Sentencia 2012-00024 de mayo 18 de 2016

 

Sentencia 2012-00024 de mayo 18 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Rad.: 23 0011 10 2000 2012 00024 01

Ref.: Disciplinario contra Armando José Orlando Rincón, Juez Quinto Civil Municipal de Montería.

Discutido y aprobado en Acta 43 de la misma fecha

Bogotá D.C. dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala es competente para conocer de la apelación interpuesta por la apoderada de la disciplinable contra el fallo emitido en primera instancia, según los términos de los artículos 115 y 171 de la Ley 734 de 2002.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...). Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 de 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto-Legislativo 2 de 2015, así: `los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Establece el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por cuyo incumplimiento la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, sancionó al doctor Armando José Orlando Rincón, al fungir como Juez Quinto Civil Municipal de Montería (Córdoba) para el momento de los hechos, que es deber de los funcionarios: “1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

El anterior tipo disciplinario, es de aquellos llamados abiertos o en blanco, es decir, que es necesario concordarlos con el reglamento, la ley o la norma constitucional vulnerada por el funcionario investigado, en otras palabras, son aquellos que deben ser complementados con el precepto en donde se establezca lo mandado, lo permitido o lo prohibido.

En el sub lite, el tipo disciplinario endilgado fue debidamente complementado en el auto por el cual se formularon los cargos, así: se afirmó que el encartado pudo haber transgredido el artículo 196 de la Ley 734 de 2002 y en concordancia con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, así como también lo regulado en el artículo 1º y numerales 1 y 2 del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo modificado por la Ley 712 de 2001 y artículos 6.1 y 37 del Decreto 2591, artículo 4º del Decreto 306 de 1992, armonizado por el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, lo que llevó a calificar la falta como gravísima a título de dolo.

Ahora bien, teniendo en cuenta que al doctor Armando José Orlando Rincón se le ha sancionado con suspensión del cargo por un lapso de doce (12) meses por haber desconocido los principios de subsidiaridad e inmediatez que envuelve la procedencia de la acción de tutela, así como el haber desbordado la órbita de juez constitucional al haber ordenado embargos de dineros y pago de los mismos a la entidad tutelada PAR Telecom y en favor de los accionantes.

Igualmente conviene abordar las normas que regulan la acción de tutela, cuyo origen se remonta a la Constitución Política de 1991 y que fueron tenidas en cuenta en la formulación de cargos:

El artículo 86 establece que:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

El Decreto 2591 de 1991, reglamentario del anterior artículo superior, de la misma manera dispuso que la acción de tutela es improcedente, en el artículo 6º numeral 1:

“Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

De la anterior normatividad, así como de los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, se desprende el carácter subsidiario de esa acción, pues la misma sólo procede cuando no existan otros medios de defensa judiciales o éstos son ineficaces; además, su utilización transitoria se restringe ante la presencia de un perjuicio irremediable que permita contrarrestar dicho efecto en forma temporal, de manera inmediata, urgente, rápida y eficaz, mediante el trámite de un procedimiento preferente y sumario, hasta tanto la autoridad correspondiente decida el fondo del asunto.

Así mismo, la Corte Constitucional ha venido sosteniendo que se impetre dentro de un término razonable, de tal suerte que la existencia de un perjuicio irremediable queda desvirtuada, cuando la inactividad del supuesto afectado dilata en el tiempo la interposición de la acción tan pronto o en un término prudencial la presunta amenaza o vulneración al derecho fundamental. Al respecto señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-117 del 3 de abril de 1992:

“5. Alcances del artículo 86 de la Constitución en cuanto al término para interponer la tutela.

“De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, y como lo sostuvo la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991 (Sent. C-543/92, M.P. José Gregorio Hernández), la acción de tutela se puede interponer en cualquier tiempo, y sería inconstitucional pretender darle un término de caducidad.

“La posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa que no tiene término de caducidad. La consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. Sin embargo, el problema jurídico que se plantea en este punto es: ¿quiere decir esto que la protección deba concederse sin consideración al tiempo transcurrido desde el momento en que ha tenido lugar la violación del derecho fundamental?

“Las consecuencias de la premisa inicial, según la cual la tutela puede interponerse en cualquier tiempo, se limitan al aspecto procedimental de la acción, en particular a su admisibilidad, sin afectar en lo absoluto el sentido que se le deba dar a la sentencia. Todo fallo está determinado por los hechos, y dentro de estos puede ser fundamental el momento en el cual se interponga la acción, como puede que sea irrelevante.

