Sentencia 2012-00018 de agosto 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001032800020120001800

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Actor: Johann Wolfgang Patiño Cárdenas

Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil

Fallo - Acción de nulidad contra acto de contenido electoral

Bogotá, D.C., veintiocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de esta corporación para conocer de esta acción de simple nulidad en única instancia está fijada por lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo(1), modificado por el Decreto 597 de 1988 artículo 2º y por la Ley 446 de 1998 artículo 36; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. De la prueba y contenido del acto demandado.

La Circular 140 del 15 de septiembre de 2011 del registrador delegado en lo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil aquí demandada, fue aportada con la demanda en copia auténtica (fls. 65 y 66). Su texto es el siguiente:

“Circular 140

Para: Delegados departamentales, registradores distritales, registradores especiales, municipales y auxiliares.

De: registrador delegado en lo electoral

Asunto: cumplimiento cuota de género.

Fecha: septiembre 15 de 2011

Cordial saludo:

De conformidad con lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, mediante el Concepto 8837 de septiembre 14 de 2011, las listas de los partidos y movimientos políticos que solicitaron inscripción para los diferentes corporaciones, que se elegirán el próximo 30 de octubre de 2011 y que no cumplen con la cuota de género, establecida en el artículo 28 de la Ley 1475 de 1011, podrán ser ajustadas hasta el próximo 30 de septiembre de 2011, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Aplica únicamente para las listas de los partidos y movimientos políticos que no cumplieron la cuota de género, por lo que se deberá informar oportunamente de este proceso a los directorios departamentales, a los directorios municipales y/o representantes e inscriptores a que haya lugar.

2. Los ajustes que se realicen solamente pueden estar encaminados a cumplir la cuota de género, no se aceptarán otra clase de cambios en las listas, porque de ninguna manera se trata de un nuevo periodo de modificaciones.

3. Los ajustes se realizarán en las registradurías o delegaciones departamentales de la respectiva circunscripción, mediante formulario E-7.

4. Para que la inscripción de la lista sea aceptada, debe quedar conformada por mínimo el 30% de uno de los géneros.

5. Los recursos formulados por la no aceptación de las listas que incumplieron la cuota de género, deben ser resueltos con base en el Concepto 8837 de septiembre 14 de 2011, proferido por el Consejo Nacional Electoral.

6. Los delegados departamentales, deben hacer seguimiento a este proceso de ajuste de las listas, en las registradurías municipales de su circunscripción.

7. Los documentos soporte y los formularios E-7 y E-8 de las listas que se vayan ajustando, deberán remitirse inmediatamente a la respectiva delegación departamental, para ser enviadas con oficio suscrito por los delegados departamentales, a la registraduría delegada en lo electoral en Bogotá.

8. El plazo para ajustar las listas es hasta el 30 de septiembre de 2011 a las 6:00 p.m.

9. El 30 de septiembre de 2011, a las 6:00 p.m. los delegados departamentales deberán certificar cuáles de las listas se ajustaron para cumplir la cuota de género y cuáles no” (fls. 65 y 66).

3. Excepción propuesta por la demandada.

La Registraduría Nacional del Estado Civil propuso a título de excepción la que denominó “Obligación de cumplimiento del imperativo constitucional y legal por parte de la entidad demandada”, lo que en realidad corresponde a argumentos de defensa, y por lo mismo se analizarán al estudiar el fondo del asunto.

4. Problema jurídico.

Se trata de definir si el registrador delegado en lo electoral, al dar instrucciones a los delegados departamentales, a los registradores distritales especiales, municipales y auxiliares, a través de la Circular 140 de 2011, sobre la aplicación del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, vulneró o no el ordenamiento constitucional y legal que el demandante alega.

5. Cargos a analizar.

La Sala abordará el estudio de los cargos formulados en contra de la Circular 140 de 2011, para lo cual pone de presente que si se demuestra alguno de ellos, se relevará de estudiar los restantes.

En la demanda se expresó que de conformidad con el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo se puede instaurar acción de nulidad contra los actos administrativos “cuando, como en el caso, se infrinjan las normas en que deberían fundarse, hayan sido expedidos por funcionario incompetente , hayan sido expedidos en forma irregular, hayan desconocido el derecho de defensa (debido proceso administrativo del artículo 29 de la Constitución), y hayan sido expedidos con desviación de las atribuciones propias del funcionario que lo profirió”.

