Sentencia 2012-00004 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp. 760012331000201200004-01

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandante: Sergio David Becerra Benavides

Demandados: Concejal de Yumbo - Diego Parra Zuluaga

Electoral: Fallo 2ª instancia

Bogotá, D.C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de esta sección para conocer de la apelación formulada por la parte demandante contra el fallo proferido el 20 de febrero de 2013, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, está fijada por lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999 —Reglamento Consejo de Estado—, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.

2. De la prueba del acto de elección acusado.

La elección del señor Diego Parra Zuluaga como concejal del municipio de Yumbo, período constitucional 2012-2015, se acreditó con copia auténtica del formulario E-26CON generado el 10 de noviembre de 2011, expedido por la comisión escrutadora municipal de esa entidad territorial(2).

3. Pruebas relevantes.

1. Copia informal del formulario E-6CO diligenciado el 29 de julio de 2011, mediante el cual se formalizó el acto de inscripción del demandado Diego Parra Zuluaga como integrante de la lista de candidatos al Concejo Municipal de Yumbo, período 2012-2015, por el Partido Cambio Radical, en el que obró como representante legal o delegado el señor Carlos Abraham Jiménez López(3).

2. Copia informal de documento sin fecha, suscrito por el señor Carlos Abraham Jiménez López en su condición de Representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, con el cual otorgó aval al señor Diego Parra Zuluaga, entre otras personas, como aspirante al Concejo Municipal de Yumbo, período 2012-2015(4).

3. Copia informal de escrito fechado el 29 de julio de 2011, dirigido por el señor Carlos Abraham Jiménez López, en su calidad de “Delegado para otorgar avales Partido Cambio Radical”, al señor Registrador Municipal del Estado Civil del Valle del Cauca, mediante el cual informa que avala e inscribe la lista de candidatos al concejo de esa entidad territorial, dentro de los que figura el demandado Diego Parra Zuluaga(5).

4. Copia auténtica del acta parcial de revisión de escrutinios - Elecciones Congreso 2010, expedida por el CNE, mediante la cual se declaró la elección de Representantes a la Cámara por la circunscripción electoral del Valle del Cauca, período constitucional 2010-2014, entre ellos el señor Carlos Abraham Jiménez López como único elegido por el Partido Cambio Radical(6).

5. Copia auténtica de la Resolución 1305 de 17 de diciembre de 1997, expedida por el CNE, mediante la cual se reconoció personería jurídica al movimiento político “Valdivieso Presidente 98”(7).

6. Copia auténtica de los estatutos del Partido Cambio Radical, que en su artículo 1º señala que la personería jurídica la obtuvo por medio de la Resolución 1305 de 17 de diciembre de 1997 y que su nombre actual está registrado en la Resolución 1899 de 3 de abril de 2003, ambas del CNE, y que en el artículo 16 determina que el secretario general funge como su representante legal(8).

7. Copia auténtica de la credencial expedida por el CNE al señor Carlos Abraham Jiménez López como Representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca, período 2010-2014(9).

8. Copia auténtica de la resolución de 28 de junio de 2011, expedida por el señor Antonio Álvarez Lleras en calidad de secretario general y representante legal del Partido Cambio Radical, mediante la cual se dispuso:

“DELEGUESE(sic) en los congresistas (senadores y/o representantes a la cámara) que hayan obtenido la mayor votación en las elecciones parlamentarias del 14 de marzo del 2010, para que en la circunscripción electoral donde se produjeron estas avalen, inscriban o modifiquen a nombre del Partido Cambio Radical ante la registraduría las diferentes listas únicas uninominales (gobernadores y alcaldías) y las diferentes listas plurinominales (asambleas, concejos municipales y juntas administradoras locales) con voto preferente para las elecciones del 30 de octubre de 2011”(10).

4. Objeto de la apelación.

El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º numeral 175 del Decreto 2282 de 1989, dispone que “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, ...”. Así, las decisiones asumidas en primera instancia, que el recurrente no cuestionó y que además no guardan relación de dependencia con la parte que sí es objeto de apelación, quedaron en firme e hicieron tránsito a cosa juzgada.

Por tanto, comoquiera que el recurso de apelación interpuesto por el demandante no formuló ningún reparo frente a las excepciones planteadas por los diferentes integrantes del extremo pasivo de la relación jurídico-procesal, lo resuelto sobre el particular escapa a la competencia de esta Sección, por haber cobrado ejecutoria.

