Sentencia 2012-00003/20524 de febrero 22 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Rad.: 25000-23-27-000-2012-00003-01 (20524)

Demandante: El Regalo Universal Ltda.

Demandado: UAE-DIAN

Temas: Sanción por no presentar la declaración informativa de precios de transferencia por el año 2006.

Consejero Ponente:

Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez

Bogotá D.C., veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala se pronunciará sobre la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la nulidad de las resoluciones 900.019, del 22 de julio de 2010, y 90031, del 22 de agosto de 2011, por medio de las cuales la DIAN le impuso a la actora, y confirmó, una sanción por no presentar declaración informativa de precios de transferencia por el periodo 2006.

Concretamente, la Sala analizará si los actos administrativos demandados son nulos por violación del artículo 260-1 del estatuto tributario, por indebida interpretación. Para el efecto, se decidirá si la demandante estaba obligada a presentar la declaración informativa de precios de transferencia en el año 2006, por la realización de operaciones con vinculados económicos y si es sujeto de la sanción impuesta en los actos demandados.

2. Al régimen de precios de transferencia consagrado en los artículos 260-1 y siguientes del estatuto tributario se encuentran sometidos los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior, siempre que durante el periodo superen una cifra mínima de negocio, determinada normativamente.

El propósito que se persigue con ese régimen es el de que, en la liquidación del impuesto sobre la renta, los contribuyentes del impuesto colombiano que realizan operaciones con vinculados económicos en el exterior, cuantifiquen los ingresos, costos y deducciones derivados de esas operaciones a valores comparables entre partes independientes, para que prevalezcan los precios de mercado y no los que, eventualmente, puedan fijar contractualmente las partes de manera conveniente, habida cuenta de la vinculación existente. Así lo aclaraba, el texto que se encontraba vigente para la época de los hechos objeto de enjuiciamiento, del artículo 260-1 del estatuto tributario, que procedía de las disposiciones de los artículos 28 de la Ley 788 de 2002 y 41 de la Ley 863 de 2003.

Para entonces, la materialización más evidente del régimen de precios de transferencia consistía en el deber anual de presentar una declaración informativa de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas, que consagraba el artículo 260-8 del estatuto tributario (en la redacción dada por el artículo 44 de la Ley 863 de 2003); junto con la documentación comprobatoria regulada en el artículo 260-4 ibídem (en la redacción dada por el artículo 42 de la Ley 863 de 2003) que los contribuyentes debían preparar y enviar para demostrar la correcta aplicación de las normas del régimen de precios de transferencia(2).

Puntualmente, por virtud del mencionado artículo 260-8 del estatuto tributario se encontraban sometidos al deber de presentar la declaración informativa los contribuyentes (i) cuyo patrimonio bruto al final del periodo superara 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o cuyos ingresos brutos durante el periodo fuesen superiores a 3.000 smlmv que (ii) hayan celebrado operaciones con vinculados económicos del exterior.

A su vez, la definición de vinculados económicos a estos efectos venía dada por el artículo 41 de la Ley 863 de 2003, que subrogó el inciso tercero del que entonces era el artículo 260-1 del estatuto tributario, en los siguientes términos:

Para efectos de la aplicación del régimen de precios de transferencia se consideran vinculados económicos o partes relacionadas, los casos previstos en los artículos 260, 261, 263 y 264 del Código de Comercio; en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995 y los que cumplan los supuestos contenidos en los artículos 450 y 452 del estatuto tributario.

De modo que para la vigencia fiscal sobre la que versa el sub lite, la sujeción al régimen de precios de transferencia estaba determinada por una circunstancia económica (i.e. el monto del patrimonio bruto o de los ingresos brutos) y por una circunstancia jurídica que, señaladamente, era el estar bajo alguno de los criterios de vinculación económica caracterizados en las normas a las que se hacía remisión desde el tercer inciso del artículo 260-1 del estatuto tributario.

Reunidas esas condiciones, se debía presentar la declaración informativa prescrita en el artículo 260-8 del estatuto tributario, so pena de la imposición de las sanciones reguladas en el artículo 260-10 del estatuto tributario (en la redacción que a esa norma le dio el artículo 46 de la Ley 863 de 203).

