Sentencia 2011-06761 de enero 22 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Rad.: 110011102000201106761 01

Aprobado según 3 de la misma fecha.

Ref.: Disciplinario Contra El Abogado Margarita María Nieves Acero

Bogotá D.C., veintidós de enero de dos mil quince.

Extractos: «Consideraciones de la Sala.

Competencia.

Esta Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones proferidas por las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Entra entonces esta Corporación, a decidir si confirma o revoca la Sentencia dictada el día 31 de julio de 2013, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, decidió sancionar con suspensión por el término de tres (3) meses a la abogada Margarita María Nieves y multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, al encontrarla responsable de incurrir en la conducta descrita en el artículo 35 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, que a la letra reza:

“Art. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

1. Acordar, exigir y obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos.

Caso concreto.

El señor Yesid Hernando Triana Muñoz contrató los servicios de la profesional en derecho Margarita María Nieves Acero, entregando abono por concepto de honorarios, sin que hubiese sido posible obtener el reintegro de dichos emolumentos, pues fue contratada para convertir en club un establecimiento de comercio a efectos de que funcionara hasta las 6 a.m. La togada asesoró a su poderdante frente a la estrategia a seguir para cumplir el cometido, considerando el quejoso desproporcionados los honorarios entregados con la gestión adelantada por la encartada.

Del cobro excesivo de honorarios.

De entrada debe anunciar esta Sala, que respecto de la falta contemplada en el artículo 35 numeral 1º del Estatuto Deontológico del Abogado, la decisión adoptada por el juzgador de primer grado será revocada, en efecto basta con realizar un análisis de los argumentos planteados por el Seccional de instancia para concluir que la conducta enrostrada en el pliego de cargos no se estructuró, nótese como en las consideraciones se indicó:

“es menester precisar que la profesional del derecho investigada fue contratada con el único fin del reconocimiento del establecimiento de comercio de propiedad del querellante, como club privado o sociedad sin ánimo de lucro, de tal suerte que no puede estas Colegiatura considerar que el pago de los dineros percibidos, es decir ocho millones de pesos correspondían a la asesoría que dice haber suministrado, cuando a todas luces, el interés del quejoso era una labor tendiente a la legalización de su establecimiento como club. (…) la inculpada en forma deliberada y consciente incurrió en el comportamiento motivo de reproche pues admitió que mantuvo los emolumentos (…) dinero que efectivamente era desproporcionado en relación con la labor desempeñada”…

Así las cosas, debe señalar esta Superioridad que la desproporción es un término que no puede analizarse superficialmente, sino que debe ligarse a las condiciones en las que el abogado debe desempeñar su labor, el desgaste intelectual que tiene, unido al prestigio o reconocimiento que ha desarrollado en su labor; es precisamente frente a este punto, que esta Sala quiere hacer hincapié, pues obra dentro del dossier declaración vertida por el señor Oscar Mauricio Herrera Velandia, en la que manifestó que: “desarrolló trámites con la doctora Nieves Acero, en lo relacionado con: los libros, las personas que harían parte del club, dicha gestión fue exitosa ya que fue aprobada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Señaló además, que ella le generó confianza debido a que se la presentó el señor Yesid Hernando Triana Muñoz, para que efectuará la gestión señalada,”. En efecto, se advierte con claridad, que la abogada investigada es reconocida por desarrollar ese tipo de mandatos con éxito, y es ese reconocimiento, el que le permitió pactar con su cliente los honorarios cuestionados.

Bajo esta óptica, es conveniente recordar que las tarifas fijadas por los colegios de abogados son criterios auxiliares que ayudan a verificar la proporcionalidad entre el monto cobrado y el trabajo desempeñado, sin que se trate de valores fijos e inamovibles y, en todo caso, debe siempre tenerse en cuenta que en el caso en que los honorarios han sido previamente pactados por las partes, esto es, abogado y poderdante, nos encontramos frente a un contrato civil y por tanto, lo allí establecido es ley para las partes.

En ese sentido, la jurisprudencia de esta Sala ha sido clara en establecer que “se privilegiará la voluntad contractual de las partes y, a falta de esta, se acudirá a las tarifas de los colegios de abogados como criterio auxiliar”(10).