Por el contrario, el examen a que someterá la Sección el fallo desestimatorio emitido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca únicamente recaerá sobre el cargo alusivo a la infracción de los artículos 108 Constitucional y 9º de la Ley 130 de 1994, porque la candidatura del señor Diego Parra Zuluaga fue inscrita por un delegado del delegado del Partido Cambio Radical.

5. Asunto de fondo.

El señor Sergio David Becerra Benavides demandó la nulidad de la elección del señor Diego Parra Zuluaga como concejal del Municipio de Yumbo, por el Partido Cambio Radical, para el período constitucional 2012-2015, con fundamento en la supuesta violación de lo dispuesto en el artículo 108 Constitucional, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2009, y en el artículo 9º de la Ley 130 de 23 de marzo de 1994 “Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones.”, que en lo pertinente señalan:

“ART. 108.—...

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. (...)”.

“ART. 9º—Designación y postulación de candidatos. Los partidos y movimientos políticos, con personería jurídica reconocida, podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno.

La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue. (...)” (resaltado de la Sala).

Al desarrollar el concepto de violación señaló el demandante que la nulidad alegada, que se regula por las causales contempladas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, se configura porque la lista de candidatos que inscribió el Partido Cambio Radical para el Concejo del Municipio de Yumbo, no contó con aval otorgado por el representante legal de ese colectivo político o de un delegado suyo, sino que se incurrió en la práctica de “delegación de la delegación”, porque ningún documento prueba que el señor Antonio Álvarez Lleras, representante legal de dicho partido, en efecto confirió delegación al señor Carlos H. Andrade O., como coordinador general del Partido Cambio Radical en el Valle del Cauca, para avalar e inscribir candidatos a cargos de elección popular.

Además, y en forma un tanto confusa, señaló que quien inscribió la candidatura del concejal demandado “actuó basado en el poder conferido por el delegado del Partido Cambio Radical, el señor Carlos H. Andrade O. (sic) quien además no es el facultado legalmente para otorgar este tipo de delegaciones ...”. Que a pesar de que la Registraduría Municipal de Yumbo advirtió esta irregularidad, nada se hizo para modificarla o corregirla.

A contrario sensu, el señor Diego Parra Zuluaga en su contestación negó las afirmaciones lanzadas por su contraparte y sostuvo que la inscripción de su candidatura no tiene el vicio que se le endilga, en atención a que la persona que efectuó la inscripción, el señor Carlos Abraham Jiménez López, fue expresamente delegado mediante resolución de 28 de junio de 2011, emanada del representante legal del Partido Cambio Radical.

Antes de valorar las tesis expuestas por las partes, se señala que se le reconocerá mérito probatorio a los documentos que en copia informal aportó el accionante y que figuran en los tres primeros numerales del acápite “3. Pruebas relevantes”. Lo anterior, con fundamento en que se trata de copias aportadas al plenario por el propio demandante, quien no discutió su veracidad mediante la formulación de tacha de falsedad, y que por el contrario admitió que su contenido es cierto. Es decir, que bajo esas circunstancias se produce una especie de “autenticidad tácita”, que se refuerza por la circunstancia de que los hechos probados —según se verá—, obrarán en contra de las pretensiones del demandante.

Además, analógicamente puede acudirse a lo dispuesto en el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil, para sustentar lo dicho en precedencia, ya que según esta disposición “La parte que aporte al proceso un documento privado, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad”. Y, si bien está refiriéndose la norma anterior al documento privado, lo mismo puede predicarse de la copia del documento público, respecto de la cual puede alegarse “autenticidad tácita” frente a dicho sujeto procesal, cuando como en el sub lite ningún reparo se formula contra lo consignado en el mismo.

La Sala, una vez examinadas las tesis propuestas por ambas partes y tras evaluar el mérito probatorio de las pruebas regular y oportunamente incorporadas al plenario, incluidas las copias informales aducidas por el propio actor quien con su conducta les da plena credibilidad y así se toman para acreditar los hechos a que aluden, concluye que la nulidad pretendida es manifiestamente improcedente, como con acierto lo dedujo el tribunal a quo, según los siguientes razonamientos:

Tal como lo indican los artículos 108 Superior, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2009, y 9º de la Ley 130 de 23 de marzo de 1994, los partidos y movimientos políticos en su carrera por acceder al poder político por las vías democráticas, están autorizados para postular candidatos a los cargos unipersonales de elección popular como la Presidencia de la República, las gobernaciones y las alcaldías, o a las corporaciones públicas de elección popular como el Parlamento Andino, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los concejos municipales y las juntas administradoras locales, mediante la presentación de listas con voto preferente o sin voto preferente.

