Sentencia 2012-00026 de noviembre 6 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 41001-23-33-000-2012-00026-01

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Cristian Fernando Monje Pérez

Accionados: Nación-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Emgesa S.A. ESP

Acción de tutela- impugnación

Bogotá, D.C., seis de noviembre de dos mil doce.

Decide la Sala la impugnación presentada por el señor Cristian Fernando Monje Pérez, contra la sentencia de 6 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. Antecedentes

1. Derechos fundamentales invocados en protección.

Actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, el accionante invocó la protección de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, trabajo, igualdad, salud, educación y mínimo vital y móvil, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas.

Del escrito de tutela y demás documentos obrantes en el expediente, se sintetizan los siguientes,

2. Hechos:

2.1. Relató el actor, que mediante Resolución 899 del 15 de mayo de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, le otorgó a la Sociedad Emgesa S.A. ESP licencia ambiental para adelantar el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, a desarrollarse en los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira en el departamento del Huila.

2.2. Explicó el petente que la misma resolución que otorgó la licencia ambiental, esto es la 899 de 2009, en su numeral 3.3.2 estableció que dentro de la población afectada existían subgrupos o núcleos de población sujetos de una serie de proyectos de compensación, indicando al respecto que “(...) Entre otros, se tendrá en cuenta como beneficiarios los siguientes grupos poblacionales: Arrendatarios, mayordomos, paleros, areneros (volqueteros), partijeros, transportadores, comerciantes, contratistas, pescadores artesanales y piscicultores. Las personas afectadas que integren los anteriores grupos poblacionales, deberán acreditar que ostentan tal condición con anterioridad a la Resolución 321 de septiembre 1º de 2008 del Ministerio de Minas, mediante la cual se declaró la utilidad pública del proyecto. Adicional a lo anterior, la empresa deberá actualizar la información correspondiente al censo de grupos poblacionales, para lo cual deberá solicitar el acompañamiento de las alcaldías y personerías. Los resultados serán publicados en dichas entidades”. De tal suerte, que el ministerio condicionó la licencia al cumplimiento de, entre otras, numerosas obligaciones sociales.

2.3. Posteriormente, en virtud del seguimiento a las obligaciones impuestas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales estableció que Emgesa no había cumplido con unos ajustes al estudio de vulnerabilidad, el cual radicaba en las relaciones directas que la información tiene con el fin de determinar el alcance, efectos y contenidos de algunas medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales del proyecto licenciado, particularmente sobre el medio socioeconómico, lo que originó la imposición de una medida preventiva de amonestación escrita, a través de la Resolución 25 del 26 de octubre de 2011.

2.4. Adujo el accionante que, en efecto, Emgesa realizó el censo socioeconómico pero solo respecto de determinados sectores productivos como los gremios de los paleros, areneros y volqueteros, y dejó por fuera del mismo el gremio de los constructores, situación que resulta abiertamente vulneratoria de sus derechos fundamentales a la igualdad y trabajo, pues por un lado desempeñan labores similares y, por otro, debido a que la empresa accionada tramitó permisos ante Ingeominas para realizar la exploración y explotación de yacimientos de materiales de construcción en los predios denominados Bengala, Tabaquito, Macara, Pecho de Gallo, Grano de Oro, Los Cocos, Las Peñas, El Azuceno, Domingo Arias Rioloro, La Honda (Libertador) y la Honda, originando la privatización y posterior sellamiento e impedimento de acceso a zonas de influencia directa, se ha visto afectada su actividad laboral.

2.5. Sostuvo entonces, que los hechos descritos y ejecutados por Emgesa con ocasión de la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo le han ocasionado trastornos en su actividad y oficio como maestro de obra, al privarlo de la extracción de la materia prima para ejercer su actividad laboral, pues dicha circunstancia le impide obtener el sustento para él y su núcleo familiar. En virtud de lo anterior, solicitó al juez constitucional ordenar a la sociedad accionada incluirlo como población directamente afectada por el desarrollo del proyecto hidroeléctrico El Quimbo y otorgarle las compensaciones a que haya lugar.