“Hay otro supuesto en el cual, sin que se trate de hechos superados, el tiempo, en conjunto con otros factores, puede jugar un papel determinante. Se trata de casos en los cuales la tutela, por no haberse ejercido dentro de un plazo razonable, vulnera derechos de terceros. Ello hace que se rompa la congruencia entre el medio de protección y la finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos fundamentales de las personas.

“Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.

“En diversas ocasiones la Corte ha dicho que la tutela es improcedente cuando el accionante dispone de otros medios de defensa judicial. Ha determinado también que dichos medios de defensa deben tener la misma eficacia que la tutela para proteger los derechos invocados por los accionantes:

‘Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria.

“La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

“Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda. En el caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la Sentencia arriba mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en la decisión”4 (resaltado fuera de texto).

Pertinente resulta igualmente recordar lo dicho por nuestro máximo Tribunal guardián de la Constitución, en relación con las características que ha de tener un perjuicio para que sea considerado como “irremediable”. En la sentencia T-553 del 30 de noviembre de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara, expresó:

“a) El perjuicio irremediable ha de ser inminente: que amenaza o está por suceder prontamente. Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia (...)”.

“b) Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio (...)".

“c) No basta cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente (...).

“d) La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social en toda su integridad”.

Al tenor de lo anterior, el juez de tutela, previo a definir de fondo el asunto, deberá determinar si la solicitud fue instaurada de manera oportuna, si se cuenta con otro medio de defensa judicial y si, existiendo éste, se está en presencia de un perjuicio irremediable, el cual debe ser demostrado por el actor y no dejarlo a la imaginación del funcionario, es decir, debe analizar lo que se denomina test de procedibilidad.

Es por todo lo anterior, que corresponde a esta Sala verificar si el Dr. Orlando rincón, tal y como lo sostiene en su sustentación del recurso le dio aplicación a un precedente jurisprudencia de 2014, cuando la tutela fue proferida en el año 2009, es decir aplicó retroactivamente una sentencia, más exactamente la SU-377 de 2014.

La Sala advierte que no le asiste la razón al impugnante, pues el a quo si bien hizo mención a esa sentencia de unificación de la Corte Constitucional, lo hizo como precedente actual de jurisprudencia, más no para ser aplicada al caso objeto de investigación disciplinaria, pues si se lee la sentencia de primer grado, cuando el a quo se refiere a que el doctor Orlando Rincón no tuvo en cuenta los principios de subsidiaridad e inmediatez como requisitos para superar el test de procedibilidad trajo a colación la sentencia T-001 de 1992 proferida por la Corte Constitucional.

Y es que no tiene justificación el hecho que el investigado hubiese dado curso a una acción de tutela cuando, si bien se ha dicho que en cualquier momento se puede interponer una acción constitucional, no es menos cierto, tal y como lo consideró la primera instancia, que este término no se puede diluir en el tiempo, pues desde el momento en que fueron despedidos los accionantes por que la entidad se liquidó hasta cuando interpusieron la acción de tutela, transcurrieron más de 3 años, lo que indiscutiblemente violó el principio de inmediatez, que como se dijo anteriormente no ha sido objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional recientemente sino que es de vieja data y también desvirtúa un presunto perjuicio irremediable.

En cuanto al principio de subsidiaridad, evidentemente también fue transgredido por el investigado, pues contaban los accionantes con otro medio de defensa judicial como lo era acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, artículo 1º y numerales 1 y 2 del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que fue modificado por los artículos 1º y 2º respectivamente de la Ley 712 de 2001, el cual es del siguiente tenor:

“ART. 1º—Los asuntos de que conoce la Jurisdicción Ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social se tramitarán de conformidad con el presente código.

“ART. 2º—Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

“1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.

“2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral”.

Es decir, que no era a través de una acción de tutela como podían los accionantes reclamar sus derechos, sino que la vía idónea era la jurisdicción ordinaria laboral, no debió entonces el juez encartado estudiar de fondo la tutela, sino declarar su improcedencia, porque existía otro medio para reclamar sus derechos, y es que es el mismo investigado quien reconoce que se equivocó, pero aquí no se trata de un error invencible, aquí se interpretó de manera dolosa unas normas para conceder unos derechos que eran imposible hacerlo vía tutela, el doctor Armando José Orlando Rincón no puede alegar que por el cúmulo de trabajo, por el tiempo corto para fallar una tutela tan compleja, 10 días, pudo haber interpretado de manera errónea las normas, pues para acceder al cargo de juez se deben tener los conocimientos en derecho suficientes para poder emitir un fallo acorde a la normatividad vigente.

