Sentencia 2011-06553 de febrero 11 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110011102000201106553 01

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Aprobado en Sala 9 de la misma fecha

Bogotá, D.C., febrero once de dos mil quince

Asunto

Decidir el recurso de apelación interpuesto contra el fallo proferido el 11 de diciembre de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(1), por medio del cual sancionó con exclusión de la profesión a la abogada Gladys Aminta Acosta Triana, al hallarla responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

Hechos

La señora Irma García Amaya, su hija María Stella Palacios García, junto con otros familiares, confirieron poder a las doctoras Gladys Aminta Acosta Triana y Emilia Esther Lemus Robles para que, en su nombre y representación, interpusieran demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, a efectos de obtener el resarcimiento de los daños sufridos por las muertes de su esposo, Juan De La Cruz Palacios Sanabria, y su hijo, Yohanny Palacios Garcia, ocurridas, al parecer, en un cruce de disparos entre la Décima Tercera Brigada del Ejército y el frente 53 de las FARC, en hechos que datan del 5 de noviembre de 2000, acaecidos en jurisdicción del corregimiento de Nazareth, municipio de Usme (Cundinamarca).

Mediante sentencia del 11 de noviembre de 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró responsable a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional por los perjuicios reclamados. Seguido a ello se adelantó una conciliación por valor de $ 249.981.467.05. El 24 de diciembre de 2007, la Tesorería del Ministerio de Defensa trasfirió a la cuenta de ahorros del Bancolombia de la doctora Acosta Triana, los dineros pactados. Sin embargo, a la fecha, la profesional del derecho no ha entregado lo recaudado a sus clientes. Hecho frente al cual, el 28 de septiembre de 2011, la señora Irma García Amaya presentó queja ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

Sujeto disciplinable

Se trata de la doctora Gladys Aminta Acosta Triana, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 24.059.292 de Sativanorte y tarjeta profesional 55.651 del Consejo Superior de la Judicatura.

Actuación procesal

Acreditada la condición de abogadas de las inculpadas(2), mediante auto del 9 de noviembre de 2011(3), se ordenó abrir investigación disciplinaria contra las encartadas, Gladys Aminta Acosta Triana y Emilia Ester Lemus Robles, fijándose fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y calificación provisional.

El 28 de marzo de 2012 se practicó la referida diligencia, con la comparecencia del defensor de confianza de la doctora Gladys Aminta Acosta Triana. Dentro de ésta se recibió la versión libre de la otra disciplinable(4), Emilia Ester Lemus Robles, quien explicó que su relación con la poderdante inició hace muchos años cuando ésta le confirió poder para presentar una demanda de reparación directa por la muerte de su esposo y su hijo. La demanda se presentó, El tribunal administrativo despachó favorablemente las pretensiones de los demandantes, lo apeló la Nación y, en el trámite de la segunda instancia, se concilió. Con base en ello, se pagó la suma de $ 249.981.467.05.

De acuerdo con la versión, el pago se efectuó en diciembre, a la cuenta de la togada Gladys Aminta Acosta Triana, por consignación efectuada en su cuenta de Bancolombia. Fue así como ella transfirió, en favor de la declarante la suma de $ 44’000.000 por concepto de honorarios, más $ 2’.000.000 entregado en efectivo. Finalmente, admitió saber que la abogada no había entregado a los beneficiarios de la decisión judicial nada de lo recibido en nombre de estos.

El 22 de abril de 2013(5) se adelantó audiencia de pruebas y calificación dentro de la cual se decidió ordenar la terminación de las diligencias a favor de la disciplinada Emilia Esther Lemus Robles y, con la presencia de la defensora de confianza de la Gladys Aminta Acosta Triana, se formuló pliego de cargos a esta última, por la falta descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, infracción en la que incurrió tras la desatención al deber profesional contenido en el numeral 8º del artículo 28 del Estatuto Disciplinario del Abogado.

