Sentencia 2012-00004 de abril 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. 11001-03-28-000-2012-00004-00

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Demandante: Félix Raúl Enrique García

Demandados: Edgar Gallo Aya y otros – Representantes de los Gremios y Asociaciones del Sector Privado ante el Consejo Directivo de Cortolima

Fallo - Electoral

Bogotá, D.C., dieciocho de abril dos mil trece

EXTRACTOS: « II. Consideraciones

1. Competencia.

Según lo dispuesto en los artículos 128 [3] del Código Contencioso Administrativo —modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998— y 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 —modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003—, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del proceso electoral de la referencia, promovido para obtener la nulidad del acto que declaró la elección de los señores Edgar Gallo Aya y Gonzalo Sarmiento Gómez, como representantes principales del sector privado, en el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima y de los señores Doris Yanette Pinzón de Bello y Luis Oliver Montealegre Guzmán, como suplentes, para el periodo 2012-2015.

2. Excepciones propuestas por los señores Edgar Gallo Aya y Gonzalo Sarmiento Gómez.

Estos demandados propusieron las excepciones que denominaron: 1) “Violación al debido proceso: la legalidad de la elección demandada no puede obtenerse sino con la nulidad del acto de elección y no otro”; 2) “inexistencia de violación a principios de publicación y transparencia. Oportunidad de convocatoria. Respeto al debido proceso”; y 3) “ausencia de prueba sobre la forma de votación de individuos o personas distintas a los representantes de gremios o sector privado”.

2.1. Para fundamentar la primera excepción, los señores Gallo Aya y Sarmiento Gómez alegaron que el demandante no limitó la pretensión de nulidad electoral al Acta del 20 de diciembre de 2011, que declaró la elección de los representantes del sector privado en el consejo directivo de Cortolima, sino que extendió el reproche a la Resolución 640 de 2007 (Ac. 5/2006), por cuanto los artículos relacionados con el procedimiento de convocatoria y elección en cuestión fueron “derogados” por la Ley 1263 de 2008. En otras palabras, advierten una especie de ineptitud de la demanda, por cuanto está dirigida contra actos frentes a los cuales no procede la acción electoral.

Al respecto, se advierte que la pretensión de nulidad se propone únicamente contra el acto de elección y que el cuestionamiento que se plantea frente a los artículos 28 al 31 de la Resolución 640 de 2007 no está encaminado a que se declare su nulidad, lo cual ciertamente no puede darse por virtud de la acción electoral; en verdad, el demandante parte de la premisa de que dichos artículos están “derogados” por la Ley 1263 de 2008 y que, a pesar de esta circunstancia, el acto acusado los tuvo como fundamento.

Así las cosas, el anterior argumento es suficiente para desestimar la existencia de la excepción en estudio.

2.2. La segunda excepción está planteada para defender el procedimiento de convocatoria y demostrar que, contrario a lo alegado por el demandante, la citación a los gremios y asociaciones del sector privado para la elección de los representantes en el consejo directivo de Cortolima sí respetó la normativa aplicable y los principios de publicidad, igualdad y participación.

La jurisprudencia de esta corporación, de manera reiterada, ha diferenciado entre los argumentos de defensa y las verdaderas excepciones de fondo, en cuanto que los primeros están encaminados a rebatir los hechos y los fundamentos de derecho propuestos por el demandante, mientras que las segundas tienen por objeto plantear situaciones extintivas del derecho o impeditivas de la acción.

De manera que la excepción debe versar sobre un hecho impeditivo o extintivo de la acción y no sobre los argumentos que buscan desmentir la causa petendi o desvirtuar las razones de derecho que sustentan la pretensión, pues no constituiría una verdadera excepción sino el “ejercicio global” de la defensa frente a lo cual el juez no puede hacer cosa distinta que un pronunciamiento de fondo(1).

Los argumentos que sustentan la excepción en estudio, antes que plantear circunstancias impeditivas de la acción, en verdad son manifestaciones defensivas frente a la prosperidad de la pretensión de nulidad del acto acusado y, por ende, la afirmación de que la convocatoria se avino a la normativa en que debía fundarse y que respetó los principios mencionados será analizada en el estudio del respectivo cargo.

