Sentencia 2012-00026 de mayo 10 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 11001-03-28-000-2012-00026-00

Consejero ponente: MAURICIO TORRES CUERVO

Bogotá, D.C., diez de mayo dos mil trece.

Demandante: Juan Francisco Forero Gómez

Demandado: Óscar Fernando Martínez Bustamante, Notario 66 del Círculo de Bogotá

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Según lo ordenado por los artículos 128 [3] del Código Contencioso Administrativo —modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998— y 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 —modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003—, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia del proceso electoral de la referencia, promovido para obtener la nulidad del Decreto 591 del 21 de marzo de 2012 que dispuso el nombramiento en propiedad del doctor Óscar Fernando Martínez Bustamante como Notario 66 del Círculo de Bogotá y de la Resolución 2883 del 28 del mismo mes, mediante la cual el Superintendente de Notario y Registro confirmó dicho nombramiento.

2. Excepciones propuestas por el demandado, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia de Notariado y Registro - Consejo Superior de la Carrera Notarial.

2.1. El señor Óscar Fernando Martínez Bustamante propone las excepciones de ineptitud de la demanda y de caducidad de la acción, al afecto, alega que para el estudio de fondo de las pretensiones era necesario incluir como actos acusados aquellos que definieron en su favor un derecho particular y concreto, verbigracia, la Resolución 3689 del 8 de junio de 2011 que le asignó el puntaje definitivo en la calificación de los méritos y antecedentes, el Acuerdo 8 del 8 de junio de 2011 que calificó la prueba escrita, el Acuerdo 16 del 3 de octubre de 2011 que le otorgó la calificación definitiva de todos los aspectos evaluados e, incluso, el Acuerdo 29 del 15 de diciembre de 2011 que integró la lista de elegibles para el Círculo de Bogotá.

Sobre el particular, basta con indicar que, de conformidad con el artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, para obtener la nulidad de una elección se debe demandar precisamente el acto de elección, y si es del caso el de confirmación, y no los actos previos tales como los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a estos.

En ese orden de ideas, si el acto de elección del demandado se encuentra en el Decreto 591 del 21 de marzo de 2012, junto con la Resolución 2883 del 28 del mismo mes, estos actos son los llamados a ser objeto de demanda y no otros, por ejemplo, el acto que determinó la calificación de la prueba antecedentes y méritos, por más que el vicio que alega el demandante se encuentre en este último.

De manera coherente con lo expuesto, la supuesta caducidad de la acción que alega el demandado no se presentó, pues se fundamenta en que la acción no fue oportuna frente a los actos intermedios anotados, los cuales, como se advirtió, no deben ser objeto de demanda. Entonces, se insiste, como la acusación solo se debe presentar contra el acto de elección y el de confirmación, la verificación del término de caducidad se predica de estos y no respecto de otros actos, conforme con el mandato del artículo 136 [12] del Código Contencioso Administrativo(2).

Tal como se precisó en la providencia del 28 de mayo de 2012, la demanda resulta oportuna respecto del Decreto 591 del 21 de marzo de 2012 y la Resolución 2883 del 28 del mismo mes (ver fl. 75).

En consecuencia, las excepciones propuestas por el demandado no están llamadas a prosperar.

2.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho alega las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y “la estabilidad de la lista de elegibles”.

Frente a la primera excepción sostiene que el Consejo Superior de la Carrera Notarial tiene su representación legal en la Superintendencia de Notariado y Registro y que como los hechos en que se funda la demanda obedecen a presuntos yerros de dicho consejo en la calificación de los méritos y antecedentes del demandado, corresponde su defensa a la entidad que tiene la representación legal.

Para descartar este argumento, se advierte que, de conformidad con el artículo 161(3) del Decreto 960 de 1970 “Por el cual se expide el Estatuto del Notariado”, el nombramiento del demandado corresponde al Gobierno Nacional, en consecuencia, la representación judicial, en este caso específico, según el artículo 149(4) del Código Contencioso Administrativo, le compete al Ministro de Justicia y del Derecho. Si el ministerio en referencia fue quien expidió el acto acusado por mandato legal, necesariamente debe concurrir al proceso en defensa de su legalidad y no pretender que otra entidad haga lo propio.