Formulación de cargos

Dentro del acto público precitado, el seccional emitió pliego de cargos(6) a la doctora Gladys Aminta Acosta Triana, como presunta responsable de haber infringido, a título de dolo, la falta contra la honradez del abogado descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, al considerar demostrada no sólo la relación contractual sino, también, la recepción efectiva de los dineros correspondientes a las indemnizaciones obtenidas como consecuencia del encargo profesional de sus poderdantes, a más de la evidente omisión de entregar las referidas sumas a sus clientes.

Recaudadas las pruebas y antes de la realización de la audiencia de juzgamiento, el abogado de confianza de la doctora Gladys Aminta Acosta Triana solicitó se decretara la extinción de la acción disciplinaria(7) por acaecimiento del fenómeno de la prescripción, arguyendo que la conducta investigada se materializó el 27 de diciembre de 2007. Tomando la data como referencia, coligió que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, la calidad de instantánea de la falta imputada y el curso del tiempo, se habría materializado la extinción de la acción, pues desde entonces han transcurrido 5 años y 6 meses.

Alegatos

El 3 de diciembre de 2013 se instaló la audiencia de juzgamiento, dentro de la cual, el abogado de la disciplinable presentó alegatos de conclusión, solicitando la declaración de la extinción de la acción disciplinaria, por prescripción, tal como fue sustentado en su memorial allegado el 11 de julio de 2013. Para los efectos, solicitó la aplicación análoga del acaecimiento del fenómeno en el caso de la acción penal, en virtud de lo cual, se debe concluir las faltas de uno y otro sistema jurídico como de mera conducta y, en consecuencia, perfeccionadas al momento de la ejecución.

De acuerdo con el referido planteamiento, instó a tener la falta disciplinaria objeto del presente asunto como de ejecución instantánea, pues de su sola redacción no se infiere ninguna condición de permanencia sino, al contrario, se entiende configurada con el sólo comportamiento de “no entregar”. En esos términos, reafirmando que la conducta investigada data del 27 de diciembre de 2007, reiteró su solicitud de declaratoria de extinción de la acción disciplinaria.

Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 11 de diciembre de 2013, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá impuso como sanción la exclusión del ejercicio de la profesión de abogada a la doctora Gladys Aminta Acosta Triana, al encontrarla disciplinariamente responsable de incurrir en la falta descrita en el artículo 35-4 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

En efecto, refiriéndose en primer término a la solicitud de declaratoria elevada por la defensa de la disciplinable, El seccional recordó el carácter permanente de la falta endilgada, en virtud del cual la acción no se agota hasta no haberse dado la devolución de los valores monetarios, ilegalmente retenidos.

Ahora bien, en cuanto a la materialidad de la conducta, la Sala de instancia encontró probado que el Ministerio de Defensa le transfirió a la cuenta personal de la abogada $ 249.981.467.05 por concepto del pago de los perjuicios ocasionados a los dolientes de Juan de la Cruz Palacio Sanabria y Yohanny Palacios García, reclamados por la togada en acción de reparación directa, en virtud del poder conferido por los referidos familiares y que, correlativamente, la togada no había hecho entrega de lo recibido a los referidos beneficiarios de la decisión judicial.

Por otro lado, frente a tal conducta, esto es la acción de haber recibido y no entregado, de manera consciente, los valores que, por concepto de indemnización por perjuicios sufridos, fueron reconocidos a sus clientes, se coligió, en grado de certeza, el elemento de intencionalidad propio de la falta endilgada, concluyéndose así la antijuridicidad de la acción objeto de reproche. No sin tener como probado, igualmente, la modalidad dolosa con la cual fue cometido el acto disciplinariamente ilícito.

Con base en ello la Sala A quo resolvió sancionar a la abogada con exclusión del ejercicio profesional atendiendo los criterios contenidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, para lo cual tuvo en cuenta la ausencia de justificación, la modalidad misma de la conducta, la trascendencia social de ésta, aunada, necesariamente, al perjuicio ocasionado a sus poderdantes quienes, en justicia, se les reconoció la suma de $249.981.467,05 y, sin embargo no han podido obtener el referido monto por la retención de los dineros que, de manera antiética, viene haciendo la abogada.

