Sentencia 2012-00020 de mayo 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicado: 130012333000-2012-00020-01 (19988)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Proceso: Impuesto sobre la renta año gravable 2007

Demandante: UCI del Caribe S.A.

Demandada: UAE DIAN

Asunto: confirma la decisión apelada

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Conforme con el artículo 125 del CPACA(1), en concordancia con el artículo 243(2) del mismo ordenamiento, este despacho es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del tribunal de declarar no probadas las excepciones previas propuestas por la parte demandada. Recurso que resulta procedente, en virtud de lo señalado en el numeral 6º del artículo 180 del CPACA.

El artículo 180 del CPACA ordena que dentro de la audiencia inicial, el juez o magistrado ponente decida sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.

En este caso, la parte demandada propuso las excepciones previas de indebido agotamiento de la vía gubernativa e indebida acumulación de pretensiones-falta de identidad de las pretensiones. Excepciones que no están llamadas a prosperar, por las siguientes razones:

1. Indebido agotamiento de la vía gubernativa.

1.1. El artículo 161-2 del CPACA señala como requisito de procedibilidad cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, el “haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios”, es decir, en términos del anterior código, haberse agotado la vía gubernativa ante la administración, permitiéndole, de manera previa al proceso judicial, pronunciarse respecto de las pretensiones formuladas por el administrado.

El agotamiento de la vía gubernativa es concebido en dos sentidos:

“(...) a) como una garantía y b) como una obligación. Lo primero porque constituye un instrumento del cual goza el administrado para que las decisiones adoptadas por la administración, a través de un acto administrativo particular que perjudique sus intereses, sean reconsideradas por ella misma sin necesidad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, se busca que la administración pueda enmendar los posibles errores subyacentes en sus propios actos administrativos sin necesidad de acudir a la vía judicial. Con ello se busca garantizar los derechos de los administrados en cumplimiento de los principios de economía, celeridad y eficacia, los cuales orientan las actuaciones administrativas tal como lo ordenan los artículos 209 de la Constitución Política y 3º del Código Contencioso Administrativo”(3).

1.2. En términos generales, la Sala ha sostenido que ante la jurisdicción no pueden plantearse hechos y pretensiones nuevas —diferentes a las invocadas en sede administrativa—, aunque sí mejores o nuevos argumentos y fundamentos de derecho respecto de los planteados en los recursos interpuestos en la vía gubernativa(4). Lo anterior, porque ello implica la violación del debido proceso de la administración.

Es decir, el administrado debe necesariamente expresar en sede administrativa los motivos y fundamentos de su reclamación, lo que no obsta para que en oportunidad posterior, en sede judicial, pueda exponer nuevos o mejores argumentos en aras de obtener la satisfacción de su pretensión, previamente planteada ante la administración.

1.3. En el sub examine, si bien es cierto, en el recurso de reconsideración se solicitó la firmeza de la declaración privada presentada por el contribuyente por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2007, planteando como único argumento la extemporaneidad en la notificación de la liquidación oficial de revisión, también lo es, que en sede judicial se presentaron nuevos y mejores razonamientos para fundamentar la nulidad del acto administrativo cuya legalidad se impugna.

Actuación que es válida y aceptada por esta corporación, ya que en reiteradas oportunidades se ha expuesto la tesis según la cual, no existe ninguna limitación para que ante la jurisdicción puedan aducirse nuevos y mejores argumentos a los expuestos en vía gubernativa como causal de nulidad de los actos administrativos(5), pues el examen de legalidad del acto acusado debe concretarse en los fundamentos de derecho expuestos en la demanda, los que a su turno deben corresponder a cualquiera de las causales de nulidad contempladas en el ordenamiento legal(6).

1.4. En este orden de ideas, se advierte que contrario a lo afirmado por la parte apelante, la demandante observó el requisito de procedibilidad previsto para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la medida en que está mejorando los argumentos respecto de la pretendida nulidad del acto administrativo por medio del cual se modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2007, presentada por el contribuyente.

