Sentencia 2012-00013 de mayo 20 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 230011102000201200013-02 (9530-20)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón De Gómez

Aprobado según acta de sala 39

Bogotá, D. C., veinte de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas por los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política, 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, esta Colegiatura es competente para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país.

2. De la calidad del inculpado.

El Registro Nacional de Abogados certificó que el doctor Luis Carlos Polo Navarro, quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 15.033.489, se encuentra inscrito como abogado y es titular de la tarjeta profesional Nº 100722 (fl. 40 c. 1ª. Instancia).

3. De la apelación.

Sea lo primero indicar, que la falta por la cual fue sancionado en primera instancia el abogado Luis Carlos Polo Navarro, está contenida en el artículo 33 numeral 9º de la Ley 1123 de 2007, dicha norma dispone:

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(…)

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad”.

A continuación, procede esta Corporación a resolver el recurso de alzada formulado por la apoderada de confianza del litigante sancionado, circunscribiéndose el presente pronunciamiento a lo inescindiblemente vinculado al objeto de la apelación, atendiendo el mandato del parágrafo del artículo 171 del CDU, al cual se llega por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, por lo cual se hace necesario analizar los argumentos centrales del mismo.

i) No hubo ilicitud, ni dolo en el hecho de presentar la demanda de sucesión del causante Ramiro Enrique Barrios Montes, pues el señor Marlon Rafael Barrios Herrera, así como los demás herederos estaban legitimados para promover dicha causa, y el bien inmueble materia de controversia tenía el carácter de social en aquel proceso sucesoral.

En ese sentido, observa esta Colegiatura que prima facie la Sala de Primera Instancia pudo haber reprochado al abogado disciplinable, la solicitud presentada al interior del proceso de sucesión, consistente en que se decretara medida cautelar de embargo sobre el bien inmueble incluido en la masa herencial, por considerarla como un mecanismo para impedir el registro del señor Fernando Rafael Ballesteros Martelo como propietario de dicho predio, no obstante lo anterior, lo cierto fue que el fallador a quo no cuestionó la legalidad por el hecho de haber interpuesto la demanda de sucesión, por el contrario, admitió la viabilidad de promover dicha acción sucesoral, pues nótese como en la sentencia recurrida, consignó en uno de sus apartes:

“El sucesorio fue posible porque el bien allí relacionado, que es el que se viene mencionando, tenía derechos el finado Ramiro Enrique Barrios Montes por ser el esposo de Zenaida Herrera, esto es, pertenecía al haber social de estos” presamente (sic). La actuación del sustituto obliga al mandante” (fl. 385 c. 1ª. Instancia).

Adicionalmente, se pudo establecer que no fue por ese hecho específico —presentar la demanda de sucesión— que el Seccional de primer grado encontró acreditada la conducta endilgada al disciplinable, por lo tanto, el cuestionamiento efectuado por la recurrente en ese sentido se torna infundado y de ninguna manera desvirtúa la materialización de la falta o la responsabilidad del implicado en la misma.

ii) Cuestionó que la Sala a quo no hubiese tenido en cuenta lo expresado por la señora Senaida Esther Herrera De Barrios en la queja elevada ante la Corporación el 9 de marzo de 2012, pues a juicio de la recurrente es allí donde está la génesis de la controversia entre madre e hijo, relacionada con la posesión del inmueble.

Así las cosas, esta Corporación pudo establecer que efectivamente la señora Senaida Esther Herrera De Barrios presentó queja disciplinaria contra el abogado Luis Carlos Polo Navarro el 9 de marzo de 2012 por hechos idénticos a los que se investigan en la presente actuación, razón por la cual, el magistrado de conocimiento del proceso con radicado 230011102000201200098, en decisión proferida en Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional del 11 de abril de 2013, dispuso incorporar esas actuaciones, al presente proceso disciplinario (fl. 318 y CD No. 5 c. 1ª. Instancia).

