Sentencia 2012-0007 de septiembre 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Proceso: 76001233100020120007-01

Rad. interno: 2012-0007

Actor: Sergio David Becerra

Demandado: Jorge Eliécer Valencia Montenegro

Acción de nulidad electoral

Bogotá D.C., cinco de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 231 y 250 del Código Contencioso Administrativo(2), esta Sala es competente para decidir el recurso de apelación propuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2. El acto acusado.

Es el Acta de Escrutinio (E-26 COL) expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de Yumbo(3) (Valle del Cauca) el 10 de noviembre de 2011, por medio del cual declaró la elección del señor Jorge Eliécer Valencia Montenegro como concejal del municipio de Yumbo para el período 2012-2015, por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades.

3. Estudio del caso.

De lo expuesto en los acápites anteriores, es claro que el demandante y el demandado tienen posiciones diferentes en cuanto a la forma como debe realizarse la inscripción de candidatos a cargos de elección popular por parte de los partidos y movimientos políticos.

El primero considera que la delegación que otorga el representante legal del partido no puede “subdelegarse” a otra persona a efectos de que realice la correspondiente inscripción. Que, de acuerdo con el reglamento 01 de 2003 del Consejo Nacional Electoral (por medio de cual se regula el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2003), la inscripción de la candidatura del demandado debió realizarse por el representante legal del movimiento político o por la persona en quien éste delegara tal atribución, más no por un tercera persona que no tenía facultad alguna para llevar a cabo dicho actuación.

Por su parte, la defensa del demandado estima que el representante legal del partido o movimiento político puede delegar la función de otorgar avales y que el único requisito que el ordenamiento jurídico prevé para la inscripción de candidatos es el aval debidamente otorgado (por el representante del partido o su delegado), que fue lo que ocurrió en el caso objeto de estudio.

Ahora bien, en una reciente oportunidad(4), esta corporación puso de presente que ambas posiciones encontraban respaldo jurisprudencial en pronunciamientos que esta Sección había hecho en relación con la subdelegación del aval e inscripción de candidaturas.

En efecto, en sentencia del 17 de noviembre del 2005, C.P. Darío Quiñonez Pinilla(5), la Sala manifestó que:

“El artículo 108 de la Constitución Política al establecer que la inscripción de candidatos a elecciones la pueden hacer los partidos y movimientos políticos sin requisito adicional alguno y, a renglón seguido, al prescribir que esa inscripción debe ser avalada por el representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue, está erigiendo como único requisito constitucional para la inscripción de candidaturas el otorgamiento del aval por quien tiene la facultad Constitucional para ello. Pero, en manera alguna el precepto prescribe que dicha inscripción debe realizarla personalmente éste. Y ello tampoco se deduce del contenido del artículo 3º del Reglamento 1 de 2003.

Por el contrario, la redacción de los citados artículos 3º y 4º lo que da a entender es que, de un lado, el aval debe ser presentado ante los respectivos Delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, de otro, que ese aval lo debe otorgar el representante legal del partido o movimiento político o su delegado. Esas normas armonizan en su integridad con los incisos tercero y cuarto del artículo 108 de la Carta Política” (negrilla fuera de texto original).

Posteriormente, en sentencia del 13 de agosto de 2009, C.P. Filemón Jiménez Ochoa(6), la Sección Quinta cambió su postura con fundamento en los siguientes argumentos:

“La delegación a la que se ha hecho referencia, esto es, la otorgada por el señor Merlano Fernández al señor Carlos Daniel Fajardo Osuna para que este último realizara la inscripción de los candidatos por el partido a la Cámara de Representantes por el Departamento de Sucre, no tiene validez, pues contraría el precepto constitucional del artículo 108 inciso 3 y el inciso 2 del artículo 9 de la Ley 130 de 1994, que sólo autorizan a realizar el acto de otorgamiento de aval para la inscripción del candidato al representante legal del partido —en este caso el señor Alfonso Angarita Baracaldo— o a su delegado —señor Jairo Enrique Merlano—, por lo que no se encuentra justificada y carece de sustento la actuación desplegada por el señor Carlos Daniel Fajardo Osuna al realizar la inscripción de los candidatos por el partido a la Cámara de Representantes por el Departamento de Sucre, sin tener facultad para ello.