Específicamente, prescribía el numeral 4º del literal B del artículo 260-10 del estatuto tributario que cuando los contribuyentes no presentasen la declaración informativa de precios de transferencia dentro del término establecido para responder el emplazamiento para declarar, se les impondría una sanción equivalente al 20% del valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente.

Sin embargo, con el tiempo, ese régimen sancionador fue modificado. Primero, con el artículo 41 de la Ley 1430 de 2010, que estableció el artículo 260-11 del estatuto tributario, en el cual dispuso que, en cualquier caso, el monto máximo de las sanciones relativas a la declaración informativa de precios de transferencia sería de 20.000 UVT; y, posteriormente, por el artículo 121 de la Ley 1607 de 2012 que le dio una nueva redacción al artículo 260-11 del estatuto tributario, en el cual quedó consignado de manera completa el régimen de infracciones y sanciones relativas al incumplimiento de los deberes formales propios del régimen de precios de transferencia. De acuerdo con esta disposición, la no presentación de la declaración informativa de precios de transferencia se sancionaba así:

B. Declaración Informativa.

(…)

5. Sanción por no presentar la declaración informativa. Quienes incumplan la obligación de presentar la declaración informativa, estando obligados a ello, serán emplazados por la administración tributaria, previa comprobación de su obligación, para que presenten la declaración informativa en el término perentorio de un (1) mes. El contribuyente que no presente la declaración informativa no podrá invocarla posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra.

Cuando no se presente la declaración informativa dentro del término establecido para dar respuesta al emplazamiento para declarar, habrá lugar a la imposición de una sanción equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de las operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia realizadas durante la vigencia fiscal correspondiente, sin que dicha sanción exceda la suma equivalente a veinte mil (20.000) UVT.

Finalmente, el artículo 111 de la Ley 1819 de 2016 volvió a modificar el artículo 260-11 del estatuto tributario y estableció la redacción de la norma que hoy en día se encuentra vigente, en los siguientes términos en la letra e) del segundo ordinal:

Cuando no se presente la declaración informativa dentro del término establecido para dar respuesta al emplazamiento para declarar, habrá lugar a la imposición de una sanción equivalente al cuatro por ciento (4%) del valor total de las operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia realizadas durante la vigencia fiscal correspondiente, sin que dicha sanción exceda la suma equivalente a veinte mil (20.000) UVT.

De esa manera se encontraba regulado, para la época de los hechos objeto de enjuiciamiento, el deber formal de presentar declaración informativa de precios de transferencia, y ha evolucionado desde entonces la sanción imponible por desatender dicho deber.

Sobre el particular se ha referido previamente la jurisprudencia de esta sección en las sentencias del 25 de abril de 2016 (Exp. 20670, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia), del 25 de mayo de 2017 (Exp. 20724, C.P. Stella Jeanette Carvajal Basto) y del 17 de agosto de 2017 (Exp. 20740, C.P. Stella Jeanette Carvajal Basto).

3. En los cargos de la demanda y de la apelación, la parte actora acusa la nulidad de los actos combatidos por interpretación errónea del artículo 260-1 del estatuto tributario.

A propósito de la causal de nulidad alegada, esta sección ha afirmado que la violación de la ley por interpretación errónea se produce cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero el operador los entiende equivocadamente y así, erróneamente comprendidos, los aplica en el acto administrativo acusado. Se presenta, entonces, cuando el operador o funcionario le asigna a la norma o normas un sentido o alcance que no les corresponde (sentencia del 30 de agosto de 2016, en el expediente 18636, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).

En el caso sub examine, las partes coinciden en afirmar que la sociedad actora tiene vinculación económica con las sucursales El Regalo Universal C.A. en Venezuela y El Regalo Universal S.A. de C.V. en México. Sin embargo, disienten acerca de si la demandante realizó operaciones sujetas al régimen de precios de transferencia.