Al punto es dable indicar, que la señora Senaida Esther Herrera De Barrios, fue escuchada en testimonio en las presentes actuaciones, en la Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional llevada a cabo el 19 de febrero de 2013, diligencia a la cual asistió la recurrente, en calidad de apoderada del litigante implicado, sin embargo por motivos desconocidos para esta Sala, en dicha oportunidad no interrogó a la testigo, luego causa extrañeza que ahora eche de menos lo expuesto por la señora Herrera De Barrios en su querella, pues se itera, prefirió no interrogarla en esa oportunidad procesal, ni con posterioridad a ello, solicitó se decretara como prueba su ampliación y ratificación de la queja.

De otra parte, esta Sala pudo evidenciar que la declaración de la señora Senaida Esther Herrera De Barrios fue tenida en cuenta por la Sala de Primer Grado dentro del acervo probatorio, pues así se deduce de la sentencia sancionatoria recurrida, en la cual se indicó en lo pertinente: “Se recibió el testimonio de la señora Senaida Barrios quien manifestó que ha visto al Dr. Luis Polo Navarro dos veces, que es su hijo quien tiene vínculos con este abogado.

Acerca del proceso de pertenencia dijo no conocer nada, que su esposo se llamaba Ramiro Barrios Montes y el único bien que dejó fue el terreno ubicado en el barrio Kennedy que está envuelto en un pleito de su hijo Marlon con el señor Fernando, pero dice no conocer en que consiste el pleito” (fl. 381 c. 1ª. Instancia).

Ahora bien, resulta oportuno para la Sala destacar que en virtud de la competencia antes referida, la Jurisdicción Disciplinaria está instituida para conocer, entre otros de los procesos disciplinarios contra los abogados en el ejercicio de la profesión, es así como la Ley 1123 de 2007 consagra un amplio catálogo de comportamientos jurídicamente relevantes en los cuales estos pueden llegar a incurrir, de ahí que se infiere la exclusión de investigar conductas cometidas por otras personas, quienes no sean destinatarios de la referida norma, y por ende no corresponde para tales la realización de un reproche disciplinario.

Corolario de lo anterior, contrario a lo manifestado por la recurrente, no correspondía al juzgador disciplinario adentrarse en un debate que lo condujera a descubrir el por qué la señora Senaida Esther Herrera De Barrios hipotecó el bien inmueble y después lo cedió en pago al quejoso, pues tales controversias, a todas luces, no resultan ser competencia de esta Jurisdicción Disciplinaria.

iii) Respecto la presentación de la demanda de pertenencia, explicó que obedeció a la posesión material con ánimo de señor y dueño que desde hacía más de 20 años mantenía el señor Marlon Rafael Barrios Herrera sobre el inmueble, y en tal virtud, el abogado presentó de buena fe el libelo introductorio, con base en la información suministrada por su cliente.

Pues bien, del material probatorio obrante en el infolio y en relación con este punto, se destaca lo siguiente:

1. De la revisión al proceso de sucesión intestada del causante Ramiro Enrique Barrios Montes, tramitado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica (Córdoba) bajo el radicado 234173184001201100046-00, en lo pertinente, se tiene que:

1.1. El 24 de febrero de 2011, el abogado disciplinado en representación del señor Marlon Rafael Barrios Herrera presentó el libelo de la demanda, en la cual relacionó como único bien que integraba la masa sucesoral: una casa de habitación ubicada en el barrio Arenal, Carrera 25, calle 9 n 21-80, con matrícula inmobiliaria 146-2677, al mismo tiempo que declaró que dicho inmueble se encontraba en cabeza de la cónyuge supérstite del causante Senaida Esther Herrera De Barrios (fls. 5 a 7 c. anexo proceso sucesión).

1.2. Certificado de matrícula Inmobiliaria 146-2677 expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Lorica el 1º de marzo de 2011, en el cual se evidencia; i) En la anotación 2, el gravamen hipotecario que recaía sobre ese bien en favor del señor Fernando Rafael Ballesteros Martelo con escritura 231 del 7 de junio de 2008, y ii) Anotación 5, la medida cautelar de embargo de la sucesión, mediante Oficio 0179 del 28 de febrero de 2011 ordenado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica (fl. 15 c. anexo proceso sucesión).

1.3. Memorial presentado por el abogado disciplinado el 15 de junio de 2012, en el cual presentó renuncia al poder conferido por el señor Marlon Rafael Barrios Herrera (fl. 94 c. anexo proceso sucesión).