3. Contestación de la solicitud de tutela.

Mediante auto de 25 de julio de 2012 el Tribunal Administrativo del Huila admitió la acción en referencia y ordenó notificar como accionados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a Emgesa S.A. ESP (fl. 59).

3.1. Emgesa S.A. ESP (fl. 65).

Inicialmente aclaró que, durante el lapso de 5 meses comprendidos entre septiembre de 2009 y enero de 2010, la empresa realizó el censo socioeconómico en los municipios, veredas y sectores del área de influencia directa o AID(1), periodo que considera “más que suficiente” para que las personas interesadas dieran a conocer su situación, actividad laboral y fueran incluidas en el mismo. Informó además que dicho procedimiento fue divulgado por los medios de comunicación masivos a las partes interesadas para que se hicieran presentes, y los listados fueron difundidos a las autoridades locales y de control, a las comunidades del AID y a las juntas de acción comunal, como validación del proceso, y finalmente fue protocolizado mediante escritura pública los días 11 y 27 de diciembre de 2010.

De igual forma, precisó que el accionante nunca ha presentado derecho de petición solicitando su inclusión en los listados del censo socioeconómico y tampoco se presentó durante el periodo en que éste se adelantó a fin de ser incluido como población afectada, por lo que afirmó que el censo efectuado es “inmodificable”.

De otro lado, señaló que la amonestación escrita que le fue impuesta tuvo lugar por no presentar oportunamente los ajustes solicitados al estudio de vulnerabilidad, el cual a la fecha ya fue radicado, por lo que espera que dicha sanción sea levantada prontamente.

3.2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pese haber sido notificado, no se pronunció (fl. 62).

4. El fallo impugnado.

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 6 de agosto de 2012, declaró la improcedencia de la acción de tutela incoada aduciendo que el actor contaba con otros medios de defensa judicial, como pedir la nulidad de las resoluciones 899 del 15 de mayo de 2009 y 25 del 26 de octubre de 2011 y el consecuente restablecimiento de su derecho (fls. 100 a 106).

5. Impugnación (fl. 117).

Inconforme con la decisión adoptada el accionante la impugnó, insistiendo en la vulneración de sus derechos fundamentales.

6. Del trámite procesal.

Teniendo en cuenta que el asunto sujeto a examen radica principalmente en el presunto incumplimiento de las obligaciones socioeconómicas que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le impuso a Emgesa S.A. para la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo dentro de la licencia ambiental 899 de 2009 y atendiendo el contenido de esta, el magistrado sustanciador del proceso mediante proveído de 8 de octubre de 2012 ordenó vincular al Ministerio Público, esto es, a la Procuraduría General de la Nación y a la personería del municipio de Gigante-Huila y a su respectiva alcaldía, habida consideración que en la misma licencia se determinó la fundamental participación de dichas autoridades en todos los procesos sociales y de concertación con la comunidad, en calidad de garantes de sus derechos.

En virtud de lo anterior, se pronunciaron las entidades en los siguientes términos:

6.1. Procuraduría Regional del Huila (fl. 145).

Señaló que el 21 de febrero de 2012 el Procurador Regional del Huila inició la acción preventiva 46 A-2012, cuyo asunto fue “Seguimiento a la problemática social generada con ocasión de la construcción de la represa “El Quimbo” en el departamento del Huila”. En desarrollo de esta, se levantó acta de visita al municipio de Gigante el 10 de marzo hogaño, con la presencia del alcalde municipal, representantes de la Gobernación del Huila, la Defensoría del Pueblo y Emgesa y se contó con la asistencia de aproximadamente 50 personas de la comunidad, dentro de las cuales no participó en momento alguno el señor Cristian Fernando Monje Pérez para exponer su problemática

Anexó al expediente copia del acta referida, visible a folio 148.

6.2. Procuraduría General de la Nación (fl. 177).

Se remitió a lo informado por la procuraduría regional del Huila y solicitó denegar la presente acción de tutela, reiterando que el señor Cristian Fernando Monje Pérez no participó dentro de la visita antes referida.