Es decir que a no dudarlo el juez investigado desbordó los límites de su competencia al invadir la órbita del juez ordinario, cuando no solo tutela los derechos de los accionantes sino que ordena el embargo de los dineros pertenecientes al Par Telecom y ordena el pago de una suma astronómica de dinero en favor de los mismos.

De otro lado, tal y como lo resaltó la jueza de tutela en segunda instancia, se evidenció que los accionantes contaban con otro mecanismo de defensa judicial, como lo es la jurisdicción ordinaria laboral, que si bien no es un medio rápido si se les garantiza plenamente sus derechos de defensa y contradicción, en donde se puede hacer el recaudo de pruebas, que son en últimas las que permiten determinar la existencia del derecho alegado.

Dijo también la juez de segunda instancia que no hubo vulneración del mínimo vital a los accionantes, pues ya había sido previamente indemnizados cuando se liquidó la entidad, es decir no se vislumbró un perjuicio irremediable.

También se refirió al principio de inmediatez, determinando que no se cumplió como requisito de procedibilidad, toda vez que los actores estuvieron trabajando en la extinta Telecom hasta el 31 de marzo de 2006 e interpusieron la acción de tutela el 5 de junio de 2009, transcurriendo tres años y un poco más de dos meses, tiempo suficiente para que éstos presentaran sus demandas ante la autoridad competente.

El anterior análisis deja al descubierto que efectivamente el funcionario disciplinado dolosamente desconoció los lineamientos constitucionales, legales y jurisprudenciales para la concesión de la tutela, pues a sabiendas que los actores habían dejado pasar más de tres años para acudir en sede de tutela y existiendo otro mecanismo judicial —demanda ordinaria laboral o contenciosa— que les permitía a los accionantes discutir sus derechos, se encauzó a su otorgamiento, es decir imaginó un perjuicio irremediable que le daba vía a la tutela y en esas condiciones invadió la órbita del juez ordinario, y con ello trasgredió los artículos 1º y 2º, numerales 1º y 2º del Código Procesal del Trabajo para “, proceda a iniciar el trámite pertinente para conocer y pagar a los accionantes los salarios dejados de percibir durante el lapso de tiempo que han estado cesante los demandantes, provocado por el despido sin justa causa y no declarado mediante sentencia judicial, además de repararlos de manera integral lo cual incluye también el pago de los reajustes y prestaciones así como cualquier otro valor dejado de percibir o pagado por el trabajador como consecuencia directa del despido injusto, percibir (sic) o pagado por el trabajador como consecuencia directa del despido injusto, todo a título de indemnización por la imposibilidad del reintegro a favor de los ciudadanos petentes en la cuantía que resulte de conformidad con lo previsto en la liquidación aportada por la apoderada de los accionantes y la cual no fue objetada por la entidad accionada, única alternativa si se les quiere garantizar su subsistencia y las condiciones mínimas para su existencia digna, mientras la justicia ordinaria laboral decide las demandas que cursan sobre levantamiento de fuero sindical y acción de reintegro. Con la salvedad que a los ciudadanos petentes Rafael Patiño Granados, Cesar Ortíz Gómez y Ángel Manuel Tribiño Álvarez, como quiera que sobre estos cursó ante el Juzgado Laboral del Circuito de Cartagena un proceso de fuero sindical, el cual culminó con el levantamiento del mismo y el consecuencial despido de los trabajadores mediante providencia adiada 30 de marzo de 2007, decisión ésta que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en providencia de fecha mayo 28 de 2008”.

Por todo lo anterior, el funcionario inculpado transgredió objetivamente el deber de cumplir con la Constitución, las leyes y los reglamentos, en los términos consagrados en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, pues desconoció tanto el artículo 86 Superior como las normas reglamentarias contendidas en el Decreto 2591 de 1991 (art. 6 num. 1) y los artículos 1º y 2º en sus numerales 1 y 2 del Código Procesal del Trabajo, y artículos 6.1 y 37 del Decreto 2591, artículo 4º del Decreto 306 de 1992, armonizado por el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

Es de observar que esta Sala, en forma reiterada ha reconocido que los funcionarios judiciales cuando administran justicia están amparados por los principios de independencia y autonomía funcional consagrados en los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional. Tales axiomas de carácter superior garantizan a los Jueces de la República actuar sin consideración a indebidas injerencias provenientes de otros órganos del poder público e incluso de la propia Rama Judicial, en forma que sólo quedan sometidos al imperio de la Constitución y la ley, con lo cual se busca que sus decisiones sean producto de la aplicación libre e imparcial del ordenamiento jurídico y del análisis reflexivo de las pruebas con las cuales se soportan las mismas, tal como se precisó en la sentencia C-417 de 1993, en la que se dijo:

“Es necesario advertir, por otra parte, que la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es, el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno”.

