Sentencia 2012-00020 de marzo 7 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Exp. 110010328000201200020-00

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandante: Martha Cecilia Palacios Mena

Demandados: Rector Universidad Tecnológica del Chocó Dr. Eduardo García Vega

Electoral: Única Instancia

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil trece.

La Sala profiere sentencia de única instancia dentro del proceso de la referencia, mediante el cual se demandó la nulidad de la elección de Eduardo Antonio García Vega como Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, período 2012-2015.

I. Demanda(1)

1. Pretensiones.

Con la demanda se solicitó que se declare:

“1. Que es nulo el acto administrativo por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó declaró la elección del magister Eduardo Garcia (sic) VEGA como rector, para el periodo 2012-2015, como consta en el Acta de la reunión celebrada el día 9 de marzo de 2012.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, debe convocarse a una nueva elección del Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó ‘Diego Luis Córdoba’.”

2. Fundamentos de hecho.

Con los hechos de la demanda se afirma que:

1. El 9 de marzo de 2012 se llevó a cabo la elección del Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”.

2. En dicho proceso el Consejo Superior Universitario eligió al señor Eduardo Antonio García Vega como Rector, período 2012-2015.

3. Lo anterior se hizo con Resolución 0004 de 9 de marzo de 2012.

4. Dicha elección es ilegítima porque (i) se reglamentó por un organismo incompetente, (ii) el comité electoral lo presidió una autoridad incompetente, y (iii) el comité electoral que actuó era un organismo incompetente.

3. Normas violadas y concepto de violación.

La demandante, luego de citar lo dispuesto en el artículo 121 Constitucional, señala que el acto acusado es ilegal por las siguientes razones:

En primer lugar, porque con la expedición del Acuerdo 1 de 26 de enero de 2012, que convocó y reglamentó la elección de rector de la universidad, el consejo superior asumió funciones que no le corresponden. Ello, porque según el ordinal 15 del artículo 28 del Acuerdo 00020 de 21 de septiembre de 2011 (estatuto general), ese cuerpo colegiado únicamente puede convocar, pero no reglamentar, función que según el artículo 116 ibídem es propia del comité electoral. Esta situación constituye para la demandante causal de nulidad por incompetencia funcional y desviación de poder, además de violación a lo prescrito en el artículo 6º constitucional.

En segundo lugar, porque el comité electoral que fungió para la elección de rector no estuvo presidido por éste funcionario o su delegado, como lo dispone el ordinal 1º del artículo 105 del Acuerdo 00020 de 21 de septiembre de 2011 (estatuto general), sino que la sesión la presidió el profesor Efraín Moreno Rodríguez, delegado de la Asociación Sindical de Profesiones Universitarios (ASPUCH). Esta situación también transgredió el artículo 7º literal c) del estatuto electoral, porque “ningún miembro [de ese comité] podía representar a más de un estamento”.

Y, en tercer lugar, porque se vulneró lo dispuesto en el artículo 105 del estatuto general debido a que el comité electoral que actuó en la elección de rector no tenía la composición allí establecida. Lo anterior se dio, continúa la demandante, porque el Acuerdo 021 de 21 de septiembre de 2011 no tomó en cuenta que “en el estatuto general se había establecido una estructura para el comité electoral...; porque la norma reglamentaria no puede ir más allá de la norma orgánica.”. Es decir, se configura la causal de nulidad de falta de competencia.

II. Contestación

El apoderado del demandado, a modo de cuestión previa, señala que la demanda inicial pretendía la nulidad de la elección del Rector y de los miembros del Consejo Superior Universitario, pero que frente a lo último ya había operado la caducidad de la acción. Agrega que en la copia de la demanda y sus anexos que se le entregó, no figura el auto inadmisorio de la demanda, pero sí un escrito de corrección de la misma, según el cual únicamente se dirigió contra la elección de Rector y que se prescindió respecto de los miembros del Consejo Superior Universitario, y que pese a ello en el auto admisorio siguen figurando como demandados el “rector y otros”.

En cuanto a los hechos dijo que son ciertos del primero al tercero, y que el cuarto no lo es. Frente a la falta de competencia para proferir el Acuerdo 0001 de 19 de enero de 2012, sostuvo que el mismo se expidió con fundamento en el artículo 116 del Acuerdo 020 de 2011 (estatuto general) y en el artículo 61 y siguientes del Acuerdo 021 de 2011 (estatuto electoral), bajo los criterios de ratione temporis y ratione materiae. Agregó que el Consejo Directivo, en ejercicio de su competencia para convocar a la elección de rector (Ac. 020/11, art. 28.15), optó por incorporar literalmente a la convocatoria el reglamento expedido por el comité electoral. Es decir, que no expidió ningún reglamento.