La acusación procede de lo siguiente: durante el periodo objeto de análisis, el artículo 260-8 del estatuto tributario disponía que la declaración informativa de precios de transferencia debían presentarla “los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a la aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia” que tuviesen en el periodo el patrimonio o ingresos mínimos señalados en la disposición y que hubieren realizado operaciones con vinculados económicos del exterior en la anualidad. En opinión de la sociedad demandante, la entidad no se encontraba dentro de las causales previstas en el artículo 260-1 del estatuto tributario para que le fuese exigible “la aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia”, razón por la que a su vez consideraba que no se encontraba sujeta a presentar la correspondiente declaración informativa.

En este punto, el argumento central que aduce para plantear que se encontraba por fuera del ámbito del artículo 260-1 del estatuto tributario era el hecho de que las operaciones que tuvo durante el periodo con sus vinculadas extranjeras no le generaron ningún ingreso, costo o gasto, en la medida en que las transacciones realizadas con las compañías El Regalo Universal en México y Venezuela se desarrollaron en virtud de un contrato de mandato sin representación pactado con ellas para que la colombiana le hiciera ventas a sus clientes finales situados en esas jurisdicciones, de manera que los ingresos percibidos en realidad procedían de terceros y no de sus vinculadas.

Dicho en otras palabras, en la interpretación que plantea del artículo 260-1 del estatuto tributario la apelante, la sujeción al régimen de precios de transferencia depende, además de ser un contribuyente del impuesto sobre la renta que celebre operaciones con vinculados económicos del extranjero, de que de esas operaciones se obtengan ingresos, costos o deducciones en el impuesto colombiano.

La DIAN, por su parte, interpreta que las operaciones a que alude el artículo 260-1 citado, comprenden una multiplicidad de operaciones realizadas a nivel internacional y que la eventual existencia de un contrato de mandato no tiene incidencia real en la aplicación del régimen de precios de transferencia. Así, para la DIAN, por efecto del monto de los ingresos y la vinculación económica, la demandante estaba obligada en el año 2006 a presentar la declaración informativa de precios de transferencia.

Observa la Sala que la norma sobre la cual se ha planteado el debate interpretativo (i.e. el texto del artículo 260-1 del estatuto tributario vigente en 2006) establece como únicas condiciones para estar sometido a la aplicación de aquello que se ha identificado como régimen de precios de transferencia, las de (i) ser contribuyente del impuesto sobre la renta y (ii) celebrar operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas.

La consecuencia jurídica que deriva del cumplimiento de esas dos condiciones viene a ser la de quedar obligado “a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, sus ingresos ordinarios y extraordinarios y sus costos y deducciones, considerando para esas operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes” (primer inciso del artículo 260-1 del estatuto tributario, en la redacción dada por el artículo 28 de la Ley 788 de 2002), pero exclusivamente respecto de “las operaciones que se realicen con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior” (inciso final del artículo 260-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 41 de la Ley 863 de 2003).

Contrariamente a lo que entiende la apelante, la alusión que se hace en la disposición a los ingresos, costos o deducciones derivados de la realización de operaciones con vinculados económicos no constituye un requisito o condición para quedar sometido al régimen de precios de transferencia, sino que se hace para fijar la consecuencia misma de estar sometido al régimen mencionado.

Que la referencia en la norma a esos componentes de renta es la consecuencia jurídica y no el supuesto de hecho del régimen de precios de transferencia se hace evidente del tenor literal del inciso primero del artículo 260-1 del estatuto tributario, que conviene transcribir (con subrayas añadidas por la sala) para mayor claridad:

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta, que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas, están obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, sus ingresos ordinarios y extraordinarios y sus costos y deducciones, considerando para esas operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes.

En estos términos, considera la Sala que los actos combatidos no adolecen de la causal de nulidad que se les endilga por interpretación errónea del artículo 260-1 del estatuto tributario.

Bajo el dictado de la referida norma, cabe avalar la interpretación hecha por la DIAN en el sentido de que eran operaciones sujetas al régimen de precios de transferencia las ventas que hechas en 2006 por la demandante a sus vinculadas en Venezuela y en México. En estos términos, no prospera el cargo de apelación.

