Sentencia 2012-00011 de marzo 13 de 2012

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 250001102000201200011 01 / 2250 T

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta 22 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., trece de marzo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De la competencia

En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, la Ley 1474 de 2011 y el Acuerdo 75 de 2011, reglamento interno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, artículo 26, esta Sala Dual de Decisión es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las salas disciplinarias de los consejos seccionales.

La acción de tutela exige algunos presupuestos de procedibilidad, sin cuya concurrencia no es factible abordar el análisis de fondo del asunto, es así que establece el artículo 86 de la Constitución Política, y ha sido plenamente determinado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que se trata de una garantía de protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos taxativamente señalados en la ley.

Por lo tanto en el caso sub examine es preciso señalar que es la acción de tutela el medio idóneo para que la población desplazada demande la protección de sus derechos fundamentales que presume vulnerados, por el estado de indefensión y las necesidades de apremio que sufre este grupo poblacional (Sent. T-098/2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

El artículo 1º de la Ley 387 de 1997 definió desplazado como toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, debido a que su vida, integridad física, seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentren directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos u otras circunstancias generadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren el orden público.

De la misma manera, el artículo 17 de la citada ley ordenó al Gobierno Nacional la promoción de acciones y medidas de mediano y largo plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población desplazada en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas.

Medidas estas que deben permitir el acceso de la población desplazada a la oferta social del gobierno, en concreto a los programas referentes con: proyectos productivos, sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino, fomento de la microempresa, capacitación y organización social, atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer, la tercera edad y planes de empleo urbano y rural.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, el accionante aseguró haber sido desplazado del municipio de Anserma (Caldas) debido a que la guerrilla quería reclutarlo en sus filas, razón por la cual debió huir de su domicilio. Así mismo indicó que llegó a la capital y declaró ante la Defensoría del Pueblo de Bogotá pero no fue inscrito ni él ni su grupo familiar en el RUPD, decisión contenida en la Resolución 201111001001777 del 30 de mayo de 2011. En virtud de lo anterior, solicitó revocatoria directa, la cual fue resuelta negativamente mediante Resolución 20111100T001777RD de 17 de octubre de 2011, en donde se esgrime que no existen razones objetivas para su desplazamiento.

De otra parte, apoyado en la jurisprudencia constitucional, el a quo señala en su providencia, favorable al accionante, que en aplicación del principio de la buena fe, en este caso, al considerar la accionada que las pruebas aportadas son contrarias a la verdad, se invierte la carga de la prueba, correspondiendo a la autoridad probar que el actor no tiene la calidad de desplazado, afirmación que comparte plenamente esta Sala.

Sin embargo, al estudiar las pruebas aportadas al infolio, se encuentra, y así lo afirma el actor, que inicialmente su solicitud de inscripción en el registro único de población desplazada fue negado mediante Resolución 201111001001777 del 30 de mayo de 2011, decisión que él ataca mediante solicitud de revocatoria directa, la cual fue resuelta en Resolución 20111100T001777RD de 17 de octubre de 2011.

Al revisar esta última resolución, en la parte considerativa se dice lo siguiente:

Adentrándose al examen que nos ocupa, la resolución impugnada determinó:... Una vez consultado el Departamento de Policía Caldas, se puede establecer que en el municipio de Ansemia (sic) no presenta alteraciones de orden público por causa de grupos armados al margen de la ley (...). Frente a ello, y dentro de la sustentación escrita del recurso sub examine el recurrente expuso ciertos considerandos con el propósito de impugnar y contradecir la fuerza demostrativa, la conducencia o la pertinencia de los medios de pruebas, o de debilitar la apreciación y por tanto la fuerza de convicción a la que se llegó sobre ellas.

De cara a lo anterior, la administración se vio obligada a efectuar una investigación más sensata y profunda de reportes sobre alteraciones del orden público basados en información de las autoridades militares de la localidad así como al comandante de la Policía de Caldas, del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, y demás bases de datos con que dispone el Estado colombiano para documentar las alteraciones y dinámicas relativas al orden público y al conflicto armado, contando para ello con la información del ‘observatorio de derechos humanos y de derecho internacional humanitario de la Vicepresidencia de la República – producto de estudios e investigación diaria de actividad periodística nacional e internacional, actividad judicial, acciones militares de las fuerzas armadas, acciones armadas de los grupos subversivos y de autodefensas, hechos de paz y manifestaciones contra la guerra. Todo lo anterior con el empeño de establecer si bajo las condiciones expuestas las conclusiones impugnadas pueden ser o no sostenibles y amparadas por el derecho.

