Sentencia 2012-00022 de marzo 21 de 2013

 

Sentencia 2012-00022 de marzo 21 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Ref.: Expediente 11001-03-25-000-2012-00022-00

Número interno: 0083-2012

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Autoridades nacionales

Actor: Eliécer Yepes Sánchez

Bogotá, D.C., veintiuno de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Para desatar el litigio, la Sala procederá a establecer el problema jurídico, determinará los actos demandados así como lo probado en el proceso, se pronunciará sobre las excepciones de fondo elevadas por la entidad demandada y de no prosperar estas; abordará el conocimiento de los cargos presentados por el demandante.

2.1. El problema jurídico.

Se trata de establecer si los fallos disciplinarios de 6 de junio de 2010 y de 10 de septiembre del mismo año, proferidos en Primera y Segunda Instancia respectivamente, por el jefe de la oficina de control disciplinario interno Mecal y el inspector delegado de la región de policía número cuatro (4), que impusieron al demandante sanción de suspensión e inhabilidad general para desempeñar cargos y funciones públicas por el término de seis (6) meses, son nulos por los cargos presentados en el libeló.

2.2. Los actos demandados.

a) Fallo sancionatorio de primera instancia de 6 de junio de 2010, proferido por el jefe de la oficina de control disciplinario interno Mecal, que impuso al señor Eliécer Yepes Sánchez sanción de suspensión e inhabilidad general para desempeñar cargos y funciones públicas por el término de seis (6) meses.

b) Fallo sancionatorio de segunda instancia de 10 de septiembre de 2010, proferido por el inspector delegado de la región de Policía número cuatro (4), que confirmó la sanción disciplinaria antes mencionada.

2.3. Lo probado en el proceso.

23.1. Por oficio 551 COMAN E-25 de 7 de noviembre de 2008, proferido por el teniente Julián Artunduaga Abril - comandante de la Estación de la Policía de Yumbo, informó al mayor Haidiber Restrepo Ríos - comandante (e) quinto del Distrito de Policía de Yumbo, que ese día la patrulla de la Estación de Vijes, inmovilizó dos (2) tracto mulas desde el medió día y después de 5 horas no habían realizado el procedimiento respectivo ni informado de tales actuaciones (fl. 79).

2.3.2. Por medio de anotación de 7 de noviembre de 2008 a las 20:50 el subcomandante del grupo operativo Polfa(9)-Cali, informó que se trasladó a la entrada del municipio de Vijes teniendo en cuenta la solicitud radial realizada por la Central del Departamento de Policía del Valle, para verificar la documentación de dos (2) tracto mulas que habían sido inmovilizadas, y al llegar al lugar, el subintendente Quinceno Zúñiga y el Patrullero Yepes Eliecer tenían detenidos dichos vehículos. Frente a esta situación dio la orden de dejarlos transitar porque no había irregularidad en los documentos y la mercancía no se podía revisar ya que los contenedores iban precintados, por lo tanto estos continuaron su recorrido (fl. 149).

2.3.3. Mediante auto P-MECAL-2009-107 de 5 de marzo de 2009 expedido por la oficina de control disciplinario interno Mecal, se ordenó iniciar indagación preliminar en contra del actor, por las irregularidades informadas en el oficio 551 COMAN E-25 de 7 de noviembre de 2008 relacionados con la detención de los tracto mulas y la omisión de informar al comando tales hechos (fl. 89).

2.3.4. A través de oficio 450 CODIN MECAL de 18 de abril de 2009, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, transcribió comunicación radial de 7 de noviembre de 2008, en la cual se señalan las irregularidades cometidas por la patrulla de Vijes y la inmovilización de dos (2) tractomulas (fl. 151)

2.3.5. Por auto de 4 de septiembre de 2009 proferido por la oficina de control disciplinario interno, se ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra del demandante por la omisión en la información de los hechos relacionados con la detención de las tractomulas (fl. 107).

2.3.6. Mediante auto de 15 de abril de 2010 emitido por la oficina de control disciplinario interno Mecal se formuló pliego de cargos contra el actos, por haber incurrido en la falta tipificada en el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006(10), la cual fue calificada como grave. Esta providencia fue notificada al demandante el 27 de abril de 2010.