2.3. La misma razón sirve para despachar la tercera excepción, que se fundamenta en la supuesta falta de prueba de la afirmación del demandante, según la cual en la elección cuestionada participaron organizaciones y asociaciones que no pertenecen al sector privado ni a los gremios productivos. Aunque el argumento se presenta como excepción, en realidad busca desvirtuar uno de los hechos que sirven de fundamento a la pretensión de nulidad, de manera que el punto será analizado en el respectivo cargo, si es que hay lugar a esto.

Dado que las excepciones propuestas no tienen la condición de tal, los argumentos que las sustentan serán estudiados en los respectivos cargos.

3. Estudio de los cargos.

El demandante propone cuatro cargos frente al acto acusado que se pueden identificar como: i) expedición irregular del acto acusado por fundamentarse en normativa derogada, a saber, los artículos 28 a 31 de los estatutos de Cortolima, los cuales perdieron vigencia por virtud del artículo 1º [par. 3] de la Ley 1263 de 2008; ii) falta de competencia de la Directora de Cortolima para dictar la Resolución 5465 de 1 de diciembre de 2011, con la que pretendió adecuar los Estatutos de Cortolima al mandato del artículo 1º [par. 3] de la Ley 1263 de 2008, cuando lo que debió hacer fue gestionar la respectiva reforma estatutaria; iii) expedición irregular del acto acusado, por cuanto existieron yerros en el procedimiento de la convocatoria a la elección y; iv) participación en la elección acusada de organizaciones que no integran el sector privado.

Como los cargos i y ii tienen una relación lógica, pues se fundan en el mismo hecho, esto es, la supuesta derogatoria de los artículos 28 al 31 de los estatutos de Cortolima y la intervención de la directora de esta entidad en el procedimiento de convocatoria cuando no tenía competencia para el efecto, dadas las previsiones de la Ley 1263 de 2008, se estudiaran de manera conjunta, así:

3.1. Estudio de los cargos i y ii:

El demandante afirma que los artículos 28 al 31 del Acuerdo 5º de 2006, estatutos de Cortolima, no estaban vigentes cuando inició el procedimiento que finalizó con el acto acusado, pues el contenido de aquellos no está conforme con el mandato del artículo 1º [par. 3] de la Ley 1263 de 2008 y; que Cortolima no reformó los estatutos para que estuvieran conformes con la mencionada ley, sino que la directora dictó la Resolución 5465 del 1º de diciembre de 2011 con la que pretendió adecuar la norma estatutaria a la disposición legal, a pesar de que eran inconciliables.

Por su parte, los demandados, Cortolima y el Ministerio Público sostienen que, si bien la convocatoria se adelantó con base en los artículos 28 al 30 de los estatutos de Cortolima, esta normativa no pugna con el artículo 1º [par. 3º] de la Ley 1263 de 2008, pues la modificación legal se hizo en relación con el órgano elector y no frente al procedimiento de elección, así, en el presente caso, los representantes del sector privado en el Consejo Directivo de Cortolima fueron elegidos por los integrantes del mismo sector, previa convocatoria que se rigió por los principios de igualdad, transparencia y publicidad.

De allí que no era necesario adecuar los estatutos de Cortolima para realizar la elección cuestionada, por cuanto sus previsiones diferencian con toda claridad la etapa de convocatoria a la elección, prevista por los artículos 28 al 30 del Acuerdo 5º de 2006, y la elección propiamente dicha, prevista en el artículo 31, el cual sí fue derogado por el artículo 1º [par. 3º] de la Ley 1263 de 2008.

Sea lo primero precisar que la Ley 1263 del 26 de diciembre de 2008 modificó parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993, en lo que interesa a la discusión, así:

“Ley 1263 de 2008 (...) Por medio de la cual se modifica parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

Disposiciones generales

ART. 1º—El artículo 28 de la Ley 99 de 1993 quedará así:

ART. 28.—Del director general de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible.

El director general será el representante legal de la corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el consejo directivo para un período de cuatro (4) años, contados a partir del 1º de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una sola vez.

