SENTENCIA 2011-06816/3178 DE MAYO 4 DE 2016

 

Sentencia 2011-06816/3178 de mayo 4 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201106816 01/3178 A

Aprobado según Acta Nº 38 de la misma fecha

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Bogotá D.C., cuatro de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer la apelación de la sentencia proferida por la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el 5 de diciembre de 2013, mediante la cual sancionó con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, a la abogada María Elisa del Pilar Zárate Ortega, como autora responsable de la falta a la debida diligencia profesional contenida en el artículo 35 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3, de la Carta Política y 112, numeral 4, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1 del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció:“(...) Los actuales magistrados de las Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la comisión nacional de disciplina judicial”.

En el mismo sentido, la Sala plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la comisión nacional de disciplina judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la comisión nacional de disciplina judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la comisión nacional de disciplina judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la comisión nacional de disciplina judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. En cuanto a la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta Sala a revisar cada uno de los argumentos expuestos por el togado, no sin antes resaltar que los mismos ya habían sido expuestos en primera instancia.

3. El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarada responsable disciplinariamente por el a quo por faltar al deber de diligencia profesional consagrado en el artículo 35, numeral 1º, de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:

“(…). Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: 1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos (…)”.

Del escrito de queja, como de su ampliación, así como de lo expuesto en la versión libre por parte del disciplinable, se tiene que en efecto entre el señor Luis Carlos Romero Sanabria y la abogada María Elisa del Pilar Zárate Ortega, existió un vínculo contractual, que emanó del acuerdo de voluntades verbal surgido entre las partes, el cual se consolidó mediante la entrega, por parte del quejoso de la suma acordada de $ 1.500.000.00, y $ 100.000.00 más que le fueron consignados, de lo cual existe prueba a folios 34 y 35 del c.o., y de otra parte, la aceptación del recibo por parte de la disciplinada, el 24 de junio y 18 de julio de 2011, hechos ciertos que correspondían según lo manifestado por el quejoso, a la presentación de una tutela y recurso de revisión y según la disciplinada, al estudio y presentación de acción de tutela en caso de que se observara viabilidad para instaurarla; de conformidad con su criterio, no se reunían los requisitos para instaurar ninguno de los recursos por lo que devolvió los documentos a su cliente, quien le solicitó que le reintegrara el dinero entregado, a lo que ella expresó es que le devolvería el 50% de lo recibido, pero que no ha recibido respuesta de parte de su cliente, que estaba dispuesta a devolver el dinero pero que no encuentra a quien y que si se le autoriza hará depósito judicial para que el quejoso los reclame.

No obstante lo anterior, el cobrar por un concepto el 50% de lo que habían acordado para presentar una tutela y una acción de revisión, resulta a todas luces desproporcionado a su labor realizada, conducta que encuadra de manera clara y contundente en la descripción del numeral 1 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, en la medida que el acuerdo alcanzado con su cliente era otro y no dar una simple opinión sobre el asunto, cobro que resulta desproporcionado al contrastarlo con la labor realizada por la togada aquí disciplinada y por tal razón se debe endilgar dicha falta a la disciplinable como lo argumentó el a quo y que esta instancia confirmará.

De otra parte, el interés de la investigada en querer hacer la devolución de dichos dineros, estos a la fecha no existe prueba que han sido devueltos, solo la manifestación escrita que los devolvió, pero no aparece prueba que así lo ratifique el quejoso o un representante de este, situación que la hace responsable bajo la óptica disciplinaria, toda vez que no basta tener la intensión de realizar una acción y otra es concretarla, sin embargo no arrimó prueba que confirmara la entrega del dinero a su cliente, la totalidad o el saldo descontando el valor reconocido por el concepto emitido, situación que milita en contra de la togada, ya que tenía conocimiento del lugar donde lo podía ubicar y sin embargo no realizó ninguna conducta tendiente a solucionar con su cliente el tema sus honorarios.

Es de otra parte relevante indicar, que la conducta desplegada por la disciplinable, se hizo a título de dolo, como acertadamente lo calificó el a quo, pues no solo no reconoció inicialmente el cobro exagerado por el concepto, sino que espero a que le presentaran queja y aun así no realizó la diligencia de acordar con su cliente el costo de sus emolumentos, por el concepto emitido, sino que esperó hasta el final del proceso para realizarlo, y sin embargo, no hay prueba que permita concluir que si lo realizó; por lo tanto dicha conducta será confirmada como dolosa y en su condición de grave.

Para esta colegiatura, las argumentaciones esgrimidas en el recurso de apelación por el apoderado de confianza de la disciplinable, en el sentido de que decisiones como estas van en contra de la profesión en la medida que hace carrera que no se puede cobrar por los conceptos emitidos, se le indica que no es ese el sentido del fallo, ya que el profesional puede acordar el valor que estime conveniente por asesorar o representar una causa, pero estos deben ser claros, que no haya duda alguna en cuanto al trabajo a realizar y el monto de lo que esta representación o concepto se establezca entere las partes, ya que como en este caso, se prestan para diversas interpretaciones de las partes, ya que si no se estableció el monto a cobrar por el concepto emitido, debe el profesional acudir a su cliente en aras de acordar la suma y de esta forma sanear y dejar a paz y salvo por todo concepto la labor adelantada con su cliente; situación que no realizó en este caso por parte de la togada, ni siquiera estando el proceso disciplinario en curso, lo que hace que la conducta de la disciplinada encuadre de manera clara en la descripción del numeral 1 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, lo que conlleva a esta sala a confirmarla.

Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada, y al no existir justificación de dicho proceder del abogado, y haberse probado su responsabilidad lo procedente en esta instancia es confirmar la sentencia apelada.

4. De la sanción.

En lo atinente a la dosificación de la sanción, de sancionar con dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues, obedeció a un criterio razonado y razonable, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, atendiendo precisamente al impacto negativo que genera en la sociedad el comportamiento investigado; la ausencia de antecedentes disciplinarios, anteriores a la comisión de la falta; y la modalidad dolosa de la conducta, de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura de Bogotá, el 5 de diciembre de 2013, mediante el cual sancionó con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, a la abogada María Elisa del Pilar Zárate Ortega, como autora responsable de la falta a la debida diligencia profesional, contenida en el artículo 35 numeral 1 de la ley 1123 de 2007; conforme a lo expuesto en la parte motiva antes expuesta.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la secretaría judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del registro nacional de abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».