No obstante lo anterior, es del caso advertir que, como en reiteradas ocasiones se ha sostenido por esta corporación, es factible la investigación disciplinaria de las actuaciones judiciales en donde el funcionario vulnera ostensiblemente el ordenamiento jurídico, incurriendo con ello en lo que doctrinariamente se ha dado en llamar vía de hecho, comportamiento que resulta contrario al deber de acatamiento a la Constitución, leyes y reglamentos que se impone a todos los operadores de justicia —artículo 153.1 Ley 270 de 1996—, pues si bien todas las actuaciones judiciales se hallan amparadas bajo el principio de autonomía funcional, los funcionarios responden disciplinariamente por aquellas actuaciones groseras y abiertamente contrarias al marco normativo que están llamados a cumplir.

Pensar lo contrario, sería tanto como “establecer que esta Jurisdicción jamás podría investigar a un funcionario en razón de las providencias que dicta, cuando es precisamente a través de ellas que se manifiesta su actuar, y por eso, precisamente es necesaria su auscultación a fin de determinar si las mismas fueron proferidas teniéndose la competencia para ello, si se encuentras ajustadas a derecho, es decir si no se torció de manera grosera la normatividad legal o Constitucional, si se encuentran soportadas en pruebas, lo cual es necesario para verificar si el funcionario vulneró algún deber o prohibición conforme los artículos 153 y 154 de la Ley 270 de 1991”5.

Es por ello, que dicha garantía no es permisiva para proferir fallos netamente grotescos y apartados del ordenamiento legal y más aun haciendo uso indebido de la acción de tutela para ordenar pagos de acreencias laborales pasando por alto requisitos de procedibilidad de la acción, además indicar que los accionantes fueron despedidos sin justa causa, declaración que se hace en sede del proceso ordinario laboral.

En este orden de ideas, el fallo recurrido habrá de ser confirmado en su integridad, y si bien el disciplinable no cuenta con antecedentes disciplinarios, su comportamiento fue gravísimo y a titulo doloso, ya que como Juez de la República es conocedor de que cuando se va a fallar una acción de tutela previamente se tiene que agotar el test de procedibilidad para poder entrar al fondo del asunto.

De la sanción

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que el disciplinable incurrió en una falta gravísima cometida con dolo, la sanción disciplinaria no puede ser otra que la impuesta por la Sala a quo, es decir la suspensión por el lapso de doce (12) meses e inhabilidad para ejercer cargos durante el mismo período, luego habrá de ser confirmada, pues no es aceptable que un juez, haya desconocido sin justificación válida alguna la normatividad Constitucional y legal que rige el trámite de las acciones de tutela, haciendo de lado la abundante jurisprudencia constitucional sobre su procedencia, en aspectos tales como la inmediatez, la existencia de otros mecanismos, el perjuicio irremediable y el mecanismo transitorio, abrogándose facultades del juez ordinario encargado de tramitar procesos de la órbita laboral, ordenando pagos exorbitantes en detrimento de entidades del Estado.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada de fecha 18 de febrero de 2015 proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, a través de la cual impuso sanción de suspensión de doce (12) meses en el ejercicio del cargo, e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo período, al doctor Armando José Orlando Rincón, en su calidad de Juez Quinto Civil Municipal de Montería (Córdoba), por transgredir el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en armonía con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002 y en concordancia con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, así como también lo regulado en el artículo 1º y numerales 1 y 2 del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo modificado por la Ley 712 de 2001 y artículos 6.1 y 37 del Decreto 2591, artículo 4º del Decreto 306 de 1992, armonizado por el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

2. REMITIR copia del presente fallo a la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con constancia de su ejecutoria, para efectos de su anotación.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

4 Sentencia SU-961 de 1999.

5 Sentencia 2007-00429 dictada por esta Sala el día 9 de febrero de 2011, M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago, la cual, incluso fue citada en el fallo apelado.