Sentencia 2012-00023 de noviembre 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Proceso: 11001-03-28-000-2012-00023-01 (Acumulado)

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Hernando Morales Plaza

Demandado: Aurelio Iragorri Valencia (Gobernador (E) Valle del Cauca)

Electoral Única Instancia - Fallo

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Por razón de contraerse la demanda a la solicitud de nulidad de un nombramiento efectuado por el Presidente de la República, corresponde a esta Sala el estudio de su legalidad (CCA, arts. 128, num. 3º y 231).

2. El acto demandado.

Sería del caso que la Sala se pronunciara sobre los cargos planteados en la demanda, si no fuera porque se observa que el acto cuya legalidad se revisa, a través de la acción electoral, excede el objeto de este medio de control, toda vez que se trata de un acto de trámite.

En efecto, en ambas demandas electorales se pretende la declaratoria de nulidad del artículo segundo del Decreto 680 de 30 de marzo de 2012 que dispuso: “encargar como gobernador del departamento del Valle del Cauca al doctor Aurelio Iragorri Valencia, identificado con la cédula de ciudadanía 10.549.688 de Popayán quien se desempeña en el cargo del Alto Consejero de la Alta Consejería Presidencial para Asuntos Políticos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin separarse de las funciones del cargo del cual es titular”.

Desde el punto de vista de las diversas decisiones que a través de los actos administrativos pueden adoptarse, las manifestaciones de voluntad de la administración que ahí se contienen pueden ser definitivas o de trámite.

Los actos definitivos son aquellos que concluyen la actuación administrativa, es decir, contienen la decisión propiamente dicha o, como lo indica el inciso final del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, son “los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto”, por el contrario, son de trámite, preparatorios o accesorios los que se expiden como parte de un procedimiento administrativo encaminado a adoptar una decisión o, en palabras de esta corporación, los que “contienen decisiones administrativas necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, salvo que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso administrativo”(13).

Bajo estos postulados, es indispensable la calificación del acto administrativo como acto definitivo o de trámite, para determinar si es susceptible de recursos por la vía gubernativa y asimismo de control jurisdiccional contencioso administrativo, conforme a los artículos 49, 50 y 84 del Código Contencioso Administrativo, pues sólo los actos definitivos, en cuanto comprenden una decisión como tal, son susceptibles de control (salvo que, como se indicó, se trate de un acto de trámite que haga imposible la continuación de la actuación administrativa y por tanto tenga la virtualidad de convertirse en definitivo).

En este caso, no escapa a la Sala el hecho de que el acto acusado, esto es, el numeral segundo del Decreto 680 de 2012, no contiene una designación definitiva. En efecto, la decisión adoptada por el Presidente de la República respondió a la necesidad de evitar un vacío de poder en el departamento del Valle del Cauca, mientras se profería el acto administrativo definitivo.

El carácter preparatorio del numeral 2º del Decreto 680 de 2012 queda de manifiesto al observar que corresponde a la forma como el señor Presidente de la República allanó el camino hacia el pronunciamiento definitivo, que en este caso estaría representado por la designación que en últimas debía recaer sobre algunas de las personas que debía suministrar el Movimiento de Inclusión y Oportunidades para suplir la vacancia que se había generado frente al cargo de Gobernador del Valle del Cauca.

Lo anterior es tan cierto que, la designación transitoria del demandado en el cargo de Gobernador del Valle del Cauca no tenía vocación de permanencia si se tiene en cuenta que al efecto no se le separó del cargo del cual era titular en su momento, lo que pone de presente, se insiste, su carácter preparatorio.

Huelga mencionar que después de proferido el acto acusado, esto es el artículo 2º del Decreto 680 del día 30 de marzo de 2012, el Gobierno Nacional, expidió el Decreto 930 del 4 de mayo del mismo año. Decreto mediante el cual sí designó como gobernadora a la señora Adriana Carabalí Zapata, quien fue ternada por el Movimiento MIO mediante comunicaciones enviadas al Gobierno Nacional los días 3 y 14 de abril de 2012.

Además, en la parte resolutiva del mencionado decreto se estableció que el mismo: “rige a partir de la fecha de su publicación y cesa los efectos del artículo 2º del Decreto 680 del 30 de marzo de 2012” (resaltado fuera del texto).

Así las cosas, la medida adoptada por el Presidente de la República a través de la cual se encarga al demandado como gobernador del Valle del Cauca, sin separársele de su cargo de Alto Consejero Presidencial para Asuntos Políticos, constituye una de tipo transitorio que no contiene un nombramiento definitivo, por lo que escapa al objeto de la acción electoral según se ha explicado con suficiencia.

Por las anteriores razones la Sala se declarará inhibida para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

III. La decisión

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE INHIBIDA la Sala para decidir sobre la nulidad del artículo segundo del Decreto 680 de 30 de marzo de 2012 que dispuso: “encargar como gobernador del departamento del Valle del Cauca al doctor Aurelio Iragorri Valencia, identificado con la cédula de ciudadanía 10.549.688 de Popayán quien se desempeña en el cargo del Alto Consejero de la Alta Consejería Presidencial para Asuntos Políticos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin separarse de las funciones del cargo del cual es titular”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En firme este fallo archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(13) Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Filemón Jiménez Ochoa, radicación 11001-03-28-000-2008-00026-00; 11001-03-28-000-2008-00027-00.