Bajo este entendido, en el caso que se estudia el representante legal del Partido Acción Social al conferir el mandato al señor Merlano Fernández, autorizó que éste otorgara los avales respectivos para los tres miembros del Partido Acción Social, incluyendo al señor Fernández Quessep, pero tal delegación no podía “delegarse” nuevamente al no encontrar sustento en las normas constitucionales y legales, luego debe entenderse, que el acto de inscripción de los candidatos carecía de uno de sus elementos esenciales como lo era el aval del Partido Político que representaban. Entonces, defendiendo una tesis distinta de aquella del año 2005, en esa oportunidad, se declaró la nulidad parcial del acto de elección demandado”.

Empero, recientemente, mediante sentencia del 18 de julio de 2013(7), esta corporación, al analizar un asunto similar al que en esta ocasión ocupa la atención de la Sala, consideró que la primera de las interpretaciones es la que debe privilegiarse.

Como sustento de esa decisión, en síntesis, se expuso:

“(...).

La inscripción de candidatos a cargos de elección de carácter popular se encuentra regulada en el artículo 108 de la Carta Política, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2003, que, en lo pertinente, dispone:

“ART. 108.—(...) Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno.

Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

La ley determinará los requisitos de seriedad para la inscripción de candidatos. (...) (resaltado de la Sala).

La regulación sobre la inscripción de candidatos se encuentra reiterada en el artículo 9º de la Ley 130 de 1994, “Por la cual se dicta el Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”, en los siguientes términos:

“ART. 9º—Designación y postulación de candidatos. Los partidos y movimientos políticos, con personería jurídica reconocida, podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno.

La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue”.

El Acto Legislativo 1 de 3 de julio de 2003, “por el cual se adopta una reforma Política”, no modificó el artículo 108 de la Constitución Política en lo relacionado con la inscripción de candidatos a elecciones, pero el Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 12 del mencionado Acto Legislativo, expidió el Reglamento 1 de 2003, en cuyos artículos 2º, 3º y 4º desarrolló el artículo 108 de la Carta Política así:

“ART. 2º—Los partidos o movimientos políticos con personería jurídica harán constar por escrito, a través de su representante legal o su delegado, que avalan al candidato o la lista que inscriben. Estos, a su vez, deben aceptar, expresamente, que asumen los compromisos señalados en el régimen interno de aquellos.

ART. 3º—Inscripción de candidatos. Los partidos o movimientos políticos con personería jurídica inscribirán sus listas y candidatos únicos a través de sus representantes legales o en quien ellos deleguen, debidamente acreditados y así lo harán constar en el respectivo documento que será presentado ante los delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ante los registradores distritales, especiales, municipales o auxiliares ante quienes se efectúa la inscripción.

En el caso de los grupos significativos de ciudadanos o de las organizaciones sociales la inscripción se hará por los inscriptores.

En tal virtud, ningún partido o movimiento político con personería jurídica, o movimiento social o grupo significativo de ciudadanos, podrá inscribir más de un candidato para el mismo cargo o más de una lista para la misma corporación. (...).

ART. 4º—Requisitos para la inscripción de candidaturas. La inscripción de listas o de candidatos deberá realizarse ante los Delegados Departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ante los registradores distritales, especiales, municipales o auxiliares, según el caso, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en ley.

Para todos los procesos de elección popular, los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, podrán inscribir listas para corporaciones públicas y candidatos a cargos uninominales con el aval y los demás requisitos legales. (...)”.