1.4. Mediante auto del 26 de junio de 2012, el Juzgado de Conocimiento de la causa sucesoral aceptó dicha renuncia (fl. 94 c. anexo proceso sucesión).

2. En cuanto al Proceso Ordinario de Pertenencia promovido por el abogado Luis Carlos Polo Navarro en calidad de apoderado del señor Marlon Rafael Barrios Herrera, tramitado por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica (Córdoba) bajo el radicado 234173103001201100089, se pudo establecer que:

2.1. Obra Poder conferido por el señor Marlon Rafael Barrios Herrera al abogado aquí disciplinable, el 2 de junio de 2011, para que en su nombre y representación “inicie y lleve hasta su terminación demanda de pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, contra personas indeterminadas, el cual recae sobre un predio urbano ubicado en el barrio arenal carrera 25 calle 9 Nº 21-80, de esta ciudad de lorica (sic), cuyas demás características se consignarán en el libelo demandador” (negrilla y subrayado de la Sala) (fl. 2 c. anexo proceso pertenencia).

2.2. Libelo introductorio presentado por el litigante implicado, en el cual solicitó en favor de su poderdante se declarara judicialmente la pertenencia sobre un “predio urbano casa y solar, ubicado en el barrio arenal, municipio de lorica” por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio (fls. 4 a 6 c. anexo proceso pertenencia).

2.3. Mediante sentencia del 21 de noviembre de 2011, el Juzgado cognoscente de esa causa, resolvió; en primer lugar, declarar que pertenece al señor Marlon Rafael Barrios Herrera el inmueble urbano ubicado en el Barrio Arenal, Calle 9 Nº 21-80 de Lorica, por haberlo adquirido por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, y en segundo orden, inscribir esa sentencia en un nuevo folio de matrícula inmobiliaria en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Lorica (fls. 24 a 29 c. anexo proceso pertenencia).

3.- Obra Certificado de matrícula Inmobiliaria 146-44568 expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Lorica el 11 de enero de 2012, correspondiente al inmueble: Lote ubicado en el Barrio Arenal Calle 9 Nº 21-80 cuyo titular de dominio es el señor Marlon Rafael Barrios Herrera (fl. 78 c. 1ª. Instancia).

De lo reseñado hasta ahora, resulta claro para esta Colegiatura que el abogado Luis Carlos Polo Navarro era plenamente conocedor de las siguientes circunstancias:

— Que se trataba del mismo bien inmueble, incluido tanto en el proceso de sucesión como el que fue objeto de la demanda de pertenencia, al margen del barrio en el que se hallare ubicado (Kennedey o Arenal), pues nótese como en la demanda de sucesión mencionó como ubicación del inmueble el barrio Arenal, Carrera 25, calle 9 Nº 21-80, dirección que resulta concordante con la registrada en el poder conferido por su cliente para tramitar la demanda de pertenencia.

— Que la titular del dominio de dicho predio era la señora Senaida Esther Herrera De Barrios, pues así lo indicó en la demanda de sucesión.

— Que el inmueble objeto de los dos procesos estaba inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Lorica, bajo el folio de matrícula inmobiliaria 146-2677, pues así también lo manifestó en el libelo introductorio del proceso de sucesión.

— Que sobre dicha propiedad recaía un gravamen hipotecario de primer grado en favor del quejoso señor Fernando Rafael Ballesteros Martelo, pues así se evidencia del Certificado de tradición en la Anotación Nº 2.

De ahí que, no resulte admisible la exculpación del recurrente al afirmar que el abogado disciplinable actuó de buena fe al interponer la demanda de pertenencia y con base en la información suministrada por su cliente; pues quedo plenamente demostrado que éste sí conocía la situación real el inmueble tantas veces referido, sin embargo, a sabiendas que dicho predio, estaba incluido en el proceso de sucesión que él mismo, actuando en representación de su cliente había promovido, decidió aceptar un nuevo poder para iniciar un nuevo litigio (demanda de pertenencia) sobre el mismo bien, lo cual resultaba a todas luces improcedente.

Al punto, el artículo 33 en su numeral 9º de la Ley 1123 de 2007 consagra los preceptos bajo los cuales el abogado incurre en falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, a saber: i) el consejo, el patrocinio o la intervención en actos fraudulentos y ii) que dichas conductas se causen en detrimento de intereses ajenos, del Estado o la comunidad.