En cuanto a la segunda excepción, como la lista de elegibles contenida en el Acuerdo 29 del 15 de diciembre de 2011 del Consejo Superior de la Carrera Notarial no es objeto de la presente controversia, la excepción en estudio no tiene fundamento alguno. En otras palabras, la aludida lista no puede ni debe ser objeto de pronunciamiento alguno en la presente sentencia.

Así las cosas, las excepciones propuestas por el Ministerio de Justicia y del Derecho no están llamadas a prosperar.

2.3. El apoderado de la Superintendencia de Notariado y Registro - Consejo Superior de la Carrera Notarial propone tres excepciones: acción indebida, ineptitud sustantiva de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva del Consejo Superior de la Carrera Notarial e ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos formales.

Respecto de la primera excepción, se afirma que la acción electoral solo procede frente a los actos de elección de origen popular y a los dictados por las autoridades de gobierno, en ejercicio de la facultad nominadora discrecional, pues el propósito de la acción es el “control político” de tales actos.

Contrario a lo dicho por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, para despachar esta excepción, se destaca que, en los términos del artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, la acción electoral procede frente a cualquier acto de elección, sin que esté restringida a las elecciones populares o a los nombramientos por virtud de la facultad nominadora discrecional. Recuérdese que la acción electoral es un medio que busca el control de legalidad de cualquier designación, llámese esta elección o nombramiento.

La segunda excepción tiene que ver con la supuesta ineptitud sustantiva de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva del Consejo Superior de la Carrera Notarial, en razón a que este organismo es colegiado, no tiene personería jurídica y no ejerce sus funciones con carácter permanente.

Si bien es cierto, le asiste razón al apoderado cuando afirma que el consejo en mención no cuenta con personería jurídica, tiene carácter colegiado y no ejerce sus funciones de manera permanente, como lo prevé, entre otras disposiciones, el artículo 164 del Decreto 960 de 1970(5), para efectos de la representación judicial, por Resolución 5805 del 29 de agosto de 2011 del Presidente del mismo consejo, se delegó esa función en el jefe de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, para los asuntos en que el consejo deba intervenir o tenga interés.

Entonces, no puede existir la falta de legitimación en la causa por pasiva por las razones que alega el Consejo Superior de la Carrera Notarial, cuando el mismo dispone que su representación judicial recae en el jefe de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notaria y Registro. En otras palabras, el consejo en mención sí tiene quien lo represente judicialmente.

La tercera excepción se fundamenta en que la demanda es inepta sustancialmente por falta de requisitos formales. La falencia se hace consistir en que el demandante no cumplió con el deber previsto por el artículo 137 [4] del Código Contencioso Administrativo, es decir, que el libelo no da cuenta de las normas violadas ni del concepto de la violación.

La excepción no puede prosperar pues, contrario a lo que se afirma, del texto de la demanda se advierte con claridad cuáles normas se invocan como infringidas y la razón de esa infracción, tal como se desarrolló en detalle en el acápite 1.3 de los antecedentes de la presente providencia.

Así las cosas, las excepciones propuestas por la Superintendencia de Notariado y Registro - Consejo Superior de la Carrera Notarial no están llamadas a prosperar.

3. Estudio del cargo.

El demandante propone un único cargo contra los actos acusados, a saber, que son contrarios a las normas constitucionales y legales en que debieron fundarse.

Para fundamentar el cargo, el actor sostiene que la interpretación de las normas que regulan el concurso fue variada sin justificación alguna, tanto por el Consejo Superior de la Carrera Notarial como por la Universidad Nacional de Colombia, operadora del concurso.

Que la variación, que en verdad fue una sustitución de dicha normativa, llegó al punto de que contrario a lo dispuesto por las reglas de la convocatoria, la calificación de los antecedentes y méritos del demandado se hizo sin tener en cuenta que solamente podía ser objeto de puntuación la experiencia acreditada más allá de los requisitos mínimos para acceder al cargo.