(...).

PAR. 1º—El período de los miembros del Consejo Directivo de que tratan los literales e), f), y g) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, será igual al del director de la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, y podrán ser reelegibles.

(...).

PAR. 3º—El proceso de elección de los representantes del sector privado, ante el consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, deberán realizarlo los integrantes de su mismo sector.

(...).

ART. 4º—Vigencia. La presente ley rige a partir de su fecha de promulgación y deroga especialmente el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, así como las demás disposiciones que le sean contrarias”(2) (negrilla y subraya de la Sala).

Confrontado el texto de la ley en cita con la normativa que reformó, se advierte que la modificación no recayó únicamente en los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de 1993, sino que se extendió al artículo 25 ejusdem, en la medida en que este disponía:

“ART. 25.—De la asamblea corporativa. Es el principal órgano de dirección de la corporación y estará integrada por todos los representantes legales de las entidades territoriales de su jurisdicción.

(...).

Son funciones de la asamblea corporativa: a. Elegir el Consejo Directivo de que tratan los literales d, y e, del artículo 26 de la presente ley; (...)”.

Nótese que una de las funciones de la asamblea corporativa era elegir a algunos de los miembros del consejo directivo, entre otros, los representantes del sector privado, pues a estos se refiere el literal e del artículo 26 de la Ley 99 de 1993(3). Así las cosas, si por virtud de la Ley 1263 de 2008 el proceso de elección de los representantes del sector privado corresponde a los integrantes de su mismo sector, como se advierte del tenor de la norma, es incuestionable que la asamblea corporativa perdió esa competencia y, por ende, que el literal a del artículo 25 de la Ley 99 de 1993 fue derogado en cuanto enunciaba como competencia de aquel órgano la elección de los representantes del sector privado.

La anterior conclusión se refuerza con el artículo 4º de la Ley 1263 de 2008 que dispuso la derogatoria de las disposiciones que le resultaran contrarias, entonces, la ley en comentario no solo modificó los artículos de la Ley 99 de 1993 que expresamente indicó sino que previó la derogatoria de otras normas, por ejemplo, de manera parcial el literal a del artículo 25 de la Ley 99 de 1993, en punto de la competencia de la asamblea corporativa para la elección de los representantes del sector privado.

Ahora bien, los estatutos de Cortolima, expedidos por la asamblea corporativa en uso de la facultad prevista por el literal e del artículo 25 de la Ley 99 de 1993(4), disponen respecto de la elección de los representantes del sector privado en el consejo directivo de la entidad lo siguiente:

ART. 28.—Convocatoria para la elección de los representantes del sector privado ante el consejo directivo de la corporación: Para la elección de los representantes del sector privado ante el consejo directivo, el director general publicará en un diario de amplia circulación de la jurisdicción de la corporación y en la página WEB de la entidad una convocatoria pública dirigida a todas las entidades gremiales o asociativas del sector privado de su jurisdicción, legalmente constituidas para que postulen un candidato a representarlos ante el consejo directivo de la corporación.

El aviso de convocatoria deberá contener información relativa a los requisitos exigidos para participar en la postulación de los candidatos: lugar, fecha y hora límite en la que se recepcionará (sic) la documentación requerida: y la fecha, hora y lugar para la celebración de la asamblea corporativa.

Las publicaciones se deberán efectuar por lo menos con (15) días calendario de anterioridad a la fecha en que esté programada la reunión de la Asamblea Corporativa en la cual se realizará la elección.

PAR.—Las entidades gremiales o asociativas que aspiren a postular candidatos, deberán allegar a la subdirección administrativa y financiera de la corporación, con mínimo diez (10) días calendario anteriores a la fecha establecida para la realización de la reunión de la asamblea corporativa de elección, la hoja de vida del candidato acompañada de los documentos requeridos en el artículo siguiente.

ART. 29.—De los requisitos para postularse como candidato a representar el sector privado ante el consejo directivo de la corporación: Quienes aspiren a postularse como candidatos, deberán acreditar los siguientes requisitos, según corresponda:

1. Certificado de existencia y representación legal del postulante.

2. Acta de junta o consejo donde conste la elección del candidato.

3. Presentar un informe con sus respectivos soportes, sobre las actividades que el gremio representado desarrolla en el área de jurisdicción de la corporación.