Al consagrar como falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, aconsejar, patrocinar o intervenir “en actos fraudulentos” en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad, lo que buscó el legislador fue castigar el engaño en cualquiera de sus modalidades, es decir, reprimir los comportamientos del abogado cuando en ejercicio de su profesión resulten contrarios a la verdad, e igualmente, cualquier conducta de aquel tendiente a evadir una disposición legal, y que en todo caso cause perjuicio a un tercero.

Esta Sala ad quem, una vez analizada la prueba allegada al proceso, colige sin dubitación alguna que efectivamente el profesional del derecho acusado, incurrió con su proceder en la falta prevista en el artículo 33 numeral 9º de la Ley 1123 de 2007, por cuanto, promovió una demanda de pertenencia en favor de su cliente, para que se le adjudicará por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio un predio sobre el cual tenía pleno conocimiento sobre su tradición y dirección, no obstante ocultó tal información, haciendo incurrir en error, tanto al operador judicial como a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, obteniendo así que se le adjudicara fraudulentamente a su cliente el predio y se inscribiera bajo un nuevo folio de matrícula inmobiliaria.

Sobre la falta descrita en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, esta Colegiatura en sentencia proferida dentro del proceso radicado con el Nº 760011102000200802151-01, M.P. Julia Emma Garzón De Gómez, señaló que:

i) Una conducta que solo puede ser cometida por acción, toda vez que exige un actuar positivo en el asunto dentro del cual se halla involucrado el sujeto agente.

ii) Una conducta, como todas las descritas en el régimen de los abogados, con sujeto activo calificado, en la medida en que solo los abogados y portadores de licencia provisional vigente, en los términos del artículo 19 del Código Disciplinario del Abogado, la pueden cometer.

iii) Cuyo único sujeto pasivo es el Estado, por tratarse esta actuación disciplinaria de una acción pública de defensa del interés general y el orden jurídico, cuyas especiales relaciones de sujeción se fundan en la misión y función social encomendada al abogado, en los términos de los artículos 1º y 2º del Decreto 196 de 1971(2), 63 del Código de Procedimiento Civil(3) y 95 de la Constitución Política(4).

iv) Un tipo complejo, por cuanto contiene más de un verbo rector: Aconsejar, Patrocinar o Intervenir

v) De naturaleza alternativa, en tanto cualquiera de las conductas contenidas en los aludidos verbos rectores perfeccionan la falta.

vi) Su objeto material se encuentra constituido por el empleo actos fraudulentos.

vii) Su objeto jurídico consiste en la protección del deber profesional de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado de que trata el numeral 6º del artículo 28 del Código Disciplinario del Abogado.

viii) Contiene un ingrediente subjetivo alternativo una finalidad, un propósito, un ánimo “en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad”.

ix) La existencia de estos ingredientes subjetivos comporta que, contrario a la regla general de numerus apertus de que trata el artículo 21 del Código Disciplinario del Abogado, esta conducta solo puede ser cometida de manera dolosa.

Nótese como esta falta pretende sancionar aquellas conductas mediante las cuales los profesionales recurren al engaño con el ánimo de ocasionar un perjuicio a las partes inmersas en la litis, bien sea, en calidad de demandante o demandado, aunado a ello, téngase en cuenta que este tipo disciplinario es de naturaleza dolosa, toda vez que cuando se incurre en él, se asalta la buena fe de la administración y de los particulares que a ella acuden en el entendido que el abogado se aparta de los mandatos constitucionales y legales que está obligado a respetar.

Sobre el particular, la Corte Constitucional expresó(5):

“(…) aun cuando la norma acusada no precisa por sí misma lo que debe entenderse por ‘actos fraudulentos’, no cabe duda que el alcance de la citada expresión está inscrito en el concepto de fraude, palabra cuya acepción semántica y de uso común y obvio, hace referencia a la conducta engañosa, contraria a la verdad y a la rectitud, o que también busca evitar la observancia de la ley, y que afecta o perjudica los intereses de otro, entendiendo como tal no solo a los particulares sino también a las propias autoridades. En esa dirección, el diccionario de la Real Academia Español define el fraude como: aquella ‘[a]cción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete’; y como aquel ‘[a]cto tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros’.