De modo que, en materia de inscripción de candidatos a cargos de elección popular, el artículo 108 de la Carta Política establece los siguientes parámetros:

1. La inscripción de candidatos es una potestad de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida;

2. Para la inscripción de candidatos por parte de los partidos y movimientos políticos, no se requiere requisito adicional alguno;

3. Para los efectos de la inscripción, ésta deberá ser avalada por el respectivo representante legal del partido o movimiento político o por quien él delegue;

4. La ley determinará los requisitos de seriedad para la inscripción de candidatos.

De manera que la potestad de los partidos y movimientos políticos de inscribir candidaturas a cargos públicos de elección popular se materializa y perfecciona con la expedición del aval a favor de los respectivos candidatos.

De lo anterior se tiene que el aval cumple una triple finalidad: i) mecanismo de inscripción de candidatos por parte de los partidos y movimientos políticos; ii) garantía para esos partidos y movimientos políticos en el sentido de que las personas que se inscriben a nombre de uno de ellos en realidad hacen parte de su organización; y, iii) asegurar que la persona que se inscribe a nombre de un partido o movimiento político reúne las condiciones éticas para desempeñarse con pulcritud y responsabilidad.

Ahora bien, del acto de inscripción de candidatos a cargos públicos de elección popular debe hacer parte el correspondiente aval expedido por el representante legal del partido o movimiento político, o por su delegado. Ese es el documento que de acuerdo con el artículo 108 de la Carta Política debe expedir el correspondiente partido o movimiento político para los efectos de la inscripción de candidaturas y, por tanto, el único exigible al representante legal o al delegado de éste para los efectos de validez del acto de inscripción.

En este sentido, no es requisito esencial que la solicitud de inscripción de candidatos a nombre de un partido o movimiento político que se debe llevar a cabo ante la correspondiente dependencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil se realice por el representante legal del partido o movimiento político, o por el delegado por éste, pues, como ya se anotó, la falta de diligenciamiento del “Acta de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidatos” por parte del representante legal del partido o movimiento político, o del delegado por este, no invalida la inscripción, si se cumple con la exigencia Constitucional y legal de allegar al acto de inscripción el correspondiente aval expedido, eso sí, por el representante legal o el delegado por éste.

De lo anterior se torna en evidente que tanto el aval como la inscripción son dos actos con finalidades diferentes, tal como se ilustró en la jurisprudencia de 17 de noviembre de 2005, en la que claramente se identifican y diferencian, ya que por una parte el aval al cumplir con la triple finalidad mencionada de ninguna forma se equipara con la inscripción del candidato que es un acto de trámite y para el cual la ley no exige mayores requisitos. (negrilla y subrayado fuera de texto original).

De acuerdo con esta tesis, es claro que en cumplimiento del artículo 108 de la Constitución Política, el aval, que otorga el respectivo partido o movimiento político, es el único documento respecto del cual se predica la exigencia de expedirse por el representante legal o por su delegado a efectos de que sea válida la inscripción de la candidatura.

Entonces, no es condición sine que non que la solicitud de inscripción de candidatos se realice por el representante legal del partido o movimiento político o por su delegado, siempre y cuando se observe con la exigencia constitucional y legal de aportar el respectivo aval, este sí, expedido por el representante legal o el delegado por este.

Una vez precisado lo anterior, es necesario determinar si, en efecto, en el caso objeto de estudio, la inscripción del demandado como candidato al concejo municipal de Yumbo por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades que según el apelante no fue realizada por el representante legal del partido político avalante ni por su delegado, sino por un subdelegado, contó o no con el respectivo aval como legalmente corresponde.

Sobre el particular, la Sala encuentra que en el expediente se encuentra probado lo siguiente:

— Que de acuerdo con certificación del Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución 314 del tres de mayo de 2011, “se inscribió al señor Jair Valencia Mina como Secretario Ejecutivo del Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO, quien de conformidad con el artículo 55 de los estatutos, ejerce la representación legal del citado movimiento” (fl. 58).