También que al demandado le fue contabilizada el desempeño de diferentes actividades que daban puntos en experiencia, a pesar de que estas se desarrollaron en el mismo periodo, lo cual produjo una doble puntuación.

Que en razón de las irregularidades descritas se violaron dos principios fundamentales: la confianza legítima, pues cualquier ciudadano que estuviera interesado en la convocatoria se habría abstenido de presentarse pues, de acuerdo con las reglas del concurso, la experiencia solo le habría servido para acreditar los requisitos mínimos, pero no para obtener puntaje; también, porque quienes sí se presentaron al concurso, lo hicieron en el entendido de que la puntuación se otorgaría para la experiencia acreditada que excediera los mínimos para acceder al cargo.

Y, el segundo principio violado es la igualdad, porque los concursantes que sí cumplieron con las reglas de la convocatoria fueron discriminados por la variación en la interpretación de las reglas para calificar la experiencia.

El demandante propone que la calificación correcta del demandado debió ser:

“(…) Como abogado litigante se podía puntuar la experiencia entre el 17 de marzo de 1981 al 1º de julio de 1985, momento en que se indica inicia su experiencia como Contralor General del Departamento (sic) de Cundinamarca (sic), equivalente a un tiempo de 4 años 3 meses y 14 días para 4 puntos. Como Contralor General del departamento del magdalena (sic) del 1º de julio de 1985 al 30 de junio de 1987 es decir un tiempo de 2 años, para 4 puntos. Como abogado litigante desde el 1º de julio de 1987 hasta el 15 de agosto de 1988 para un total de 1 año, 1 mes y 15 días para 1 punto. Gobernador desde el 16 de agosto de 1988 hasta el 18 de enero de 1990, para un total de 1 año 4 meses y 15 días, para 2 puntos. Abogado litigante desde el 18 de enero de 1990 hasta el 24 de julio de 2000, fecha en la cual el aspirante solicitó se le inicie el cómputo como experiencia para cumplir los requisitos básicos para un total de 10 años 6 meses y 6 días para 11 puntos. Notario desde el 4 de mayo de 2009 hasta 8 de marzo de 2010 para un total de 10 meses y 4 días para 5 puntos. Abogado litigante desde el 9 de marzo de 2010 hasta el 17 de marzo de 2011, fecha en la que se vence la inscripción para el concurso para un total de 1 año y 8 días para un punto.

Para un total de 31 puntos (…)”.

Precisados los argumentos sobre los que debe versar el estudio de legalidad de los actos acusados, en primera medida, es necesario determinar, con arreglo a las normas del concurso de notarios, cómo es la calificación en la fase de méritos y antecedentes, pues en este aspecto radica la inconformidad del demandante.

La normativa que rige el ingreso a la carrera notarial se encuentra en el Decreto 960 de 1970, en la Ley 588 de 2000 y, por supuesto, en el artículo 131 de la Constitución Política, conforme al cual: “(…) [c]ompete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la administración de justicia.

El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso.

Corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro”.

El Consejo Superior de la Carrera Notarial, de acuerdo con el artículo 164 del Decreto 960 de 1970, es el ente rector de la carrera notarial y tiene la competencia de disponer todo lo relacionado con el concurso público para el nombramiento de notarios en propiedad y el ingreso a dicha carrera.

Para ser nombrado notario en propiedad, dispone el artículo 146 ejusdem que se deben cumplir todos los requisitos legales exigidos para la correspondiente categoría, además de haber sido seleccionado mediante concurso.

El régimen de carrera notarial es único, toda vez que los notarios son particulares que prestan un servicio público en aplicación del principio de descentralización por colaboración, de manera que el ingreso y permanencia en la carrera notarial obedece a lo que indica su propia normativa.

De manera insistente, al punto que ese es el fundamento de la demanda que aquí se resuelve, el actor alega que las normas que regulan el concurso para el acceso a la carrera notarial, esto es, la Ley 588 de 2000 y su Decreto Reglamentario 3454 de 2006, prevén una diferencia entre los requisitos mínimos de experiencia para el ejercicio del cargo, los cuales debe acreditar cualquier concursante, y los requisitos de experiencia que exceden el mínimo y sobre los cuales procede la puntuación.