6.3. Emgesa S.A. ESP (fl. 235).

Explicó, en relación con las circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se realizó el censo socioeconómico, que entre agosto de 2009 y enero de 2010 se adelantó el trabajo de campo. Durante estos 6 meses el grupo encuestador (social y económico), acompañado de un camarógrafo, se desplazó a cada uno de los predios para tomar la información directamente del propietario, poseedor y población vulnerable en situación irregular. Para los no residentes; en el caso de jornaleros se contactó a cada uno de los propietarios de las parcelas; y para el caso de los transportadores, paleros, mineros, pescadores artesanales, apicultores, entre otros, se realizó contacto con sus líderes a fin de coordinar citas en campo de los lugares de trabajo y en las sedes de las oficinas de Emgesa tanto en el municipio de Garzón como en Gigante, según la convivencia y procedencia de cada grupo.

El 21 de enero de 2010 se remitieron a las autoridades de control, administraciones municipales y juntas de acción comunal, los listados con la siguiente información:

• Relación de familias residentes en predios ubicados en el AID del proyecto.

• Relación de población que labora en predios ubicados en el AID pero que no residen en ellos.

• Relación de población residente que genera ingresos por desarrollo de actividades económicas.

• Relación de personas no residentes que desarrollan actividades productivas agropecuarias y tiene relación directa con predios del AID.

Para cerrar el censo en febrero de 2010, Emgesa amplió el término en una semana y realizó comunicaciones y cuñas radiales informando este hecho. Entre enero y junio y durante todo el mes de septiembre de 2010, se realizó un seguimiento a los grupos poblacionales no residentes.

En septiembre y octubre de 2010, teniendo en cuenta las obligaciones y correcciones propuestas de manera escrita por las comunidades a través de los presidentes de las JAC y los resultados del seguimiento a los grupos poblacionales de no residentes, se llevó a cabo una nueva divulgación de la información obtenida y fueron nuevamente entregados los listados resultantes de la actualización del censo a las alcaldías, personerías y juntas de acción comunal.

Mediante visitas y conversaciones sostenidas con cada uno de los presidentes de las JAC de las veredas del AID, en noviembre y diciembre de 2010 se llevó a cabo un nuevo proceso de validación mediante el cual cada presidente de junta de acción comunal revisó los listados de la población residente de sus veredas y realizaron en algunos casos las respectivas aclaraciones.

6.4. Municipio de Gigante-Huila (fl. 241).

En atención al requerimiento librado por esta corporación, manifestó la entidad territorial que es Emgesa quien ha desarrollado los censos de la población afectada y, por tanto, no ha tenido ninguna injerencia en el resultado de los mismos, circunscribiendo sus actuaciones a garantizar espacios a la comunidad en los cuales puedan expresar sus preocupaciones, además de oficiar a los entes del más alto nivel con el fin de dar a conocer la problemática existente en el municipio.

De igual forma indicó de manera detallada todas las actuaciones surtidas durante el aludido proceso, dentro de las cuales se destacan las siguientes:

“Según oficio sg-356 de agosto de 2012 dirigido al Dr. Juan Manuel Santos se expone la problemática social por la construcción de la hidroeléctrica el Quimbo, también incluyendo al sector de los constructores y maestros de obra entre otros (fl. 254).

Según oficio sg-373 de 9 de agosto de 2012 se hace referencia a la mesa temática tratada en el municipio y en la cual hubo participación de varios grupos que han sido afectados por el megaproyecto incluidos los maestros de obra, en donde se solicita al Dr. Lucio Rubio solucionar prontamente también la problemática de reasentamiento (fl. 256).

Finalmente la secretaría de planeación del municipio a través de la oficina de infraestructura certifica el día 13 de agosto de 2012 la problemática existente en la localidad debido a la falta de material de playa afectando a los constructores y demás personas que dependen de esa materia prima” (fl. 257) (resaltado de la Sala).