Frente a la incompetencia del funcionario que presidió el comité electoral, recuerda que según el estatuto general artículo 28.1, el consejo superior tiene la competencia para expedir y modificar sus estatutos y reglamentos, que fue precisamente lo que hizo al expedir el Acuerdo 021 de 21 de septiembre de 2011 (estatuto electoral), que en sus artículos 2º y 3º definió al comité electoral como órgano encargado de la inspección, control y vigilancia de los procesos electorales, y estableció que el representante del Rector debe ser del sector productivo y que el mismo podrá ejercer sus funciones siempre y cuando no aspire a ser reelegido. Como en este caso el demandado se postuló como candidato a rector, no podía presidir el citado comité.

En cuanto al cargo por supuesta violación del artículo 105 del estatuto general, por la estructura orgánica del comité electoral, dijo que allí se especificó que tendría 7 miembros, pero que en el estatuto electoral aparece con 6 integrantes, porque se excluyó al asesor jurídico, quien participaba con voz pero sin voto. Además, que ese órgano sería presidido por el rector o su delegado en el estatuto general, pero que en el estatuto electoral sería el miembro elegido por mayoría, y que en el primer régimen el secretario lo designaría la mayoría de los miembros con derecho a voto, en tanto que en el segundo régimen actuaría como tal el secretario general con voz pero sin voto.

Fijó luego como premisas y antes de analizar el cargo, que (i) el estatuto electoral “está destinado a proveer normas que propenden por la debida aplicación del estatuto general”, que (ii) las normas reglamentarias no pueden exceder las normas reglamentadas, y que (iii) la demanda no cuestiona la legalidad del estatuto electoral.

Posteriormente hace un estudio de legalidad del estatuto electoral y apunta al respecto que: (i) El artículo 105 del estatuto general dice que el comité tendrá 7 miembros, que incluyen al asesor jurídico, pero como el estatuto electoral nada dice al respecto rige en esa parte el estatuto general. Además, ambos estatutos coinciden en tener como integrantes a los representantes de los profesores, del sindicato de personal administrativo, de los estudiantes, de los egresados (con voz y voto), pero el estatuto electoral vino a desarrollar la forma como debían proveerse esos cargos.

Que en lo relativo a la participación del secretario en el comité electoral la norma reglamentaria es contraria al estatuto general, pero la ilegalidad solamente se configuraría en caso de acreditarse que como tal actuó el secretario de la universidad.

Considera que la inasistencia del asesor jurídico y el cambio de secretario “carecen de relevancia funcional y operativa institucional, porque son integrantes del comité que asisten en condición de asesores y respaldo logístico, sin ninguna capacidad de decisión al interior del organismo.”. Agrega que de probarse la participación del secretario de la universidad, la norma que lo habilitó debió inaplicarse para que en su reemplazo actuara uno de los integrantes del comité, elegido por dicho órgano.

El apoderado encuentra que los cargos corresponden a irregularidades insustanciales, sin incidencia en la validez de la elección acusada. Se pregunta en qué pudo afectar la legalidad de ese acto el hecho de que no hubiera participado el asesor jurídico o que como secretario no estuviera el miembro elegido por el comité electoral, si ellos actúan con voz pero sin voto, máxime que el demandado fue elegido por unanimidad.

Por último, señala que el presidente y el secretario del citado comité fueron elegidos por la mayoría de los integrantes, y que los cargos de la demanda se dirigen “contra actos administrativos actualmente vigentes y amparados por la presunción de legalidad”.

III. Alegatos de conclusión

El apoderado de la parte demandada, con escrito que obra de folios 247 a 256, reitera los mismos planteamientos de la contestación de la demanda respecto del primer cargo.

Respecto del segundo cargo observa que el estatuto general y el estatuto electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó, son normas complementarias, pues son expedidas por la misma autoridad que es la competente de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 al regular lo pertinente al consejo superior universitario, y en virtud de la autonomía constitucional y legal otorgada a las instituciones de educación superior. Por ello no puede interpretarse que por el hecho de que el estatuto electoral desarrolle un tema sustancial regulado parcialmente por el estatuto general, se esté superando la facultad reglamentaria, pues se trata de estatutos que reglamentan y complementan una institución al interior de la universidad, normas que no se contraponen sino que sólo se desarrollan entre sí.

Además, reitera que el Acuerdo 0021 de 2011 se encuentra vigente y goza de presunción de legalidad, y si se pretende debatir su presunta ilegalidad no es la acción de nulidad electoral el mecanismo judicial pertinente para tal fin. Por lo demás, reitera los argumentos planteados en la contestación de la demanda sobre la supuesta violación del artículo 105 del estatuto general.

