Sentencia 2012-00015 de febrero 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 470012331000-2012-00015-01

Expediente: 20120015

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Actor: José Luis Pinedo Campo

Demandado: Luis Miguel Cotes Habeych - gobernador del departamento de Magdalena

Fallo electoral

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Los artículos 129 y 132-8 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 —modificado por el Ac. 55, ago. 5/2003, art. 1º—, asignan a esta sección el conocimiento en segunda instancia de los procesos de nulidad contra actos de elección de los gobernadores.

En este caso se pretende la nulidad del “formulario E-26 GO” que declaró la elección del demandado como gobernador del departamento del Magdalena para el período 2012-2015; por consiguiente, esta Sala es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso.

2.2. Consideraciones previas.

Advierte la Sala, en primer lugar, que el tribunal no estudió ni se pronunció respecto de las excepciones propuestas por el demandado. Al respecto, es importante precisar que el demandado, propuso excepciones previas (indebida acumulación de pretensiones e ineptitud de la demanda) y de mérito (inexistencia de la causal de nulidad invocada, caducidad de la acción e innominada).

En relación con las excepciones previas, si bien el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, dispuso que en los procesos contencioso administrativos solo se pueden proponer excepciones de fondo, los hechos que constituyen las excepciones previas a que se refiere el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, pueden ser invocados conforme al artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, (modificado por L. 446/98, art. 45) como fundamento de los recursos interpuestos contra el auto admisorio de la demanda, sin perjuicio de que si se interponen como excepciones deban estudiarse y decidirse en la sentencia como impedimentos procesales(8).

2.2.1. Como se dijo, el demandado propuso la excepción previa que denominó “indebida acumulación de pretensiones” que sustentó en que la pretensión referida a la realización de un nuevo escrutinio no es propia de los procesos electorales que tengan fundamento en causal de tipo subjetivo como lo es la que se imputa en este proceso.

Si bien la Sala considera que le asiste razón al demandado en el sentido de que ante la prosperidad de la nulidad del acto de elección con soporte en causales subjetivas (falta de calidades, requisitos o inhabilidades) no hay lugar a realizar un nuevo escrutinio, sino de suplir la falta de conformidad con el procedimiento constitucional o legal previsto para ello (llamado, designación o nueva elección), dicha circunstancia no es un impedimento procesal para resolver la pretensión de nulidad del acto de elección demandado, sino para determinar las posibles consecuencias que se deriven de su eventual nulidad. Por consiguiente, el impedimento planteado no puede prosperar.

2.2.2. Respecto a la excepción previa denominada “ineptitud de la demanda” cuyo fundamento es que los argumentos expuestos por el actor en el concepto de violación no son claros porque pretende darle el alcance de inhabilidad a la doble militancia pese a que el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 no le da tal connotación, la Sala advierte que los argumentos expuestos por el demandado no corresponden a impedimentos procesales sino a razones de defensa referidas al fondo de la litis; por tanto, no prospera.

2.2.3. Referente a la excepción de caducidad de la acción, se tiene que la demanda fue presentada el 13 de enero de 2012 en término legal (fl. 38). Las afirmaciones que realizó el demandado no tienden a desvirtuar este hecho, pues para sustentar la excepción simplemente se limitó a decir que le “llama poderosamente la atención... que aparece en la página final de la demandada a mano alzada un recibido de la demanda con fecha 13 de enero del 2012”, así pues, la demandada no expuso ningún reproche sino pretendió crear duda de esa actuación sin aportar elemento probatorio alguno que acredite lo contrario; tampoco pidió que se decretara prueba para desvirtuar tal hecho; en consecuencia, la excepción no prospera.

2.2.4. Con relación a la excepción de mérito denominada “inexistencia de la causal de nulidad invocada”, para la Sala se trata realmente de planteamientos del demandado que no constituyen medio exceptivo sino argumentos referidos a la defensa de la legalidad del acto de elección cuya nulidad se solicita, aspecto que precisamente es el fundamento de la presente acción; por tanto, el estudio de dichas razones corresponderá realizarlo cuando se analice el fondo del asunto.

2.2.5. Por último, concerniente a la excepción “innominada” en la que el demandado pide que se estudien de oficio todos los hechos exceptivos que sean advertidos y probados en el curso del proceso favorables al demandado, debe advertirse que, sin perjuicio de las facultades oficiosas del juez, es la demanda y su contestación las que fijan el marco de la litis y delimitan la correspondiente función falladora del juez.

