Sentencia 2011-06767 de febrero 17 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado: 110011102000201106767 02

Aprobado según acta 14 de la fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. Adolfo León Castillo Arbeláez

Referencia: Abogado en apelación.

Denunciado: Emiliano Muñoz Buitrago.

Quejoso: Nelson Roberto León Buitrago.

Primera instancia:

Sanción de suspensión de 4 meses en el ejercicio de la profesión.

Decisión: Confirma.

Bogotá, D.C., diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con fundamento en numeral 3º el artículo 256 Constitucional y al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 - Código Disciplinario del Abogado.

Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

En virtud a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional señaló que mientras los magistrados que habrán de integrar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen en sus cargos, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura continuará en el ejercicio de sus funciones y conservará su competencia para (i) desempeñar la función jurisdiccional disciplinaria (ii) resolver sobre los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones; y (iii) conocer de la acciones de tutela.

Asunto a resolver. Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a resolver el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado contra el fallo proferido el 29 de mayo de 2015, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con suspensión de 4 meses en el ejercicio de la profesión al disciplinable, tras hallarlo responsable de la falta descrita en el numeral 4º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

Límites de la apelación: Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de Segunda Instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el Legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de los argumentos presentados por el recurrente(26).

Solución del caso. En su recurso, el disciplinado señala que el a quo desconoció “el contenido del acuerdo de pago firmado el año 2006, porque claramente se dice que se terminaran los procesos ejecutivos una vez se haya realizado por el demandado el pago total de las obligaciones pactadas. No se pactó el pago parcial, y por tanto se debe respetar la autonomía de los acuerdos, que son ley para las partes”.

Como es sabido el abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de las personas naturales o jurídicas que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.

En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia(27). En el marco del Código Disciplinario(28), al abogado se le asigna un nuevo deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los derechos humanos.

De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa(29), tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26.

En tal sentido, esta superioridad ha sostenido que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe(30).

El fundamento del control público al ejercicio de la profesión de abogado, se encuentra entonces en los artículos 26 y 95 de la Constitución Política, así como en los fines inherentes a la profesión, de acuerdo con las consideraciones precedentes.

La primera de estas disposiciones consagra la libertad de escoger profesión y oficio, a la vez que faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad y a las autoridades públicas para ejercer su vigilancia y control; la segunda disposición, por su parte, en su numeral segundo prescribe que todos los ciudadanos tienen el deber de respetar los derechos ajenos y ejercer responsablemente los propios, mientras que en el numeral séptimo, consagra la obligación de colaborar con la administración de justicia, deberes que adquieren una connotación especial en el caso de los abogados, dada la función social de la profesión.

De conformidad con el marco esbozado, la Corte Constitucional ha destacado el interés público inmerso en la configuración y aplicación de un régimen disciplinario para los abogados:

“(…) Si al abogado le corresponde asumir la defensa en justicia de los derechos e intereses de los miembros de la comunidad y, a su vez, le compete la asesoría y asistencia de las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones legales, resulta lícito que la ley procure ajustar su comportamiento social a la observancia de tales fines, impidiendo, a través de la imposición de determinadas sanciones, que el profesional desvíe su atención y opte por obrar contrario a derecho, impulsado por el ánimo egoísta de favorecer su intereses particulares en detrimento de la administración de justicia y de la propia sociedad”(31).

De la tipicidad

Como se aprecia en el asunto, se sanciona al disciplinado por omitir informar a los despachos de conocimiento, que había celebrado acuerdo de pago y recibido pagos parciales del deudor, hoy quejoso.

Al revisar las pruebas documentales allegadas al plenario, se encuentra acreditado que el 24 de junio de 2004, el quejoso Nelson Roberto León Buitrago y el disciplinado Emiliano Muñoz Buitrago suscribieron un acuerdo de pago sobre la obligación que ejecutivamente se cobra en el Juzgado 31 Civil Municipal de Bogotá, mediante proceso 2003-1341(32), así:

“Primero. La obligación se ha fijado en la suma de SIETE MILLONES DE PESOS ($ 7.000.000), incluidas las costas y agencias en derecho, suma que el deudor cancelará al acreedor, de la siguiente forma:

1. La suma de TRES MILLONES DE PESOS EN EFECTIVO a la firma del documento.

2. La suma de DOS MILLONES DE PESOS representados en un cheque del Banco Colpatria para ser cobrado el 25 de agosto de 2004.

3. La suma de QUINIENTOS MIL PESOS representados en 10 pares de tenis marca fila que el acreedor recibió a la firma del documento.