Aunque en la demanda, al analizarlos no se discriminaron esos cargos, para efectos de entender las acusaciones, la Sala las agrupa de la siguiente manera:

a. Falta de competencia.

Alega el demandante que el acto fue expedido por funcionario que no tenía competencia para reglamentar dicha materia, pues se trataba de un aspecto que debía regularse a través de ley estatutaria.

Debe entonces la Sala determinar si la Circular 140 de 2011 reglamentó alguna materia y de ser así, si la autoridad que la expidió tenía o no la competencia para ello.

Sobre la facultad reglamentaria, su finalidad y límites, el Consejo de Estado ha señalado que “El reglamento tiene por finalidad desarrollar los preceptos de la ley, desenvolverlos, precisarlos, concretarlos, crear los medios para su ejecución, dictar las medidas para su cumplimiento, sin que al hacerlo pueda modificar en ningún aspecto esa ley”(2).

Como la Ley 1475 de 2011 y específicamente su artículo 28 no establecen un procedimiento ni previó regulación alguna, y teniendo en cuenta que al momento de expedirse (14 de julio de 2011) el trámite de inscripciones de listas para las elecciones que se realizarían el 30 de octubre de 2011 ya se estaba surtiendo, el Gobierno Nacional radicó ante el Consejo de Estado consulta, en la cual, entre otras, formuló la siguiente pregunta:

“¿Las listas de candidatos que a la fecha de entrada en vigencia de la ley por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones, se encuentran inscritas y que no cumplen la proporción de género prevista en el artículo 28 de dicha ley, deben ser reformadas o se rigen por la Ley 130 de 1994?”.

El Consejo de Estado, en Concepto 2064 del 27 de julio de 2011, concluyó lo siguiente:

“En consecuencia, si como ya se señaló, la vigencia de la ley estatutaria analizada no está sujeta a ningún condicionamiento (art. 55) y las reglas de transición normativa indican que “las leyes que … restrinjan derechos amparados por la ley anterior, tienen efecto general inmediato” (art. 18 de la L. 153 de 1887) no se vería por la Sala ninguna razón constitucional de mayor peso para preferir una interpretación que exceptuara el presente debate electoral del porcentaje mínimo de participación femenina establecido por el legislador, el cual, como se dijo, responde a unos fines de especial relevancia constitucional.

Además de que no se sacrifica el derecho de participación, la aplicación inmediata de la norma conforme a las reglas generales señaladas en la primera parte de este concepto tampoco resulta de imposible cumplimientoni implica un esfuerzo desproporcionado para los partidos políticos, en tanto que aún queda plazo suficiente para inscribir listas y reformar las ya presentadas. Por el contrario, su inaplicación al actual debate electoral sin una razón constitucional suficiente aplazaría injustificadamente el compromiso del Estado de hacer efectiva la igualdad de la mujer a través de medidas afirmativas concretas que permitan superar las barreras culturales que limitan su participación efectiva en la vida pública.

(…)

En este sentido, tampoco se podría interpretar que las listas presentadas antes de la vigencia de la ley quedaron por ese sólo hecho exceptuadas de dicho mandato, pues además de que se trata de una norma sustantiva de aplicación inmediata, ello generaría un problema grave de desigualdad, en tanto que crearía una diferenciación injustificada frente a quienes, estando en su derecho, no habían ejercido la facultad de inscripción de listas. Para unos y otros, la situación frente a la ley es la misma y ambos cuentan con plazos de modificación de las listas que hacen posible, sin sacrificio del derecho de participación, el cumplimiento del artículo 28 en cuestión.

Así las cosas, la Sala concluye que las listas inscritas por los partidos y movimientos políticos antes de la entrada en vigencia de la Ley 1475 del 2011, así como las que se inscriban con posterioridad, deben adaptarse a lo dispuesto en su artículo 28 e incluir para las elecciones del 30 de octubre del 2011 el porcentaje mínimo de participación femenina allí exigido” (se resaltó y se subrayó).

Entonces, resultaba imperativo para el Gobierno Nacional a través de las autoridades correspondientes, darle aplicación inmediata al artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, concerniente a que las listas de los partidos políticos para las elecciones que se realizarían en octubre 30 de 2011, debían estar conformadas de tal manera que tuviesen por lo menos el 30% de participación de uno de los géneros.

