Sentencia 2011-06651 de noviembre 14 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 11001110200020110665101

Registro de Proyecto: Cinco de noviembre de dos mil trece.

Aprobado Según Acta de Sala 088 de la fecha

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Bogotá. D.C. Catorce de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

Competencia. Conforme al artículo 116 de la Constitución Política, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria tiene la facultad de administrar justicia y conforme al artículo 256-3 Ibídem conocer de las faltas en que incurran los abogados en ejercicio de la profesión y funcionarios judiciales con excepción de quienes gozan del fuero constitucional, tema desarrollado por la Ley 270 de 1996, artículo 112-4 para resolver en apelación de algunas decisiones emitidas por los Consejos Seccionales de la Judicatura, normas estas en consonancia con los artículos 3° y 194 del Código Disciplinario Único.

El caso. Como se viene anunciando desde el comienzo, se trata de resolver por vía de apelación, respecto de la sentencia emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual le impuso sanción de cuatro (4) meses de suspensión en el ejercicio del cargo a la Juez 57 Penal Municipal de Bogotá, dra. Judith Amaya Rey, por incumplir el deber funcional previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política de 1996 y el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, al haber decidido por fuera del término de diez días las tutelas N° 2008-00438; 2008-00410; 2008-00439; 2008-437; 2008-00436; 2008-00417; 2008-00434.

Solución. Ab initio, se anuncia la confirmación de la decisión emitida por la Sala de instancia, conforme se procederá a explicar en la presente providencia, pues se señalará, la fecha en que cada una de las acciones de tutela ya referenciadas ingresó a despacho y la data en que se profirió el correspondiente fallo.

Acción de tutela 2008-00438(17).

• Repartida el 9 de diciembre de 2008, y en esa misma data se admitió por parte de la disciplinable.

• El 10 de diciembre siguiente se recepcionó la declaración de la señora Dora Luz Rodríguez González.

• 31 de diciembre de 2008, se emitió el fallo de tutela.

• En auto del 9 de enero de 2009, se concedió el trámite de impugnación conforme a la manifestación hecha por la entidad accionada.

Es decir, que el vencimiento del término para la decisión venció el 23 de diciembre de 2008.

— Acción de tutela 2008-00410(18). 

• Interpuesta Eduardo Bolaños Vanegas contra Bancolombia, siendo repartida el 14 de noviembre de 2008 siendo entregada al despacho el día 18 siguiente.

• En auto del 18 de noviembre de 2008, fue admitida por el Juzgado 57 Penal Municipal de Bogotá.

• El fallo de primera instancia se profirió el 25 de diciembre de 2008.

El vencimiento del término para emitir la decisión fue el 2 de diciembre de 2008.

— Acción de tutela 2008-00434(19). 

• Fue interpuesta por la señora Sandra Esperanza Lancheros Urbina contra Saludcoop EPS, siendo repartida el 3 de diciembre de 2008.

• El 4 de diciembre fue admitida a través de auto emitido por el Juzgado 57 Penal Municipal de Bogotá.

• Se recepcionó declaración de la señora Esperanza Lancheros Urbina el 9 de diciembre de 2008.

• Se emitió fallo el 31 de diciembre de 2008.

Los diez días para proferir el fallo vencieron el 18 de diciembre de 2008.

Acción de tutela 2008-00439.

• Demanda de tutela impetrada ir la señora Ruth Maribel Ordóñez Moreno contra Famisanar EPS.

• El 5 de diciembre de 2008 fue repartida por lo cual le correspondió al Juzgado 57 Penal Municipal de Bogotá.

• Entregada en el despacho el 9 de diciembre siguiente y esa misma fecha la admitió.

• El 31 de diciembre de 2008, se profirió el respectivo fallo.

El plazo para emitir el fallo de primera instancia venció el 23 de diciembre de 2008.

Acción de tutela 2008-00437.

• Promovida por la señora Sirley Camacho, en representación de Samuel David Castro contra Famisanar, recibida en el Juzgado 57 Penal Municipal de Bogotá, el cual en la misma data profirió auto admitiéndola.

• El 9 de diciembre fue escuchada en declaración la señora Sirley Camacho Aguilar.

• Se profirió la sentencia el 31 de diciembre de 2008.

La decisión debió emitirse a más tardar el 19 de diciembre de 2008, data en la que venció el término procesal de diez días.

Acción de tutela 2008-00417(20).

• Fue presentada por el señor Iván Molina contra Salud Total EPS el 19 de noviembre de 2008.

• Entregada al Juzgado 57 Penal Municipal de Bogotá el 20 de noviembre siguiente, y a través de auto de la misma data, la admitió.

• El 20 de noviembre de 2008, se escuchó en declaración al accionante.

• La decisión de primera instancia se emitió el 26 de diciembre de 2008.