6.5. Ministerio del Trabajo (fl. 259).

Sostuvo que desde la dirección territorial-Huila se han realizado gestiones, a través del acompañamiento, liderazgo y seguimiento a las mesas de diálogo social realizadas durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2012, específicamente la efectuada el 19 de julio del presente año en el municipio de Gigante, en la cual se creó un espacio para que las comunidades expusieran las diversas dificultades causadas en la región a raíz del proyecto frente a los representantes de Emgesa y de esta manera obtener respuesta a las mismas. Adicionalmente se realizaron dos reuniones de seguimiento a los compromisos, el 1º y 16 de agosto de 2012 en la CAM de Neiva, donde se presentaron los resultados y avances por parte de Emgesa de acuerdo a la problemática presentada por la comunidad.

Desde la subcomisión de políticas laborales y salariales a nivel departamental, la cual es liderada por la dirección territorial Huila, el 14 de agosto de 2012 se realizó reunión ordinaria, logrando los siguientes compromisos con los representantes de Emgesa:

• Contratación del 100% de la mano de obra no calificada con población de la zona de influencia del proyecto, como primera opción.

• Adopción de medidas de control con los contratistas para el cumplimiento de la normatividad laboral, de seguridad social y salud ocupacional.

• Acompañamiento psicosocial a los beneficiarios de las compensaciones no residentes para la generación de proyectos productivos que conlleven al mejoramiento de su calidad de vida.

Finalmente indicó que a través de este espacio continuará realizando seguimiento a la problemática, por medio de la evaluación, diálogo y concertación de los temas y aspectos relativos a las relaciones laborales y las condiciones de trabajo y el empleo de los niveles departamental y municipal.

Recibido el expediente en el despacho sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a desatar la presente controversia.

II. Consideraciones

1. Competencia: Corresponde a esta Sala conocer la presente acción de tutela de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991(2), en cuanto estipula que “Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”.

2. Planteamiento del problema jurídico.

Vistos los antecedentes fácticos del caso, el problema jurídico central sobre el que esta Sala debe pronunciarse consiste en determinar si la no inclusión del señor Cristian Fernando Monje Pérez en el censo de población vulnerable, con ocasión del desarrollo del megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo en el departamento del Huila, y específicamente en el municipio de Gigante, donde se domicilia y ejerce su actividad laboral de constructor, le ocasiona una vulneración ius fundamental susceptible de ser conjurada a través de la presente acción de tutela.

3. Fundamentos de decisión.

3.1. Generalidades del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.

Mediante Resolución 899 de 15 de mayo de 2009, artículo 2º, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le otorgó a la Empresa Emgesa S.A. ESP licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, localizado en jurisdicción de los municipios de Garzón, Gigante, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira, en el departamento del Huila. Indicó el ministerio en el artículo 3º de la citada resolución, que esta licencia ambiental “será un aprovechamiento a pie de presa con capacidad instalada de 400 MW, con la cual se estima que se puede lograr una generación media de energía de 2216 GWh/año. El embalse tendrá un volumen útil de 2.601 hm3 y un área inundada de 8.250 ha”.

En el artículo 10, la cartera ministerial estableció de manera diáfana que la licencia concedida se encontraba sujeta al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el estudio de impacto ambiental, en el plan de manejo ambiental, en el plan de seguimiento y monitoreo, en la normatividad ambiental vigente, así como al cumplimiento de una serie de obligaciones, dentro de las cuales se resaltan las siguientes:

“1.1. Área de influencia.

(...).

1.1.3. Actualizar el censo de la población que se encuentra ubicada en el área de influencia directa de la línea de conexión eléctrica; las familias afectadas por compra o por servidumbre de predios para el paso de dicha línea serán caracterizadas e identificadas y la empresa allegará dicha información en el primer informe de cumplimiento ambiental, incluyendo los impactos y las medidas de manejo definidas para dicha población.