4. Pero teniendo presente cuáles eran las condiciones exigidas normativamente en 2006 para estar sujeto al régimen de precios de transferencia, cabe evaluar si la demandante efectivamente celebró operaciones con vinculados económicos, habida cuenta del alegato que hace en el sentido de que las operaciones hechas a través de sus vinculadas no tenían lugar con estas sino con terceros, a través de un contrato de mandato sin representación.

4.1. Las pruebas que reposan en el expediente relativas a las operaciones realizadas por la demandante con sus vinculadas económicas en Venezuela y en México son:

(i) El estado de Resultados de la sociedad actora a 31 de diciembre de 2006, en el que registra como ingresos operacionales de $ 1.717.678.000 (fl. 26 c a). En ellos se encuentran los obtenidos del exterior, provenientes, entre otros, de sus vinculadas El Regalo Universal C.A. (Venezuela), por $ 468.359.790, y de El Regalo Universal S.A. de C.V. (México), por $ 476.925.034.

(ii) El Libro auxiliar de cuentas y el balance de pruebas con corte a 31 de diciembre de 2006, que detallan los ingresos por ventas extranjeras, en la cuenta 41359502, por $ 1.264.046.300 (fls. 50 a 52 y 61 c a). Dentro de esas operaciones se encuentran los ingresos obtenidos de El Regalo Universal C.A. (Venezuela) y El Regalo Universal S.A. de C.V. (México).

(iii) Las facturas de compraventa emitidas por la demandante, que soportan la operación de venta realizada con los vinculados en Venezuela y México, así como los ingresos obtenidos por esas operaciones (fls. 86 a 104 c a), así:

FacturaFechaClienteValor
12531-01-06El Regalo Universal C.A.US$ 18.450
14422-03-06El Regalo Universal C.A.US$ 15.767,81
17016-06-06El Regalo Universal C.A.US$ 1.569,60
21131-08-06El Regalo Universal C.A.US$ 27.558,90
16816-06-06El Regalo Universal C.A.US$ 47.836,59
16916-06-06El Regalo Universal C.A.US$ 53.994,99
22831-10-06El Regalo Universal C.A.US$ 43.334,16
23031-10-06El Regalo Universal C.A.US$ 58.566,06
12030-01-06El Regalo Universal S.A. de C.V.US$ 10.151,94
13316-02-06El Regalo Universal S.A. de C.V.US$ 8.131,14
13827-02-06El Regalo Universal S.A. de C.V.US$ 12.115,56
15130-03-06El Regalo Universal S.A. de C.V.US$ 23.935,14
16426-05-06El Regalo Universal S.A. de C.V.US$ 16.282,16
18126-07-06El Regalo Universal S.A. de C.V.US$ 12.950,16
20523-08-06El Regalo Universal S.A. de C.V.US$ 73.663,20
21625-08-06El Regalo Universal S.A. de C.V.US$ 17.410,84
24429-11-06El Regalo Universal S.A. de C.V.US$ 27.635,30

(iv) El informe aportado por la demandante para el estudio de la documentación comprobatoria, en el que se acepta la vinculación económica entre la demandante y El Regalo Universal C.A. (Venezuela) y El Regalo Universal S.A. de C.V. (México), y se describen las operaciones efectuadas con los vinculados así:

a) Políticas comerciales (precios, volumen y plazos)

La base de los precios de los productos que comercializa la compañía son los mismos, únicamente difieren en aquellas situaciones que por transporte, plazo de pago, riesgo de pago y volumen en los pedidos amerita una diferencia en ellos. En los cuatro anexos a continuación se puede observar las compañías vinculadas como son Venezuela y México y la diferencia que existe entre los dos, la cual está dada por los siguientes aspectos:

1. En el caso de Venezuela la mercancía es colocada en Cúcuta vía terrestre y los pagos de ellos están pactados a 30 días fecha de despacho y adicionalmente su volumen de compra es el más importante que tiene la compañía hasta el momento.

2. En el caso de México, al producto se le adiciona el costo de transporte aéreo hasta la ciudad de México y adicionalmente tiene un recargo por las condiciones de pago pactadas con ellos que están dadas a 90 días fecha de envío de la mercancía.