Sobre la calificación de la experiencia, el artículo 4º de la Ley 588 de 2000 prevé que “(…) se valorará especialmente la experiencia de los candidatos, así como la capacidad demostrada en actividades relacionadas con el servicio notarial, antigüedad en el mismo, capacitación y adiestramiento que hubieren recibido en materias propias del notariado, obras de investigación y divulgación, estudios de posgrado y estudios de especialización o diplomados, particularmente los relacionados con el notariado, así como el ejercicio de la cátedra universitaria y la participación y desempeño en funciones de orden legislativo, gubernativo y judicial. Todos estos factores serán concurrentes(…)” (resaltado fuera del texto).

También, indica que las pruebas e instrumentos de selección son, en su orden:

“(…) 1. Los análisis de méritos y antecedentes. 2. La prueba de conocimiento. 3. La entrevista (…)”.

Y que el concurso se calificará sobre 100 puntos, así:

“(…) a) La prueba de conocimientos tendrá un valor de 40 puntos, de los 100 del concurso. Los exámenes versarán sobre derecho notarial y registral.

Las experiencias valdrán hasta treinta (sic) 35 puntos, así: Cinco (5) puntos por cada año o fracción superior a seis meses por el desempeño del cargo de notario, cónsul; dos (2) puntos por cada año o fracción superior a seis (6) meses en el ejercicio de autoridad civil o política, dirección administrativa, función judicial y legislativa o cargos de nivel directivo, asesor o ejecutivo; un (1) punto por cada año o fracción superior a seis (6) meses de ejercicio de la profesión de abogado; un (1) punto por cada año del ejercicio de la cátedra universitaria, un (1) punto por cada año o fracción superior a seis (6) meses de funciones notariales o registrales.

Especialización o postgrados diez (10) puntos.

Autoría de obras en el área de derecho cinco (5) puntos.

La entrevista hasta diez (10) puntos y evaluará la personalidad, vocación de servicio y profesionalismo del aspirante (…)”.

PAR. 1º—Para efectos del presente artículo, se contabilizará la experiencia en el ejercicio de la profesión de abogado desde la fecha de obtención del respectivo título (…)” (resaltado fuera del texto).

De la lectura de la norma transcrita se advierte que no existe la diferencia a la que alude el demandante, entre la experiencia mínima que se debe acreditar como requisito para participar en el concurso, la cual no otorga puntaje, y la experiencia que excede el mínimo, la cual afirma el demandante sí es puntuable. Tampoco, se llega a esta conclusión de la lectura del Decreto 3454 de 2006, como se demuestra a continuación:

“(…) ART. 5º—Documentación exigida para acreditar requisitos. En los términos de la Ley 588 de 2000 y del Decreto 960 de 1970, para acreditar el cumplimiento de los requisitos para aspirar al cargo de notario y la experiencia, títulos y obras que se pretendan hacer valer, se aceptarán los siguientes documentos:

a) El tiempo de desempeño del cargo de notario se acreditará con la certificación que expida la Superintendencia de Notariado y Registro;

b) El tiempo de desempeño del cargo de cónsul se acreditará con la certificación que expida el Ministerio de Relaciones Exteriores;

c) El tiempo de ejercicio de autoridad civil o política, dirección administrativa, función judicial y legislativa o cargos del nivel directivo, asesor o ejecutivo, se acreditará con el certificado expedido por la autoridad competente de la respectiva entidad pública;

d) El ejercicio de la profesión de abogado se acreditará con el desempeño habitual de cualesquiera actividades jurídicas, tanto independientes, como subordinadas, en cargo público o privado. Igualmente, para acreditar la calidad de abogado, deberá acompañar copia de la tarjeta profesional y del acta de grado o del título y certificación sobre su reconocimiento oficial;

e) La cátedra universitaria se acreditará con el certificado expedido por la institución de educación superior donde la ejerce;

f) El desempeño de funciones notariales y registrales se acreditará con el certificado expedido por la autoridad competente de la respectiva entidad pública o privada;

