanda de acción constitucional, un acto de la accionada de carácter particular, personal o concreto que haya afectado en forma tal y directa a una cualquiera de las actoras.

Vale destacar, que al lanzar en abstracto juicios de reproche contra servidores de la entidad accionada, el amparo solicitado devenga en improcedente por cuanto la tutela debe recaer sobre hechos concretos y particulares generadores de una amenaza.

Efectivamente, tal y como ha sido reiterado en diversas oportunidades por la Corte Constitucional, frente a este tópico, en la sentencia T-860 de 2009, señaló:

“4.4 De igual manera, el mismo Decreto 2591 de 1991 establece en su artículo 6º las circunstancias frente a las cuales la acción de tutela resulta improcedente y de manera expresa se refiere a los “actos de carácter general, impersonal y abstracto”(1).

Ahora bien, tal y como lo expone claramente la Sentencia SU-039 de 2009, la motivación que justifica la existencia de esta causal se halla en los diferentes medios dispuestos en el ordenamiento jurídico, así como los recursos y acciones judiciales pertinentes, diseñados precisamente para controvertir actos de esa naturaleza, con la garantía y el empleo de todas las herramientas para resolver de manera plena las controversias que se lleguen a generar(2).

Por lo anterior, en la medida en que los referidos actos de carácter general, impersonal y abstracto, pues no se dirigen a alguien en particular, los efectos que estos produzcan no pueden, en principio, ser objeto de reclamo y control judicial por vía de amparo constitucional(3). Por ello, la inminencia de un perjuicio irremediable(4) surge como la única posibilidad para que la acción de tutela prospere de manera excepcional y solo como mecanismo transitorio(5)””.

En Sentencia T-913 de 2008, frente a la temática, la Corte ya había expresado:

“8. En relación con los actos administrativos de carácter general y abstracto, la regla general es la improcedencia de la acción no sólo en virtud del mandato expreso contenido en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, sino debido a que los actos de este tipo no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas particulares, de forma que su sola promulgación no puede considerarse violatoria de un derecho fundamental(6)””.

La Corte Constitucional en desarrollo de la línea jurisprudencial trazada en torno al tema, señaló en un caso similar en la Sentencia T-559/06, la improcedencia de la acción de tutela:

“Esta corporación, en armonía con lo previsto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991(7), ha señalado que la acción de tutela no constituye el medio idóneo para controvertir actos de contenido general, impersonal y abstracto, pues para tal fin el ordenamiento ha diseñado otros mecanismos de control judicial(8), lo cual se explica en la medida que esos actos demandan un análisis ponderado bajo la órbita de procesos con características especiales(9). Algunos ejemplos jurisprudenciales ilustran con mayor claridad el asunto:

Así, en la Sentencia T-105 de 2002, esta Corte debió estudiar las demandas de tutela presentadas por algunos funcionarios de Santiago de Cali, quienes consideraban vulnerados sus derechos fundamentales con las determinaciones de la administración municipal sobre sus escalas salariales y el no reconocimiento de una prima técnica (en las que se incluía un acuerdo municipal). Entre los argumentos para denegar el amparo la Corte sostuvo que, “la acción de tutela resulta improcedente frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto, como los que se pretenden cuestionar, frente a los cuales la misma ley consagra otro mecanismo de defensa judicial, pudiendo ser controvertidos en su legalidad ante la jurisdicción contencioso administrativa”.

Igual postura fue asumida en la Sentencia T-151 de 2001. En aquella oportunidad esta corporación analizó el caso de un aspirante a rector en la Universidad de Cartagena que, inconforme con los requisitos exigidos por el Consejo Superior Universitario para tal cargo, presentó acción de tutela con el objeto de controvertir el acuerdo expedido al respecto. En este sentido, se expresó en dicha providencia: “Es claro entonces que tratándose de actos de carácter general no hay competencia del juez de tutela y que toda actuación en este campo es por principio, plenamente improcedente”.

Sobre este tema, también resulta ilustrativa la Sentencia T-321 de 1993, donde esta Corte revocó los fallos de instancia y, en su lugar, denegó la tutela interpuesta por una madre de familia contra el Instituto Nacional de Radio y Televisión y el Consejo Nacional de Televisión, por la emisión de algunos programas en la franja vespertina. En esta ocasión, se hizo especial énfasis en la improcedencia de la tutela para estos fines, en los siguientes términos:

“Cuando el desconocimiento, la vulneración o el recorte de los derechos fundamentales se origina en actos jurídicos de carácter general producidos por instancias subordinadas a la Constitución (y todos los poderes constituidos lo son), su efecto general pernicioso puede ser contrarrestado mediante mecanismos especialmente dispuestos para ello, v. gr.: la acción de inconstitucionalidad contra las leyes, o las acciones de nulidad (y de restablecimiento del derecho) contra los actos administrativos. Mediante tales instrumentos se provoca la actuación de un organismo público competente para que, también por vía de disposición general, restablezca el imperio de la juridicidad.