1.2. Dimensión demográfica.

1.2.1. La empresa deberá identificar previamente todas las actividades productivas impactadas y a todas las comunidades y personas cuyas base económica se vea afectada por el proyecto e incorporarlas en el proyecto de “Indemnización y restablecimiento de las condiciones de vida”. Esta información deberá ser avalada por las autoridades municipales, la defensoría del pueblo y las comunidades que se verán afectadas.

1.2.2. Emgesa S.A. ESP deberá incluir en la actualización del censo para 2009 las categorías identificadas en los grupos poblacionales descritos en el cuadro denominado “Cuadro de compensaciones por reasentamiento”, así como las siguientes:

a) Areneros, paleros; b) Mayordomos; c) Jornaleros; d) Transportadores: e) Arrendatarios de predios; f) Grandes arrendatarios de predios con vinculación de mano de obra; g) Partijeros; h) Contratistas; i) Comerciantes o productores que hacen parte de las cadenas productivas; j) Pescadores artesanales y pisicultores; k) Población receptora (se considera como vulnerable por las afectaciones que puede ocasionar la presión de nueva población en su territorio); l) Madres cabeza de familia; m) Adultos mayores jefes de hogar; n) Población ubicada en el área de ronda de protección del embalse; o) Otros grupos poblacionales afectados.

1.2.3. En la actualización a 2009 del censo de la población que deriva sus ingresos del AID, incluir las actividades económicas afectadas por tipo de población (areneros, paleros, volqueteros, transportadores privados —de carga y pasajeros—, comercializadores, lecheros y demás), dimensionando el impacto en términos de los valores económicos afectados y las correspondientes medidas de manejo, durante el primer año de ejecución del proyecto, contado a partir de la expedición de la licencia ambiental.

3. Componente social.

3.1. Programa de información y participación.

3.1.1. El proceso de reasentamiento, las compensaciones que serán efectuadas, y los programas y proyectos sociales que serán implementados deben incluir, en lo posible, los acuerdos entre los diferentes actores involucrados (comunidades, instituciones y autoridades locales y regionales); donde se definirá conjuntamente las estrategias para el cumplimiento de los objetivos planteados en los programas y proyectos, los compromisos presupuestales, los cronogramas de ejecución y las condiciones requeridas para garantizar su sostenibilidad.

3.1.2. La empresa tomará las medidas a su alcance para la vinculación al proyecto de los diferentes grupos poblacionales pertinentes sin discriminación de género, edad, condición física (discapacidad) o económica en los procesos de participación, capacitación y generación de ingresos, procurando procesos con equidad de género e inclusión social.

3.1.3. La empresa deberá convocar a las personerías, defensoría y a la Procuraduría General de la Nación, en todos los procesos que impliquen concertación o resolución de conflictos, mediante información sobre las actividades desarrolladas e invitación como garantes de los acuerdos pactados.

(...).

3.1.9. La empresa deberá solicitar el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales correspondientes, a fin de que participen en todas las reuniones con las comunidades afectadas que impliquen la negociación de predios o la concertación de actividades y proyectos.

3.1.10. Las acciones del programa de información y participación se deberán desarrollar durante la fase de obras preliminares, durante los cuatro (4) años de la fase de construcción del proyecto y dos años de la fase de operación bajo el esquema planteado en este programa.

3.2. Programa de reasentamiento.

(...).

3.2.1.1. En un plazo no mayor a dos años contados a partir de la ejecutoria del presente acto a, Emgesa S.A. ESP deberá realizar la planificación y concertación para la ejecución de las siguientes actividades: censo socioeconómico (...).

3.3. Proyecto de desarrollo económico de las familias objeto de reasentamiento.

3.3.1. Para todos los casos de desplazamiento involuntario (asentamientos y actividades productivas) total o parcial, la empresa adelantará e implementará las actividades que garanticen el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de las familias afectadas, incluyendo las establecidas en las mesas de concertación y en el plan de manejo ambiental. Entre otros, se tendrán en cuenta como beneficiarios los siguientes grupos poblacionales: Arrendatarios, mayordomos, paleros, areneros, partijeros, transportadores, comerciantes, contratistas, pescadores artesanales y piscicultores.