g) La publicación de obras en áreas del derecho se acreditará con el certificado de registro de la obra expedida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Se otorgarán los cinco (5) puntos a los aspirantes que puedan demostrar al menos la autoría de una (1) obra jurídica;

h) Para acreditar estudios de postgrado, en los términos del artículo 10 de la Ley 30 de 1992, los aspirantes deberán aportar una copia del diploma y del acta de grado en tratándose de estudios adelantados en instituciones universitarias de educación superior domiciliadas en el país. En caso de que el título haya sido obtenido en el exterior, se deberá aportar copia del título y certificado de convalidación expedido por el Ministerio de Educación. Por título de post grado que se acredite debidamente, el aspirante tendrá derecho a diez puntos sin que en ningún caso se asigne por este concepto un puntaje superior.

ART. 6º—Análisis de requisitos y antecedentes. Con base en los documentos a que se refiere el artículo anterior, el consejo superior, con la colaboración de las entidades que señale el reglamento, evaluará si el aspirante cumple los requisitos para aspirar al cargo o que está impedido para hacerlo, en cuyo caso será eliminado del concurso mediante decisión motivada que se publicitará a través de los mecanismos que prevea el reglamento de conformidad con la ley. En ningún caso los aspirantes podrán aportar documentación adicional a la originalmente remitida.

ART. 7º—Calificación de la experiencia. Durante esta fase, los aspirantes podrán obtener hasta cincuenta (50) de los cien (100) puntos de calificación del concurso, así: Treinta y cinco (35) puntos por experiencia; diez (10) puntos por estudios, y cinco (5) puntos por publicaciones.

La calificación a que se refiere este artículo será efectuada por quien indique el Consejo Superior de la Carrera Notarial, el cual expedirá y publicará la lista con las calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes en un término máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha del informe sobre análisis de requisitos y antecedentes a que se refiere el artículo anterior (…)” (resaltado fuera del texto).

Ninguno de los artículos transcritos prevé que los requisitos que acreditan la experiencia mínima para acceder al cargo no otorgan puntaje y que la que excede dicho mínimo sí lo otorga. Por el contrario, se concluye como deber de quien realiza la calificación de la experiencia, la valoración concomitante tanto de los requisitos de admisión (experiencia) como de méritos. Así la valoración y calificación recae sobre toda la experiencia acreditada por el concursante y no sobre la que excede el mínimo para el ejercicio del cargo.

Ahora bien, los acuerdos dictados por el Consejo Superior de la Carrera Notarial tampoco plantean la distinción que afirma el actor, ni siquiera cuando precisan los requisitos para cada categoría de círculo. En efecto, el Acuerdo 2 del 24 de enero de 2011 prevé que:

“ART. 4º—Requisitos generales. Las personas que aspiren a participar en el concurso para el ingreso a la carrera notarial, deben reunir y acreditar, en la fecha de inscripción, las siguientes condiciones generales:

1. Ser nacional colombiano

2. Ser ciudadano en ejercicio, no obstante para ser designado notario se requiere tener más de 30 años de edad

3. Tener excelente reputación.

ART. 5º—Requisitos para aspirar a ser nombrado notario en círculos de primera categoría. Los ciudadanos interesados en postular su nombre para concursar para cargos de notario ubicados en círculos de primera categoría, deben acreditar, en la fecha de inscripción, al menos uno (1) de los requisitos siguientes:

1. Ser abogado titulado y haber ejercido el cargo de notario o el de registrado de instrumentos públicos por un término no menor de cuatro años, o la judicatura o el profesorado universitario en derecho, siquiera por seis años, o la profesión por diez años a lo menos.

2. No siendo abogado, haber desempeñado con eficiencia el cargo de notario o el de registrador en un círculo de dicha categoría, por un tiempo no menor de ocho años, o en uno de inferior categoría por doce años.

ART. 6º—Requisitos para aspirar a ser nombrado notario en círculos de segunda categoría. Los ciudadanos interesados en postular su nombre para concursar por cargos de notario ubicados en círculos de segunda categoría, deben acreditar en la fecha de su inscripción, al menos uno (1) de los requisitos siguientes:

1. Ser abogado titulado y haber sido notario durante dos años, o ejercido la judicatura, o el profesorado universitario en derecho, al menos por tres años, o la profesión con buen crédito por término no menor de cinco años, o haber tenido práctica notarial o registral por especio de cuatro años.