La tutela debió fallarse a más tardar el 4 de diciembre de 2008.

— Acción de tutela 2008-00436(21).

• Promovida por el señor Henry Leal Rodríguez contra la Nueva EPS y la Cruz Blanca el 5 de diciembre de 2008, fue admitida por el Juzgado 57 Penal Municipal de Bogotá ese mismo día.

• El 10 de diciembre siguiente se recepcionó la declaración del accionante.

• La entidad accionada presentó contestación el 22 de diciembre.

• El 31 de diciembre de 2008, se profirió fallo de tutela.

La decisión debió emitirse el 22 de diciembre de 2008.

La Sala de instancia, reseñó el incumplimiento de la funcionaria de lo contemplado en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, configurando con ello el la falta al deber señalado en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996:

“1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

Así las cosas, claramente se advierte la incursión de la imputada en los cargos irrogados por la Primera Instancia, pues sin mayor elucubración se observa que excedió el término de diez días para proferir la decisión dentro de las acciones de tutela mencionadas, las cuales como se ha mencionado en la presente sentencia, y así como lo adujeron la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y el Ministerio Público en su intervención, la misma es de rango constitucional y ostenta un conocimiento preferente ante los demás procesos que se adelanten en el juzgado, a excepción de las acciones de Habeas Data, pues con la acción de tutela precisamente se busca una solución pronta a actos o hechos que están atentando contra derechos fundamentales de las personas que acudieron a dicho mecanismo.

En efecto, la Juez 57 Penal Municipal de Bogotá, doctora Judith Amaya Rey, tenía diez días para emitir las correspondientes decisiones, pero su tardanza en cada uno de los casos fue amplia, si analizamos, —se reitera— que se trataba de acciones constitucionales, llegando al punto en sobrepasar en 13 días hábiles, como ocurrió en la acción de tutela 2008-00410, lo cual con las argumentaciones de defensa expuestas por la disciplinable, no justifica su mora en el cumplimiento de los términos procesales, sin que tampoco sea de recibo, lo esgrimido respecto de la carga laboral que afrontaba el despacho del cual era titular, pues ella necesariamente debió impartir el trámite prevalente, de tal forma que incumplió su obligación de juez de fallar en tiempo.

De igual manera se observa que la disciplinable, en la tutela N° 2008-00438, tuvo una tardanza de 4 días, en la 2008-00410 fue de 2 días, en la 2008-00434 de 8 días, en la 2008-00437 de 7 días, en tutela N° 2008-00417 fueron 13 días y en la 2008-00436 excedió el término en 6 días, entendiéndose que todos los días en que se sobrepasó del término para fallar son hábiles.

En efecto, la materialidad de la falta no presenta dificultad alguna, pues no sólo se arrimó prueba documental; copias respectivas de cada expediente en los que se presentó la dilación en el proferimiento del pronunciamiento, demostrativa de la inobservancia al deber, sino que igualmente la disciplinada admite haber sobrepasado los términos para resolver las acciones constitucionales, ya que en sus intervenciones al interior de la presente investigación aduce que se abstuvo de hacerlo debido a la alta carga laboral y congestión por la que en ese momento atravesaba su despacho, tanto así que reconoció que sus anteriores sanciones disciplinarias corresponden al incumplimiento de los términos procesales.

Y si la obligación de la Juez era resolver en diez días y contrario a ello lo hizo sobrepasándolo, no existe duda alguna que incurrió en una ilicitud sustancial, pues afectó de manera grave el deber de pronunciarse dentro del término, porque tratándose de solicitudes de protección de derechos fundamentales en la cual se ventila su posible vulneración, máxime cuando no sólo el artículo 86 de la Constitución Política le otorga un plazo de diez días, sino que igualmente el Decreto 2591 de 1991(22), señala el aludido término.

Es la propia Constitución Política y la ley las que han determinado el plazo dentro del cual debe el operador judicial pronunciarse sobre el derecho deprecado, precisamente para evitar que los funcionarios abusen de los términos, de lo contrario hubiese impuesto los términos judiciales ordinarios.

Como servidora pública, a la doctora Amaya Rey la ataban las reglas de sujeción, porque en el derecho disciplinario se rige por normas subjetivas de determinación y no por normas objetivas de valoración como sucede en el Derecho Penal, es decir, su comportamiento mientras ostente la condición de administrador de justicia, facultad otorgada por la Constitución y la ley, tendrá normas de obligatorio cumplimiento que la atan en reglas especiales de sujeción frente al deber funcional, por lo tanto, es inane su defensa al presentar como justificación para combatir la antijuridicidad el evitar posible impunidad, en tanto, —se reitera— el trámite preferencial y expedito de la acción de tutela, pues estaba frente a peticiones relacionadas con la protección de rehechos fundamentales, conllevando al oportuno pronunciamiento por parte del operador judicial dentro de los términos otorgados por ley.