En la declaración realizada se indicó textualmente: ‘Fui desplazado el día 07 de abril del 2011 a las 10 am me vine con mis hijos que la guerrilla se las quería llevar a mis hijos y como me opuse me amenazaron de muerte y me dieron horas para salir o me pelaban...’. Así mismo en el escrito de impugnación se refirió: ‘... el motivo de mi desplazamiento fue el intento de reclutamiento para trabajar con la guerrilla de la FARC, tengo cuatro (4) hijos y son todos menores de edad...’. Luego, de existir alteraciones similares a las descritas en la narrativa de la declaración en la zona urbana del municipio de Anserma, en el departamento de Caldas ello significaría que como máxima autoridad local, el acalde y las demás autoridades de la zona deberían estar enterados de las situaciones que lo alteren, tomar las medidas al respecto e informar debidamente las circunstancias presentadas a los órdenes superiores. En ese orden de ideas, si no es de conocimiento público ni de las autoridades la ocurrencia de circunstancias de tiempo, modo y lugar similares en intensidad o magnitud a las descritas por el declarante ni informes precisos sobre la presencia de actores armados afines a los referidos es debido a que estas supuestas manifestaciones criminales no existieron y, por tanto, la información descrita no corresponde al contexto real de la zona y, en dicha medida, poco se puede hacer para ligar estos hechos a las circunstancias de hecho del artículo 1º de la Ley 387 de 1997.

(...)Nuestro estudio se centró sobre el amplio catalogo del observatorio de derechos humanos y de derecho internacional humanitario de la Vicepresidencia de la República, concretamente a las bitácoras del mes de abril de 2011, donde no de [sic] halló registro alguno sobre alteraciones al orden público relacionadas a las señaladas para la época de los hechos lo cual hará eco en el propósito de mantener la negativa de no incluir en el registro de población desplazada.

Corolario de lo anterior, se encuentra que la tesis que fundamentan el recurso bajo estudio carecen [sic] de la fuerza suficiente para oponerse a la parte considerativa y motiva del acto recurrido, cuando no se atacan con eficiencia, con argumentos de hecho ni de derecho los motivos expuestos en la decisión por lo que las afirmaciones del mismo se mantendrán incólumes como quiera que las supuestas alteraciones del orden público por parte de supuestos actores armados en zona urbana del municipio de Anserma, en el departamento de Caldas, resultaron seriamente desvirtuadas por la información consolidada en las distintas bases de datos que dispone el estado para el control y la información de las acciones criminales que provoca el desarrollo del conflicto armado. Luego la existencia de las situaciones que supuestamente dieron lugar a los hechos no logró ser verificada ni probada pues se encuentra información sólida que descarta la presencia de grupos guerrilleros en esta zona... ”.

Estos argumentos son contundentes y se refieren a los aspectos y jurisprudencia que el mismo a quo cita en su providencia, es la misma administración quien asume la carga de la prueba para comprobar la existencia o no de los hechos narrados por el actor, se nota que la accionada ha concurrido a soportar su decisión en pruebas practicadas por ella acudiendo a las bases de datos oficiales sobre el conflicto armado.

Siendo así, no de avizora acción u omisión de la entidad accionada que implique una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor, simplemente se cumplió con consultar las pruebas, bases de datos oficiales, disponibles para el caso. Por lo tanto se denegará en amparo deprecado, previa revocatoria de la decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Dual de Decisión Nº 1 Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, integrada por los magistrados José Ovidio Claros Polanco y Julia Emma Garzón de Gómez, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la providencia del 31 de enero de 2012, en virtud de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Ernesto Fajardo Castro, dispuso TUTELAR los derechos fundamentales reconocidos a la población en situación de desplazamiento al señor Luis Hernando Sánchez Ortega, para que en su defecto DENEGAR EL AMPARO DEPRECADO, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. ORDENAR que se SURTAN las notificaciones de rigor, contenidas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

3. ENVIESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».