2. No siendo abogado, haber ejercido el cargo en círculo de igual o superior categoría durante seis años, o en uno de inferior categoría por un término no menor de nueve años.

ART. 7º—Requisitos para aspirar a ser nombrado notario en círculos de tercera categoría. Los ciudadanos interesados en postular su nombre para concursar por cargos de notario ubicados en círculos de tercera categoría, deben acreditar en la fecha de su inscripción, al menos uno 81) de los siguientes requisitos.

1. Ser abogado titulado.

2. No siendo abogado, haber sido notario por tiempo no inferior a dos años, o haber completado la enseñanza secundaria o normalista y tenido práctica judicial, notarial o registral por espacio de tres años, o tener experiencia judicial, notarial o registral por término no menor de cinco años.

ART. 8º—Instrumentos de selección. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 588 de 2000, los criterios de selección para la provisión de los cargos objeto del presente concurso son en su orden: 1. Análisis de méritos y antecedentes. 2. Prueba de conocimientos. 3. Entrevista.

Con la finalidad de garantizar que la lista de legibles esté integrada por participantes que posean los méritos, capacidades, experiencia e idoneidad para asumir la prestación del servicio notarial en propiedad, los aspirantes aceptados serán sometidos al análisis de méritos y antecedentes y convocados a presentar la prueba de conocimientos.

A la luz del artículo 1º del Decreto 926 de 2007, la lista de legibles por cada círculo notarial estará conformada por quienes hayan obtenido más de sesenta (60) puntos en el proceso (…).

ART. 11.—Acreditación del cumplimiento de requisitos específicos. El aspirante, para acreditar el cumplimiento de los requisitos específicos, así como la experiencia, capacitación, estudios de postgrado, títulos y obras que se pretendan hacer valer, simultáneamente con la acreditación del cumplimiento de los requisitos generales, deberá presentar los siguientes documentos, que serán apreciados en forma concurrente: (…)”.

ART. 12.—Análisis de méritos y antecedentes. El análisis de méritos y antecedentes consistirá en la valoración concurrente de los aspectos establecidos en el artículo 4º de la Ley 588 de 2000, siempre y cuando el aspirante cumpla con los requisitos generales y específicos para la categoría del círculo notarial respectiva (…) (resaltado fuera del texto). Se advierte que este artículo sobre la puntuación repite la previsión del artículo 4º de la Ley 588 de 2000.

De lo transcrito, sin duda alguna, se concluye cuáles son los requisitos para ser nombrado Notario en las diferentes categorías de círculos, conforme con lo previsto por el Decreto 960 de 1970; también los requisitos generales que deben reunir todos los candidatos para ocupar el cargo en propiedad. Asimismo el puntaje que debe recibir cada uno de los ítems correspondientes a los antecedentes y méritos. Pero no se advierte la distinción que afirma el demandante, conforme a la cual solo se puntúa la experiencia que excede los mínimos para el ejercicio del cargo.

En conclusión, la demanda desconoce que toda la normativa sobre el concurso de notarios es consistente en prever que la calificación de la experiencia se debe hacer de manera concurrente sobre toda la experiencia acreditada por el aspirante, razón por la cual, las alegaciones del actor sobre la materia no trascienden de su interpretación particular y subjetiva, que está lejos de corresponder con el correcto entendimiento y aplicación de las normas referidas.

Ahora bien, de conformidad con lo probado en los folios 24 a 76 del cuaderno 1 de pruebas, en cuanto a la calificación de antecedentes y méritos del demandado se tiene que:

Por concepto de especialización o postgrado el demandado obtuvo 10 puntos, en razón de que acreditó los títulos de especialista en gerencia de negocios y especialista en derecho administrativo.

Por concepto de la autoría de una obra de investigación y divulgación en el área de derecho obtuvo 5 puntos, como autor de “Las notas de diseño constitucional - El diseño democrático colombiano”.