Por tanto, coincidiendo con lo dicho por el Ministerio público y los distintos intervinientes, al consagrar como falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, el consejo, el patrocinio o la intervención ‘en actos fraudulentos’ en detrimento de intereses ajenos, lo que buscó el legislador fue castigar el engaño en cualquiera de sus modalidades, es decir, reprimir los comportamientos del abogado en ejercicio que resulten contrarios a la verdad, e igualmente, cualquier conducta de aquél tendiente a evadir una disposición legal, y que en todo caso causen perjuicio a un tercero.

En la medida en que el abogado desarrolla su actividad profesional en dos campos distintos a saber: dentro del proceso, a través de la figura de la representación judicial, y por fuera del mismo, prestando asesoría y consejo, es la conducta engañosa en esos escenarios lo que la norma acusada pretende censurar, pues no resulta lógico, ni constitucionalmente admisible, que el abogado pueda hacer uso de sus conocimientos jurídicos especializados para defraudar a personas o autoridades. Por eso, al tenor de la norma acusada, el jurista es sancionado disciplinariamente cuando auxilia, aconseja o interviene en un acto fraudulento o engañoso con perjuicio para los intereses de otro, que puede ser su poderdante o cliente, un tercero o la propia administración de justicia.

Así entendido, en contraposición a la conclusión a la que llegan los actores, el concepto ‘actos fraudulentos’ hace referencia a una conducta clara y suficientemente determinada, comprensible para los destinatarios de la norma, la cual a su vez puede concretarse razonablemente por la autoridad que tiene a su cargo la investigación y juzgamiento de la infracción, sin que quepa aducir que el proceso de adecuación típica queda abandonado al arbitrio o a la discrecionalidad del juez disciplinario para ser valorado por éste libremente. Como ya se dijo, atendiendo a criterios lógicos, empíricos, semánticos, e incluso de sentido común, es posible precisar el alcance de la expresión ‘actos fraudulentos’, para concluir que ella refiere a comportamientos engañosos a través de los cuales se falta a la verdad o se pretende eludir un mandato legal; conceptos que sin duda son conocidos por la generalidad de las personas y muy especialmente por los abogados, quienes están más que nadie obligados a saber cuándo su conducta es constitutiva de fraude frente a la ley.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con el bien jurídico que es objeto de protección por la norma demandada: ‘la lealtad debida a la Administración de justicia’, cabe destacar que el mismo es a todas luces consecuente con la función social asignada al abogado y con las obligaciones que en ese campo él debe asumir, razón por la cual no puede considerarse que el precepto afecta los principios de proporcionalidad y lesividad. Como se mencionó en un acápite anterior, por expresa disposición del Decreto 196 de 1971, la abogacía está llamada a cumplir una función social, cual es la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia (art. 1º), siendo a su vez este segundo cometido, el de colaborar en la recta administración de justicia, uno de sus deberes principales (art. 47).

En este orden de ideas, considera la Sala que el abogado investigado conscientemente encaminó su voluntad a incurrir en un acto fraudulento, específicamente, promover una demanda de pertenencia en favor de su cliente, concluyéndose por parte de esta Colegiatura que el proceder de este, evidenciado con las pruebas reseñadas en precedencia, encaja perfectamente en la falta descrita en el numeral 9º del artículo 33 del Estatuto Deontológico, como atentatoria contra la recta y leal realización de la justicia.

iv) Consideró que la sanción impuesta a su prohijado fue excesiva por cuanto él vive de su profesión; razón por la cual solicitó revocar la sentencia apelada y/o rebajar la sanción (fls. 399 a 404 c. 1ª. Instancia)

Al punto, esta Colegiatura tras encontrar debidamente acreditada la materialización de la falta endilgada y la responsabilidad en la misma del abogado Luis Carlos Polo Navarro, al desconocer el deber consagrado en el artículo 28 numeral 6º del Código Disciplinario del Abogado, incurriendo así en de la descripción típica del artículo 33 numeral 9º de la Ley 1123 de 2007, desde ya se advierte que confirmará la sanción impuesta por el fallador de primer grado.