De otro lado, se abona el empeño y dedicación que dice la funcionaria ha entregado a su labor como juez, no obstante esa circunstancia no alcanza a desvirtuar la responsabilidad a ella imputada, en tanto aquí se le ha juzgado por una situación concreta: porque no resolvió las acciones constitucionales dentro de los diez días que concede la ley para ello, decisiones que debió tomar por encima de cualquiera otra, mas no por otros aspectos del proceso.

Ahora bien, según el documento allegado por la recurrente, en el cual relacionó el número de tutelas que ingresaron a su despacho en el “trimestre IV 2008”, se tiene que fueron un total de 40, número que no alcanza a configurarse como justificante, pues no refieren al último mes, sino a los meses de octubre, noviembre y diciembre de esa anualidad, además, se observa que en el aludido elemento documental, solamente se advierte que ingresó un habeas corpus en el lapso de tiempo aludido, lo cual descarta que la inculpada se haya visto en la obligación de postergar el proferimiento de los fallos de tutela por darle prevalencia a las acciones de habeas corpus, desvirtuándose de manera clara y fehaciente la alta carga laboral esgrimida por la recurrente en lo concerniente a acciones constitucionales, como justificación para su actuar, pues en esta acción disciplinaria se le reprocha el incumplimiento del término en 7 tutelas que debió fallar en diciembre, de tal forma que un reparto de 40 tutelas durante 3 meses no resulta desproporcional.

Así las cosas, al no configurarse causal alguna de exclusión de la responsabilidad disciplinaria(23) de la doctora Amaya Rey, pues sus exculpaciones defensivas a esta altura del proceso no logran enervar la misma, habrá de mantenerse el fallo impugnado.

En cuanto a la culpabilidad culposa, tampoco dificultad alguna se presenta, pues el a quo atendiendo a los diversos aspectos que la conforman, enmarcó su comportamiento en la negligencia, ya que estando en grado de prever el resultado desatendió el deber de resolver dentro del término legal.

“La negligencia citando a Mezger, aduce que se porta con negligencia el que viola un deber de atención que le atañe, estando en grado de prever el resultado”(24).

En este orden de ideas no queda otra alternativa que avalar la decisión de primera instancia, pues con relación a la dosimetría de la sanción se encuentra de acuerdo la Sala, en atención a que cuatro meses de suspensión en el ejercicio del cargo, es acorde con los parámetros del numeral 3 del artículo 44, inciso 2º del 46 y 47 de la Ley 734 de 2002.

No puede soslayarse que si bien la disciplinada no presenta antecedentes disciplinarios, en tanto las sanciones impuestas son posteriores a la ocurrencia de los hechos aquí investigados, su comportamiento es grave, pues no solo demoró las solicitudes elevadas en busca del amparo de derechos de carácter fundamental, sino que la imagen de la justicia se ve deteriorada ante la sociedad que espera celeridad, eficiencia e imparcialidad de sus jueces, no en vano fue la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá dispuso la compulsa de copias en su contra.

En virtud a que la disciplinable actualmente no se encuentra vinculada con la Rama Judicial, de conformidad con lo contemplado en el inciso 3° del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, la sanción impuesta a la doctora Amaya Rey se convertirá en cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2008.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

RESUELVE

1. Confirmar la decisión proferida el 20 de septiembre de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá mediante la cual declaró responsable a la doctora Judith Amaya Rey en su condición de Juez 57 Penal Municipal de Bogotá para la época de los hechos, en haber incurrido en el incumplimiento del deber consagrado en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, y en consecuencia de ello le impuso como sanción, suspensión por cuatro meses del ejercicio del cargo, conforme a razones expuestas en la presente providencia.

2.La sanción impuesta, de conformidad con lo contemplado en el inciso 3° del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, se convertirá en cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2008, los cuales deberán ser cancelados a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

3. Notifíquese y comuníquese la sanción impuesta a la Procuraduría General de la Nación, a la Rama Judicial y demás entidades encargadas de dichos registros y ejecución de la Sanción.

4.Por la Secretaría devuélvase el expediente al seccional de origen.

Cúmplase».

 

 

(17) Cuaderno anexo.

(18) Cuaderno anexo 3.

(19) Cuaderno anexo 7.

(20) Cuaderno anexo 8.

(21) Cuaderno anexo 6.

(22) “ART.29.—Contenido del fallo.Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud el juez dictará fallo, el cual deberá contener:

(…)”.

(23) ART. 28. L. 734/2002: “Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:

1. Por fuerza mayor o caso fortuito.

2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado.

3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.

5. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.

6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.

7. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes.

No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere preordenado su comportamiento”.

(24) Citado por Enrico Altavilla en su obra la culpa, Editorial Temis, 1971.