La postulación de candidaturas de esos colectivos políticos, que gozan del atributo de la personería jurídica y por lo mismo dice la ley que se hace “sin requisito adicional alguno”, debe contar con el aval otorgado por el representante legal del partido o movimiento político o por la persona que sea delegada expresamente por este.

Así, el aval cumple distintos propósitos. En primer lugar, sirve para acreditar que la persona avalada forma parte de determinado partido o movimiento político, lo cual es importante en la medida que permite definir la militancia de los candidatos, aspecto cardinal a la luz de las reformas políticas implementadas con los actos legislativos 1 de 2003 y 1 de 2009, según las cuales se prohíbe militar en más de una de esas agrupaciones.

En segundo lugar, porque refuerza la disciplina partidista, ya que implica para los candidatos que son elegidos una responsabilidad con la sociedad pero también con los trazos ideológicos que cohesionan a los integrantes del partido o movimiento político, a tal punto que en lo que respecta al funcionamiento de los militantes de un mismo colectivo en una corporación pública de elección popular, debe serlo en forma de bancada para respetar la unidad de criterios y de fines que subyacen a la organización, salvo las excepciones legalmente consagradas.

Y, por último, contribuye a la moralización en el ejercicio de la actividad política, dado que el ordenamiento jurídico reclama de las organizaciones políticas una seriedad y responsabilidad mayores al momento de su otorgamiento, quienes deben garantizar que los postulados además de cumplir con los requisitos exigidos para ocupar el respectivo cargo, no estén incursos en prohibiciones o circunstancias legales que los inhabiliten o impidan acceder al desempeño de la función.

La jurisprudencia de esta sección destacó la importancia del aval señalando que:

“El aval de candidatos a elecciones populares, es institución constitucional establecida en el artículo 108 de la Constitución de 1991 y consiste en la garantía que un partido o movimiento político expide a un candidato, para dar fe de su pertenencia al partido y que, en tal condición, goza del reconocimiento de buenas condiciones de moralidad, honestidad y decoro al punto que puede presentar su candidatura a consideración del electorado. Constituye, por tanto, para el partido, un mecanismo de consolidación de su autoridad y disciplina, en la medida en que tiene la potestad de autorizar y convalidar las aspiraciones de sus integrantes frente al electorado y, de otra, el compromiso de su responsabilidad ante sus miembros a quienes asegura la pertenencia del candidato a sus filas y la condición ética del mismo”(11).

Ahora, como el otorgamiento del aval es un acto de la mayor importancia, pues implica la toma de decisiones con repercusión directa en la organización política, decidió el constituyente y detrás suyo el legislador, que ello única y exclusivamente pudiera hacerlo el representante legal del partido o movimiento político, y que solo y excepcionalmente lo pudiera hacer un tercero mediante la delegación expresa que realizara el representante legal del mismo.

Por tanto, la Sala comparte con el demandante que en torno al aval político la delegación debe ser expresa, pues hay que documentarla para que sea acreditada ante la registraduría, y que no es admisible “delegación de la delegación” porque normativamente no está autorizada y porque si ello es atribución propia de los representantes legales de los partidos o movimientos políticos, el tercero que la recibe carecería de la capacidad jurídica para transferir un potestad que no tiene y que si bien puede ejercer lo hace de manera excepcional y restringida.

Con todo, a pesar del acierto conceptual del accionante, los hechos que afirmó con la demanda para acreditar la “delegación de la delegación” en el aval otorgado por el señor Carlos Abraham Jiménez López a la lista inscrita por el Partido Cambio Radical al Concejo del Municipio de Yumbo, resultaron no ser verídicos según el material probatorio que él mismo aportó al plenario, en el que se incluyen algunas copias informales cuyo contenido no refutó.

Efectivamente, en el proceso se probó que en el Partido Cambio Radical, que originalmente era el movimiento político “Valdivieso presidente 98”, el representante legal es el secretario general. También se probó que el señor Antonio Álvarez Lleras, fungiendo como tal, expidió la resolución de 28 de junio de 2011, por medio de la cual delegó en los congresistas que por ese partido hubieran obtenido la mayor votación en las elecciones del 14 de marzo de 2010, la facultad de avalar, inscribir o modificar ante la registraduría las candidaturas a cargos unipersonales o a corporaciones públicas de elección popular, en la misma circunscripción electoral. Y, se acreditó que el señor Carlos Abraham Jiménez López fue la única persona elegida como Representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca a nombre del Partido Cambio Radical.