2.3. Estudio del fondo del asunto.

En el caso en estudio, el asunto jurídico por resolver, según el texto de la demanda y la apelación, se centra en determinar si el demandado está incurso en la prohibición de doble militancia política en las modalidades dirigidas a los miembros de una corporación pública que deciden presentarse a la siguiente elección por una organización política diferente, en este caso, por un grupo significativo de ciudadanos (L. 1475/2011, art. 2º, inc. 2º) y a los directivos de organizaciones políticas (L. 1475/2011, art. 2º, inc. 3º) y, si en razón de ello, se encontraba en una situación de ilegibilidad o de inhabilidad que implique la nulidad de su elección.

Considera el recurrente que a partir con la Ley 1475 de 2011 la infracción de la doble militancia genera la nulidad de la elección; por otra parte, el demandado afirma que la doble militancia es causal de nulidad electoral únicamente a partir de la vigencia de la Ley 1437 de 2011(9), norma que no es aplicable al caso.

Al respecto, debe resaltar la Sala que la prohibición de doble militancia fue incorporada al ordenamiento jurídico con el Acto Legislativo 1 de 2003, evolucionó con el Acto Legislativo 1 de 2009 y recientemente el legislador se ocupó de esta figura con la expedición de las leyes 1437 y 1475 de 2011.

Esta sección identificó que en la actualidad la figura de “doble militancia” tiene cinco modalidades(10), las tres primeras previstas por el artículo 107 de la Constitución Política y las dos subsiguientes por el legislador estatutario en la Ley 1475 de 2011, dirigidas a:

i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica” (C.N., art. 107, inc. 2º y L. 1475/2011, art. 2º, inc. 2º).

ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral” (C.N., art. 107, inc. 5º).

iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones (C.N., art. 107, inc. 12 y L. 1475/2011, art. 2º, inc. 2º).

iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones” (L. 1475/2011, art. 2º, inc. 2º).

v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (L. 1475/2011, art. 2º, inc. 3º).

Ahora, es importante advertir que el texto de la Constitución Política (art. 107), desde el Acto Legislativo 1 de 2003, previó la prohibición dirigida a los ciudadanos en los siguientes términos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica” y el legislador estatutario, en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, extendió la aplicación de la norma al eliminar el presupuesto referido a que el partido o movimiento político debía contar “con personería jurídica” y prever que “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político”. En otras palabras, el ámbito de aplicación de la doble militancia dirigida a los ciudadanos y a los miembros de las corporaciones públicas se amplió con la Ley 1475 de 2011 para extenderlo a las organizaciones políticas sin personería jurídica como lo son los grupos significativos de ciudadanos(11).

La Corte Constitucional en Sentencia C-490 de 2011(12) realizó la revisión del Proyecto de Ley Estatutaria 190 de 2010 Senado - 092/10 Cámara “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones” (que se convirtió en la L. 1475/2011), en relación con el artículo 2º, señaló que el legislador estatutario “puede incorporar una regulación más exigente o extensiva respecto a la prohibición de doble militancia” y por ello, extendió la prohibición a las agrupaciones políticas sin personería jurídica, en razón a que “... tanto las agrupaciones políticas con personería jurídica o sin ella, están habilitadas para presentar candidatos a elecciones, las segundas supeditadas al apoyo ciudadano a través de firmas. En ese orden de ideas, si tanto una como otra clase de agrupaciones pueden presentar candidatos y, a su vez, uno de los ámbitos de justificación constitucional de la doble militancia es la preservación del principio democrático representativo, mediante la disciplina respecto de un programa político y un direccionamiento ideológico, carecería de todo sentido que la restricción solo se aplicara a una de las citadas clases de agrupación política”.

Entonces, con la vigencia de la Ley 1475 de 2011, las conductas descritas como constitutivas de doble militancia, previstas por el legislador estatutario, son aplicables a todas las organizaciones políticas, indistintamente de que cuenten o no con personería jurídica.

Lo anterior es de la mayor importancia, porque antes de la vigencia de la Ley 1475 de 2011 y con ello, de la interpretación realizada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011, la figura de la doble militancia, según el texto constitucional y para la jurisprudencia de esta corporación, comportaba únicamente la prohibición de “pertenecer a más de un partido o movimiento político con personería jurídica”, de suerte que si la organización política carecía de personería jurídica, no podría configurarse doble militancia política(13).