4. Hoja de vida del candidato.

5. Carta de presentación por parte del gremio correspondiente.

ART. 30.—Revisión y evaluación de la documentación que acredita calidades y requisitos: La corporación, a través de un comité constituido para tal fin por parte del director general, revisará y evaluará la documentación presentada por los candidatos a representar el sector privado ante el consejo directivo de Cortolima, con el fin de verificar el cumplimiento de las calidades y requisitos previstos en los artículos precedentes.

Como resultado de la revisión y evaluación anteriormente enunciada y para definir su cumplimiento, se deberá elaborar dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento de la fecha para inscripción de candidaturas y recepción de documentos, un cuadro con todos y cada uno de los ítems correspondientes a calidades y requisitos previstos en el artículo anterior, el cual deberá ser publicado en un lugar visible de la corporación, con indicación de los candidatos elegibles y rechazados.

Los resultados de la evaluación serán presentados con sus respectivos soportes, por el Director General, ante la Asamblea Corporativa el día señalado para la elección.

El informe de evaluación del proceso de convocatoria no está sujeto a notificaciones y recursos que por vía gubernativa establece el Código Contencioso Administrativo, conforme a lo preceptuado en el artículo 1º Ibídem. No obstante lo anterior, el Director General resolverá las solicitudes que se formulen y lo comunicará a los interesados.

ART. 31.—Elección de representantes del sector privado ante el consejo directivo: El director general presentará ante la asamblea corporativa el informe de evaluación del proceso de convocatoria y someterá a su consideración la lista de candidatos elegibles.

luego de surtido lo anterior, la asamblea corporativa procederá a elegir los representantes del sector privado ante el consejo directivo y sus respectivos suplentes, resultando elegidos como principales, los dos (2) candidatos que obtengan el mayor número de votos y como suplentes los dos (2) candidatos que les sigan en número de votación respectivamente.

Si existiere empate, se dirimirá realizando una nueva votación entre estos y si persiste el empate, se dirimirá al azar”(5) (negrillas y subrayas de la Sala).

De la lectura de los artículos transcritos se advierte que el proceso de elección de los representantes del sector privado previsto por los estatutos de Cortolima obedece al mandato que contenía el artículo 25 literal a de la Ley 99 de 1993, habida cuenta de que la asamblea corporativa los elegía, previa convocatoria del director general de la corporación, quien debía evaluar las hojas de vida de los candidatos, verificar el cumplimiento de los requisitos para su postulación, con apoyo de un comité constituido para el efecto y presentar a la asamblea corporativa los nombres de quienes cumplieran los requisitos para la respectiva elección.

Valga la pena destacar que la competencia del director general de Cortolima para convocar a los interesados en participar de la elección en comentario tiene fundamento en las normas anotadas y en el artículo 17 [3] del Decreto 1768 de 1994(6), que dispone que dicho funcionario [el director] efectuará “la convocatoria para que los representantes del sector privado presenten sus candidatos ante la asamblea (...) en la forma que establezcan sus estatutos. Se deben garantizar los principios de publicidad e igualdad de modo que la participación sea efectiva”.

Ahora bien, no existe controversia en cuanto a que cualquier mención que los artículos transcritos de los estatutos hacen a la asamblea corporativa para efectos de la elección de los representantes al sector privado está derogada, pues, por mandato del artículo 1º [par. 3] de la Ley 1263 de 2008 la competencia para esa designación está a cargo de los integrantes del mismo sector.

La controversia radica en que si la modificación hecha por la ley en cita se extendió al procedimiento previo al acto mismo de elección, verbigracia, la convocatoria a los interesados, la verificación sobre si estos pueden participar de la elección y la puesta en consideración de los candidatos al órgano elector para que este haga la designación, todos estos procedimientos adelantados por la directora de Cortolima.