Por su parte, la parte demandante mediante escrito de su apoderado que obra de folios 258 a 261, reiteró los argumentos planteados en la demanda, y alegó la nulidad de la elección del rector por falta de competencia para reglamentar las elecciones por parte del consejo superior, y por falta de competencia de quien presidió el comité electoral, así como el indebido cambio en la estructura orgánica de tal estamento universitario.

IV. Concepto del Ministerio Público

El procurador 7º delegado ante el Consejo de Estado consideró que debe desestimarse la pretensión incoada por la parte actora, y se debe denegar la nulidad de la Resolución 0004 del 9 de marzo de 2012, expedida por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, por medio de la cual se designó al doctor Eduardo Antonio García Vega como Rector de dicha institución para el período 2012-2015.

El agente del Ministerio Público divide el análisis en tres cargos de nulidad del acto de elección del rector: Por falta de competencia del órgano que reglamentó el proceso de elección; porque el proceso electoral no fue presidido por el rector conforme lo señala el artículo 105 del estatuto general de la universidad; y, porque el comité electoral que adelantó el proceso electoral no corresponde al señalado en la precitada disposición.

Respecto del primero, el colaborador fiscal resalta el principio de autonomía universitaria reconocido a las instituciones de educación superior en el artículo 69 de la Constitución y desarrollado por la Ley 30 de 1992, donde se regulan las competencias y facultades del consejo superior universitario. Para explicar tal principio cita apartes de la Sentencia C-829 de 2010 de la Corte Constitucional donde se establece la dimensión, límites y alcances del mismo.

A su vez cita los artículos 28 y 116 del estatuto general de la Universidad Tecnológica del Chocó, para concluir que no le asiste la razón a la demandante respecto a que el Consejo Superior no tiene asignada la facultad de reglamentar el proceso electoral, pues dichas normas lo contemplan. Además, observa que el comité electoral es un órgano creado por el estatuto general y que su actividad no puede ser creadora de normas sino ejecutora de las expedidas por el Consejo Superior con meras calidades reglamentarias acorde a lo dispuesto en el estatuto general.

De acuerdo con ello, señala que en el caso sub examine no se presenta ninguna usurpación de las funciones asignadas por la Ley como se evidencia de los antecedentes probatorios obrantes en el plenario, dado que en virtud del artículo 116 del estatuto general el comité electoral expidió el Acuerdo 0001 de 19 de enero de 2011, por medio del cual reglamentó las elecciones del rector para el período 2012-2015, y que el Consejo Superior en cumplimiento de su potestad para convocar elecciones de rector de la institución expidió el Acuerdo 0001 del 26 de enero de 2011, en el cual no se estableció una nueva reglamentación del proceso electoral, sino que reiteró las disposiciones del reglamento expedido por el comité electoral, y por ello concluye que no hay lugar a declarar la nulidad del acto demandado con fundamento en este primer cargo.

En cuanto al segundo cargo, señala el agente fiscal que del acervo probatorio se puede constatar que el rector no fue la persona que presidió el proceso electoral lo cual prima facie evidenciaría una discordancia con lo dispuesto en el estatuto general; empero, observa que de ese hecho no se puede concluir que el proceso electoral se adelantó sin atender a la persona que debía presidirlo ni desconociendo normas del estatuto general, pues acorde con su artículo 28 se establece la facultad de expedir y modificar los estatutos y reglamentos internos por parte del Consejo Superior, quien expidió el Acuerdo 0021 de 2011, que tiene la misma fuerza jurídica que el Acuerdo 0020 de 2011, y lo que hace es regular específicamente el proceso electoral interno desarrollando y modificando normas del estatuto general.

Con base en tal consideración, la vista fiscal estima que debe acogerse el planteamiento realizado por la parte demandada, según el cual la norma aplicable es el artículo 3º del Acuerdo 21 de 2011, en virtud de la discurrida facultad otorgada por el artículo 28 del estatuto general al Consejo Superior, por lo cual concluye que lo establecido en el estatuto electoral se encuentra dentro de la competencia del Consejo Superior Universitario y no es contrario a los estatutos; por el contrario, es una disposición modificatoria de los mismos que además goza de presunción de legalidad y mientras no sea suspendido o anulado por vía jurisdiccional debe ser aplicado, por lo cual el cargo no está llamado a prosperar.

Finalmente, en lo tocante al tercer cargo el agente del Ministerio Público se abstiene de hacer alguna consideración por cuanto entiende que los argumentos expresados para el segundo cargo se aplican mutatis mutandis para éste.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer de la presente demanda de nulidad electoral en única instancia, está fijada por lo dispuesto en el artículo 128 numeral 2º del Código Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto 597 de 1988 artículo 2º, y por la Ley 446 de 1998 artículo 36, en armonía con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 58 de septiembre 15 de 1999 —Reglamento Consejo de Estado—, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003, expedidos por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. De la Prueba del acto de elección acusado.