4. La suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS representados en tenis marca fila.

Segundo. Una vez el deudor haya cancelado al acreedor el valor de las sumas de dinero acordadas en los puntos anteriores; y entregados los tenis en las cantidades estipuladas en este documento, el acreedor solicitará la suspensión del proceso por el término de sesenta (60) días, mientras se hace efectivo el cheque mencionado en el punto 2”.

La celebración del acuerdo fue informada al Juzgado 31 Civil Municipal de Bogotá, el 7 de septiembre de 2004(33), despacho que mediante providencia del 10 de septiembre de 2004, dispuso la suspensión del proceso(34). Posteriormente, mediante memorial del 27 de octubre, el acreedor por intermedio de su apoderado, informó al Juzgado 31 Civil Municipal de Bogotá que el cheque emitido por el deudor y hoy quejoso, fue devuelto por el Banco Colpatria por fondos insuficientes, por lo que solicitó la reanudación del proceso, que los dineros y mercancías se imputaran a la obligación principal(35). El 18 de noviembre de 2004, el demandante por intermedio de su apoderado presentó la liquidación del crédito en el que el abono realizado por el quejoso fue imputado a intereses, quedando la obligación en la suma de doce millones trescientos ochenta y cinco mil sesenta y tres pesos ($ 12.385.063)(36). De dicha liquidación se corrió traslado al demandado, hoy quejoso, el 28 de marzo de 2005 y como este no emitió objeción el Juzgado 31 Civil Municipal de Bogotá la aprobó(37). El 18 de enero de 2007, el mencionado Despacho le reconoció personería al hoy disciplinado para que obrara en nombre propio(38).

Por su parte, el 27 de octubre de 2006, el hoy quejoso y entonces demandado con el entonces demandante y hoy disciplinado llegaron a un acuerdo de pago, en el que el primero entregaba al segundo muebles que pactaron avaluar en la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 6.200.000) junto con la suma de SETECIENTOS MIL PESOS, valores con los que se finiquitaban las deudas que el señor Nelson Roberto León Buitrago tenía para con el disciplinado y su hermano.

De dicho acuerdo, el hoy disciplinado no informó ni al Juzgado 31 Civil Municipal ni al Juzgado 46 Civil Municipal de Bogotá, pese a que recibió los muebles y por consiguiente no resulta de recibo que se excuse en el incumplimiento del demandado, pues, el numeral 4º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, señala:

“4. Omitir o retardar el reporte a los Juzgados de los abonos a las obligaciones que se están cobrando judicialmente”.

De allí que esta colegiatura no comparta el criterio expuesto por el Ministerio Público, cuando señala que la falta en mención es de ejecución instantánea, pues, la omisión (abstenerse de hacer o pasar algo en silencio), sólo deja de ocurrir, cuando la conducta no realizada se lleva a cabo. En este caso, sólo cuando los juzgados fueron informados de los abonos realizados por el demandado, la omisión dejó de ocurrir.

Dicho informe fue emitido por el entonces demandado y hoy quejoso a los despachos judiciales el 28 de septiembre de 2011, fecha desde la cual, se computa el término de prescripción.

Por consiguiente, la solicitud de prescripción de la acción disciplinaria, será negada por la Sala.

Así las cosas, la conducta del letrado cuestionado se encuentra adecuada al tipo disciplinario imputado, pues del estudio fáctico y jurídico realizado al material probatorio obrante, se tiene certeza que el abogado EMILIANO MUÑOZ BUITRAGO, no reportó a los despachos judiciales los abonos efectuados por el ejecutado —quejoso—, causándole el consecuente perjuicio con las medidas cautelares decretadas.

De la antijuridicidad

Si bien la Ley 1123 de 2007 pregona la antijuridicidad en su artículo 4º, podría entenderse por la redacción de la norma que se asimila a la antijuridicidad desarrollada en materia penal, no obstante está condicionada en el derecho disciplinario a la infracción de deberes aunque obedezca como en el penal al desarrollo del principio de lesividad. No en vano dicho precepto normativo condicionó que la falta es antijurídica cuando con la conducta afecta sin justificación, alguno de los deberes previstos en este mismo código.

Obviamente que ilicitud es una acepción vinculada en forma directa al principio de lesividad, naturalmente cuando se refiere a la consagración expresa de ese principio en punto específico del deber profesional y la sujeción que al mismo deben los abogados en ejercicio de la profesión, como único bien jurídico cuya lesión o puesta en peligro es susceptible de reproche disciplinario.

Quiere decir lo anterior, que este principio de lesividad viene dado como una garantía adicional a favor del sujeto disciplinable, perfectamente diferenciable del principio de lesividad o su equivalente en materia penal como la antijuridicidad material, por cuanto, en el derecho disciplinario, el quebrantamiento de la norma sólo merece reproche de esta naturaleza cuando la misma está concebida para preservar la ética de la abogacía y es vulnerada por la infracción, de donde deviene afirmar que la imputación disciplinaria no precisa de un bien jurídico, entendida tal vulneración como causación de un daño concreto o la producción de un resultado materialmente antijurídico.