Recurso de apelación

El abogado de confianza de la disciplinable presentó en tiempo recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, solicitando, en primer término, se reestudie su solicitud de prescripción de la acción disciplinaria, para lo cual se adentró en las profundidades del verbo rector del tipo imputado, sosteniendo que éste no puede ser asimilado a las acciones de “usar”, “gozar” o “utilizar”, de donde se extrajo la teoría de las faltas de conducta permanente. En ese sentido, expresó su desacuerdo con la asimilación de las consecuencias del ejercicio de las conductas descritas por dichos vocablos, pues se estaría configurando un nuevo tipo disciplinario, hecho únicamente dable al legislador.

Seguidamente propuso la nulidad de lo actuado desde la providencia del 28 de octubre de 2013, que dispuso dar respuesta al pedimento de la extinción de la acción disciplinaria en la sentencia, por cuanto su solicitud de prescripción debió ser atendida antes de que se procediera a proferir fallo, entendiendo este último como la finalización del procedimiento disciplinario pues, a su modo de ver, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007, es menester agotar toda solicitud tendiente a dar por terminado el proceso antes de fallar el fondo del asunto. De otra forma, según el recurrente, se configura una violación al debido proceso, tal como ocurrió en el caso de su defendida, en la medida en que sus alegatos se dirigieron únicamente a reafirmar su solicitud previa, cuando, de haberse resuelto con anterioridad a la audiencia de juzgamiento, habría este abordado los temas de la falta de certeza de la materialidad de la falta y la necesidad de imponer la sanción más benéfica.

Por último, de no accederse a su solicitud de prescripción o de nulidad, pidió el togado revocar la decisión de excluir del ejercicio de la profesión de abogada a su representada por cuanto del material probatorio no se infiere una sólida certeza de la manera en que sucedieron los hechos, dada la forma en que se llevó el proceso, pues la rápida terminación de la acción en favor de la otra investigada, generó su sustracción del debate probatorio y, sobre todo, se dejó de verificar la parte de responsabilidad que tuvo esta última en los hechos únicamente endilgados a la disciplinada.

El mismo sentido, solicitó la revisión de la sanción impuesta a su representada pues, a su modo de ver, no atendió los criterios del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, en la medida en que para imponerla no se advirtió la ausencia de antecedentes disciplinarios dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la falta, tal como lo ordena el literal c del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007(8).

Consideraciones

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer el presente asunto, en virtud de lo previsto por los artículos 256, numeral 3º de la Constitución Política; 112, numeral 4º de la ley 270 de 1996 y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007.

Acorde con esa facultad y ante la ausencia de vicios que invaliden la actuación, la Sala procede a revisar la legalidad de la sentencia de primera instancia, conforme con lo ordenado en la normatividad antes mencionada, para lo cual se abordará, en un primer término, la solicitud de prescripción elevada por el recurrente (i); seguidamente, se estudiará la petición de nulidad impetrada (ii); lo que llevará a revisar si en primera instancia se configuraron los requisitos contenidos en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 (iii) y, por último, si la fue correctamente dosificada (iv).

Todo lo anterior, no sin antes remembrar los hechos que dieron lugar a la presente investigación disciplinaria, a fin de encuadrar los problemas jurídicos antes señalados.

En efecto, se trata de la denuncia presentada por la quejosa, poniendo en conocimiento que otorgó poder a dos abogadas, las doctoras Gladys Aminta Acosta Triana y Emilia Esther Lemus Robles, quienes debían, en su nombre y el de sus familiares, demandar la reparación de los daños sufridos por la muerte injusta de sus parientes. En virtud de tal mandato, las abogadas obtuvieron sentencia condenatoria, dentro de la cual se ordenó resarcir el daño causado a los demandantes. Sobre esta base el Ministerio de Defensa Nacional, tenido como responsable dentro del proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, decidió conciliar y pagar el 85% de lo reconocido por la justicia de lo contencioso administrativo.

El pago fue efectuado en la cuenta personal de la doctora Gladys Aminta Acosta Triana el 27 de diciembre de 2004. No obstante al 28 de septiembre de 2011, época de la presentación de la denuncia, los beneficiarios de la decisión de reparación no habían recibido nada.