Pero no es ése el caso de la tutela. El mismo artículo 6º del Decreto 2591 establece en su numeral 5º que es improcedente la acción ´cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto´. Es que lo que se busca con el mencionado mecanismo es suspender los efectos violatorios o amenazantes de alguno de los derechos fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto cuya aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas provisionales (esto es antes de la sentencia) cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, según las voces del artículo 7º del decreto en mención”.

En este orden de ideas, no cabe duda en cuanto a la inviabilidad de utilizar la acción de tutela, prevista por el constituyente para la protección de los derechos fundamentales de todas las personas frente a violaciones o amenazas directas, actuales e inmediatas contra aquellos, con el propósito de impedir que un acto jurídico de carácter general, impersonal y abstracto produzca los efectos que le son propios. En otras palabras, este recurso judicial no es admisible como mecanismo expedito para controvertir la legalidad de tales actos, propósito para el que existen, en el ordenamiento jurídico interno, otros mecanismos judiciales y administrativos idóneos y efectivos”.

Así las cosas, es evidente que en el presente caso los representantes de la accionada han ejercido las funciones conforme a los lineamientos fijados, se reitera, en el artículo 277 de la Constitución Política y el Decreto Ley 262 de 2000; de allí que, de resultar en el ejercicio de esas funciones, una sola vulneración de carácter particular, personal y concreto, surgen las acciones administrativas de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

2.2.3. Por si lo anterior no bastara, si lo consideran las accionantes, bien pueden recurrir a los jueces de instancia que conocieron de la tutela que culminó con la Sentencia T-388 de 2009, si estiman que lo allí decidido no ha sido cumplido por la Procuraduría General de la Nación.

Conforme a lo anterior, es claro que los argumentos deprecados por las accionantes no tienen vocación de prosperidad, pues de acuerdo con el marco constitucional decantado, sumado a los derroteros y lineamientos de la guardiana de la Constitución, fácil es inferir que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, al declarar improcedente el amparo solicitado, en manera alguna omitió en su juicio de valoración, las reglas y fórmulas legales, conllevando a que en su fallo no se configure defecto alguno.

Las mencionadas razones, que encuentran sustento en normas constitucionales y legales, en la jurisprudencia de esta corporación y en la doctrina constitucional, son suficientes para concluir que se debe confirmar el fallo impugnado el cual declaró improcedente el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Dual de Decisión 2 conformada por los honorables magistrados Julia Emma Garzón de Gómez y Angelino Lizcano Rivera, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo de primera instancia del 5 de octubre de 2011, emitido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante el cual declaro IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la señora Mónica del Pilar Roa López y las 1.291 ciudadanas relacionadas en el cuerpo de esta decisión, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

2. POR SECRETARÍA NOTIFICAR la presente providencia como lo disponen los artículos 13 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5 del Decreto 306 de 1992.

3. REMITIR en su oportunidad la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Decreto 2591 de 1991, artículo 6 numeral 5º.

(2) Ver, entre otras, la Sentencia T-1452 de 2000.

(3) Ver, entre otras, la Sentencia T-725 de 2003.

(4) Ver, entre otras, las Sentencias T-384 de 1994 y T-710 de 2007.

(5) Ver entre muchas otras las siguientes sentencias: T-321 de 1993; T-287 de 1997; T-815 de 2000; T-1452 de 2000; T-1497 de 2000; T-1098 de 2004; T-435 de 2005 T-1015 de 2005; T-645 de 2006; T-1073 de 2007; T-111 de 2008.

(6) Al respecto, ver Sentencia T-049 de 2008 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), y en similar sentido, T-1015 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-067 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(7) Decreto 2591 de 1991, artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: (...) 5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.

(8) Sentencias T-119/03, T-105/02, T-151/01, T-1497/00, T-1452/00, T-1290/00, T1201/00, T-982/00, T-815/00, T-287/97, T-610/97, T-321/93, T-203/93 y T-123/93.

(9) Sentencia T-1452 de 2000 M.P. Martha Victoria Sáchica. En aquella oportunidad la Corte declaró que la tutela no era idónea para cuestionar un decreto presidencial, específicamente el que regulaba el procedimiento para suplir las faltas de alcaldes y gobernadores.