Como se dijo antes, la controversia que se plantea en este proceso está circunscrita a la imputación de doble militancia de miembro elegido para el período 2008-2011 a corporación pública por el Partido Liberal Colombiano (asamblea departamental del Magdalena) que se presentó a la elección de la gobernación del Magdalena para el período 2012-2015 por el grupo significativo de ciudadanos “Respeto por el Magdalena” sin renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones; igualmente, se endilga que el demandado perteneció al directorio departamental del Magdalena del Partido Liberal Colombiano, y sin renunciar al cargo doce (12) meses antes, presentó su candidatura a la gobernación del Magdalena por el grupo significativo de ciudadanos “Respeto por el Magdalena”. Es decir, en el presente asunto se imputa la configuración de la doble militancia dirigida a los miembros de corporaciones públicas y a los directivos de organizaciones políticas.

Para resolver el recurso de alzada, se tiene que:

• El 8 de febrero de 2011 el Registrador Nacional del Estado Civil profirió la Resolución 871 de 2011 “Por la cual se establece el calendario electoral para las elecciones de gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales, concejos municipales y miembros de las juntas administradoras locales, a realizarse el 30 de octubre de 2011”.

En dicho calendario no se determinó la fecha en que se inició la inscripción de candidaturas, porque según el Código Electoral corresponde fijar únicamente la fecha límite para la inscripción, pero no señalar el día a partir del cual los candidatos pueden empezar a inscribirse(14).

Es necesario precisar que respecto del primer día para la inscripción de candidatos para las elecciones que se celebraron el 30 de octubre de 2011, según lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de 27 de julio de 2011(15), es el 8 de febrero de 2011, fecha en la que el Registrador Nacional del Estado Civil profirió el calendario electoral (Res. 871/2011); por consiguiente, el término para la actuación administrativa referente a la inscripción de candidatos comenzó a correr a partir de ese momento —feb. 8/2011—.

Dijo el referido concepto:

“El Registrador Nacional del Estado Civil señaló en el calendario electoral, para las elecciones locales del 30 de octubre de 2011, que la fecha en la cual se vence el plazo máximo para la inscripción de candidatos es el miércoles 10 de agosto de 2011 (...).

De lo expuesto se desprende claramente que el plazo en el cual se lleva a cabo la actuación administrativa de inscripción de candidaturas había comenzado antes del 14 de julio de 2011, fecha en la que entró a regir la Ley 1475, pues al no existir término de inicio debe tenerse por tal al menos el de la resolución del registrador que definió el calendario electoral para los comicios del 30 de octubre de 2011. Es incluso probable que antes de la vigencia de la ley estatutaria hubiera candidatos inscritos a alguno de los cargos que se elegirán próximamente.

Entonces, según lo expuesto en el acápite anterior, habría que aplicar el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 en cuanto ordena que en materia procesal “los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”, por lo cual todo lo que tuviera que ver con el procedimiento o actuación administrativa de inscripción de candidaturas, se debería regir por la ley anterior”.

• El 22 de mayo de 2011 el demandado presentó renuncia al directorio departamental del Partido Liberal Colombiano.

• El 14 de julio de 2011, se publicó en el Diario Oficial 48.130 de 14 de julio de 2011 la Ley 1475 de 2011 y con ello entró en vigencia.

• El 28 de julio de 2011 el demandado renunció a su curul en la asamblea departamental del Magdalena en representación del Partido Liberal(16).

• El 29 de julio de 2011 el demandado inscribió su candidatura a la gobernación del Magdalena por el grupo significativo de ciudadanos “Respeto por el Magdalena”(17).

La Sala precisa que en atención a la situación fáctica del presente asunto, expuesta sucintamente en precedencia, resulta claro que el proceso administrativo electoral, cuyos comicios se realizaron el 30 de octubre de 2011, inició con la inscripción de candidatos(18) a partir del 8 de febrero de 2011(19), es decir, antes de la vigencia de la Ley 1475 de 14 de julio de 2011; por tanto, el ordenamiento jurídico sufrió variaciones desde el inicio de la inscripción de candidatos hasta el momento de la elección.

En efecto, en el tema que ocupa en este caso la atención de la Sala, referido a la doble militancia, el proceso electoral inició con las reglas previstas por el artículo 107 de la Constitución Política (con las reformas de los A.L. 1/2003 y A.L. 1/2009), pero en el interregno entró en vigencia la Ley 1475 de 2011 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.