En consideración a los hechos antes descritos, en pliego de cargos, se imputó a la disciplinable la posible incursión en la falta descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, según la cual:

“Constituyen faltas a la honradez del abogado:

“No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

i. La prescripción de la acción disciplinaria.

De acuerdo con el recurrente, el tipo disciplinario endilgado describe una conducta que se agota en el momento mismo de su ejecución. Así, analiza verbos como usar, gozar y utilizar, a fin de demostrar la permanencia de la acción en dichos casos, frente a la instantaneidad del comportamiento adoptado en virtud del verbo rector de la falta imputada.

Por otro lado, acude el togado a la comparación del delito de abuso de confianza, para demostrar que actuaciones de la suerte ha sido interpretada como de ejecución instantánea cuando de contabilizar el término de la prescripción se trata.

Atendiendo lo expuesto, es menester señalar que no es la naturaleza del verbo sino la permanencia de la conducta lo que determina su condición de actividad “permanente o instantánea”. En ese sentido, para utilizar el ejemplo del apelante, el uso de una cosa podría darse tanto de manera fugaz como por un lapso indefinido. Mutatis mutandis, si bien “entregar” podría ejecutarse en un instante, también puede designar un comportamiento de realización continua. No obstante, la “no entrega”, designando una inactividad, lógicamente, perdura por el intervalo en el cual ésta se enmarca, agotándose en el momento en que cesa la misma. Esto es, cuando la entrega se ejecuta.

Este claro argumento, basado en la semántica, viene rigiendo para esta corporación desde el año 2004(9), sustentado en que el bien jurídico protegido, es decir, la honradez del abogado, se sigue afectando mientras no se verifique la devolución del dinero no entregado. La referida jurisprudencia se ha mantenido vigente y ampliamente iterada por esta Superioridad, entre otros, en la sentencia del 19 de marzo de 2014, radicado 680011102000201100090 01 con ponencia de quien ahora funge como tal, en donde se consignó que “tratándose de las faltas, contra la honradez del abogado, si bien esta Superioridad ha considerado como regla general que la mayoría de las faltas son de ejecución instantánea, cuando se evidencia el incumplimiento de un deber el abogado renueva su conducta día tras día, omitiendo diariamente su obligación- en el caso concreto- de entregar a la cliente los dineros recibidos en virtud del mandato conferido, situación que de suyo evidencia el carácter permanente o sucesivo de la conducta hoy investigada”.

Ahora bien, esta interpretación fue sólidamente avalada por la Corte Constitucional cuando en su decisión T-1226 de 2008 sostuvo:

“...Las dos sentencias comentadas desvirtúan la afirmación del actor de que en la providencia dictada en su contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura desatendió su jurisprudencia. Como se puede ver, la jurisprudencia de la Sala apunta en la dirección contraria, para afirmar que la conducta de retención de dineros —y ahora también la de utilización de los mismos— es de carácter permanente, y que el término de prescripción para las dos conductas empieza a contar desde el momento en que el profesional del derecho entrega el dinero o los documentos al cliente”.

En ese orden de ideas, en el caso que nos ocupa y de acuerdo con la jurisprudencia horizontal de esta Sala, la retención de los dineros producto del proceso de reparación directa, impetrada en favor de los poderdantes, constituye una conducta de ejecución continua, que perdura en el tiempo hasta tanto no cese el incumplimiento al deber infringido y solo hasta cuando quede agotada la realización de la acción, se empezará a contabilizar el término de prescripción de la acción disciplinaria.

En ese sentido, comoquiera que la abogada disciplinable aún no ha hecho entrega y todavía se encuentra reteniendo los dineros pertenecientes a sus poderdantes y obtenidos en virtud de poder que le fue conferido, encuentra esta Colegiatura acertada la decisión de primera instancia de no se acceder a la solicitud de prescripción de la acción disciplinaria.

ii. De la nulidad alegada:

El defensor de confianza de la abogada investigada pidió se decretara la nulidad por cuanto no se resolvió su requerimiento de prescripción antes de la audiencia de juzgamiento.

En este punto, habrá de señalarse, de manera enfática, que ninguna causal de nulidad se configuró dentro del presente proceso disciplinario. En efecto, de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, son causales de nulidad:

“1. La falta de competencia.

“2. La violación del derecho de defensa del disciplinable.

“3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”

Ahora bien, con respecto al momento en el cual fue despachada la solicitud de prescripción, es menester declarar que con ello ni se violó el derecho de defensa de la disciplinable ni se generó irregularidad alguna susceptible de afectar el debido proceso. Al contrario, la doctora Gladys Aminta Acosta Triana siempre fue convocada y estuvo representada en cada una de las diligencias y el trámite se surtió estrictamente como lo establece la Ley 1123 de 2007.

En ese sentido, la falta de preparación de alegatos, tendientes a desvirtuar la certeza de la materialidad de la falta o a justificar la conducta, no puede ser imputable al hecho de haber resuelto la solicitud de prescripción en el momento de proferir la sentencias, pues el a quo bien podía evacuar el asunto en el referido momento procesal. Máxime cuando, de haberse emitido pronunciamiento sobre la solicitud de terminación antes de emitir el fallo o convocar a la audiencia de juzgamiento, su negativa no habría admitido recurso tal como lo prescribe el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007(10). En consecuencia, en cualquier evento, la segunda instancia sólo podía tratar la inconformidad al momento de avocar el conocimiento del recurso de apelación impetrado contra la sentencia.

Por último, no es dable reprochar a la primera instancia no haber dado cumplimiento a lo consagrado en el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007(11), pues salta a la vista que en ningún momento de la actuación hubo siquiera indicios de la inexistencia de la conducta ni de la presencia de una causal de exclusión de responsabilidad, aún menos de la imposibilidad de continuar con la actuación por efectos de acaecimiento de la prescripción por cuanto, desde el momento mismo en el cual se elevó pliego de cargos, se concibió el carácter permanente de la falta.

iii. Del fallo sancionatorio:

De acuerdo con el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007: “para proferir fallo sancionatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinable”.

En ese orden de ideas, es menester constatar si la disciplinable, efectivamente, ejecutó una conducta y si esa conducta se encuentra descrita en un tipo disciplinario, para luego verificar si se está o no en presencia de una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

Ahora bien, en el caso de marras, el apoderado de la disciplinada arguyó no existir plena prueba sobre la materialidad de la conducta, pues se desconoce el grado de participación de la doctora Emilia Esther Lemus Robles, a favor de quien se dio por terminado el proceso disciplinario. No obstante el sumario se encuentra sólidamente nutrido de evidencias de la conducta principal, esto es, que la togada investigada recibió el dinero, con el cual se ordenó reparar a las víctimas de la muerte de los señores Juan de la Cruz Palacios Sanabria y Yohanny Palacios García y, sin embargo, los retuvo.

En efecto, para verificar que la abogada “No entreg[ó] a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”, se tuvo en cuenta la queja y los documentos con ella incorporados, esto es(12):

• Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el caso de la reparación directa de Irma García Amaya y otros contra la Nación- Ministerio de Defensa Nacional.

• Acta de conciliación ante el Consejo de Estado.

• Derecho de petición impetrado por la quejosa, de fecha 20 de abril de 2010, solicitando conocer el estado del pago de lo conciliado.

• Respuesta dada por el Ministerio de Defensa al derecho de petición informando que “mediante Resolución 5155 del 16 de noviembre de 2007, la dirección de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional dio cumplimento al fallo (...) cancelando la suma de doscientos cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos con 05/100 M/CTE ($ 249,981,467.05), a favor de la doctora Gladys Aminta Acosta Triana...”.

• Resolución 5155 del 16 de noviembre de 2007, por medio de la cual el Ministerio de Defensa Nacional dio cumplimento al fallo.

Además, se incorporaron las siguientes pruebas:

• Certificación de pago del proceso de Irma García Amaya, en el cual la Tesorería Principal del Ministerio de Defensa Nacional atesta el pago efectuado a la togada y remite copia de la Resolución 5155 del 16 de noviembre de 2007(13).