Las personas afectadas que integren los anteriores grupos poblacionales, deberán acreditar que detentan tal condición con anterioridad a la Resolución 321 de septiembre 1º de 2008 del Ministerio de Minas, mediante la cual se declaró la utilidad pública del proyecto.

Adicional a lo anterior, la empresa deberá actualizar la información correspondiente al censo de grupos poblacionales, para lo cual deberá solicitar el acompañamiento de las alcaldías y personerías. Los resultados serán publicados en dichas entidades”.

Por medio de la Resolución 2766 del 30 de diciembre de 2010 se modificó la licencia ambiental, permitiéndole a Emgesa, una vez obtenido el título minero y la aprobación del plan de trabajo de obras, PTO, la explotación de las fuentes de materiales.

Mediante Resolución 328 del 11 de septiembre de 2011, el Ministerio de Minas y Energía declaró de utilidad pública e interés social las 11.079 ha necesarias para el desarrollo del programa de restauración biótica.

Posteriormente, a través de la Resolución 25 del 26 de octubre de 2011, la Directora General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le impuso a Emgesa S.A. ESP una medida preventiva de amonestación escrita, como consecuencia de la omisión de presentar los ajustes al estudio de vulnerabilidad del proyecto hidroeléctrico El Quimbo requeridos previamente, cuya importancia radicaba en las relaciones directas que la información del mismo tiene para efectos de determinar el alcance, efectos y contenidos de algunas medidas de prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos ambientales del proyecto licenciado, particularmente sobre el medio socioeconómico.

3.2. Análisis de la Sala.

De conformidad con lo expuesto in extenso, es posible colegir que con ocasión de la licencia ambiental otorgada por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la empresa Emgesa S.A. ESP adquirió numerosos compromisos, entre ellos sociales, frente a la población que iba a resultar directa o indirectamente afectada con el desarrollo del proyecto hidroeléctrico aludido.

Así mismo, teniendo en cuenta las inconmensurables implicaciones frente a los derechos de estas personas que generaría el desarrollo del prementado proyecto, la autoridad ministerial previó la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías y alcaldías municipales a título de garantes de las prerrogativas superiores de los afectados, principalmente en los procesos que implicaran negociación, concertación y solución de conflictos.

En el sub examine indica el señor Cristian Fernando Monje Pérez que sus derechos fundamentales han sido trasgredidos por las autoridades accionadas, en consideración a que siendo oriundo del municipio de Gigante y teniendo como actividad laboral la de la construcción, no ha sido censado por Emgesa para ser incluido dentro de los procesos de compensación y programas y proyectos sociales, limitándose así sus posibilidades de trabajo, pues tampoco puede ingresar a los lugares de extracción de materiales de construcción, porque su explotación igualmente está a cargo de Emgesa.

Acompaña de su escrito:

• Certificación expedida por la junta de acción comunal del barrio Las Ceibas del municipio de Gigante-Huila, donde señala que desde el año 2005 el accionante se desempeña como oficial de construcción (fl. 9).

• Certificación expedida por el secretario de planeación e Infraestructura del municipio de Gigante, donde indica que el petente se encuentra inscrito en el libro 2 de maestros de obra contratistas de tal entidad territorial (fl. 11).

• Certificación expedida por los concejales del municipio de Gigante, donde sostienen que la agremiación de constructores del ente territorial está siendo afectada por la ejecución del megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo (fl. 12).

• Copia de la proposición 17, mediante la cual el concejo municipal respalda la lucha pacífica enfrentada por la agremiación de constructores y transportadores informales, solicitando a Emgesa dar pronta solución a la problemática, con copia a la personería y alcaldía municipales (fl. 13).

• Certificado de competencia laboral del señor Cristian Fernando Monje Pérez en la norma “levantar muros en mampostería de acuerdo con normas, planos y especificaciones”, expedido por el SENA (fl. 14).