En el asunto en estudio, la censura si bien se soporta en la posible transgresión de los artículos 107 de la Constitución Política y 2º de la Ley 1475 de 2011, debe resaltarse que la doble militancia en la modalidad destinada a los directivos de las organizaciones políticas se creó en la Ley 1475 de 2011, y la dirigida a los miembros de corporaciones públicas si bien tiene origen constitucional, fue el legislador estatutario, en la norma en comento, quien la extendió a las organizaciones políticas sin personería jurídica, como se explicó con anterioridad.

Debe hacer énfasis la Sala que la doble militancia dirigida a los miembros de corporaciones públicas, que la Ley 1475 de 2011 extendió a las agrupaciones políticas sin personería jurídica parte para su configuración de que se cumpliera con un hecho anterior a su vigencia, esto es, que el candidato haya renunciado a la curul “12 meses antes del primer día de inscripciones”, es decir, antes del 8 de febrero de 2010, de manera que la condición referida, al momento de extenderse la doble militancia a los grupos significativos de ciudadanos —jul. 14/2011— no era conocida, ni reproche alguno podría realizarse a una situación no prevista en el ordenamiento para esa fecha.

Tampoco podría afirmarse que se vulneró el artículo 107 de la Constitución Política, pues como se dijo, la norma constitucional imponía que la doble militancia se configuraba a condición de que se tratara de “pertenecer a más de un partido o movimiento político con personería jurídica” situación que por sí sola excluye de su ámbito a los grupos significativos de ciudadanos, como lo es “Respeto por el Magdalena”, organización política por la que el demandado fue elegido gobernador del Magdalena.

No sobra agregar que a los ciudadanos y candidatos antes del 14 de julio de 2011 —cuando entró en vigencia la L. 1475— no se les puede exigir que interpretaran la doble militancia con el criterio de la Corte Constitucional, pues el texto literal de la Constitución Política restringía el derecho a quienes se inscribieran por un nuevo partido o movimiento político con personería jurídica.

Con relación a la doble militancia de directivos, imputada igualmente al demandado, debe realizarse similar consideración, en razón a que esta modalidad fue creada por el artículo 2º la Ley 1475 de 2011 en los siguientes términos:

“Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (negrillas y subrayas fuera del texto).

Es decir, a partir del 14 de de julio de 2011, el legislador estatutario previó que los directivos de las organizaciones políticas que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otra organización, deben renunciar a su cargo con doce (12) meses de antelación a la fecha de su inscripción como candidatos.

Por lo dicho, y en atención a que no es viable materialmente que se surtan actuaciones para cumplir la ley antes de su vigencia, igualmente respecto de esta modalidad de doble militancia es imposible exigir la renuncia con doce (12) meses de antelación de los directivos de los partidos y movimientos políticos para que aspiraran a ser elegidos por un grupo significativo de ciudadanos en razón a conductas que jurídicamente no existían antes de la vigencia de la Ley 1475 de 2011.

Ahora, no puede dejarse de lado que las restricciones dirigidas a los candidatos para la participación en las elecciones constituyen limitaciones al derecho fundamental a ser elegido garantizado por el artículo 40 de la Constitución Política; de suyo, no es posible aplicar de manera retroactiva reglas restrictivas de derechos políticos de la Ley 1475 de 2011 al proceso administrativo electoral cuyos términos habían comenzado a correr antes de su vigencia (con la inscripción de candidatos), según lo previsto por el calendario electoral expedido por el Registrador Nacional del Estado Civil con Resolución 871 de 8 de febrero de 2011.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado(20) ha establecido que las normas que prevén derechos y libertades constitucionales deben interpretarse siempre de la manera que garantice su más amplio ejercicio, en tanto que aquellas normas que los limiten mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades para el desempeño de cargos públicos, deben estar consagradas expresamente en Constitución o en la ley y no pueden interpretarse de manera retroactiva, o en forma extensiva sino siempre, con la finalidad enunciada, en forma restrictiva. Es el principio pro libertatis(21) al que la Corte Constitucional se refirió en la Sentencia C-147 de 1998, en los siguientes términos:

“No se puede olvidar que las inhabilidades, incluso si tienen rango constitucional, son excepciones al principio general de igualdad en el acceso a los cargos públicos, que no solo está expresamente consagrado por la Carta sino que constituye uno de los elementos fundamentales de la noción misma de democracia. Así las cosas, y por su naturaleza excepcional, el alcance de las inhabilidades, incluso de aquellas de rango constitucional, debe ser interpretado restrictivamente, pues de lo contrario estaríamos corriendo el riesgo de convertir la excepción en regla. Por consiguiente, y en función del principio hermenéutico pro libertate, entre dos interpretaciones alternativas posibles de una norma que regula una inhabilidad, se debe preferir aquella que menos limita el derecho de las personas a acceder igualitariamente a los cargos públicos”.

