SENTENCIA 2012-00009 DE ENERO 24 DE 2013

 

Sentencia 2012-00009 de enero 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Rad.: 44001-2331-000-2012-00009-01(PI)

Actor: Janer Javier Pérez Brito

Demandado: Ana Marina Medero Galván

Ref.: Apelación sentencia

Bogotá, D.C., veinticuatro de enero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con el parágrafo 2º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y el artículo 1, Sección Primera, numeral 5º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, por medio del cual se modifica el Reglamento del Consejo de Estado expedido por la Sala Plena de la Corporación, corresponde a esta Sala decidir la apelación interpuesta contra el fallo que denegó la pérdida de investidura de la Concejal de Uribia (Guajira) Ana Marina Medero Galván.

2. Procedibilidad de la acción.

Se encuentra acreditado que la demandada adquirió la condición de concejal del municipio de Uribia (Guajira) para el periodo 2012-2015, según consta en el acto declaratorio de la elección, documento E-26 CO de la Registraduría Nacional de Estado Civil, cuya copia obra en el proceso(8). Ello significa que es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de la investidura, que en su contra ha sido incoada, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

3. Análisis de la impugnación.

3.1. Al examinar la demanda, se advierte que el actor invoca como causal de pérdida de investidura la prevista en la primera parte del numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 40.—De las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

"ART. 43.—Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(...).

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

(...)” (negrillas y subrayas ajenas al texto original).

Como sustento de la demanda se afirma que la demandada no podía inscribirse como candidata al concejo municipal de Uribia (Guajira) para las elecciones del 30 de octubre de 2010, en las que resultó electa, toda vez que dentro del año inmediatamente anterior a su elección celebró un contrato de trabajo con la IPS Indígena OUTTAJIAPULEE, entidad de carácter público conforme a la certificación expedida por la secretaría departamental de La Guajira y a lo establecido en el artículo 1º del Decreto 4972 del 27 de diciembre de 2007. Dicho contrato se celebró en interés propio y se ejecutó en el municipio de Uribia.

3.2. Se cuestiona por la parte actora que en la sentencia apelada el Tribunal no efectuó las apreciaciones pertinentes para resolver el problema jurídico que planteaba la demanda, el cual se reducía a determinar la existencia de la causal de inhabilidad alegada a partir de la constatación de los supuestos necesarios para su configuración.

3.3. Examinado el asunto se encuentra que el tribunal no abordó debidamente el problema jurídico que se derivaba de los términos de la demanda, esto es, el consistente en determinar si existía violación del régimen de inhabilidades por parte de la demandada por su intervención en la celebración de un contrato con una entidad pública.

En efecto, aunque en su análisis se examinó la naturaleza jurídica de la IPS Indígena con la cual la demandada celebró un contrato de trabajo y se dijo que dicho vínculo debía tener esa naturaleza y no la del contrato de prestación de servicios, no se respondió precisamente al interrogante planteado en esta controversia, al punto que finalmente se concluyó que la demandada no estaba incursa en la causal de inhabilidad de que trata el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, por no haber sido representante legal de la IPS Indígena OUTTAJIAPULEE, cuando lo cierto es que tal situación no fue la que se adujo como fundamento de la inhabilidad alegada.

Debe apuntarse a este respecto, para precisión del Tribunal, que en la mencionada norma se consagra una inhabilidad por dos causas diferentes: en la primera parte del numeral, por la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito; y en la segunda, por haber sido, dentro del periodo inhabilitante, representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

3.4. No obstante lo anterior, la decisión de negar la pérdida de investidura de la concejal demandada deberá ser confirmada.

Como lo ha precisado esta Sección(9), para la configuración de la causal de inhabilidad de que trata la primera parte del numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, se requiere la existencia de los siguientes presupuestos: i) Que dentro del año anterior a la elección el demandado hubiera intervenido o realizado gestiones en interés propio o de terceros, de manera directa o por interpuesta persona, en la celebración de contratos; ii) Que dichos contratos se celebren con entidades públicas de cualquier nivel; y iii) Que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.

En este caso se tiene que la demandada, Señora Ana Marina Medero Galván, celebró dentro del año anterior a su elección como Concejal municipal de Uribia (Guajira), un contrato individual de trabajo a término fijo con la IPS-I OUTTAJIAPULEE.

El contrato se celebró el día 1º de marzo de 2011 y su plazo de ejecución se extendía desde dicha fecha y hasta el 30 de abril de 2011, esto es, dentro del periodo inhabilitante, si se tiene en cuenta que la contienda electoral en la que la demandada resultó elegida como concejal municipal se celebró el día 30 de octubre de 2011.

Su objeto consistía en que la demandada se comprometía con el empleador a desempeñar el cargo de “Coordinador administrador de personal de la IPSI OUTTAJIAPULEE”, según consta en su cláusula primera.

De otro lado, el contrato debía ejecutarse en el municipio de Uribia (Guajira), municipio estipulado como “domicilio contractual” en la cláusula séptima del mismo.

Es decir, que en este asunto se reúnen las exigencias i) y iii) antes anotadas.

Sin embargo, no ocurre lo mismo frente al presupuesto ii) atrás referido, como quiera que el contrato mencionado fue celebrado con una persona jurídica que no tiene el carácter de entidad pública.

En efecto, con arreglo a lo señalado por esta Corporación, debe precisarse que aunque las IPS Indígenas pueden ser del orden municipal o distrital no son entidades públicas, y que solo son consideradas como tales única y exclusivamente para efectos de la contratación que de manera obligatoria deben efectuar las administradoras del régimen subsidiado con las IPS públicas, en tanto y en cuanto se entiende que dichas instituciones son parte de la red pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley 691 de 2001 y 54 de la Ley 715 de 2001.