Esto hace que la diferencia en los precios de los productos de exportación como se puede observar en los cuadros a continuación son causados por estos motivos.

Los precios pactados para las compañías no vinculadas son ligeramente superiores debido a que cada uno de los pedidos solicitados por ellos son mucho menores que los de compañías vinculadas. Los pagos históricamente son efectuados a un plazo mayor a los noventa días y no se trabaja con ninguna clase de garantía lo cual hace que el incremento esté justificado por los anteriores aspectos.

(v) Por último, se encuentran también las copias de los contratos de mandato suscritos con las vinculadas de la demandante en México y Venezuela, que fueron aportadas al expediente administrativo con ocasión de la respuesta al pliego de cargos en el cual se planteó la imposición de la sanción por no presentar la declaración informativa de precios de transferencia (fls. 218 a 227 c a).

4.2. Si bien es cierto que las copias de los contratos de mandato se presumen auténticas por disposición expresa del artículo 244 del Código General del Proceso, esa condición no lleva a atribuirle la eficacia probatoria que estima la apelante.

En primer lugar, porque su poder demostrativo queda enervado por las demás pruebas que obran en el expediente, que deben ser valoradas bajo el criterio de la sana crítica. El acervo probatorio pone de presente que en la contabilidad de la empresa se registraron ingresos en el extranjero derivados de ventas a sus vinculadas en México y Venezuela, documentadas en facturas de venta en las que se relaciona como cliente a sus vinculadas y no a terceras personas o empresas. Y, en segundo lugar, porque incluso los contratos de mandato que sirven de base a los cargos de la demandante constituyen plena prueba de que durante el periodo gravable se dieron operaciones entre la demandante y sus vinculadas en el exterior.

En efecto, la exigencia, para la sujeción al régimen de precios de transferencia, contemplada en el artículo 260-1 del estatuto tributario en el sentido de que entre el contribuyente del impuesto colombiano y sus vinculados del exterior se hayan celebrado “operaciones”, no circunscribe este término, como pretende la demandante, a una específica clase de contrato o negocio jurídico, como sería el de compraventa. Al contrario, la expresión “operaciones” empleada por la norma se refiere al hecho de que la colombiana y sus vinculadas en el exterior hayan tenido entre sí durante el año negocios, contratos o cualquier clase de declaraciones de voluntad, enderezada a la producción de relaciones jurídicas, categoría dentro de la que se subsumen también los contratos de mandato comercial regulados en los artículos 1262 y siguientes del Código de Comercio.

De manera que las pruebas documentales que la apelante solicita que se valoren, en lugar de desvirtuar, afirman plenamente la existencia de “operaciones” con sus vinculadas en el año 2006, y, por tanto, el cumplimiento de las condiciones exigidas por el artículo 260-1 del estatuto tributario para estar sujeto al régimen de precios de transferencia.

5. Visto lo anterior, cabe concluir que se cumplen también los presupuestos señalados en el artículo 260-8 del estatuto tributario para que la demandante tuviese que presentar declaración informativa de precios de transferencia.

En el caso se configuran los supuestos descritos, toda vez que la demandante es contribuyente del impuesto sobre la renta por el año 2006, obtuvo ingresos brutos operacionales de $ 1.731.969.000(3) y realizó operaciones con los vinculados económicos El Regalo Universal CA, en Venezuela, y El Regalo Universal S. A. de CV, en México.

En torno a la vinculación económica, debe precisarse que en la sede administrativa la DIAN constató en el libro de socios 00857765, del 27 de abril de 1999, registrado en Cámara de Comercio, aquellos activos a 31 de diciembre de 2006 y su participación en la sociedad demandante, así (fl. 15):

NombreIdentificaciónNacionalidadCuotasValor%Parti.
Julio Francisco Cortez MognaP.P. 197377Venezolano440$ 440.000.00099.3%
Hans Kunzli Eraso79.141.363Colombiano3$ 3.000.0000.7%
Total   $ 443.000.000100%

A partir de dicha información recaudada, la administración determinó que el socio en la empresa colombiana con participación del 99.3%, señor Julio Francisco Cortez Mogna, también es propietario del 100% de la sociedad El Regalo Universal CA de Venezuela y, a su vez, es socio con participación del 50% en la compañía el Regalo Universal S. A. de CV ubicada en México (fl. 18).