Verificados los antecedentes legislativos de la Ley 1263 de 2008, proyecto de ley 181 de 2008 del Senado de la República y proyecto de Ley 57 de 2008 de la Cámara de Representantes, en las gacetas del Congreso de la República 500, 649, 758, 825 y 906, todas de 2008, nada se advierte sobre el punto en análisis, pues toda la justificación del proyecto de ley y el debate legislativo giró en torno a la modificación de los periodos del director y de algunos miembros de los órganos de dirección de las corporaciones autónomas regionales para igualarlos con los mandatarios de las entidades territoriales. Tampoco existe pronunciamiento de constitucionalidad que permita solucionar la cuestión.

Luego, para dilucidar el alcance de la expresión “el proceso de elección de los representantes del sector privado” como lo prevé la Ley 1263 de 2008, hay que acudir, en primera media, al tenor de la misma norma. Nótese que la ley se refiere al “proceso de elección” y no solo la elección. Luego, de entrada no resulta plausible la solución que ofrecen los demandados, Cortolima y el Ministerio Público, en el sentido de que la modificación legal únicamente se predica de la elección individualmente considerada y no de las estás previas a esta, verbigracia, la convocatoria, el estudio de las hojas de vida de los candidatos, etc.

En efecto, la expresión proceso tanto en el ámbito semántico como en el jurídico alude al “conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial” y “agregado de los autos y demás escritos en cualquier causa civil o criminal”(7). Entonces, mutatis mutandi si el proceso denota la sucesión de hechos, fases, u operaciones, no es posible entender que se ejecuta en un solo hecho u operación, sino que para su finalización requiere de varios pasos o procedimientos intermedios. Por tanto, si la Ley 1263 de 2008 alude al “proceso de elección” resulta evidentemente difícil para el intérprete concluir, que la expresión de restringe únicamente al acto de elección y no a sus fases previas.

Coherentemente, la interpretación que resulta más plausible con el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1263 de 2008 es que el “proceso de elección” no se limita al acto de designación, sino que comprende el procedimiento previo, a saber, la convocatoria de los interesados en participar y los actos sucesivos que de allí se desprendan corresponde a los integrantes del sector privado.

En otras palabras, se debe entender que el cambio de la Ley 1263 de 2008 se endereza a que todo el proceso de elección de los representantes del sector privado en el consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales está a cargo de los mismos integrantes del sector, pues el sentido de la ley es claro, en los términos del artículo 27 del Código Civil, y no se presta para la interpretación propuesta por los demandantes, Cortolima y el Ministerio Público, a saber, que una cosa es el procedimiento previo a la elección y otra cosa es la elección considerada en sí misma.

Hecha esta precisión, es del caso continuar con el análisis de la controversia. Los artículos 28 a 30 de los estatutos de Cortolima reiteradamente refieren a la intervención del director de la corporación en el procedimiento de elección, en efecto, este tiene a cargo la convocatoria de los interesados en participar de la elección, la verificación de que aquellos cumplan los requisitos para poder ser postulados a la elección y la postulación misma de los candidatos para que sean elegidos por la asamblea corporativa.

No hay duda de que el procedimiento para llegar a la elección de los representantes del sector privado en el consejo directivo de Cortolima previsto por los artículos mencionados obedece al siguiente procedimiento: i) el director de la corporación convoca a los gremios para que postulen sus candidatos; ii) el director de la corporación evalúa el cumplimiento de los requisitos para participar de la elección y; iii) la asamblea corporativa elige. Es decir, los integrantes del sector privado tan solo pueden postular sus candidatos, pero no intervienen en la evaluación del cumplimiento de los requisitos para tener la condición de candidatos, mucho menos en su elección.

Como el artículo 1º [par. 3º] de la Ley 1263 de 2008 dispone que el proceso de elección de los representantes del sector privado corresponde a los integrantes del mismo sector, no puede ser otra la conclusión en cuanto a que el procedimiento previsto por los artículos 28 al 31 del Acuerdo 5 de 2006 está derogado. Estos artículos no guardarían coherencia alguna con el procedimiento que estos mismos prevén con la simple suposición de que donde se menciona a la asamblea corporativa ahora se entenderse que se alude los integrantes del sector privado.