En cuanto a la experiencia:

5 puntos por haber ejercido el cargo de Notario 54 del Círculo de Bogotá en el periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2009 y el 8 de marzo de 2010 (10 meses y 4 días).

6 puntos por el ejercicio de cargos de autoridad civil y política, esto es, como Gobernador del departamento de Magdalena, en el período comprendido entre el 16 de agosto de 1988 y el 18 de enero de 1990, y como contralor de ese departamento, entre el 1º de julio de 1985 y el 30 de junio de 1987 (3 años, 5 meses y 1 día).

27 puntos por el ejercicio de la actividad docente en la Universidad Sergio Arboleda y el ejercicio de la profesión de abogado, la primera en el periodo comprendido entre el 26 de julio de 1994 y el 1º de marzo de 2011 y la segunda en el período comprendido entre el 17 de marzo de 1981 y el 1º de marzo de 2011. Valga la pena destacar que al ejercicio de la actividad de abogado litigante fueron descontados los lapsos en que el demandado estuvo vinculado en el servicio público y cuando ejerció como Notario. Incluso, el puntaje de la experiencia acreditada supera el tope máximo de 35, por lo que la calificación fue reducida a esta cifra.

Así las cosas, no existe motivo alguno para encontrar fundada la menor puntación que el demandante propone frente a la calificación otorgada al demandado, por el contrario, el doctor Martínez Bustamante comprobó tener una mayor experiencia que supera el límite de los 35 puntos que se pueden otorgar a los concursantes por este concepto.

Y en cuanto a la supuesta doble puntuación otorgada al demandado, tampoco se advierte que se haya presentado tal situación, pues lo cierto es que en los periodos en que aquel ejerció cargos públicos o la actividad notarial, solo se tuvieron en cuenta los puntajes que podía obtener por esta experiencia y no la de abogado litigante, tal como se precisó en el análisis discriminado de la calificación de experiencia otorgada al demandado.

Por tanto, como el cargo propuesto por el demandante no tiene vocación de prosperidad, se denegará la nulidad del Decreto 591 del 21 de marzo de 2012 que nombró al doctor Oscar Fernando Martínez Bustamante como Notario 66 del Círculo de Bogotá y de la Resolución 2883 del 28 del mismo mes que confirmó el nombramiento.

Por último se advierte que la única pretensión posible en la acción de nulidad electoral es la nulidad del acto acusado, sin que pueda el juez hacer declaraciones adicionales, como lo pretendía el demandante.

3. La decisión.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGASE la prosperidad de las excepciones propuestas por el señor Óscar Fernando Martínez Bustamante, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia de Notariado y Registro - Consejo Superior de la Carrera Notarial.

2. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

3. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(2) Artículo 136 [12] del Código Contencioso Administrativo: “(…) 12. La acción electoral caducará en veinte (20) días, contados a partir del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento de cuya nulidad se trata. Frente a los actos de confirmación, el término de caducidad de la acción se contará a partir del día siguiente a la fecha en la cual se confirme la designación o nombramiento”.

(3) Artículo 161 del Decreto 960 de 1970. <Designación de notarios>. <Apartes tachados INEXEQUIBLES. Artículo subrogado por el artículo 5º del Decreto 2163 de 1970>: “Los notarios serán nombrados para períodos de cinco (5) años, así: Los de primera categoría por el Gobierno Nacional; los demás, por los gobernadores, intendentes y comisarios respectivos”.

(4) Artículo 149 del Código Contencioso Administrativo. Representación de las personas de derecho público.

“(…).

En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el Ministro, director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”.

(5) Artículo 164 del Decreto 960 de 1970: <CARRERA NOTARIAL>. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> “La carrera notarial y los concursos serán administrados por el Consejo Superior de la Administración de Justicia, integrado entonces, por el Ministro de Justicia, los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Tribunal Disciplinario, el Procurador General de la Nación y dos notarios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes personales, elegidos para períodos de dos años por los notarios del país, en la forma que determine el reglamento. Para el primer período la designación se hará por los demás miembros del Consejo.

En el Consejo tendrá voz, entonces, el Superintendente de Notariado y Registro”.