La elección del señor Eduardo García Vega, como Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, para el período institucional 2012-2015, se acreditó con copia auténtica de la Resolución 0004 del 9 de marzo de 2012(2), expedida por el Consejo Superior de esa institución educativa.

3. Pruebas relevantes.

1. Copia auténtica del Acuerdo 0020 del 21 de septiembre de 2011(3), expedido por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó, por medio del cual se establece el Estatuto General de la Universidad.

2. Copia auténtica del Acuerdo 0021 del 21 de septiembre de 2011(4), expedido por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó, por medio del cual se establece el Estatuto Electoral de la Universidad.

3. Copia auténtica del Acuerdo 0001 del 19 de enero de 2012(5), expedido por el comité electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó, por medio del cual se reglamenta la elección del Rector de la Universidad para el período 2012-2015.

4. Copia auténtica del Acuerdo 0001 del 26 de enero de 2012(6), expedido por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó, por medio del cual se convoca y reglamenta la designación del rector de la universidad para el período 2012-2015.

5. Copia auténtica del acta de 2 de marzo de 2012(7), expedida por el Comité Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó, por medio de la cual se constata la presencia de los miembros competentes que conforman tal estamento universitario durante las elecciones institucionales del rector para el período 2012-2015.

6. Copia auténtica del acta de escrutinios generales de las elecciones para el cargo de rector de 9 de marzo de 2012(8), expedida por el comité electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó, por medio de la cual se constata la elección del señor Eduardo Antonio García Vega como rector para el período 2012-2015.

4. Cuestión previa.

El apoderado del demandado, en la contestación, cuestiona el hecho de que con los anexos de la demanda no se le entregó copia del auto de 14 de mayo de 2012, mediante el cual se rechazó la demanda en cuanto a la pretensión de nulidad de la elección de los integrantes del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó, y se inadmitió frente a la petición de nulidad de la elección de Eduardo Antonio García Vega como rector; además, le resulta extraño que, pese a ello, al admitirse la demanda con auto de 29 de mayo de 2012 se dijera en su parte resolutiva que el proceso se dirigía contra el rector “y otros”, cuando únicamente se admitió contra ese funcionario.

Pese a que lo último es cierto, porque impropiamente se dijo en el auto admisorio que la demanda se admitía contra el rector “y otros”, observa la Sala que esa imprecisión no afecta en nada el derecho a la defensa del demandado, ni se constituye en vulneración al debido proceso, y menos aún impide que se emita sentencia de mérito, pues se trató simplemente de un lapsus calami, sin relevancia procesal.

Y, sobre la omisión que pone de presente el mismo apoderado, atinente a que con los anexos de la demanda no le fue entregada copia del auto inadmisorio de la demanda de fecha 14 de mayo de 2012, advierte la Sala que esa circunstancia, en caso de ser cierta, no configura ninguna causal de nulidad, y que actualmente es inane, pues a la luz de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989 artículo 1º numeral 80, “Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece”.

5. Asunto de fondo.

Observa la Sala que la parte actora pone en duda la presunción de legalidad de la elección del señor Eduardo García Vega, como Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, período 2012-2015, con fundamento en tres imputaciones: i) Falta de competencia del Consejo Superior Universitario para expedir el Acuerdo 001 de 26 de enero de 2012 “Por medio del cual se convoca y se reglamenta la designación de Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó ‘Diego Luis Córdoba’, para el período comprendido entre el 16 de marzo de 2012 y el 16 de marzo de 2015”, ii) Falta de competencia del funcionario que presidió el comité electoral; y, iii) Falta de competencia del comité electoral por indebida conformación.

El estudio de los anteriores planteamientos se hará en orden de formulación.

4.1. Falta de competencia del Consejo Superior Universitario para expedir el Acuerdo 001 de 26 de enero de 2012.

La parte actora funda la pretensión de nulidad del acto acusado en la violación de los artículos 121 de la Constitución y 28 ordinal 15 y 116 del estatuto general de la universidad (Ac. 020 de Sep. 21/11), porque en la expedición del Acuerdo 0001 del 26 de enero de 2012, que convocó y reglamentó la designación del rector período 2012-2015 por parte del Consejo Superior Universitario, no se tomó en cuenta que si bien dicho consejo tiene facultad para convocar la elección de ese dignatario, carece de competencia para reglamentar dicho proceso, como en efecto lo hizo, atribución que corresponde al Comité Electoral.