Además, como se advirtió, el artículo 4º de la Ley 1263 de 2008 prevé la derogatoria de todas las disposiciones que le sean contrarias, de manera que si el procedimiento de elección de los representantes del sector privado en el consejo directivo previsto por los estatutos de Cortolima es contrario al mandado legal, forzoso es concluir que los artículos 28 al 30 están derogados. A la misma conclusión se puede llegar ya con aplicación del artículo 72 del Código Civil, conforme al cual “la derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley” (negrilla de la Sala).

Ahora bien, está probado que por Resolución 5465 del 1 de diciembre de 2011 la directora general de Cortolima fijó “el cronograma de actividades de la elección de los representantes de las entidades gremiales o asociativas del sector privado en el consejo directivo” y designó un comité “para revisar y evaluar la documentación que acredita calidades y requisitos”(8).

Se destaca que por virtud de esta resolución, la intervención de la directora de Cortolima no se limitó simplemente a la convocatoria de los interesados en participar como candidatos a ser representantes del sector privado en el consejo directivo, materializada con los avisos publicados en prensa el 5 y 7 de diciembre de 2011 (fls. 185 y 195) y en la página web de la entidad (fl. 187).

En verdad, la intervención llegó al punto de que, en uso de la facultad de revisión y evaluación de la documentación que acredita calidades y requisitos de los candidatos, en los términos previstos por el artículo 30 de los Estatutos de Cortolima, fueron excluidos dos candidatos de la elección, a saber la señora María Cristina Lara Góngora, candidata de la ANDI, y el señor Álvaro Iván Barrero Buitrago, candidato de Usocoello (Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y Cucuana). Como motivo de la exclusión de los candidatos se indicó que no fue allegada con la documentación pertinente el informe de actividades de la agremiación que los postuló como candidatos (fl. 240).

En conclusión, el procedimiento utilizado en la expedición del acto acusado fue irregular, pues se fundamentó en una normativa derogada, a saber los artículos 28 al 30 de los estatutos de Cortolima; aunado al hecho de que la intervención de la directora de la corporación fue determinante, al punto de que excluyó de la elección a dos candidatos, pues estimó que no cumplían los requisitos para participar de la elección.

Por otra parte, la expedición de la Resolución 5465 del 1º de diciembre de 2011, mediante la cual se fijó el cronograma de elección de los representantes del sector privado en el consejo directivo de Cortolima, se hizo por una funcionaria que no tenían competencia, por las razones que se explican a continuación:

Primero, porque si bien en los fundamentos de derecho de dicha resolución se invoca el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1263 de 2008, también lo es que se invocan los artículos 28 al 30 de los estatutos de Cortolima, normativa derogada, y que precisamente establecía la competencia del director de la corporación para convocar los candidatos y evaluar que estos cumplieran los requisitos para poder participar de la elección. Como se advirtió el mandato de la Ley 1263 de 2008 no es compatible con el procedimiento previsto por los estatutos de Cortolima.

Segundo, si bien podría alegarse que dada la derogatoria de los estatutos de Cortolima, en cuanto a la intervención del director en el procedimiento de elección de los representantes del sector privado en el consejo directivo, aun pervive en el ordenamiento el artículo 17 [3] del Decreto 1768 de 1994, reglamentario de la Ley 99 de 1993, es necesario advertir que la misma razón que se predica para la derogatoria de los estatutos se extiende a dicho decreto, pues, se insiste, el proceso de elección está a cargo de los integrantes del sector privado, por lo que no es posible considerar válida la intervención del director de la corporación autónoma.

Tercero, porque en razón de la derogatoria del procedimiento previsto por los estatutos de Cortolima para la elección cuestionada, correspondía a la asamblea corporativa, por mandato del artículo 25 [e] de la Ley 99 de 1993, adecuar los estatutos al parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1263 de 2008. De manera que no le correspondía a la directora de Cortolima suplir el vacío normativo de los estatutos de la corporación, en la medida que el artículo 29 de la Ley 99 de 1993, el cual fija funciones para su cargo, no se lo permitía(9).