Por consiguiente, para efectos distintos a estos, como los relativos a la contratación del personal de las IPS Indígenas es claro que éstas no son ni pueden ser consideradas entidades públicas.

La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación en concepto del 15 de agosto de 2002(10) precisó sobre la naturaleza jurídica de las IPS indígenas lo siguiente:

“De conformidad con el ordenamiento jurídico transcrito, la Sala considera que la normatividad para los asuntos indígenas está sometida a un régimen jurídico especialpor disposición constitucional, legal y por instrumento internacional al cual Colombia está comprometida.

Ese régimen jurídico especial está integrado además de los mandatos constitucionales, por las normas específicas que sobre asuntos indígenas prevé la Ley 715, la cual en su de carácter orgánica tiene mayor jerarquía normativa en la hermenéutica jurídica de las disposiciones de las demás leyes tanto de la ley especial proferida en materia de salud para las comunidades indígenas proferida por el legislador mediante la Ley 691 de 2001 como de Ley 100 de 1993, que por su ámbito y trámite es de carácter general y ordinario.

De acuerdo con ese régimen jurídico especial, los resguardos indígenas mientras no se constituyan en entidades territoriales, de conformidad con la ley de ordenamiento territorial, son beneficiarios del sistema general de participaciones de los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales para atender los servicios de salud, según lo establezca la ley, de acuerdo a la reforma constitucional prevista en el Acto Legislativo 1 de 2001.

Asimismo, de conformidad con ese régimen jurídico especial las IPS-I hacen parte de la red pública como unidades prestadoras del servicio de salud a nivel territorial, de acuerdo con lo prescrito por los artículos 25 de la Ley 691 de 2001(11) y 54 de la Ley 715 de 2001(12), el cual señala que para efectos de la contratación que de manera obligatoria deben efectuar las administradoras del régimen subsidiado con las IPS públicas, se entenderá como parte de la red pública, a las IPS creadas por las autoridades de los pueblos indígenas.

Por ello, la interpretación del artículo 51 de la ley 715 no puede realizarse de forma aislada, porque sus disposiciones están dirigidas, a todos los municipios y los distritos, sin excluir aquellos que tengan dentro de su jurisdicción a comunidades indígenas.

Para la Sala resulta claro que las IPS-I creadas en los resguardos indígenas que hagan parte de la jurisdicción de un municipio o distrito, son IPS-I del orden municipal o distrital, pese a que no son creadas como entidades descentralizadas por el municipio o distrito, esto es empresas sociales del Estado; las IPS-I son de esos órdenes porque el régimen jurídico especial que regula los asuntos indígenas así lo permite. Es decir, son del orden municipal o distrital por el ámbito de su competencia, no por la forma como se establecen, pues, éstas tienen existencia legal distinta a las demás entidades descentralizadas municipales o distritales, incluidas las IPS y las empresas sociales del Estado, reguladas por la Ley 100 de 1993.

(...)” (negrillas ajenas al texto original).

En este mismo sentido se pronunció esta Sección en la sentencia a que hace referencia el actor en el recurso de apelación, esto es, en la sentencia de 30 de noviembre de 2006(13), en la cual luego de citarse, entre otros, el concepto antes transcrito se concluyó que “... las IPS Indígenas creadas en los resguardos son entidades del orden municipal o distrital según la jurisdicción a que pertenezcan, y hacen parte de la red pública como unidades prestadoras del servicio de salud a nivel territorial”.

En este fallo, tal como lo precisó el apelante, se confirmó la sentencia de primera instancia que decretó la pérdida de investidura del diputado demandado. Debe aclarase, no obstante, que tal decisión se produjo al constatarse que el demandado incurrió en la incompatibilidad prevista en el numeral 5º del artículo 34 de la Ley 617 de 2000, por ser representante legal de una empresa que presta el servicio de seguridad social en el respectivo departamento, la cual para ese caso era una IPS Indígena, pero no porque se haya configurado la causal de inhabilidad alegada en este proceso relativa a la intervención en la celebración de contratos con entidades públicas.

Así las cosas, es claro que no existe la supuesta incongruencia entre la parte considerativa y la resolutiva del fallo apelado por el hecho de citar como unos de sus fundamentos la sentencia comentada, a la cual se acudió solamente para efectos de referirse a la naturaleza jurídica de las IPS Indígenas.

4. Conclusión.

En el anterior contexto se impone la confirmación de la sentencia apelada, por no configurarse la causal de pérdida de investidura alegada en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 28 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión del 24 de enero de 2013».

(8) Folio 28 del cdno. 1.

(9) Sentencia de 12 de agosto de 2010, proferida en el proceso con radicación 08001-23-31-000-2010-00025-01(PI), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

(10) Radicación 1443, C.P. Susana Montes de Echeverri.

(11) “ART. 25.—De la contratación con IPS públicas. Para efectos de la contratación que de manera obligatoria deben efectuar las administradoras del régimen subsidiado con las IPS públicas, se entenderá como parte de la red pública, a las IPS creadas por las autoridades de los pueblos indígenas”.

(12) “ART. 54.—Organización y consolidación de redes. El servicio de salud a nivel territorial deberá prestarse mediante la integración de redes que permitan la articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud, la utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de las atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la infraestructura que la soporta. // La red de servicios de salud se organizará por grados de complejidad relacionados entre sí mediante un sistema de referencia y contrarreferencia que provea las normas técnicas y administrativas con el fin de prestar al usuario servicios de salud acordes con sus necesidades, atendiendo los requerimientos de eficiencia y oportunidad, de acuerdo con la reglamentación que para tales efectos expida el Ministerio de Salud. (...)”.

(13) Proferida en el expediente 52001-23-31-000-2004-01414-02(PI), C.P. Camilo Arciniegas Andrade.