2.3.7. Por medio de oficio de 11 de mayo de 2010, el demandante presentó descargos, alegando que no incurrió en la falta imputada, ya que informó sobre los sucesos al comandante Loboa Arabali Romil y solicitó la práctica de pruebas(11) (fl. 179).

2.3.8. A través de auto de 19 de mayo de 2010 proferido por la oficina de control disciplinario interno Mecal, se decretó y ordenó practicar las pruebas solicitadas por el demandante en el oficio de descargos (fl. 228, cdno. ppal.).

2.3.9. Mediante fallo de primera instancia proferido el junio de 2010 por el jefe de la oficina de control disciplinario interno Mecal, se impuso al demandante sanción de suspensión e inhabilidad para desempeñar cargos y funciones públicas por el término de seis (6) meses, dado que de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, fue hallado responsable de omitir información a sus superiores respecto de los hechos relacionados con la inmovilización de las tractomulas(12). Esta decisión fue notificada al actor el 13 del mismo mes y año (fls. 2 y 248).

2.3.10. Por oficio de 16 de julio de 2010, el demandante interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia, argumentando que esa decisión se sustentaba en la prueba de transliteración de 18 de abril de 2009 y no se tuvieron en cuenta las pruebas que había presentado (fl. 250).

2.3.11. A través de fallo de segunda instancia de 10 de septiembre de 2010, proferido por el inspector delegado de la región de Policía.

Número cuatro (4), se desató el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el fallo de primera instancia confirmándolo en su totalidad, dado que, no le asiste razón al recurrente cuando alega que la prueba de transliteración es irregular y ella es el sustento del pliego de cargos, pues aunque esta no existiera, de acuerdo con el acervo probatorio recopilado durante el proceso se demostró que el disciplinado incurrió en la falta endilgada. Esta decisión le fue notificada el 29 del mismo mes y año (fls. 24 y 272).

2 3.12. Mediante Resolución 3537 de 3 noviembre de 2010 expedida por la Dirección General de la Policía Nacional, se ejecutó la sanción impuesta al demandante (fl. 37).

III. Análisis de la Sala

La Sala a continuación procede a revisar el mérito de las excepciones presentadas por la entidad demandada, y en el evento de no prosperar abordará el conocimiento de los cargos de anulación.

3.1. Sobre las excepciones.

La excepción de “improcedencia de una tercera instancia”, en la cual se argumenta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no puede dirimir controversias relacionadas con sanciones disciplinarias, por cuanto, al actor se le garantizó el debido proceso en el trámite disciplinario, llevan la discusión al problema jurídico principal que exige al juzgador determinar si los cargos planteados por el demandante pretenden una revisión adicional de las pruebas y argumentos ventilados en el trámite administrativo o por el contrario expresan verdaderos defectos sustanciales o procedimentales ocurridos en el proceso disciplinario, siendo necesario el estudio de los argumentos de la acusación presentados en la demanda.

En este orden de ideas, la referida excepción de fondo, no fue estructurada Como un verdadero medio de defensa procesal que permita enervar las pretensiones de la demanda sin tener que entrar al estudio de los cargos, sino que deben tornarse como parte del razonamiento de la defensa al analizar los argumentos del demandante, es decir, al momento de resolver el problema jurídico.

Lo anterior no quiere decir que la Sala desechará u omitirá el estudio de los razonamientos expuestos por la entidad demandada en esta excepción, sino que por las razones indicadas, serán objeto de estudio al resolver los cargos planteados por el demandante.

Por otra parte, carece de sustento jurídico la excepción de cosa juzgada, según la cual, ante la finalización de las instancias del proceso administrativo disciplinario la decisión sancionatoria es inmutable al punto de impedir su revisión por el juez contencioso administrativo.

Lo anterior dado que la facultad disciplinaria ejercida por la entidad demandada es de naturaleza administrativa, y en ese sentido, las decisiones que con base en ella se expidan tienen el carácter de actos administrativos, los cuales, en atención a los artículos 82 y 83 del Código Contencioso Administrativo(13) —aplicable al asunto debatido— están bajo la órbita de juzgamiento de esta jurisdicción.

Respecto de la denominada excepción genérica, no se observa hecho o circunstancia alguna que permita enervar las pretensiones del libelo y omitir el estudio de los cargos de la demanda.

En atención a lo expuesto la Sala declarará no probadas as excepciones propuestas por la entidad demandada.