No importaba para el caso si las listas ya estaban inscritas antes de expedirse la Ley 1475 de 2011 o se inscribieron con posterioridad, pues en aras de proteger el derecho a la igualdad de todos los aspirantes, era no solo necesario sino conveniente, aplicar la normativa en forma inmediata y general, lo cual en criterio de esta Sala no vulneró norma alguna en materia de competencia. En palabras del Consejo de Estado “Para unos y otros, la situación frente a la ley es la misma y ambos cuentan con plazos de modificación de las listas que hacen posible, sin sacrificio del derecho de participación, el cumplimiento del artículo 28 en cuestión”.

Eso fue lo que precisamente hizo la autoridad administrativa electoral a través del registrador delegado en lo electoral: darle cumplimiento al artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, para lo cual expidió la Circular 140 del 15 de septiembre de 2011.

No puede entenderse que a través de la misma se hubiese reglamentado alguna norma, pues lo único que se pretendió con la circular fue aplicar el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, estableciendo fechas para ello y dando simples instrucciones a los registradores a nivel territorial para que se lograra el cometido de la ley.

Con la sola lectura del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 en el aspecto de la disposición a que nos venimos refiriendo, se advierte que no requería de reglamentación para su aplicación, pues contiene una orden imperativa:

“Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta —exceptuando su resultado— deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros”.

La Ley 1475 de 2011 ninguna referencia hizo en relación con el cumplimiento de la denominada “cuota de género”, porque el legislador estatutario no previó que tal norma necesitara reglamentación. Y el acto demandado no constituye reglamentación, sino la ejecución de la norma imperativa, para lo cual la autoridad electoral que lo expidió contó con conceptos previos tanto del Consejo Nacional Electoral como de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que coincidieron en determinar que se trata de una “norma sustantiva de aplicación inmediata”.

En la demanda se insiste que el registrador delegado en lo electoral no tenía, frente al Decreto 1010 de 2000, la función de reglamentar la ley “o de extenderle su contenido”(3).

Revisando el texto de dicho decreto, se tiene que efectivamente el registrador delegado en lo electoral no tiene facultad expresa de reglamentar la ley, pero de las funciones que le asignan a dicha dirección en el artículo 35, se encuentra que algunas de ellas se contraen a lo siguiente:

“ART. 35.—Registraduría delegada en lo electoral. Son funciones de la registraduría delegada en lo electoral:

(…)

2. Programar, dirigir, coordinar, garantizar la implementación y evaluar las actividades que conlleva el desarrollo de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana señalados en la Constitución Política y la ley, con las delegaciones departamentales, registradurías y representaciones diplomáticas de Colombia en el exterior.

3. Proponer, coordinar e implementar las políticas y estrategias orientadas a garantizar el desarrollo óptimo de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana.

(…)

19. Velar porque el desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana se adelanten conforme a las disposiciones legales que rigen la materia”.

Estas disposiciones, si bien no expresan facultad reglamentaria, sí contienen atribuciones de orden operativo y de coordinación para asegurar el desarrollo de los procesos electorales, conforme a las disposiciones legales “que rigen la materia”, y una de las disposiciones que regía para ese momento en materia de inscripciones de listas era precisamente la Ley 1475 de 2011, particularmente los artículos 28 y 31 de la misma.

Así, no era necesario que a la frase “conforme a las disposiciones legales” del numeral 19 del artículo 35 del decreto en cita se agregara la expresión “vigentes”, pues es de entenderse que así debe ser.

Y precisamente fue lo que hizo el registrador delegado en lo electoral a través de la Circular 140 del 15 de septiembre de 2011: asegurar el óptimo desarrollo del proceso electoral a cumplirse con las elecciones del 30 de octubre de 2011, conforme al artículo 28 de la Ley 1475 del 14 de julio de 2011, vigente para entonces.

Por otra parte, la Circular 140 de 2011, antes que modificar las decisiones anteriores relacionadas con el calendario de inscripciones, es un complemento de ellas; y en vez de reglamentar la Ley 1475 de 2011, lo que hizo fue aplicarla.

Prueba de ello es que la Resolución 0871 del 8 de febrero de 2011 del Registrador Nacional del Estado Civil fijó el calendario electoral para las elecciones a realizarse el 30 de octubre de 2011. Con la expedición de la Ley 1475 de 2011, este acto fue modificado por la Resolución 6185 del 27 de julio de 2011, que en lo pertinente dispuso lo siguiente:

FechaSoporteConcepto
El 30 de septiembre de 2011 - viernesArtículo 31 de la Ley 1475 de 2011Vence el plazo para realizar revocatorias de inscripción por causas constitucionales y legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción.
1 mes antes de la elección

 

El artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 que le sirvió de fundamento a esta resolución modificatoria del calendario electoral señala en el inciso segundo que “Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación”.