• Certificación de la Tesorería Principal del Ministerio de Defensa Nacional dentro de la cual se consigna que “La Resolución 5155 del 16 de noviembre de 2007, por valor de $ 249.981.467.05, se canceló a la señora Gladis Aminta Acosta Triana, identificada con la cedula de ciudadanía 24.059.292, con los comprobantes de egreso 8624 y 8622 del 28 de diciembre de 2007, a través de La Dirección del Tesoro Nacional mediante transferencia electrónica a la cuenta Nº 3528845001 de Bancolombia el 24 de diciembre de 2007”(14).

Adicionalmente, dentro del comprobante de la transferencia se observa, que la referida consignación se realizó, efectivamente, en favor de la doctora Gladys Aminta Acosta Triana, pues los dineros fueron depositados en una cuenta de la cual ella es titular. De la misma forma, de los escritos se desprende que los referidos montos fueron recibidos como consecuencia de la gestión profesional adelantada por la togada, en favor de los demandantes, hoy beneficiarios de la decisión judicial.

Así las cosas, en el plenario existen evidencias suficientes para tener como indiscutible que la abogada disciplinada recibió $ 249.981.467.05 en virtud de la gestión profesional encomendada por la quejosa y sus familiares.

Por otro lado, el primer elemento de la conducta endilgada, esto es, “No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible” no se encuentra menos constatado. Por el contrario, el derecho de petición elevado por la quejosa el 20 de abril de 2010, solicitando conocer el estado del pago de lo conciliado da muestra de que ni ella ni sus familiares sabían que el dinero había sido recibido por la abogada.

Esta prueba adquiere, un alto grado de certeza, pues se encuentra acompañada de la declaración bajo gravedad de juramento de la denunciante y la declaración libre, rendida por la doctora Emilia Ester Lemus Robles, quien admitió haber recibido, de manos de la abogada encartada, las sumas de $ 44’000.000 por consignación y $ 2’000.000 por concepto de honorarios debidos, como resultado de su actuación profesional dentro del proceso cursado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, en ejercicio de la acción de reparación directa dentro de la cual resultó favorecida la quejosa y sus familiares.

Lo anterior, aunado a la existencia de las denuncias penales presentadas por los clientes contra la profesional del derecho y a que las referidas pruebas no fueron controvertidas, ni existió ni prueba en contrario, habiendo tenido la abogada investigada oportunidad procesal para ello, pues en todas las audiencias estuvo representada por su defensor de confianza, permite constatar, con absoluto grado de solidez, “No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible”.

En efecto, cualquier entrega del dinero realizada a otra persona, incluyendo a la colega Emilia Ester Lemus Robles, lejos de exonerarla de responsabilidad, adecúa su actuar al de la conducta descrita en el tipo disciplinario, pues sólo correspondía devolver lo recibido a los destinatarios de la decisión judicial, en virtud de la cual obtuvo la enorme suma retenida.

De otra parte, tal como lo advirtió la Sala de instancia, el comportamiento adoptado por la abogada investigada atentó flagrante y groseramente no solo contra los bienes propios de los denunciantes, razón por la cual se inició un proceso penal, sino, de manera particular, el deber de honradez profesional. En efecto, del plenario se desprende que la disciplinable quien obtuvo y, aprovechando la oportunidad, retuvo para sí, lo otorgado, a título de reparación, a sus clientes, anteponiendo su interés económico a la exigencia de justicia de los otrora lesionados.

En ese sentido, es para esta Superioridad menester expresar su concordancia con respecto al fallo de primera instancia, en cuanto encuentra antijurídica la conducta que, de manera consciente y voluntaria, desarrolló la abogada encartada, pues efectivamente defraudó económicamente a sus clientes.

Por otro lado, no probada causal de justificación alguna, lo que permite colegir que la profesional del derecho, injustificadamente adoptó un comportamiento que merece reprocho disciplinario, por encontrarse definido típicamente en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007.

De acuerdo con lo antes señalado, debe manifestar la Sala que encuentra ajustada la decisión del a quo, en virtud de la cual dedujo responsabilidad disciplinaria respecto de la conducta de la referida litigante y, ante el panorama fáctico y normativo descrito, le atribuyó la modalidad de dolosa, pues la intencionalidad de la acción también estuvo plenamente demostrada.