— Que mediante documento del 25 de julio de 2011, el señor Jair Valencia Mina, en su condición de representante legal del Movimiento de Inclusión y Oportunidad, MIO, delegó en el señor Alexandre Sinisterra Arrechea la facultad de inscribir “ante las distintas registradurías (municipales y departamentales) a nivel Nacional, candidatos a la Gobernación, Asambleas Departamentales, Alcaldías, Listas de Concejo y JAL, avaladas por el ...MIO, para las elecciones que se realizarán el día 30 de octubre de 2011, para el período constitucional 2012- 2015”. (fl. 60).

— Que mediante documento que obra a folios 64 y 65 del expediente, el señor Alexander Sinisterra Arrechea, se permite “avalar”, entre otros, al señor Jorge Eliecer Valencia Montenegro como candidato de la lista del Movimiento de Inclusión y Oportunidades para el concejo municipal de Yumbo - Valle del Cauca, período 2012-2015. En ese documento también se expresa que “los candidatos quedan autorizados para inscribirse directamente”.

— Que el 29 de julio de 2011, el señor Jorge Eliécer Valencia Montenegro aceptó la candidatura al concejo municipal de Yumbo por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO (fl. 66).

— Que mediante el Formulario E-6 CO, el señor Jaime Galindez Valencia (en su condición de candidato al concejo) inscribió la lista del Movimiento de Inclusión y Oportunidades para el concejo municipal de Yumbo, período 2012-2015, en la que figuraba el señor Valencia Montenegro. (fls. 61 y 62)(8).

— Que, de conformidad con el acta de escrutinios E-26 CO del 10 de noviembre de 2011 de la Comisión Escrutadora Municipal de Yumbo, se declaró la elección del señor Jorge Eliécer Valencia Montenegro como concejal de ese municipio por el MIO, período 2012 - 2015 (fls. 96-97).

De acuerdo con las anteriores pruebas, es claro que contrario a lo expuesto por el demandante, la inscripción del señor Valencia Montenegro como candidato al concejo municipal de Yumbo para el período 2012 - 2015 se hizo de conformidad con los artículos 108 de la Constitución Política y 2º, 3º y 4º del Reglamento 1 de 2003 del Consejo Nacional Electoral.

Lo anterior en consideración a que el correspondiente aval le fue otorgado al señor Valencia Montenegro por el delegado del representante legal del Movimiento de Inclusión y Oportunidad - MIO, quien así lo presentó ante el registrador municipal de Yumbo.

Ahora bien, el hecho de que el formulario de inscripción de la lista de candidatos al concejo municipal de Yumbo (E-6 CO) lo haya suscrito el señor Jaime Galindez Valencia en nada afecta la validez de tal actuación, pues si bien dicha persona no tiene la calidad de representante legal del movimiento político MIO o de delegado de éste, es lo cierto que tal circunstancia no constituye irregularidad alguna del acto de inscripción, pues la inscripción contó con el aval debidamente otorgado por parte del delegado del representante legal de ese movimiento político.

Y es este el soporte que asegura el apoyo a tal candidatura por parte de la respectiva colectividad política.

Por tales razones, la Sala considera que hizo bien el tribunal de primera instancia al despachar de forma desfavorable las pretensiones de la demanda. En consecuencia, se impone confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Se CONFIRMA la sentencia del 21 de enero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda de la referencia.

2. En firme esta decisión, vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Norma vigente al momento de interposición de la presente demanda.

(3) Folios 293-300.

(4) Sentencia del 18 de julio de 2013. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Exp. 2011-01179. Actor. Moisés Orozco Vicuña.

(5) Radicación 2003-03193-01 (3842).

(6) Radicación 2006-00011-00 (3944-3957).

(7) Expediente 2011-01179, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(8) Esa lista fue modificada mediante el formulario E-7 CO (fls. 67 y 68), por intermedio del señor Oscar Marino Prada Mera, quien había sido autorizado para tal efecto por el Representante Legal del Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO, según el documento que obra a folio 60 del expediente.