Una de las “causas legales” para la revocatoria precisamente la creó la misma Ley 1475 de 2011 en el artículo 28, al disponer que en las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular “deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros”.

Entonces lo que hizo la Circular 140 de 2011 fue aclarar que las listas debían “ajustarse” al nuevo ordenamiento jurídico. No se ocupó de reglamentar la ley, como lo adujo el demandante en el único argumento de sus acusaciones.

En efecto, el texto de la Circular 140 de 2011, en el que se destaca en su encabezado y en casi todos los numerales, que la finalidad de la misma es que en aplicación del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 se permita a los diferentes partidos y movimientos políticos “ajustar” las listas a dicha norma, para lo cual se señaló como límite el 30 de septiembre de 2011, fecha esta que coincide con la establecida por la Resolución 6185 del 27 de julio de 2011 para las revocatorias de inscripción por causas legales y constitucionales. Así se destacó en la transcripción de la Circular 140 de 2011 que se hizo atrás.

En esa medida es claro que el registrador delegado en lo electoral en la Circular 140 del 15 de septiembre de 2011 no reglamentó el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, y por lo mismo no puede decirse que actuó sin competencia, por lo que este cargo no está llamado a prosperar.

b. Demás cargos: Infringir las normas en que debía fundarse; vulneración del debido proceso y derecho defensa; expedición irregular y desviación de poder.

En la demanda no se explican estos cargos en forma concreta, clara e individualizada. Se presentan en forma general argumentaciones que aluden en forma dispersa a esas causales. De la lectura e interpretación de la demanda, se tiene que los argumentos que sustentan estos cargos, se expusieron por el demandante, de la siguiente manera:

Que al expedirse la Circular 140 de 2011, se infringieron los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 29, 114, 121, 122, 123, 150 y 209 de la Constitución Política. Aduce que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la Constitución, la ley y el reglamento le señalen como función.

Que según la Sentencia T-746 de la Corte Constitucional, “el debido proceso administrativo se define como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”, lo cual a su vez constituye desarrollo del principio de legalidad (fl. 72). Que dichas afirmaciones “se constituyen en el soporte constitucional que ordena retirar del ordenamiento jurídico las disposiciones previstas por la Circular 140 de 2011, en tanto que su existencia vulnera esas disposiciones, ya que fue expedido discrecionalmente sin soporte jurídico alguno, y en contravención de normas de carácter constitucional, legal y reglamentarias que debía respetar (…)” (fl. 72).

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 163 de 1994, la Resolución 0871 del 8 de febrero de 2011 de la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció el 18 de agosto de 2011 como máxima fecha para la modificación de las listas, la cual no fue modificada por la Ley 1475 de 2011, puesto que esta se expidió luego del inicio de inscripciones.

Que para expedir la circular acusada, el registrador delegado en lo electoral se basó en un concepto del Consejo Nacional Electoral, que carece de efectos vinculantes.

Que además con ese acto se desconoció el derecho a la igualdad de algunos partidos y movimientos políticos, porque le otorgó ventajas a aquellos que en virtud de los plazos fijados habían quedado por fuera de la contienda electoral por no haber ‘ajustado’ a tiempo las listas conforme a la Ley 1475 de 2011.

Prosiguió el demandante de la siguiente forma:

“El Registrador Nacional del Estado Civil, y sus subalternos, deben ejercer sus funciones de conformidad con el ordenamiento jurídico, esto es, dentro del marco taxativo y limitado que la ley y la Constitución establecen.

Así el Registrador Nacional del Estado Civil en aplicación de la Ley 163 de 1994 y de la Ley 1475 de 2011 y de conformidad con sus funciones, fijó el calendario electoral con unos términos perentorios, mediante resoluciones 0871 de 8 de febrero de 2011 y 6185 de 27 de julio de 2011, en ese orden de ideas, el registrador delegado para lo electoral debía respetar ese límite normativo y no extender la interpretación gramatical de la ley, que por cierto es clara, y obviar normas superiores y de obligatorio cumplimiento como las señaladas como vulneradas (…).