2. Indebida acumulación de pretensiones-falta de identidad de las pretensiones.

2.1. El artículo 162 del CPACA señala que la demanda deberá contener, entre otros requisitos indispensables, “Lo que se pretenda”, es decir, el petitum, el cual deberá ser expresado con precisión y claridad.

2.2. Tratándose del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ha dicho la doctrina que “deberá pedirse la nulidad del acto administrativo y enunciarse clara y separadamente las condenas o declaraciones que se pretendan como consecuencia de aquella. En otras palabras, el actor, entonces, deberá ser cuidadoso en la formulación del petitum, indicando con toda precisión lo que pretende, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto acusado o del hecho u operación material que causa la demanda”(7).

2.3. Por su parte, el artículo 165 del mismo ordenamiento, prevé que en la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos:

i) Que el juez sea competente para conocer de todas las pretensiones planteadas. Cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de nulidad.

ii) Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

iii) Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.

iv) Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.

2.4. En el caso concreto, la parte apelante afirma que la pretensión formulada por la sociedad demandante en el sentido que “se reliquide” el impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2007, resulta ser ajena al medio de control ejercido en esta oportunidad, toda vez que este no cobija la pretensión de reliquidación formulada, para la cual, existe un procedimiento señalado en el estatuto tributario a través de la corrección de la declaración privada.

2.5. Advierte el despacho que liquidar, conforme con el Diccionario de la Real Academia Española significa “12. Der. Determinar en dinero el importe de una deuda”(8); por lo tanto, el prefijo “re” que entra en la formación de la palabra reliquidar, denota repetición, es decir, volver a liquidar, en este caso, el impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2007, determinado de manera oficial en los actos administrativos demandados.

En consecuencia, la pretensión de reliquidar el impuesto objeto de debate en este proceso no resulta ser ajena a la litis, cosa distinta es que proceda esta pretensión, que se formula de manera subsidiaria, esto es, si no prospera la presentada como principal.

2.6. En este orden de ideas, contrario a lo sostenido por la parte apelante, en el sub júdice no se configura la indebida acumulación de pretensiones.

3. Conclusión.

Teniendo en cuenta: (i) que con la demanda la parte actora está exponiendo nuevos y mejores argumentos en aras de obtener la satisfacción de su pretensión —previamente planteada ante la administración—, de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la UAE, DIAN modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por el año gravable 2007 y (ii) que además de pedirse la nulidad de la liquidación oficial de revisión, se está solicitando la reliquidación del impuesto en discusión, aspecto que no resulta ajeno a la litis planteada en el presente asunto, es claro para el despacho que las excepciones de indebido agotamiento de la vía gubernativa e indebida acumulación de pretensiones por falta de identidad de estas, no tienen vocación de prosperar, lo que conlleva a confirmar la providencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, adoptada en la audiencia inicial celebrada el 23 de enero de 2013, en cuanto declaró no probadas las excepciones de indebido agotamiento de la vía gubernativa e indebida acumulación de pretensiones por falta de identidad de estas, propuestas por la parte demandada.

2. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) “ART. 125.—Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este código serán de la Sala, excepto en los procesos de única instancia (...)”.

(2) “ART. 243.—Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

El que rechace la demanda.

El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

El que ponga fin al proceso.

El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.

(...)”.

(3) Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B, sentencia del 3 de febrero de 2011, radicado 54001-23-31-000-2005-00689-02(0880-10), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(4) Entre otras, véanse las sentencias del 3 de marzo de 2011, radicado 25000-23-24-000-2002-00194-02-16184, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 31 de enero de 2013, radicado 130012331000200600613 01, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(5) Sentencia del 17 de marzo de 2005, radicado 14113, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, citada en la sentencia del 7 de marzo de 2013, radicado 18731, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(6) Sentencias del 6 de mayo de 1994, radicado 5299, C.P. Jaime Abella Zárate y del 26 de abril de 1996, radicado 7424, C.P. Guillermo Chahín Lizcano.

(7) Betancur, Carlos, Derecho procesal administrativo, Ed. Señal Editora Ltda., Medellín, 2013, p. 276.

(8) http://lema.rae.es/drae/?val=reliquidar.