Sentencia 2012-00014/20880 de agosto 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 54001-23-33-000-2012-00014-01

Nº Interno: 20880

Consejero Ponente (E):

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Ingeniería Orinoco y Cía. Ltda.

Demandado: U.A.E. DIAN

Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

Le corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la U.A.E. DIAN contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que anuló parcialmente los actos que impusieron sanción por no suministrar información a la sociedad Ingeniería Orinoco y Cia. Ltda. – INOR Ltda.

Valga precisar que en la sentencia apelada se denegó la nulidad del pliego de cargo cuando se dispuso denegar las demás pretensiones de la demanda.

Habida cuenta de que el pliego de cargos es un acto de trámite no pasible de control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Sala se inhibirá para decidir de fondo respecto de ese auto.

3.1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación, la Sala decidirá si la sanción impuesta en los actos demandados violó el artículo 651 del E.T., principalmente, el principio de proporcionalidad, y si es procedente la condena en costas ordenada por el Tribunal.

3.2. Violación del principio de proporcionalidad.

El artículo 651 del Estatuto Tributario dispone:

“ART. 651.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones y pruebas respecto de sus propias operaciones, que no la atendieron dentro del plazo establecido para ello, incurrirán en la siguiente sanción:

a) Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) (15.000 UVT(1)), la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

— Hasta del cinco por ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.

— Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

b) El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos.

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsana dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una vez notificada la liquidación solo serán aceptados los factores citados en el literal b), que sean aprobados plenamente.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-160 de 1998, sostuvo que el poder que se reconoce a la Administración para la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 651 del E.T. no es ilimitado ni discrecional, pues la función sancionadora debe ejercerse dentro de los límites de la equidad y la justicia, tal como lo ordenan la Constitución y el artículo 683 del Estatuto Tributario.

Dijo la Corte Constitucional que la proporcionalidad y la razonabilidad de las sanciones, en el marco de las infracciones tributarias, tiene un claro fundamento en el principio de equidad, consagrado en el artículo 363 de la Constitución, equidad que no solo debe predicarse de la obligación tributaria sustancial, sino que debe imperar en la aplicación y cuantificación de las sanciones que se podrían imponer por el desconocimiento de obligaciones tributarias de carácter sustancial y formal.

Que el legislador era el primer llamado a dar prevalencia a estos principios, mediante la fijación de sanciones razonables y proporcionales al hecho que se sanciona. Pero que, igualmente, los funcionarios encargados de su aplicación, estaban obligados a observar esos principios.

Entonces, consideró que las sanciones que puede imponer la Administración, con fundamento en el artículo 651 del E.T., deben estar enmarcadas en criterios de proporcionalidad y razonabilidad que legitimen el poder sancionador. Que, por tanto, no todo error origina sanción, y que si se genera, la sanción debe ser graduada proporcionalmente, de acuerdo con la magnitud del daño producido con el error cometido.

3.3. El caso concreto.

3.3.1. Hechos probados:

Para resolver, se parte de los siguientes hechos probados:

— Para el año gravable 2006, la demandante reportó ingresos brutos de $ 3.015.561.000.

— Conforme con el artículo 18 de la Resolución 12690 de 2007(2), la demandante tenía hasta el 25 de marzo de 2008, como plazo para entregar la información, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos de su NIT(3).

— Es un hecho no controvertido que la demandante no presentó la información en el plazo previsto en la ley. Por eso, previo pliego de cargos, la DIAN profirió la Resolución 072412011000096 del 5 de marzo de 2011, mediante la que impuso a la demandante sanción por no enviar información por el año 2007, de conformidad con el artículo 651 del E.T., en la cuantía máxima permitida [$ 314.610.000](4).

— La demandante interpuso recurso de reconsideración contra la resolución que impuso la sanción. Con el recurso, entregó la información a la que estaba obligado por el año 2007, en los formatos 1001, 1002, 1003, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 y 1011.

3.3.2. Análisis de la Sala.

En el caso sub examine, es un hecho no controvertido que la demandante reportó ingresos brutos superiores a los $ 1.500.000.000, que son los que exige la Resolución 12690 de 2007, para ser responsable de la obligación de entregar la información.

También está probado que la demandante no entregó la información exógena correspondiente al año gravable 2007 en los plazos establecidos, pero sí lo hizo cuando presentó el recurso de reconsideración.

Por lo tanto, en atención al principio de equidad tributaria(5), al debido proceso y a la Sentencia C-160 de 1998, la Sala considera que cabe graduar la sanción al 3% de la información entregada, siguiendo el criterio fijado por la Sala(6) en casos análogos al analizado, limitada, eso sí, al máximo permitido por la ley, así:

Total base sanción$ 13.545.639.000
Porcentaje de la sanción (según art. 651 E.T. inc. 1º lit. a)3 %
Total sanción (total base X porcentaje sanción)$ 406.369.000
Total sanción Máxima$ 314.610.000

Dado que en los actos demandados se impuso la sanción máxima permitida, no hay lugar a anularlos.

Prospera el recurso de apelación de la DIAN y, por lo tanto, se revocará la decisión de anular parcialmente los actos demandados así como la condena en costas impuesta en la primera instancia.

3.4. De la condena en costas en segunda instancia.

El artículo 188 del CPACA establece que “[S]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

Como se ve, en los asuntos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez debe pronunciarse sobre la condena en costas, con excepción de los asuntos de interés público. Además, la norma en comento señala que la liquidación y la ejecución de las costas se regirán por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

La Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), en el artículo 365, prevé las reglas para la determinación de las costas procesales, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.

En el sub lite, se está ante la circunstancia prevista en el numeral 4º, puesto que se revocará la decisión de declarar la nulidad parcial de los actos demandados. No obstante, no puede pasarse por alto que el numeral 8º indica que solo habrá lugar a condenar en costas cuando estén debidamente causadas y probadas(7).

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-157 de 2013, dijo lo siguiente: “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”.

Como en el caso concreto no existe prueba de la que se pueda establecer erogación alguna por condena en costas, es procedente denegarlas. En consecuencia, se revocará el numeral tercero de la sentencia objeto de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCANSE los numerales primero a tercero de la sentencia del 19 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. En su lugar:

1. INHÍBASE la Sala de decidir sobre la nulidad del pliego de cargos Nº 072382010000279 del 17 de septiembre de 2010.

2. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

3. DENÍEGASE la condena en costas en ambas instancias

2. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

3. RECONÓCESE personería para actuar en representación de la DIAN al abogado Nelson Rodriguez Silva, conforme al poder que obra en el proceso.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

1 UVT año 2007: $ 20.974. Monto máximo: $ 314.610.

2 ART. 18.—Plazos para presentar la información. Para la entrega de la información solicitada en la presente Resolución, deberá tenerse en cuenta el último dígito del NIT del informante cuando se trate de un Gran Contribuyente o los dos últimos dígitos del NIT del informante cuando se trate de una persona jurídica y asimilada o de una persona natural, y suministrarse a más tardar en las siguientes fechas:
… PERSONAS JURÍDICAS Y ASIMILADAS Y PERSONAS NATURALES:
FechaÚltimos Dígitos
Marzo 25 de 200811 a 15

3 Nit 800.092.612

4 El 5% arrojó un total de $ 677.282.000

5 Consagrado en el artículo 363 de la Constitución Política.

6 Sentencias de 29 de septiembre de 2015 Expediente 20440, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, de 17 de marzo de 2016, Expediente. 20932, y 26 de julio de 2017 (Expediente 21602) C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

7 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 5 de marzo de 2015 (expediente 20585).