Si como autoridades administrativas, su rango de actuación está milimétricamente señalado, se debe observar con atención que la Circular 140 de 2011, invadió las esferas de la división del poder público de una forma irrespetuosa y ostensible.

(…).

De conformidad con los artículos 114 y 150 de la Constitución, es al Congreso al que le corresponde hacer las leyes, así como, y de forma exclusiva, interpretar, reformar o derogarlas. Por ello no me cabe la menor duda, que quien debió definir si el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 era aplicable para la cuota de género, debió ser esa corporación, o en su remplazo el Gobierno Nacional, dadas las facultades reglamentarias que le son propias.

(…).

Cómo es posible entonces que si la competencia para estatuir disposiciones como la que trae el acto enjuiciado no está atribuida al superior jerárquico, el registrador delegado en lo electoral sí la tenga. A eso debe responderse tajantemente, ¡es una irregularidad sustancial! Pues tampoco la tiene, para el efecto puede mirarse que ninguna de las funciones que tiene asignadas, artículo 33 del Código Electoral, y artículo 35 del Decreto 1010 de 2000, prevén función similar.

(…) Por lo que es absurdoque sea regulada por una circular, u (sic) por un funcionario que no tiene siquiera capacidad reglamentaria y mucho menos legislativa.

Menos cuando, según lo dispone el artículo 35 del Decreto 1010 de 2000, el registrador delegado en lo electoral tiene como función: “19. Velar porque el desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana se adelanten conforme a las disposiciones legales que rigen la materia”.

(…) la potestad legislativa radica en el Congreso, y aún la reglamentaria es del Gobierno Nacional, únicos órganos que ante el vació (sic) podían haber resulto (sic) la situación adoptando una decisión, incluso, en caso extremo debió ser el juez natural quien determinase si el rechazó (sic) por incumplir la cuota de género era motivo o no de rechazo de inscripción” (se resaltó y se subrayó).

Además, dentro de los argumentos también señaló como vulnerado el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo por la posible falta de motivación de la Circular demandada, y aludió a la Sentencia SU-250 de 1998 de la Corte Constitucional, que según el demandante estableció que “la necesidad de motivación del acto se encuentra circunscrita a evitar la arbitrariedad de la administración en sus decisiones, arbitrariedad que no puede confundirse con discrecionalidad”. Por último señaló que al “extender el plazo previsto para las causas del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, a una no prevista allí, como lo es permitir adaptar las listas para que cumplan con la cuota de género, implica vulnerar normas de interpretación legal existentes”, como las de los artículos 27 y 31 del Código Civil.

De la referencia y de la transcripción que acaban de hacerse, sobre los argumentos esbozados en la demanda para explicar las causales de nulidad del acto demandado, referidas a la infracción de las normas en que debía fundarse, vulneración del debido proceso y derecho defensa, expedición irregular y desviación de poder, queda evidente que se limitan a una única explicación: la falta de competencia del registrador delegado en lo electoral para expedirlo.

Ello es así, porque en todas las afirmaciones se encuentran presentes, en forma recurrente, disquisiciones del demandante que aluden a que lo dispuesto en el acto demandado, fueron producto de una actuación desplegada por el citado funcionario, para la cual no tenía autorización legal, o competencia, o potestad.

En esa medida, estos cargos, aunque formalmente diferentes a la falta de competencia que ya se analizó en capítulo anterior, en lo sustancial se contienen en ésta, razón por la cual las consideraciones de la Sala frente a la acusación por falta de competencia para reglamentar aspectos inherentes a la inscripción de listas para elecciones por voto popular, se le extienden perfectamente a las otras imputaciones de ilegalidad del acto demandado, referidas, como se dijo, a la infracción de normas en que debía fundarse la Circular 140 de 2011 del registrador delegado, vulneración del debido proceso y del derecho defensa; expedición irregular y desviación de poder.

En efecto, todo se reduce a que según el demandante, en virtud de la expedición de la Ley 1475 del 14 de julio de 2011 no se podía dar “un nuevo plazo” para modificar las listas ya inscritas, con el objeto de que se ajustaran a la previsión del artículo 31 de la citada ley, porque esa decisión implicaba reglamentar la ley, atributo que le era ajeno al funcionario electoral que expidió la Circular 140 de 2011.