La competencia es un elemento esencial para que las autoridades públicas puedan asumir decisiones o adelantar acciones oficiales. Así lo establece el principio de legalidad que, entre otras disposiciones, tiene asiento en la Constitución en los artículos 121, 122 y 123, que someramente enseñan que los servidores públicos únicamente pueden hacer lo que les autorizan la Constitución, la ley o los reglamentos, es decir, que funcionalmente no cuentan con discrecionalidad y que incluso la extralimitación en el ejercicio de las que le fueron legalmente atribuidas apareja responsabilidades para el respectivo infractor.

Una de las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico para los actos administrativos proferidos por fuera del marco funcional o competencial asignado al empleo del respectivo servidor público, es la invalidez o nulidad de lo actuado. Así lo determina el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, al señalar que la nulidad de los actos administrativos procede “...cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes,...”, medida que propugna, además, por la preservación del Estado de Derecho, como uno de los mayores logros de la humanidad frente a la arbitrariedad de los gobernantes.

La nulidad, en este caso, está sujeta a que la demandante demuestre que en efecto el Consejo Superior Universitario, al expedir el Acuerdo 001 de 26 de enero de 2012, se atribuyó una función ajena, que desde su óptica correspondía al Comité Electoral. Para ello es menester precisar si dicho acto, que en su artículo 1º hizo la convocatoria para la elección de rector y contra lo cual no se esgrime ningún reparo, asumió la capacidad reglamentaria asignada al Comité Electoral.

Las normas que la demandante considera infringidas hacen parte del Acuerdo 0020 de 21 de septiembre de 2011 “Por el cual se expide el estatuto general de [la] Universidad Tecnológica del Chocó ‘Diego Luis Córdoba’”, expedido por el Consejo Superior de ese claustro universitario, y corresponden al artículo 28 numeral 15 que le atribuye al Consejo Superior la función de “convocar a elecciones para designar al rector conforme lo previsto en el estatuto general”, y el artículo 116 que expresa:

“Corresponde al comité electoral reglamentar todo lo relacionado con las convocatorias, realización de elecciones y demás procesos electorales a desarrollarse en la sede principal de la universidad y en aquellos lugares donde la institución brinde ofertas académicas conforme lo determine el Consejo Electoral”.

La accionante afirma que estas normas no fueron acatadas con la expedición del Acuerdo 001 de 26 de enero de 2012, porque allí el Consejo Superior expidió el reglamento que habría de regir lo concerniente a la elección del rector de la universidad.

La Sala no comparte el punto de vista de la demandante y por el contrario observa que esa actuación se cumplió conforme a las propias disposiciones de la universidad, por el órgano facultado para ello.

En efecto, el Acuerdo 0021 de 21 de septiembre de 2011 “Por el cual se expide el estatuto electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó”, dictado por el consejo superior de esa universidad, dice en lo pertinente:

“ART. 62.—Convocatoria pública. El Consejo Superior dispondrá la convocatoria pública, a través del secretario general, de los aspirantes a rector de la universidad, mediante aviso en un diario de amplia circulación nacional, local, cartelera al interior de la institución, y página web de la universidad, en la que se indicarán los requisitos que deberán cumplir los candidatos para ser elegibles, plazo y lugar de inscripción, según lo previsto en el presente acuerdo.

PAR.—El Consejo Superior establecerá mediante acuerdo el cronograma para el desarrollo de la designación del rector de la universidad”.

“ART. 63.—Del procedimiento para la inscripción. La inscripción de los candidatos para la rectoría, se llevará a cabo en las fechas y horas indicadas en el cronograma adoptado por el Consejo Superior universitario. Los aspirantes a rector deberán inscribirse en forma personal ante la secretaría general de la institución, dentro de los plazos estipulados para tal fin. (...)” (La Sala impone destacado).

Según las anteriores disposiciones, el Consejo Superior Universitario está legalmente habilitado para proferir el cronograma mediante el cual se realizaría el proceso de elección del rector, que fue lo que en últimas hizo ese cuerpo colegiado al proferir el Acuerdo 001 de 26 de enero de 2012.

Efectivamente, los artículos 2º al 12º del Acuerdo 001(9) en mención no hacen cosa distinta de proveer el cronograma para el mencionado proceso de elección y pese a que algunas disposiciones tienen carácter sustancial, ello no cambia la naturaleza jurídica del acto. Es cierto que el artículo 2º señala los requisitos para ocupar el cargo de rector, pero lo hace con reproducción casi literal de los mismos requisitos establecidos en el artículo 43 del estatuto general de la universidad. Los otros artículos no hacen más que desarrollar los diferentes pasos fijados para el procedimiento de elección de rector en los artículos 61, 62, 63 y 64 del Acuerdo 0021 de 21 de septiembre de 2011 ó estatuto electoral de la universidad, tales como la publicación de la convocatoria, fecha de presentación de hojas de vida, revisión de la documentación de los aspirantes, fecha de elección, y en fin, para que no quede duda, en el artículo 12 se presenta en una tabla el calendario electoral.