Pues bien, el artículo 40 del Código Disciplinario del Abogado contempla cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión, éstas últimas podrán imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.

Ahora, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinaria cometida por el abogado Luis Carlos Polo Navarro, deviene acertado el reproche disciplinario, como quiera que promovió fraudulentamente un proceso de pertenencia en favor de su cliente, sobre un predio, el cual meses antes había incluido al interior de un proceso de sucesión, y del que conocía perfectamente su situación, de tradición, de propietario y del gravamen hipotecario que sobre éste recaía en favor del quejoso.

Dicha actuación afectó gravemente los intereses del querellante, de la titular del inmueble, demás herederos reconocidos en el proceso de sucesión y de la Administración de justicia, razón por la cual la sanción impuesta resulta acorde con los parámetros dispuestos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, y aunque en el presente evento el abogado disciplinable no registra antecedentes disciplinarios, se itera, teniendo en cuenta la modalidad de la falta y el deber jurídico afectado, esto es, la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, estima la Sala que la sanción de suspensión de un (1) año en el ejercicio de la profesión cumple con los criterios legales y constitucionales.

Acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con sanción al implicado, pues de esta forma se cumple con el fin de prevención particular, entendiendo este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas o incumpla sus deberes en el ejercicio de la profesión de abogado.

En el caso bajo examen, la sanción de suspensión impuesta al disciplinado, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida que corresponde la respuesta punitiva con la gravedad de la misma.

Finalmente, debe también cumplirse con el principio de razonabilidad referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción de suspensión impuesta al disciplinado, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993, donde en uno de sus apartes se dijo:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Adicionalmente y de conformidad con los criterios previstos para la graduación de la sanción, contemplados en el literal A) del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, era imperativo la imposición de dicha sanción al abogado encartado, pues la comisión de esta falta desencadenó, i) impacto social, pues con la actuación irregular y fraudulenta del jurista, genera en el conglomerado desconfianza en la labor desempeñada por los profesionales del derecho, ii) la modalidad dolosa con la cual se incurrió en esta, pues se realizó con pleno conocimiento de su actuar, iii) perjuicios, tanto al quejoso, quien se vio afectado enormemente con las actuaciones del litigante enjuiciado, en el interés sobre el inmueble, también a la titular del bien y a los demás herederos de este, así como el desgaste a la Administración de Justicia, en materia civil, penal y disciplinaria.

Tales circunstancias, aunado a la concurrencia de la causal de agravación contenida en el numeral 4º del literal C) del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, la cual dispone “La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo profesional”, circunstancia tenida en cuenta por el a quo, llevan a concluir a esta Corporación, que la sanción impuesta por la Sala de primera instancia resulta ajustada con los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, contemplados en el artículo 13 del Código Disciplinario del Abogado, así mismo, a la luz del artículo 45 de ese mismo estatuto ético, cumple con los parámetros legales, dada la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta, y en ese sentido, esta Sala deniega la solicitud elevada por el recurrente en imponer una sanción más benévola.

Así las cosas, comparte esta Colegiatura, los argumentos expuestos por la Sala de Primera Instancia, y al quedar demostrado el injustificado incumplimiento por parte del doctor Luis Carlos Polo Navarro, de los deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado, conducta que deviene en la materialidad de la falta endilgada así como su responsabilidad en la misma, se torna imperativo para esta Sala CONFIRMAR la sentencia apelada acorde con la parte motiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1: CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 26 de marzo de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, mediante la cual sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de un año al abogado Luis Carlos Polo Navarro, identificado con la cédula de ciudadanía 15.033.489 y portador de la Tarjeta Profesional 100722, como autor responsable de la falta disciplinaria contemplada en el artículo 33 numeral 9º de la Ley 1123 de 2007, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2: Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la Oficina encargada del Registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3: COMISIÓNASE al Magistrado en turno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, con facultades para subcomisionar, para que en el término establecido en la ley, notifique al disciplinado de la presente providencia. Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a ésta Corporación.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

2 “ART. 1º—La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia.

“ART. 2º—La principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas”.

3 “ART. 63.—Derecho de postulación. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa”.

4 “ART. 95.—La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. El ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales.

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano;

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

5 Corte Constitucional. Sentencia C-393 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.