No sobra señalar que el imperativo de interpretar restrictivamente las normas que establecen inhabilidades constituye una aplicación del principio del Estado liberal de derecho establecido en el artículo 6º de la Constitución Política, según el cual “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes” que se traduce en que pueden hacer todo aquello que no les está expresamente prohibido, de donde se infiere, como regla general, que todos los ciudadanos pueden postularse a cargos de elección popular y que, excepcionalmente, no podrán hacerlo aquellos a quienes se los prohíbe expresamente la ley.

No deja de advertir la Sala que el numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— previó la “doble militancia política” como una de las causales de anulación electoral (norma que no es aplicable al caso en estudio porque entró en vigencia el 2 de julio de 2012, es decir con posterioridad a la fecha de los hechos objeto de estudio)(22), por ello, con invocación de dicha causal no hay duda que en caso de comprobarse fácticamente alguna de las modalidades de doble militancia prevista en la Constitución o en la ley, el juez de lo contencioso administrativo está facultado para declarar la nulidad del acto que declara la elección.

De lo expuesto se concluye que, en el caso concreto, en razón de la doble militancia imputada el demandado no era inelegible como gobernador del departamento del Magdalena para el período 2012-2015 y; por consiguiente, se impone confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. ADICIÓNASE la sentencia de 27 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el sentido de negar prosperidad las excepciones propuestas por el demandado; en todo lo demás, se CONFIRMA la decisión de primera instancia.

2. RECONÓCESE personería al doctor Alexander Vega Rocha como apoderado del demandado en los términos del poder visible a folio 181.

En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(8) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de octubre de 2008, radicado 070012331000200700084 01. En ese mismo sentido, sentencias de 30 de octubre de 1997, radicado 1656, de 11 de marzo de 1999, radicado 1847 y de 14 de abril de 2005, radicado 3333.

(9) “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

(10) Sentencia de 1º de noviembre de 2011, radicado 630012331000201100311 01.

(11) Recuérdese que según los artículos 108, 109 y 263 de la Constitución Política y de conformidad con la Ley 130 de 1994 tienen derecho a presentar listas de candidatos a elecciones populares los partidos y movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales, con la posibilidad de que obtengan o conserven su personería jurídica dependiendo, entre otros requisitos, de los resultados que obtengan en los certámenes electorales.

(12) De 23 de junio de 2011.

(13) Ver, entre otras, sentencias de la Sección Quinta de 8 de febrero de 2007, radicado 11001-03-28-000-2006-00107-00 (4046); 23 de febrero de 2007, radicado 11001-03-28-000-2006-00018-00 (3982-3951).

(14) Para las elecciones locales, el artículo 2º de la Ley 163 de 1994, que modificó parcialmente el artículo 88 del Código Electoral, dispuso: “La inscripción de candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales vence cincuenta y cinco (55) días antes de la respectiva elección. Las modificaciones podrán hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes”.

(15) Radicado 11001-03-06-000-2011-00040-00 (2064). Autorizada la publicación el 27 de julio de 2011.

(16) Folios 93 a 116.

(17) Folio 41.

(18) La inscripción de candidatos a cargos de elección popular es un acto de trámite preparatorio de la elección, y conforma la etapa preelectoral del proceso administrativo que culmina con la declaración de la elección (sent., ago. 29/2012, rad. 11001-03-28-000-2010-00050-00; 11001-03-28-000-2010-00051-00).

(19) Según Resolución 871 de 2011 del Registrador Nacional del Estado Civil.

(20) Al respecto pueden consultarse, entre otras, sentencias de 14 de noviembre de 2008, radicado 73001-23-31-000-2007-00710-01; de 26 de febrero de 2009, radicado 50001-23-31-000-2007-01107-01; de 13 de diciembre de 2010, radicado 17001-23-31-000-2009-00077-01.

(21) Este tema puede consultarse en las sentencias de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 16 de julio de 1998, Expediente 175; de 17 de agosto de 2000, Expediente 2342; de 19 de mayo de 2005, Expediente 3688; de 15 de junio de 2006, Expediente 3921, y la Sentencia C-147 de 22 de abril de 1998 dictada por la Corte Constitucional, entre otras.

(22) Dice el artículo 308: régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.