Entonces, no es cierto que el consejo superior de la universidad haya obrado sin competencia al expedir el Acuerdo 001 de 26 de enero de 2012, puesto que su obrar estuvo ajustado al estatuto electoral de la universidad, que es una norma que goza de presunción de legalidad y que no ha sido suspendida ni anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

De otro lado, en caso de calificarse el Acuerdo 001 de 26 de enero de 2012, como un reglamento y por lo mismo como un acto de carácter general, diría la Sala que el fracaso de la demanda sería igualmente inevitable, en atención a que jurisprudencialmente ha sostenido esta sección que en el contencioso de nulidad electoral no es jurídicamente viable juzgar junto al acto electoral otros actos de contenido electoral, puesto que esa posibilidad no solo desconoce lo dispuesto en el artículo 229(10) del Código Contencioso Administrativo, sino que también contradice la 3ª regla de la acumulación de pretensiones establecida en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989 artículo 1º numeral 34, según la cual la acumulación es procedente en la medida “Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento”.

Porque la posibilidad de juzgar conjuntamente el acto de elección y un acto de carácter general, como es un reglamento, no puede ocurrir bajo una misma cuerda procesal pues el acto electoral se enjuicia por el procedimiento especial consagrado para el contencioso de nulidad electoral, mientras que el acto de contenido electoral se encausa por la senda del proceso ordinario.

La improcedencia del juzgamiento simultáneo de actos electorales y actos de contenido electoral ha sido tratado por la jurisprudencia de la sección en los siguientes términos:

“Tras haber demostrado que el proceso electoral sólo tiene por objeto juzgar la legalidad de actos de elección o de nombramiento, y que por ende ese escenario excluye abiertamente la posibilidad de enjuiciar la legalidad de actos de contenido electoral, como el caso de los actos generales proferidos para regular procesos de selección, bien puede colegirse por la Sala que en la labor de examinar la legalidad de un acto de nombramiento no resulta procedente estudiar eventuales razones de ilegalidad alegadas respecto de un acto general que haya servido de fundamento a su expedición, debido a que tal hipótesis llevaría a incluir en el objeto del proceso especial electoral materias que son propias del proceso ordinario de nulidad simple, con claro detrimento para el debido proceso, como ya ha tenido oportunidad de decirlo esta sección:

(Negrillas de la Sala).

“Siguiendo las directrices sentadas por el legislador extraordinario en las normas anteriores, es claro que el objeto de estudio en las demandas electorales es único, referido en lo que a elecciones respecta, a ‘unas mismas elecciones’ o al ‘acto por medio del cual la elección se declara’. Por lo mismo, la labor de auscultar la legalidad de los actos electorales, propia de esta jurisdicción, no puede ir más allá de confrontar el acto acusado frente a las normas jurídicas señaladas por el accionante, es decir que no se puede llevar al extremo de evaluar la presunción de legalidad de otros actos administrativos, bien sean de contenido particular o general, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de esta sección al sostener:

‘Frente a lo último observa la Sala que la posición asumida por el tribunal a-quo y compartida por la colaboradora fiscal de esta sección, atinente a que dentro del proceso electoral no se puede juzgar la validez del registro civil de nacimiento, es acertada, debido a que el objeto de la acción electoral se restringe a juzgar la legalidad del acto administrativo por medio del cual se declara una elección o se hace un nombramiento’(11) (Negrillas de la Sala).

La garantía constitucional del debido proceso resultaría afectada con la posibilidad de enjuiciar junto a un acto electoral, otro de contenido electoral, debido a que por tener el proceso electoral como legítimo contradictor al nombrado o elegido (CCA., art. 233 num. 3º), la entidad que profirió el acto de carácter general, que por cierto tendría la calidad de demandada (art. 207 num. 3º Ib.), carecería de oportunidad procesal para asistir en defensa del mismo”(12).

Las razones esgrimidas en precedencia son suficientes para fundamentar la improsperidad del cargo.

4.2. Falta de competencia del funcionario que presidió el comité electoral y del comité electoral por indebida conformación.

La Sala ha decidido trabajar conjuntamente estos cargos por su afinidad temática y jurídica, puesto que la demandante encuentra que la ilegalidad del acto de elección del rector de la Universidad Tecnológica del Chocó se produjo por violación de lo dispuesto en el artículo 105 del estatuto general, dado que el comité electoral estuvo presidido por funcionario incompetente e integrado por personas diferentes a las legalmente establecidas.