Lo anterior, porque no sería afortunado desconocer que el injusto disciplinario se identifica de mejor forma con la norma subjetiva de determinación —diferente al penal que se estructura sobre normas objetivas de valoración—, ya que justamente el derecho disciplinario apunta hacia el establecimiento de directrices o modelos de conducta por vías de la consagración de deberes, cuyo desconocimiento comporta la comisión de falta disciplinaria(39).

Ahora bien, de conformidad con lo señalado en el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte alguno de los deberes consagrados en el artículo 28, ibídem, y éste en el numeral 10 insta a los abogados en ejercicio de la profesión, a “Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales”.

La omisión en que incurrió el disciplinado es una falta disciplinaria, máxime si se tiene en cuenta que sólo ante la radicación presentada en el mes de septiembre de 2011 decidió actualizar la liquidación de los créditos cobrados, sin tener en cuenta los bienes muebles y dinero que recibió del demandado.

De la culpabilidad

La sujeción que debe el derecho disciplinario a la Constitución implica que además de garantizar los fines del Estado social de derecho, debe reconocer los derechos fundamentales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, siendo la culpabilidad uno de ellos según lo consagrado en el artículo 29 Superior en virtud del cual “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”.

Es decir, que en nuestro sistema jurídico ha sido proscrita la responsabilidad objetiva y, por lo tanto, la culpabilidad es “Supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y de la imposición de la pena lo que significa que la actividad punitiva del Estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga C-626 de 1996. Principio constitucional que recoge el artículo 14 del CDU acusado, al disponer que ‘en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa’. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación al señalar que ‘el hecho de que el código establezca que las faltas disciplinarias solo son sancionables a título de dolo o culpa, implica que los servidores públicos solamente pueden ser sancionados disciplinariamente luego de que se haya desarrollado el correspondiente proceso —con las garantías propias del derecho disciplinario y, en general, del debido proceso—, y que dentro de éste se haya establecido la responsabilidad del disciplinado C-728 de 2000”(40).

Si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el abogado infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues como ya se dijo, el principio de la culpabilidad tiene aplicación no sólo para las conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio.

Por qué razón si el acuerdo de pago fue celebrado el 27 de octubre de 2006, el hoy disciplinado dejó transcurrir cerca de cinco (5) años para que fuera el hoy quejoso el que informara a los despachos de su existencia? Por qué sólo hasta que el entonces demandado obró de dicha forma, el entonces demandante y hoy quejoso decidió actualizar la liquidación de los créditos? Más aún, en los dos acuerdos de pago, las partes se comprometieron a abstenerse de informar lo pactado a cada Juzgado ni sometieron dicho reporte al cumplimiento de lo acordado.

Lo anterior máxime si se tiene en cuenta, que el hecho de informar la existencia de los acuerdos, de ninguna manera implicaba la suspensión o la terminación de los procesos.

Por lo anterior, se confirmará la decisión del a quo en su integridad.

De la dosificación de la sanción

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó al disciplinado con cuatro (4) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, decisión que comparte esta superioridad funcional, pues, ha quedado plenamente demostrado que el abogado Emiliano Muñoz Buitrago, omitió informar a los juzgados los abonos que recibió del quejoso para el pago de las obligaciones objeto de ejecución.

Se encuentra, entonces que la sanción respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad, teniendo en cuenta que con su actuar, el abogado investigado, hace que se demerite la profesión y se pierda la confianza respecto de aquellos que la ejercen.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la solicitud de prescripción de la acción disciplinaria elevada por el Ministerio Público, conforme se expuso en la parte motiva.

2. CONFIRMAR la providencia emitida el 29 de mayo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

3. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para que en primer lugar notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

4. Por la secretaría judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.»

26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26129.

27 Ver, principalmente, las sentencias C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); C-884 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

28 Ley 1123 de 2007.

29 Sobre la función social y los riesgos de la profesión de abogado, ver Sentencia C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).

30 Ver sentencia del 21 de enero de 2015, radicación 110011102000201102901 01, Ponente: Angelino Lizcano Rivera.

31 Sentencia C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

32 Folio 21 c.o.

33 Folio 14, anexo 3.

34 Folio 15, anexo 3.

35 Folio 18, anexo 3.

36 Folio 21, anexo 3.

37 Folios 24 y 35, anexo 3.

38 Folio 27, anexo 3.

39 Radicación 1100111020002010004435 01, M.P. María Mercedes López Mora.

40 Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.