Y como ya quedó explicado, la expedición de la citada circular no implicó reglamentación de la Ley 1475 de 2011, sino un instrumento para su ejecución, aplicación que no quedó suspendida o condicionada a reglamentación alguna ni limitada en el tiempo.

Como lo señalara el procurador delegado en el concepto, del texto de la circular que se pide anular, se evidencia que en la misma no se está reglamentando ninguna materia, pues solamente constituye un instrumento de información a los registradores delegados del país, sobre la necesidad de hacer cumplir con el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 respecto de las listas de candidatos a corporaciones públicas.

El demandante, en forma genérica, además señala que la Circular 140 de 2011 desconoce el derecho a la igualdad, porque le permitió a algunos partidos y movimientos políticos adecuar las listas.

Pero en lugar de desconocer esos principios, el acto demandado los garantizó. En tal sentido la circular es concordante y desarrolla los principios de igualdad y equidad de todos los partidos y movimientos políticos, que orientan la Ley 1475 de 2011 y que están definidos en el artículo 1º así:

“ART. 1º—Principios de organización y funcionamiento. Los partidos y movimientos políticos se ajustarán en su organización y funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en las leyes y en sus estatutos.

En desarrollo de estos principios, los partidos y movimientos políticos deberán garantizarlos en sus estatutos. Para tales efectos, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones de contenidos mínimos:

(…)

2. Igualdad. Se entiende por igualdad la exclusión de toda discriminación o privilegio por razones ideológicas, económicas, sociales, de sexo, o de raza, en los procesos de participación en la vida del partido o movimiento.

(…).

4. Equidad e igualdad de género. En virtud del principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política. (…)” (se resaltó).

Estos principios también quedaron incluidos en el Concepto 2064 de 2011 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, cuando en él se afirmó que “(…) tampoco se podría interpretar que las listas presentadas antes de la vigencia de la ley quedaron por ese solo hecho exceptuadas de dicho mandato, pues además de que se trata de una norma sustantiva de aplicación inmediata, ello generaría un problema grave de desigualdad, en tanto que crearía una diferenciación injustificada frente a quienes, estando en su derecho, no habían ejercido la facultad de inscripción de listas. Para unos y otros, la situación frente a la ley es la misma y ambos cuentan con plazos de modificación de las listas que hacen posible, sin sacrificio del derecho de participación, el cumplimiento del artículo 28 en cuestión” (se resaltó).

Precisamente en aras de salvaguardar esos principios y derechos, se expidió la Circular 140 de 2011.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011(4) mediante la cual hizo la revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria, sobre este tema, luego de descartar que se presentara cosa juzgada respecto de lo decidido en la Sentencia C-371 de 2000(5), y de hacer un análisis del propósito de la norma y comparativo en materia de normatividad, concluyó lo siguiente:

“(…)

En suma, la disposición contenida en el aparte final del artículo 28 del proyecto analizado, resulta plenamente ajustada a la Constitución, toda vez que promueve la igualdad sustancial en la participación de las mujeres en la política, estableciendo una medida de carácter remedial, compensador, emancipatorio y corrector a favor de un grupo de personas ubicado en situación sistémica de discriminación; realiza los principios democrático y de equidad de género que rigen la organización de los partidos y movimientos políticos, a la vez que desarrolla los mandatos internacionales y de la Constitución sobre el deber de las autoridades de garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. Se trata además, de una medida que si bien puede limitar algunos de los contenidos de la autonomía de los partidos y movimientos políticos, persigue una finalidad importante, es adecuada y necesaria para alcanzar dicho fin, a la vez que resulta proporcional en sentido estricto”.

Bajo estas consideraciones, que indican que no se demostraron los cargos formulados contra la Circular 140 del 15 de septiembre de 2011 expedida por el registrador delegado en lo electoral, se NEGARÁN las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda propuesta por el señor Johann Wolfgang Patiño Cárdenas contra la Circular 140 del 15 de septiembre de 2011 expedida por el registrador delegado en lo electoral.

2. ARCHIVAR el presente proceso.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Vigente para la época en que se presentó la demanda.

(2) Sección Segunda, sentencia del 30 de junio de 2011, Radicado 2007-00073-00(1423-07), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(3) “Por el cual se establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus dependencias; se define la naturaleza jurídica del fondo social de vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y se dictan otras disposiciones”.

(4) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(5) En cuanto declaró la inexequibilidad del artículo 14 del denominado proyecto de ley de cuotas.