La norma que sustenta la acusación corresponde al artículo 105 del Acuerdo 0020 de 21 de septiembre de 2011 “Por el cual se expide el estatuto general de [la] Universidad Tecnológica del Chocó ‘Diego Luis Córdoba’”, dictado por el Consejo Superior, que dice:

“ART. 105.—Comité Electoral. Para garantizar la participación democrática de toda la comunidad universitaria en la vida institucional de la misma, ésta contará con un comité electoral integrado de la siguiente manera:

1. El rector o su delegado, quien lo presidirá.

2. Un delegado de la asociación sindical de profesores universitarios del Chocó Aspuch.

3. Un delegado de la Federación de Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó. Fedeutch.

4. Un Delegado de la organización sindical del personal administrativo de la universidad. Sintraunicol.

5. El asesor jurídico de la Universidad Tecnológica del Chocó, con voz pero sin voto.

6. Las funciones de secretario del Consejo Electoral, las ejercerá el miembro designado por la mayoría absoluta, de los integrantes que conforman la corporación.

7. Un representante de los egresados”.

No obstante lo anterior, observa la Sala que la misma materia fue regulada mediante Acuerdo 021 de 21 de septiembre de 2011 “Por el cual se expide el estatuto electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó”, proferido por el Consejo Superior, pero en forma diferente, ya que la composición del comité electoral quedó en estos términos:

“ART. 3º—El comité electoral universitario tendrá carácter permanente y estará integrado por:

1. Un delegado del personal administrativo, designado por el sindicato de trabajadores y empleados administrativos.

2. Un representante del sector administrativo designado por el rector quien ejercerá sus funciones solo cuando quien oficie como rector en propiedad no haya formalizado su aspiración por la reelección en el cargo.

3. Un representante de los docentes, elegido por ellos, por votación universal, nominal y secreta.

4. El secretario general de la Universidad Tecnológica del Chocó ‘Diego Luis Córdoba’, o quien haga sus veces, con voz pero sin voto.

5. Un representante de los estudiantes, elegidos (sic) por ellos por votación universal, nominal y secreta (sic).

6. Un representante de los egresados, elegido por ellos por votación universal nominal y secreta (sic).

PAR. 1º—Presidirá el Consejo Electoral el miembro que para cada sesión sea designado por la mayoría simple de sus integrantes con derecho a voto.

PAR. 2º—El papel del rector en el proceso electoral es proporcionar todas las herramientas que permitan al comité electoral el cumplimiento de sus funciones, por ser la primera autoridad administrativa y ejecutiva de la universidad”(13).

El Acuerdo 021 de 21 de septiembre de 2011 es un acto administrativo que se presume legal y que no se probó en el proceso que hubiera sido suspendido o anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Además, con relación al Acuerdo 020 de 21 de septiembre de 2011 ó estatuto general de la universidad, corresponde a un acto con prevalencia jurídica, tanto porque se trata de un acto posterior como así lo indica el consecutivo (lex posteriori derogat priori), como porque alude a una norma especial que prevalece sobre la general.

Además, no es de recibo el planteamiento realizado por el apoderado de la defensa, para quien coexisten las normas relativas al comité electoral en el estatuto general (Ac. 020 Sept. 11/11) y en el estatuto electoral (Ac. 021 de Sept. 11/11), y que por ello se complementan, dado que según lo previsto en el artículo 71 del Código Civil(14), las disposiciones del primero se entienden tácitamente derogadas por las normas del segundo, ya que las mismas son irreconciliables, no solo porque la presidencia del comité quedó radicada en autoridades distintas, sino también porque la composición de ese Comité no es la misma en uno y otro estatuto.

El Acuerdo 021 de 11 de septiembre de 2011 ó estatuto electoral, que es posterior y especial frente al estatuto general o Acuerdo 020 de la misma fecha, fue expedido por el Consejo Superior en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias. Recuérdese que de acuerdo con lo prescrito en los literales d) y g) del artículo 65 de la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”, el Consejo Superior Universitario tiene competencia para expedir y modificar sus estatutos y reglamentos, lo cual impide restarle eficacia jurídica a las normas del estatuto electoral frente a las disposiciones afines del estatuto general, e incluso pensar en la eventual inaplicación del primero.

En ese orden de ideas, no se configura la nulidad del acto de elección por el hecho de que el comité electoral que actuó frente al proceso de elección acusada, y que se reunió el 2 de marzo de 2012(15), no hubiera sido presidido por el rector o su delegado, como lo indicaba el numeral 1º del artículo 105 del estatuto general, puesto que según el parágrafo 1º del artículo 3º del Acuerdo 021 de 21 de septiembre de 2011 —norma aplicable a ese proceso de elección—, como presidente actuaría el miembro que en la respectiva sesión fuera designado por la mayoría simple de los integrantes con derecho a voto, función que en el sub lite recayó en el señor Efraín Moreno Rodríguez (representante de los profesores), quien fue designado por unanimidad.