Así las cosas, la corporación concluye la imperiosa necesidad de sancionar la conducta imponiendo la más drástica de las sanciones consagradas en la Ley 1123 de 2007 pues el comportamiento reprochable de retener los dineros, producto de un litigio ante la jurisdicción contencioso administrativa, reviste de suficiente gravedad, por cuanto, insuperables han sido los perjuicios causados a quienes debiendo haber sido reparados, que tenían fincadas sus esperanzas en dichos montos para sobrellevar la muerte violenta de dos familiares muy cercanos.

De toda evidencia, la conducta desarrollada por la profesional del derecho es de aquellas que lesionan no sólo a quien fue defraudado sino a la sociedad en general. Pero además, desprestigia la profesión de abogado, pues lejos de ser tenido como un colaborador de la justicia resulta un vulnerador de los derechos que esta intenta proteger.

Así las cosas, en relación con la sanción impuesta, encuentra la Sala que la misma habrá de mantenerse en su integralidad por cuanto resulta acorde y consulta los parámetros establecidos en el artículo 40 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta y los motivos determinantes para imponerla, pues si bien la togada carece de antecedentes disciplinarios, el perjuicio generado a sus poderdantes y la trascendencia social de los hechos inclinan la balanza al punto de justificar la Sanción. Sobre el particular, entiéndase que cuando la togada, intencionalmente, decidió retener los dineros de sus clientes obtenidos como producto de una reparación de un daño injustamente causado, lo que en realidad hace es impedir el resarcimiento del perjuicio, mantener en detrimento a quienes, confiando en ella, pusieron en sus manos las esperanzas, así como trucar la posibilidad del Estado de compensar la pérdida generada por su culpa a unos ciudadanos.

Sobre esta tesitura es menester para esta corporación confirmar el fallo conocido por vía de apelación, incluyendo la sanción de exclusión del ejercicio de la profesión, impuesta a la abogada Gladys Aminta Acosta Triana, al hallarla responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, pues la misma guarda armonía con los criterios de legalidad, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad previstos en el estatuto disciplinario del abogado.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. DENEGAR las solicitudes de nulidad y prescripción impetradas por el doctor en su condición de defensor de confianza de la doctora Gladys Aminta Acosta Triana.

2. CONFIRMAR íntegramente la sanción de EXCLUSION en el ejercicio de la profesión de abogado impuesta a la doctora Gladys Aminta Acosta Triana, al hallarla responsable de la falta prevista en el artículo 35-4 de La ley 1123 de 2007, conforme con las razones expuestas en la parte motiva.

3. ANOTAR la sanción en el registro nacional de abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, momento a partir del cual empezará a regir la sanción.

4. NOTIFICAR EN FORMA PERSONAL la presente decisión a la abogada disciplinada.

Notifíquese y cúmplase

Néstor Iván Javier Osuna Patiño—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Wilson Ruiz Orejuela.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria judicial.

(1) M.P. Alberto Vergara Molano, en Sala con la magistrada María Lourdes Hernández Mindiola.

(2) Folio 29 del expediente principal.

(3) Folio 34 del expediente principal.

(4) Audio a folio 62.

(5) Audio a folio 212 del cuaderno principal.

(6) Folios 326 y ss. C.O. Nº 2.

(7) Por escrito presentado el 11 de julio de 2013, obrante a folio 247 del cuaderno principal.

(8) Folios 356 y s.s.

(9) Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, M.P. Dr. Luis Guillermo Mesa. Expediente 1998 0292-01 del 11 de agosto de 2004 y Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, M.P. Dr. Fabio Coral Villota. Expediente 1998-0292-01 del 11 de agosto de 2004.

(10) Recurso de apelación. Procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia.

(11) Artículo 103. Terminación anticipada. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinable no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento.

(12) Folios de 13 al 35 del cuaderno principal.

(13) Folios 102 y s.s.

(14) Folio 107 del cuaderno principal.