Sentencia 2012-00026 de mayo 18 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 23001-22-14-000-2012-00026-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Al tenor del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo creado para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades públicas y, en determinadas hipótesis, de los particulares, sin que se erija en vía idónea para suplir, sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.

Por lineamiento jurisprudencial, la tutela frente a actuaciones y providencias judiciales, procede de manera excepcional y limitada a la presencia de una irrefutable “vía de hecho”, cuando “el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley” (sent. de mayo de 11/2001, Exp. 11001-22-03-000-2001-00183-01).

2. En el asunto específico la peticionaria cuestiona los proveídos de 12 y 19 de enero de 2012 por medio de los cuales se dispuso el traslado de la liquidación del crédito presentada por el Fondo Nacional de Ahorro y se impartió su aprobación, respectivamente, porque en su sentir: (i) la liquidación por ella aducida debió tenerse como una objeción a la allegada al expediente por el fondo; (ii) el despacho accionado no reparó que los intereses remuneratorios y moratorios fueron liquidados en un mismo periodo; (iii) se trata de un crédito de financiación para vivienda de interés social, cuya regulación en materia de intereses se ciñe por lo dispuesto en el parágrafo del artículo 28 de la Ley 546 de 1999 y la Sentencia C-955 de 2000; (iv) no se dedujo de la obligación los abonos realizados por concepto de cesantías y embargo judicial del salario; y (v) en los estados de cuenta reportados al proceso, al entidad demandante ha liquidado intereses corrientes al 4% EA y los de mora al 6% anual, razón por la cual no se explica cómo puede presentar una liquidación con intereses más altos.

De los elementos de convicción incorporados a las presentes diligencias se observa que la allá demandada dentro del término de traslado de la liquidación del crédito presentada por su contraparte no la objetó, circunstancia que en principio tornaría improcedente el reclamo constitucional.

En efecto, el numeral 2º del artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, en su actual redacción, establece que “[d]e la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte, en la forma dispuesta en el artículo 108, por el término de tres días, dentro del cual podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite necesariamente deberá acompañar, una liquidación alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada”.

Sin embargo, esa misma normatividad establece que “[v]encido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación (...) o altere de oficio la cuenta respectiva”, deber este último que no observó en punto a los intereses liquidados puesto que en tratándose de préstamos para financiación de vivienda de interés social, los mismos están sometidos a tasas preferenciales contempladas en el artículo 28 parágrafo de la Ley 546 de 1999.

Se colige de lo anterior que se impartió aprobación a la liquidación de crédito (fl. 198, cdno. copias), sin auscultar el tema de la tasa de interés, máxime cuando existen fundadas razones para determinar que el Fondo Nacional de Ahorro no solo liquidó intereses remuneratorios y moratorios simultáneamente durante el mismo periodo, sino que la tasa aplicada supera los límites máximos autorizados por la ley, lo cual contrasta lo prescrito en el artículo 19 de la citada Ley 546 de 1999 y la Resolución Externa 20 del 22 de diciembre de 2000 del Banco de la República.

Comoquiera que dicha inconsistencia no fue corregida por la juez del proceso y es pacífico que el crédito objeto de cobro coercitivo es de aquellos destinados a financiación de vivienda de interés social, según se desprende de la escritura pública 1385 de 14 de octubre de 1998 de la Notaría Tercera de Montería, se impone la intervención del juez constitucional para salvaguardar el debido proceso de la accionante.

Respecto a las demás inconformidades, es inviable el resguardo, toda vez que no podría el juez de tutela inmiscuirse en la tarea de revisar los distintos abonos que la accionante dice haber realizado al crédito, pues esas cuestiones deben ser dilucidadas por el juez natural en el escenario dispuesto para ello, que no es otro, que el proceso ejecutivo.

3. Corolario de lo anterior, se concederá el amparo solicitado, atendiendo a que en el caso particular se trata de una obligación hipotecaria sobre vivienda de interés social, a efecto de que la juez accionada, en uso de la facultad oficiosa establecida en el ordinal 3º del artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, revise el contenido de la liquidación presentada por el Fondo Nacional del Ahorro teniendo en cuenta las presentes motivaciones.

Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en su lugar, CONCEDE el amparo solicitado.

En consecuencia, para salvaguardar el derecho fundamental de la actora al debido proceso, se deja sin valor y efecto el auto de 19 de enero de 2012, así como la actuación que dependa de este, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, en el proceso ejecutivo hipotecario instaurado por el Fondo Nacional de Ahorro contra Rosa Beatriz Ely Peña, y en su lugar, se ORDENA que dentro del término de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta decisión, vuelva sobre la liquidación del crédito presentada por la entidad ejecutante y la examine teniendo en cuenta los lineamientos de la presente decisión.

La autoridad accionada deberá enterar a esta corporación sobre su cumplimiento, a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento de aquel.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, remítaseles copia auténtica de la providencia, y, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Discutido y aprobado en sesión de dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012)».