Lo que corresponde entonces a la jurisdicción disciplinaria es entrar en defensa del cliente cuando quiera que, aprovechándose de su ignorancia o necesidad, el profesional del derecho cobra como retribución a su labor una suma excesiva, en perjuicio de su mandante, para lo cual deben tenerse como referentes para verificar la proporcionalidad de los honorarios cobrados las características particulares del caso en cuestión, tales como la complejidad del asunto, la especificidad de los temas a tratar, la pericia y experiencia del jurista en ese tipo de casos, entre otros, y demostrado está en autos con la prueba referida con anterioridad, que la abogada encartada tiene reconocimiento en ese tipo de asuntos.

La legislación nacional no tiene establecidos los criterios o parámetros que permitan determinar cuál debe ser la remuneración percibida por quienes ejercen la profesión de la abogacía, a diferencia de lo que ocurre en países de similar tradición jurídica como Argentina en donde criterios tales como el monto del asunto o proceso, la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la labor profesional apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo e incluso, la trascendencia jurídica, moral y económica que tuviere el asunto(11) se han instituido como pautas para fijar el monto de los honorarios.

Por lo anterior, ha sido la jurisprudencia de esta Corporación quien ha decantado los parámetros que deben tenerse en cuenta para determinar la proporcionalidad de la retribución percibida por el jurista como contraprestación a su desempeño profesional, teniendo como tales el trabajo efectivamente desplegado por el abogado, el prestigio del jurista, la complejidad del asunto, el monto o la cuantía de la pretensión, la capacidad económica del cliente y la voluntad contractual de las partes(12).

La referida postura ha sido acogida y reiterada por la Corte Constitucional, que en Sentencia del 28 de noviembre de 2003, luego de hacer un recorrido por diversos pronunciamientos de esta Sala, manifestó:

“En conclusión, la jurisprudencia sobre la materia ha fijado 5 criterios para determinar si el abogado cobró honorarios desproporcionados: (i) el trabajo efectivamente desplegado por el litigante, (ii) el prestigio del mismo, (iii) la complejidad del asunto, (iv) el monto o la cuantía, (v) la capacidad económica del cliente. Cabe recordar que las tarifas fijadas por los colegios de abogados son fuente auxiliar de derecho, en cuanto a la fijación de honorarios se refiere. Por otra parte, vale la pena resaltar que, a falta de una legislación particular en punto de tarifas profesionales, por regla general el límite máximo de lo que resulta admisible cobrar por la prestación de los servicios profesionales por parte de los litigantes, no puede ser otro que las tablas arriba mencionadas, máxime si, siguiendo la doctrina del Consejo Superior de la Judicatura, ellas son elaboradas de conformidad con la costumbre práctica de los abogados”(13).

Por lo anteriormente dicho, considera esta Sala que la conducta analizada no es merecedora de reproche disciplinario pues, si bien es cierto que la investigada cobró más de lo establecido por el Colegio Nacional de Abogados para la época de los hechos, debe tenerse en cuenta que tal monto fue libremente acordado entre jurista y poderdante; que la gestión desempeñada no se limitó según se ha demostrado, a las simples asesorías sino que debió desplegarse un estudio juicioso sobre el tema para desarrollar la estrategia a seguir para lograr el cometido.

Ahora bien, para el caso de autos tenemos que no obstante no existir un contrato escrito de prestación de servicios, quejosa y denunciado coinciden en afirmar que el acuerdo al que llegaron en torno a la forma de retribución sería el pago de ocho millones de pesos, tal y como se advierte de la prueba documental allegada, en ese sentido, teniendo en cuenta las gestiones realizadas por la togada y la situación descrita, considera esta Sala que no existió el referido abuso de la togada en el cobro de su retribución laboral, menos aun aprovechando la ignorancia o necesidad del poderdante, razón por la cual absolverá a la encartada de la referida conducta.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. REVOCAR la Sentencia de fecha 31 de julio de 2013, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó a la abogada Margarita María Nieves Acero, con suspensión por el término de (3) tres meses en el ejercicio de la profesión, y una multa por valor de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, como autora responsable de la falta consagrada en el artículo 35 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, para en su lugar ABSOLVER a la abogada conforme las motivaciones expuestas en este proveído.

2. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notíquese y Cúmplase».

10. Consejo Superior de La Judicatura. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Auto del 14 de mayo de 1998. Rad. 9979-A

11. Ley 21839.

12. Al respecto ver: Consejo Superior de La Judicatura. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Sentencia del 18 de mayo de 2000. Rad. 15283-B/1058-A; Auto del 14 de mayo de 1998, Radicación 9979-A; Sentencia del 21 de agosto de 1997, Radicación 14017-A.

13. Corte Constitucional. Sentencia T-1143 del 28 de noviembre de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.