Sobre el particular, la Sala observa que la vinculación económica en el entendido de la norma vigente para la época de los hechos, así como en la actualidad con las modificaciones introducidas por la Ley 1607 de 2012, se configura en la medida en que las operaciones económicas se realizaron entre entidades contratantes respecto de las cuales exista subordinación. Vale decir, que en sub lite la sociedad colombiana y las sociedades extranjeras son subordinadas del socio mayoritario Julio Francisco Cortez Mogna, según voces del artículo 260 Código de Comercio.

En consecuencia, la demandante sí estaba obligada a presentar la declaración informativa de precios de transferencia por el año 2006, dentro del plazo previsto en el artículo 22 del Decreto 4583 de 2006(4), esto es, hasta el 20 de junio de 2007. Pero como no atendió ese deber, era pertinente que la DIAN le impusiera la sanción establecida en el literal b) del numeral 4 del artículo 260-10 del estatuto tributario, como en efecto ocurrió.

Sin embargo, en el caso cabe la aplicación favorable de la norma sancionadora posterior que deriva del artículo 29 de la Constitución y del actual artículo 640 del estatuto tributario, modificado por el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016.

En efecto, en el año 2006 el artículo 260-10 del estatuto tributario (literal b, numeral 4) prescribía una sanción del 20% del valor total de operaciones realizadas con vinculados económicos, sin exceder de 39.000 UVT, a quienes omitieran la obligación de presentar la declaración informativa de precios de transferencia. En tanto que actualmente, 260-11 ibídem, modificado por la Ley 1819 de 2016, sanciona la misma omisión con el 4% del valor total de las operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, sin exceder de 20.000 UVT, en los términos en que se relató en el fundamento jurídico número uno de esta providencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, estima la Sala que se debe disminuir la sanción impuesta en los actos acusados.

Por consiguiente, se revocará la sentencia apelada para, en su lugar, anular parcialmente los actos demandados, en cuanto al monto de la sanción por no presentar la declaración informativa de precios de transferencia por el año 2006, y a título de restablecimiento del derecho, la Sala declarará que dicha sanción quedará así:

Valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos

Año 2006$ 945.285.000

Porcentaje sanción (art. 112 L. 1819716(sic))4%

Sanción determinada$ 37.811.400

Límite de la sanción (20.000 UVT) $ 400.000.000

Total sanción$ 37.811.400

6. Por último, Con relación a la condena en costas, el artículo 188 del CPACA establece que en la sentencia el juez debe pronunciarse sobre la condena en costas, con excepción de los asuntos de interés público; y que la liquidación y ejecución de la eventual condena se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), dispone en el artículo 365, entre otras, las siguientes reglas:

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

(…)

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (se resalta).

En el presente asunto, no aparece ningún elemento de prueba que justifique la imposición de las costas solicitadas. En consecuencia, en los términos del numeral octavo del Código General del Proceso, no existe fundamento para su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar:

1) DECLÁRASE la nulidad parcial de las resoluciones 900019, del 22 de julio de 2010, y 900031, del 22 de agosto de 2011, expedidas por la UAE-DIAN.

2) A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la sanción por no presentar la declaración informativa de precios de transferencia por el año 2006, a cargo de El Regalo Universal Ltda. en liquidación, es de $ 37.811.400 (treinta y siete millones ochocientos once mil cuatrocientos pesos moneda corriente).

2. DENÍEGASE la condena en costas en ambas instancias.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

2 Esta versión del artículo 260-4 del estatuto tributario establecía que la documentación comprobatoria debía enviarse dentro de los plazos y condiciones fijados por el Gobierno Nacional y que debía conservarse mínimo por cinco años contados a partir del uno de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo, y ponerse a disposición de la administración cuando esta la solicitara.

3 Así fue registrado en la declaración de renta del año 2006.

4 Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones.