Sentencia 2012-00016 de noviembre 2 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 170011102000201200016-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fidalgo Javier Estupiñan Carvajal

Proyecto registrado el primero de noviembre de dos mil dieciséis

Aprobado según Acta (101) de la misma fecha.

Bogotá D.C., dos de noviembre de dos mil dieciséis

EXTRACTOS «Consideraciones de la Sala

Esta Sala tiene competencia para conocer en apelación las providencias emitidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 3º del artículo 256(2) de la Constitución Política y 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996(3).

Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 02 del 1º de julio de 2015, modificó el Capítulo 7 del Título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actualesmagistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:

“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela(4)(resaltado nuestro).

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

Ahora bien, sea lo primero aclarar, que el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, el cual se encuentra contenido en el título XII, del régimen de los funcionarios de la rama judicial, establece que “(…) Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código (…)”.

Significa lo anterior, que la transgresión de los deberes endilgados a los funcionarios de la rama judicial son los contemplados en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, concretamente en el artículo 153 y las prohibiciones contenidas en el artículo 154 ibídem, a lo cual se suman las faltas gravísimas de la Ley 734 de 2002.

Con relación al contenido y alcance del derecho disciplinario, se ha señalado que, su ámbito de regulación comprende: (i) las conductas configurativas de falta disciplinaria; (ii) las sanciones aplicables según la naturaleza de la falta y (iii) el proceso, o conjunto de normas sustanciales y procesales que aseguran la garantía constitucional del debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Del asunto en concreto: Se trata de resolver la apelación interpuesta contra el fallo de primera instancia el cual sancionó con destitución e inhabilidad general por doce (12) años a la doctora Constanza Quiroga Franco en su calidad de Jueza 1º Promiscuo Municipal de Villamaría (Caldas), por el incumplimiento injustificado de los deberes previstos en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 2º y literales b), c), d) y f) del artículo 7º de la Ley 1010 de 2006, calificada como gravísima a título de dolo.

De las faltas: Fueron atribuidas en primera instancia en las siguientes disposiciones normativas:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

3. Obedecer y respetar a sus superiores, dar un tratamiento cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito.

Dicho incumplimiento del deber funcional fue concordado a su vez con la siguiente normatividad:

Ley 1010 de 2006:

“ART. 2º—Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

“ART. 7º—Conductas que constituyen acoso laboral. Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas:

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social;

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo;

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo;

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo;

Del material probatorio obrante en el expediente se evidencia que la disciplinable ejerció conductas constitutivas de acoso laboral frente a Norberto Giraldo, Omaira Duque y Martha Cecilia Vargas Castaño quienes se desempeñaban en los cargos de citador y Secretarias del Juzgado Primero Promiscuo de Villamaría (Caldas)

Frente a los señores Norberto Giraldo y Omaira Duque se comprobó que públicamente los regañaba de una forma grosera, por los errores que cometían sin mediar excusa o explicación de por medio. Adicionalmente tal y como lo evidenció la primera instancia, en reiteradas ocasiones corregía los errores cometidos mediante autos en los que dejaba constancia dentro del expediente dejándolos a disposición de las partes del proceso. Hay que recalcar que frente al señor Giraldo, permanecía indicándole que lo iba a calificar negativamente, dejándolo con la situación de solicitar un nuevo empleo.

Ahora bien, en punto de la señora Martha Cecilia Vargas Castaño, quien radicó su queja con posterioridad a los dos iniciales denunciantes, manifestó en su escrito que la situación se tornó tensa luego de haber declarado en el disciplinario que se seguía contra la doctora Quiroga Franco, fue tal la situación que se vio compelida a radicar una queja ante el copaso, a fin de terminar con la situación.

Se hace énfasis en que la señora Vargas Castaño manifestó ante la primera instancia que los nuevos sujetos objeto de acoso laboral por parte de la disciplinable eran Edwin y Paula Andrea Beltrán, (sobre aquel hecho según lo consignó la primera instancia, se viene adelantando otra investigación disciplinaria).

Adicionalmente de la copia de su historia clínica, se evidenció problemas de ansiedad y estrés laboral, los cuales ameritaron tratamiento psicológico y psiquiátrico durante la mayor parte del 2013.

Ahora bien como uno de los aspectos a valorar en esta instancia tiene que ver con los testimonios practicados por la primera instancia, esta Superioridad para mayor entendimiento del asunto procede a establecer quienes rindieron testimonio:

Testimonio Condición del testigo
1.Jaime Aníbal Bartolo BañolSecretario del Juzgado hasta el 28 de noviembre de 2011.
2.Mercedes Quintero GutiérrezEscribiente del despacho de autos entre el 18 de octubre de 2011y el 18 de enero de 2012
3.Ronery Yally Bartolo FlórezCitador del Juzgado entre el 1º de diciembre de 2011 y el 9 de febrero de 2012
4.Luz Esperanza Batancur MuñozJueza 2º Promiscuo Municipal de Villamaría Caldas)
5.Ana Rosa Duque de RoncancioSecretaria del Juzgado dos años antes del 2013.
6.Francisco Javier MontoyaSecretario del Juzgado del 1º al 31 de marzo de 2012.
7.Lina Marcela Zuluaga BeltránSecretaria actual del Juzgado
8.Dora Alicia BurgosLitigante del Juzgado
9.José Fernando Chavarriaga MontoyaLitigante ante el Juzgado
10.Luz Marina Arias OspinaLitigante
11.Nohora Elena Arango PatióLitigante
12.Francy Elena Marín JaramilloLitigante
13.Omaira Quintero RamírezEscribiente actual del despacho
14.Mercedes Quintero GutiérrezEscribiente de octubre de 201 a enero de 2012

Ahora bien, aduce el apelante que no se tuvo en cuenta los testimonios de Lina Marcela Zuluaga Beltrán, Francisco Javier Montoya Acevedo, Jaime Aníbal Bartholo, Ronny Bartolo Flórez, Omaira Quintero Ramírez, Mercedes Quintero Gutiérrez exempleados y empleados del Juzgado y de abogados litigantes Dora Alicia Burgos, José Fernando Chavarriaga Montoya, Luz Marina Arias Ospina, Nohora Elena Arango Patiño, Francy Elena Marín Jaramillo.

De entrada, en lo que tiene que ver con los testimonios de los litigantes, Dora Alicia Burgos, José Fernando Chavarriaga Montoya, Luz Marina Arias Ospina, Nohora Elena Arango Patiño, Francy Elena Marín Jaramillo, esta Sala encuentra que no aportan mayor información respecto de las conductas a investigar, si bien referencian que al momento de acudir al despacho eran atendidos de forma diligente y cortés, lo cierto es que sus apreciaciones son muy escasas respecto de los detalles que sucedían al interior del despacho.

Claramente lo anterior se justifica porque la atención de profesionales del derecho dentro de un Juzgado puede ser una diligencia que tome unos minutos nada más, por ello no se extraña esta Superioridad que ninguno de ellos hubiese notado el trato de la Juez respecto de sus subalternos.

En relación con el testimonio de Marcela Zuluaga Beltrán, Francisco Javier Montoya Acevedo, Omaira Quintero Ramírez, Mercedes Quintero Gutiérrez, es claro que los mismos se deben valorar bajo la óptica de un testimonio que no es imparcial pues los mismos son empleados actuales de la disciplinable, así mismo es de advertir que en su mayoría aceptaron que el trato con la disciplinable es largo duro, no obstante todos ellos descalificaron las competencias laborales de los quejosos. Situación que hace pensar a esta Colegiatura que su dicho no ofrece la certeza que aduce el apelante.

Ahora bien, mención especial merece la declaración del señor Jaime Aníbal Bartholo, quien en una primera ocasión, tal y como lo referenció la primera instancia, evidenció que la disciplinable hizo frecuentes amonestaciones verbales por el mal desempeño de su trabajo casi a diario, en la mayoría de los casos fueron reclamaciones duras, con gritos y manoteos, otras veces de manera “burlona pero amistosa” pero la mayoría de las veces fueron duras. Norberto siempre enmendaba sus errores” (fl. 711).

Por demás, existe el testimonio de la doctora Luz Esperanza Betancur, Jueza 2º Promiscuo Municipal de Villamaría quien refirió que en varias oportunidades recibió quejas de parte de particulares quienes acudían a ese despacho y presenciaban el maltrato por parte de la encartada la primera instancia lo referenció de la siguiente manera: “por comentarios de abogados litigantes, comentarios de algunos usuarios y exempleados de dicho juzgado se señalan signos de un trato altanero déspota y desconsiderado con sus subalternos quienes han manifestado sentirse maltratados delante del usuario lo que le da muy mala imagen al usuario del servicio de justicia”(fl. 802)

En cuanto al argumento según el cual la versión libre de la disciplinable es prueba demostrativa de su buen desempeñó funcional y de lo injustificado de la queja. Esta Superioridad encuentra que la misma es una afirmación que no tiene respaldo probatorio alguno pues de las pruebas documentales y de los testimonios de cargo se evidencia que las conductas constitutivas de maltrato se evidenciaron. Entonces no resulta atendible que la versión libre tenga la entidad jurídica necesaria para derribar todo el acervo probatorio que se encuentra en contra de la funcionaria denunciada.

Por otro lado, en su escrito también adujo que en su larga trayectoria en defensa de los servidores públicos perseguidos por sus subalternos, dentro del trámite de investigaciones disciplinarias ha descubierto que “quienes acuden a quejas por acoso laboral son servidores que temen calificaciones malas o eventuales retiros del servicio que desean que no se les exija que se le tema para que no se les pida más allá de lo que sus debilidades y deficiencias les dé”. Apreciación que no se compadece con lo probado al interior del proceso, en efecto no deja de ser palmario que la misma resulta una apreciación personal del impugnante resultado de su opinión al respecto, pero que en ningún momento encuentra respaldo probatorio.

Finalmente, afirmó que la disciplinable es una persona franca y afable que infunde respeto, no obstante cuando sus empleados, de forma perezosa y desinteresada realizaban el trabajo, ejercía su potestad disciplinaria de conformidad con los preceptos del artículo 51 de la Ley 734 de 2002, es decir, preservando el orden interno mediante llamados de atención sin necesidad de acudir a los procedimientos disciplinarios formales. Lo anterior no es óbice ni justificación para que la funcionaria pueda maltratar en su honra y dignidad a las personas empleadas en su despacho. Es claro que la potestad de dirigir el Juzgado está en cabeza del titular del Juzgado sin embargo, las pruebas documentales (correcciones que hacía sobre el trabajo de los demás, en varias ocasiones injustificadamente) los testimonios practicados (que dan cuenta de unos regaños bastante fuertes) demuestran que dicha potestad se desbordaba y pasaba al campo del insulto y del maltrato.

Es claro que la disciplinable incurrió en la falta endilgada y por lo tanto desatendidos los argumentos defensivos expuestos en su apelación, la Sala encuentra estructurado el estadio de tipicidad de la conducta objeto de análisis.

De la ilicitud sustancial: Conforme a lo consagrado en el artículo 5º del Código Disciplinario Único, la falta disciplinaria será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna, por ende, es el estadio o estructura de la falta donde se analizan los argumentos de justificación expuestos como defensa, en aras de valorar lo antijurídico o no del comportamiento y su tal ilicitud es de naturaleza sustancial frente a los deberes funcionales, excepto cuando el tipo disciplinario es conglobado que obliga a analizar las justificaciones en la misma tipicidad, lo cual no ocurre en el presente caso. Es pertinente traer a colación lo expuesto por la Honorable Corte Constitucional, que al respecto indica:(5)

“(…) En este sentido y dado que, como lo señala acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encausar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública.

El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta.

Así ha podido señalar esta Corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan la actuación del servidor público haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria.

Dicho contenido sustancial remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por sí misma altera el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines”.

Quiere decir entonces, que al quedar demostrado el incumplimiento de la normatividad aplicable para el caso, con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional, en tanto no fallo el proceso ejecutivo varias veces citado, bien puede afirmarse que no se trató de un desconocimiento formal de ese deber, se trata de una infracción sustancial del mismo, porque atentó contra el buen funcionamiento del Estado y dilató la resolución del asunto cuando la norma legal era de imperativo cumplimiento.

De la calificación de la falta y la culpabilidad. Tal como lo hizo la primera instancia en la formulación de los cargos, ésta se mantendrá en la connotación de gravísima y en la modalidad de culpabilidad dolosa.

Es cierto y demostrado que la gravedad de la falta está dada en el desconocimiento deliberado de las normas reguladoras del caso, el sometimiento al imperio de la Ley le está instituido por el mismo artículo 230 de la Constitución Política, es decir, se torna grave que un funcionario judicial se aparte de las reglas constitucionales y legales que imponen adelantar las actuaciones correspondientes.

De la misma manera, tal y como lo manifestó la primera instancia, la falta se imputó a título de dolo conforme se evidenció la intención de la togada en ejercer las acciones de maltrato y acoso laboral, las cuales fueron descritas en párrafos precedentes.

De la dosimetría de la sanción: Siendo ésta la consecuencia de haber encontrado una conducta típica, ilícita y culpable, habrá de tasarse la sanción tal como lo regla el Código Disciplinario Único, en el artículo 44(6), pues en forma taxativa, previó que para las faltas gravísimas dolosas procede la suspensión en el ejercicio del cargo.

De otra parte, dentro de los límites para imponer la inhabilidad, se estableció en el artículo 46 ibídem, que no puede ser inferior diez años ni superior a 20 años, entonces, se confirmará la sanción impuesta por el A quo, teniendo en cuenta que la misma se ajusta a la legalidad, pues el quantúm de inhabilidad se aviene con el modo de ocurrencia de la conducta, comprobándose la dilación en iniciar el respectivo trámite incidental.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Resuelve

1. Confirmar la sentencia proferida el 27 de marzo de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas(7), por medio de la cual sancionó con destitución e inhabilidad general por doce (12) años a la doctora Constanza Quiroga Franco en su calidad de Jueza 1º Promiscuo Municipal de Villamaría (Caldas), por el incumplimiento injustificado de los deberes previstos en el numeral 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 2º y literales b), c), d) y f) del artículo 7º de la Ley 1010 de 2006.

2. Notificar Personalmente la presente decisión a la funcionaria disciplinada; de no ser posible su comparecencia, efectúese el procedimiento establecido en la ley. Líbrense las comunicaciones de ley que fueren pertinentes, para lo cual se comisiona al Seccional de Instancia. En su oportunidad devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(2) “ART. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: … 3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.

(3) “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura

(4) Magistrado Sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez.

(5) Sentencia C-948 de 2002. Corte Constitucional de Colombia, M.P. Álvaro Tafur Galvis

(6) “ART. 44.—Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones (…)

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima.

2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas (…)

3. Suspensión, para las faltas graves culposas.

4. Multa, para las faltas leves dolosas.

5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas.

“PAR.—Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

(7) Con ponencia del Magistrado Miguel Ángel Barrera Núñez integrando Sala con el Magistrado José Ricardo Romero Camargo.