3.1.(sic) Sobre los cargos presentados por el demandante.

El demandante argumenta que los falladores disciplinarios violaron su derecho al debido proceso(14) porque debía aplicarse a su caso la Ley 734 de 2002 en lugar de la Ley 1015 de 2006.

Sobre el particular teniendo en cuenta que las faltas aducidas contra el señor Eliécer Yepes Sánchez, que dieron lugar a los fallos disciplinarios objeto de revisión judicial, fueron cometidas cuando ejercía como funcionario de la Policía Nacional, es necesario previamente establecer el marco jurídico que le era aplicable.

La Policía Nacional(15) es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, que hace parte de la Fuerza Pública, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.

El artículo 124 de la Constitución Política, prevé que la ley debe determinar la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. Como consecuencia de este postulado superior el legislador dispuso mediante la Ley 1015 de 2006 un régimen disciplinario especial para la Policía Nacional, el cual, en materia procesal(16) remite al Código Único Disciplinario.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que los hechos sancionados disciplinariamente ocurrieron el 7 de noviembre de 2008 al demandante le era aplicable en lo sustancial el régimen disciplinario especial de la Policía Nacional (L. 1015/2006) y en lo procedimental el Código Único Disciplinario (L. 734/2002).

La entidad demandada investigó al demandante conforme a las ritualidades consagradas en la Ley 734 de 2002 —aspecto procedimental— y lo sancionó por la falta consagrada en el numeral 15 del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006 —aspecto sustancial—, por lo tanto el operador disciplinario no incurrió en error alguno respecto de la normatividad aplicable.

El libelista igualmente señala, que se violaron los términos procesales de la indagación preliminar pues esta se llevó a cabo por un plazo superior al de seis (6) meses que consagra la ley, por lo cual, cuando se le notificó el auto de apertura de investigación la acción había prescrito debiendo el operador disciplinario declarar la nulidad de todo lo actuado, archivar el proceso y abstenerse de proferir sanción así como de expedir el acto administrativo de ejecución de la misma por cuanto ya había perdido la competencia para ello.

El demandante equivoca la apreciación de los hechos y los argumentos jurídicos sobre los que sustenta el cargo. El artículo 150 de la Ley 734 de 2002(17) en relación con el plazo de la indagación preliminar señala que tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o el auto de apertura de investigación.

En el asunto puesto a consideración, el operador disciplinario inició la indagación preliminar mediante providencia de 5 de marzo de 2009, es decir que de acuerdo con la norma antes mencionada, debía proferir el auto de archivo o de apertura de investigación a más tardar el 5 septiembre del mismo año.

Al revisar el expediente se observa que la apertura de la investigación data del 4 de septiembre de 2009; en consecuencia, se profirió dentro del término consagrado por la ley, cuestión diferente es que la notificación de tal decisión se haya realizado en fecha posterior, situación que por sí sola no configura una vulneración de las garantías procesales ni defecto procedimental que lleve a la anulación del trámite disciplinario.

Ahora bien, respecto del argumento de la prescripción de la acción disciplinaria, el actor equivoca su razonamiento pues si bien el artículo 29 de la Ley 734 de 2012(18) consagra tal figura como causal de extinción de la acción, en el artículo 30 ídem(19) se señala que solo tiene lugar luego de cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de investigación.

Teniendo presente que el auto de apertura de la investigación se profirió el 4 de septiembre de 2009, el fenómeno de la prescripción tendría lugar el 4 de septiembre del 2014. Atendiendo a lo anterior no tuvo lugar la prescripción dado que los fallos sancionatorios de primera y segunda instancia fueron proferidos el 6 de junio y 10 de septiembre de 2010 respectivamente.

En este mismo cargo el demandante, invocando la ley procesal penal pretende la nulidad de la actuación disciplinaria señalando que el funcionario designado para recepcionar las pruebas no profirió previamente un auto de avocamiento, situación que a su juicio invalida la actuación y por ende el acervo probatorio que obró en su contra.

Si bien, el derecho disciplinario y el penal hacen parte del ius puniendi del Estado, tienen regímenes sustanciales y procesales diferentes, en consecuencia, tal y como fue señalado en líneas previas, el operador disciplinario debía adelantar en el caso de autos el procedimiento correctivo aplicando la Ley 734 de 2012, sin que fuera procedente hacer uso de etapas o actuaciones descritas en estatutos procesales de otras ramas del derecho. En esa medida, no es procedente ningún reproche que se base en normas ajenas a las que rigen el procedimiento administrativo sancionatorio.