Y, tampoco se abre paso la nulidad por el hecho de que la composición del comité electoral no hubiera sido la que preveía el artículo 105 del Acuerdo 0020 de 21 de septiembre de 2011, pues como lo precisó la Sala, la conformación de ese órgano fue modificada con el artículo 3º del Acuerdo 021 de 21 de septiembre de 2011.

Así las cosas, advierte la Sala que la parte demandante cuestiona la legalidad de la elección del señor Eduardo García Vega como Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, apoyada en disposiciones ajenas al contexto jurídico que gobierna tanto el acto acusado como la conformación y actuación del Comité Electoral, lo cual conlleva a tener por imprósperos los cargos que se trabajaron conjuntamente.

5. Conclusiones.

En primer lugar, respecto del primer cargo, alusivo a la falta de competencia del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” para reglamentar el proceso de elección del rector, estableció la sala que no era de recibo porque esa corporación obró con fundamento en atribuciones previstas en sus propios estatutos; además, porque señaló que en caso de considerar el Acuerdo 001 de 26 de enero de 2012 como un reglamento o acto general, no sería viable juzgar su legalidad en éste proceso electoral, que tan solo se puede ocupar de enjuiciar el acto de elección, pero no actos generales o actos de contenido electoral.

Y, en segundo lugar, en torno a los cargos de falta de competencia del funcionario que presidió el comité electoral y por indebida conformación del mismo, la Sala estableció que su improcedencia estaba dada por el hecho de que la parte actora fundó su acusación en normas que no regían la actuación censurada, específicamente porque lo regulado en el Acuerdo 021 de 21 de septiembre de 2011 (norma especial), prima sobre lo dispuesto en el Acuerdo 020 de la misma fecha (norma general), con base en la cual edificó los cargos de ilegalidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por Martha Cecilia Palacios Mena contra la elección de Eduardo García Vega como Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, período 2012-2015.

2. En firme esta providencia, archívese el expediente dejando las anotaciones pertinentes.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese

Magistrados: Susana Buitrago Valencia—Mauricio Torres Cuervo Alberto Yepes Barreiro

(1) La síntesis de este capítulo se hace con fundamento en el escrito de corrección radicado el 23 de mayo de 2012 (Fls. 142 a 146).

(2) Folio 107.

(3) Folios 13 al 63.

(4) Folios 64 al 90.

(5) Folios 174 al 177

(6) Folios 103 al 106.

(7) Folios 182 al 183.

(8) Folio 200.

(9) No se cita el artículo 1º, que trata de la convocatoria a elección del rector, porque la demandante se mostró conforme con el mismo.

(10) La norma en cuestión señala: “Para obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá demandarse precisamente el acto por medio del cual la elección se declara, y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a éstos”.

(11) Sentencia del 2 de octubre de 2008. Expediente: 070012331000200700086-02. Actor: César Augusto Latorre Parales. Demandado: Concejal de Arauca. Esta tesis ha sido empleada por la sección para negar la posibilidad de juzgar concomitantemente la legalidad de contratos que sirven de soporte a causales de inhabilidad, tal como se precisó en sentencia del 9 de noviembre de 2001, dictada en el Expediente 17001-23-31-000-2000-2500-02 (2700), Actor: Jovanny de Jesús Bedoya Marín, Demandado: Alcalde del Municipio de Marmato, donde se adujo: “Pero, se advierte, la intervención en la celebración de contratos o su celebración genera la inhabilidad que se examina, aun cuando no se satisfagan los requisitos que le son propios; lo contrario sería suponer que sólo cuando se celebran contratos ajustados a la ley tiene lugar la inhabilidad, pero no cuando el contrato se celebra, de hecho, de manera irregular. Además, en procesos en que se juzga la validez de actos de elección y nombramiento, como es el caso, no puede juzgarse la de los contratos de que podrían resultar inhabilidades”.

(12) Sentencia de 7 de marzo de 2011. Expediente: 110010328000201000006-00. Actor: Herman Gustavo Garrido Prada. Demandado: Rector Universidad Popular del Cesar.

(13) Los acuerdos que se acaban de mencionar, esto es el estatuto general y el estatuto electoral, aparecen publicados en el Diario Oficial Nº 48.222 de 14 de octubre de 2011, que obra de folios 116 y ss.

(14) Esta norma jurídica enseña: “Artículo 71. Clases de derogación. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial”.

(15) Folios 182 y 183.