En consecuencia, no puede sostenerse, como equivocadamente lo hace el accionante, que al inscribirse la lista de candidatos al Concejo del Municipio de Yumbo por el Partido Cambio Radical, en las pasadas elecciones del 30 de octubre de 2011, el señor Carlos Abraham Jiménez López actuó con “delegación de la delegación”, pues por el contrario él obró como directo delegatario del representante legal de esa agrupación política.

Además, la Sala no cree que la delegación conferida al señor Jiménez López no haya sido expresa por el hecho de que su nombre no figurara en la resolución que el 28 de junio de 2011 dictó el representante legal del Partido Cambio Radical, ya que en los términos en que se concibió permitirían calificarla de expresa y determinable, porque se hizo constar por escrito y porque contenía los elementos necesarios para identificar al delegatorio, que como se vio recayó en el único Representante a la Cámara por el departamento del Valle del Cauca electo por ese colectivo político.

Por otra parte, el accionante entiende que sus pretensiones deben despacharse favorablemente porque a las mismas se les debe aplicar la posición jurisprudencial asumida por esta sección en fallo de 13 de agosto de 2009, que en torno a los fundamentos fácticos de la decisión halló acreditado lo siguiente:

“Con fundamento en los anteriores medios probatorios se encuentra acreditado que el representante legal del Partido Acción Social “PAS”, doctor Alfonso Angarita Baracaldo confirió poder al señor Jairo Enrique Merlano Fernández, mediante el cual facultó a este último para avalar e inscribir la lista por ese partido a la Cámara de Representantes por el departamento de Sucre, delegación que no mereció reparo alguno en torno a su validez por parte de los demandantes.

También está demostrado en el expediente que el señor Jairo Enrique Merlano, a su vez confirió poder al señor Carlos Daniel Fajardo para que este en nombre y representación del Partido Acción Social inscribiera las tres personas que aspirarían a la Cámara de Representantes por el departamento de Sucre.

Para la Sala, la delegación a la que se ha hecho referencia, esto es, la otorgada por el señor Merlano Fernández al señor Carlos Daniel Fajardo Osuna para que este último realizara la inscripción de los candidatos por el partido a la Cámara de Representantes por el departamento de Sucre, no tiene validez, pues contraría el precepto constitucional del artículo 108 inciso 3º y el inciso 2º del artículo 9º de la Ley 130 de 1994, que solo autorizan a realizar el acto de otorgamiento de aval para la inscripción del candidato al representante legal del partido —en este caso el señor Alfonso Angarita Baracaldo— o a su delegado —señor Jairo Enrique Merlano—, por lo que no se encuentra justificada y carece de sustento la actuación desplegada por el señor Carlos Daniel Fajardo Osuna al realizar la inscripción de los candidatos por el partido a la Cámara de Representantes por el departamento de Sucre, sin tener facultad para ello”(12).

Al margen de las reflexiones jurídicas que la sección vertió en el anterior fallo, advierte la Sala que las mismas no resultan aplicables al sub lite, porque el contexto fáctico de este asunto es diferente al que se probó en aquel proceso, pues se recuerda que aquí las propias pruebas aportadas por el accionante acreditaron que la persona que inscribió la lista de candidatos al Concejo del Municipio de Yumbo por el Partido Cambio Radical, período constitucional 2012-2015, fue el señor Carlos Abraham Jiménez López, es decir la persona que fue directamente delegada por el representante legal de esa agrupación política, lo cual armoniza perfectamente con lo dispuesto en el artículo 108 Constitucional y con el artículo 9º de la Ley 130 de 1994.

De acuerdo con lo discurrido, la Sala encuentra conforme a derecho la decisión adoptada por el tribunal a quo, y por lo mismo la confirmará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia dictada el 20 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el proceso electoral 760012331000201200004-01, impetrado por el señor Sergio David Becerra Benavides, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(2) Cuaderno 1, folios 93 y 94.

(3) Cuaderno 1, folios 55 y 56.

(4) Cuaderno 1, folio 58.

(5) Cuaderno 1, folio 59.

(6) Cuaderno 2, folio 24.

(7) Cuaderno 2, folios 75 a 78.

(8) Cuaderno 2, folios 79 a 97.

(9) Cuaderno 2, folio 102.

(10) Cuaderno 2, folios 104 a 106.

(11) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 12 de octubre de 2001. Exp. 250002324000200000787-01 (2652). Actor: Ciro Alfonso Galvis y otra. Demandado: Concejal de Bogotá. C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.

(12) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 13 de agosto de 2009. Exp. 110010328000200600011-00 (3944-3957). Actor: Pedro Alberto Pérez Durán y otros. Demandados: Representantes a la Cámara por el departamento de Sucre. C.P. Filemón Jiménez Ochoa.