Aduce el accionante que el operador disciplinario, dentro de la etapa de indagación preliminar no le comunicó la recepción de los testimonios recaudados para poder ejercer su derecho de contradicción, con lo cual se invalida toda la actuación.

Revisado el expediente se observa que al demandante y a su apoderado se les notificó la iniciación de la indagación preliminar(20) y desde ese momento como sujetos procesales les surgieron derechos y cargas procesales.

Teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 101 de la Ley 734 de 2002, solamente tienen notificación personal los autos de apertura de indagación preliminar, de investigación disciplinaria, pliego de cargos y el fallo, una vez puestos en conocimiento estos en especial los que inician la actuación, le corresponde al disciplinado y a su apoderado estar al tanto de las notificaciones por estado, para ejercer su derecho de contradicción.

En el expediente está probado que al disciplinado y a su apoderado se les notificó personalmente las actuaciones antes mencionadas y se les respetaron sus derechos en la medida que pudieron solicitar, aportar y controvertir pruebas allegadas al plenario, interponer los recursos de ley, presentar las solicitudes que consideran necesarias, las cuales fueron resueltas en la oportunidad debida.

Adicionalmente, se observa que en el auto de apertura de la investigación, que fue notificado personalmente al disciplinado se hizo una relación de las pruebas obrantes en su contra y de aquellas cuya práctica se ordenaba, teniendo con ello conocimiento de las mismas y la oportunidad de controvertidas como efectivamente lo hizo, sin que sea procedente en esta instancia pretender una nueva valoración.

Finalmente, el accionante argumenta que la falta imputada —dejar de informar hechos que deben ser llevados a conocimiento del superior en razón al cargo o servicio(21)—, no se configuró, en la medida en que existió una errónea valoración probatoria, pues de la evidencia recolectada en el disciplinario se desprendía que su superior tenía conocimiento de la inmovilización del vehículo pues este estaba acompañado en la patrulla y por cuanto se hicieron las anotaciones respecto de tal incidente en el libro de radicaciones respectivo.

Dado que los argumentos que sustentan el cargo giran en torno a la inconformidad con la valoración probatoria realizada por el fallador disciplinario, es pertinente reiterar la posición de esta corporación(22) en asuntos como el puesto en consideración, según la cual, el control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administración, que la Constitución ha confiado a la jurisdicción contenciosa administrativa, no es una extensión del proceso disciplinario, sino que debe ser algo funcionalmente distinto, de manera que implica una especial cualificación y depuración del debate, pues no puede convertirse en un nuevo examen de la prueba como si se tratara de una tercera instancia.

Así las cosas, el control que a esta jurisdicción le corresponde, cuando se trata del juzgamiento de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba. Por ello la actividad judicial no puede sustentarse en una nueva visión del material probatorio a fin de ser más agudo y de mayor alcance, ni en una discrepancia sobre su percepción, o ensayar una lectura distinta hecha en clave del interés del sancionado, pues ello corresponde a las Instancias y autoridades disciplinarias, en principio ajena a la actividad de la jurisdicción, de manera que en la acción contenciosa se debe demostrar, sin acudir a esforzados razonamientos, la existencia de una decisión contraevidente sin acudir a complicadas elucubraciones(23).

El demandante el libelo introductorio realiza apreciaciones de inconformidad generales e incongruentes con la sana lógica, respecto de la valoración de la prueba realizada por el fallador disciplinario, pues señala que no se configuró para él la falta disciplinaria de omitir informar a sus superiores la detención —por más de 5 horas— de los camiones de carga pesada, en la medida en que su compañero de patrulla —contra quien igualmente se abrió investigación— tenía un rango superior y en consecuencia estaba enterado de la situación.

El anterior argumento pretende forzar en su favor una interpretación de la norma disciplinaria y de las pruebas, cuando lo lógico es que la información sobre la detención en carretera de los mencionados vehículos debía realizarse al superior de quienes estaban involucrados en tales hechos y no entre quienes hicieron parte de ella.