En ese orden de ideas, los cargos i y ii estudiados están llamados a prosperar, por lo que se declarará la nulidad del acto de elección acusado, contenido en el “Acta de elección de representantes y suplentes de los gremios y asociaciones del sector privado ante el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima “Cortolima” período 2012-2015” del 20 de diciembre de 2011.

En razón de lo anterior la Sala se releva de estudiar los otros cargos propuestos por el demandante.

Por último se advierte que la única pretensión posible en la acción de nulidad electoral es la nulidad del acto acusado, sin que pueda el juez hacer declaraciones adicionales, como lo pretende el demandante.

3. La Decisión

Por lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGASE la prosperidad de las excepciones propuestas por los señores Edgar Gallo Aya y Gonzalo Sarmiento Gómez.

2. DECLÁRASE la nulidad de la elección de los señores Edgar Gallo Aya y Gonzalo Sarmiento Gómez como representantes principales del sector privado en el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima y de los señores Doris Yanette Pinzón de Bello y Luis Oliver Montealegre Guzmán como suplentes, elegidos para el periodo 2012-2015, contenida en el “Acta de elección de representantes y suplentes de los gremios y asociaciones del sector privado ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima “Cortolima” periodo 2012-2015” del 20 de diciembre de 2011.

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

4. COMUNÍQUESE esta decisión a los órganos de dirección de la Corporación Autónoma Regional del Tolima “Cortolima”.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sobre el tema, ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias del 23 de noviembre de 1992, rad. 1856, M.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz y del 23 de junio de 1995, rad. 3205, MP. Libardo Rodríguez Rodríguez y Sección Quinta, sentencia del 4 de septiembre de 2008, rad. 4150, M.P. Filemón Jiménez Ochoa.

(2) Citado del Diario Oficial Nº 47.214 de 26 de diciembre de 2008.

(3) Ley 99 de 1993 “ART. 26. Del consejo directivo. Es el órgano de administración de la Corporación y estará conformado por:

(...).

e. Dos (2) representantes del sector privado;(...)”

(4) Artículo 25 de la Ley 99 de 1993: “De la asamblea corporativa. Es el principal órgano de dirección de la corporación y estará integrada por todos los representantes legales de las entidades territoriales de su jurisdicción. Son funciones de la asamblea corporativa:

(...).

e. Adoptar los estatutos de la corporación y las reformas que se le introduzcan (...)”.

(5) Aportados en debida forma al expediente mediante copia auténtica en folios 444 a 468.

(6) Por el cual se desarrolla parcialmente el literal h) del artículo 116 en lo relacionado con el establecimiento, organización o reforma de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas por la Ley 99 de 1993.

(7) Cfr. página web de la RAE http://lema.rae.es/drae/?val=proceso, consultada el 26 de octubre de 2012.

(8) Folios 180 a 183.

(9) Artículo 29 de la Ley 99 de 1993. Funciones del director general: “Son funciones de los directores generales las señaladas en las leyes, en los reglamentos y en los estatutos respectivos. En particular les corresponde:

1. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal;

2. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del consejo directivo;

3. Presentar para estudio y aprobación del consejo directivo los planes y programas que se requieran para el desarrollo del objeto de la corporación, el proyecto de presupuesto, así como los proyectos de organización administrativa y de planta de personal de la misma;

4. Presentar al consejo directivo los proyectos de reglamento interno;

5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de la entidad;

6. Constituir mandatarios o apoderados que representen a la corporación en asuntos judiciales y demás de carácter litigioso;

7. Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas funciones, previa autorización del consejo directivo;

8. Nombrar y remover el personal de la corporación;

9. Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen el patrimonio de la Corporación;

10. Rendir informes al Ministro del Medio Ambiente, en la forma que este lo determine, sobre el estado de ejecución de las funciones que corresponden a la corporación y los informes generales y periódicos o particulares que solicite, sobre las actividades desarrolladas y la situación general de la entidad;

11. Presentar al consejo directivo los informes que le sean solicitados sobre la ejecución de los planes y programas de la corporación, así como sobre su situación financiera, de acuerdo con los estatutos;

12. Las demás que los estatutos de la corporación le señalen y que no sean contrarias a la ley”.