Adicionalmente, se aduce que la falta no se configuré pues posteriormente se hicieron las anotaciones respectivas en el libro de radicaciones, sin embargo, se olvida mencionar que la falta se comete no solo por dejar de informar los hechos sino también por “hacerlo con retardo”, a más de que, la simple radicación de un dato en un libro pueda llegar a suplir el deber de informar al superior, en el momento en que están ocurriendo, hechos de la envergadura de aquellos que fueron investigados.

De lo anterior, sin que sea procedente entrar a realizar una nueva valoración de la evidencia recaudada en el proceso administrativo correctivo, por cuanto el demandante no presenta argumentos legítimos que permitan a la jurisdicción tal proceder excepcional, se observa que los fallos acusados no solo cuentan con suficiente material probatorio de sustento sino que expresaron de manera plena el argumento legal que los respalda, siendo improcedente el escrutinio de la evidencia pues en el deprecado por aquellos no se detecta que se hubiere violado el debido proceso, que la apreciación realizada resulte contra evidente, que riña con el sentido común o que sea alejada de toda razonabilidad. Por lo anterior el cargo es infundado.

Corolario de lo expuesto y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se concluye que el demandante infringió las normas disciplinarias; en consecuencia, los fallos disciplinarios que le impusieron la sanción cuya nulidad demanda en el sub lite, deben mantenerse, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

IV. Falla:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda incoada por el señor Eliécer Yepes Sánchez contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

DECLARÁNSE, no probadas las excepciones propuestas por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia archívese el expediente».

(9) Policía Fiscal Aduanera.

(10) Ley 1015 de 2006 “(...) ART. 34.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: “(...) 15. Dejar de informar, o hacerlo con retardo, los hechos que deben ser llevados a conocimiento del superior por razón del cargo o servicio...”.

(11) Las prueba solicitada fue llamar a rendir testimonio al señor SVP Loboa Lucumi Romil.

(12) Artículo 35 de la Ley 1015 de 2006.

(13) Código Contencioso Administrativo (D. 1/84).

ART. 82.—“La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la constitución y la ley. Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno. La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán control jurisdiccional”.

ART. 83.—“La jurisdicción de lo contencioso administrativo juzga los actos administrativos, los hechos, las omisiones, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas y pie las personas privadas que ejerzan.

(14) En cuanto a la prevalencia del derecho a la Justicia; la efectividad del derecho sustantivo; la verdad material; y el cumplimiento de las garantías procesales.

(15) Constitución Política, artículos 216 y 218.

(16) Ley 1015 de 2006, ART. 58.—Procedimiento. El procedimiento aplicable a los destinatarios de la presente ley, será el contemplado en el Código Disciplinario Único, o normas que lo modifiquen o adicionen.

(17) Ley 734 de 2002, ART. 150.—Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar.

La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria se adelantará indagación preliminar. En estos eventos la indagación preliminar se adelantará por el término necesario para ­cumplir su objetivo. Texto resaltado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-036 de 2003. Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 2003.

En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses. Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-181 de 2002.

Para el cumplimiento de este, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en exposición libre al disciplinado que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en los hechos investigados. Texto resaltado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-036 de 2003; texto en cursiva declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076 de 2002 (...).

(18) Ley 734 de 202, ART. 29.—Causales de extinción de la acción disciplinaria. Son causales de extinción de la acción disciplinaria .las siguientes:

1. La muerte del investigado.

2. La prescripción de la acción disciplinaria.

PAR.—El desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria.

(19) Ley 734 de 2002, ART. 30.—Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 del artículo 48 y las del artículo 55 de este código. Texto resaltado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-948 de 2002. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas. PAR.—Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.

Ley 1474 de 2011. ART. 132.—Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, quedará así: “La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las 'conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. PAR.—Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique”.

(20) La iniciación de la indagación preliminar se notificó al demandante el 5 de junio de 2009 y a su apoderado 1º de julio del mismo año.

(21) Ley 1015 de 2006, artículo 35, numeral 15.

(22) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia de 1º de octubre de 2009. Expediente 2002-0240-01. Número interno 4925-2002. Actor: Manuel Heriberto Zabaleta Rodríguez.

(23) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia de 15 de noviembre de 2012. Expediente 11001-03-25000-2011-00107-00. Número interno 0347-2011. Autoridades nacionales. Actor: Manuel Antonio Torres Aldana.