• Certificación a través de la cual la personería de Gigante hace constar que miembros del gremio de la construcción de ese municipio se han acercado a dicha entidad a manifestar que se sienten perjudicados con la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, toda vez que no fueron incluidos dentro del censo que realizó Emgesa (fl. 15).

A partir de lo anterior, es posible advertir que no solamente el señor Cristian Fernando Monje Pérez, sino un numeroso grupo de personas pertenecientes al gremio de los constructores en la municipalidad de Gigante, se han acercado de manera insistente ante las autoridades con el fin de dar a conocer la problemática que enfrentan a raíz del desarrollo del proyecto hidroeléctrico, pues no han sido censados como directos afectados, lo que les imposibilita acceder a los proyectos productivos y de compensación, sin que a la fecha hayan obtenido una resolución efectiva.

Al respecto, informa la Procuraduría Regional del Huila que en ejercicio de sus funciones realizó la acción preventiva 46 A-2012, cuyo asunto fue el seguimiento a la problemática social generada con ocasión de la construcción de la represa El Quimbo, por lo que el 10 de marzo de 2012 se efectuó visita al municipio de Gigante con la presencia del procurador regional del Huila, el alcalde municipal, representantes de la Gobernación del Huila, la Defensoría del Pueblo, Emgesa y aproximadamente 50 personas de la comunidad. Dentro de los anexos aportados por la entidad fiscal, se resalta la intervención realizada por el concejal Enrique Chavarro Falla, quien textualmente dejó sentado que:

“(...) muy preocupados por la mala elaboración del censo y solicita de una vez que se reabra, muy preocupado que a los maestros de construcción no se les tuvo en cuenta en el censo, cuestiona el proceso de acceso a dichas personas, son 180 que dependen del gremio de la construcción y no los han tenido en cuenta, hasta les quitaron las posibilidades de acceder al material de playa, pues Domingo Arias lo tiene Emgesa. Pide que incluya a los maestros y ayudantes de construcción, estamos siendo desplazados porque como maestros de construcción ya no tenemos donde trabajar. Censaron a los paleros y volqueteros pero no a los de la construcción y a nosotros no nos dan empleo porque Emgesa pone la gente para eso” (resaltado de la Sala) (fl. 156).

Lo anteriormente expuesto, da cuenta entonces que la situación adversa alegada por el señor Monje Pérez en sede de tutela ya ha sido divulgada reiteradamente por varias autoridades locales de Gigante-Huila, pues también sus concejales han formulado solicitudes ante la alcaldía y la procuraduría regional para resolver la crítica situación que atraviesa el gremio de los constructores, al no ser tenidos en cuenta de manera individual y como agremiación dentro del censo socioeconómico y al impedírseles ingresar a las áreas de explotación de la materia prima para ejercer su actividad.

Por su parte, sostiene Emgesa sin dubitación alguna, que el censo realizado entre septiembre de 2009 y enero de 2010 es de carácter inmodificable, por lo que no es posible realizar correcciones o adiciones respecto del mismo.

Sobre este particular debe indicar la Sala que el objeto del censo, en asuntos como el que nos ocupa, es el de garantizar el derecho de participación(3), que a la vez es un principio fundante del Estado y una característica del modelo democrático colombiano. De tal manera, que el principio de democracia participativa plantea un complemento al modelo clásico de representación en el Congreso, acercando a los ciudadanos a la adopción de las decisiones centrales, bien sea, políticas públicas, proyectos de desarrollo o programas específicos diseñados para alcanzar metas comunes.

Entonces, es preciso entender que el censo, en el marco de procesos como el que adelanta Emgesa S.A. ESP, debe ser analizado desde diferentes órbitas, pues además de que permite dimensionar el proyecto en ejecución, es el instrumento adecuado para ponderar la prevalencia del interés general con los derechos individuales que se pueden ver afectados. Por tanto, aunque en principio un particular no podría oponer sus propias expectativas a un proyecto destinado a favorecer a la generalidad, tampoco es dable que esas medidas de desarrollo de un Estado “atropellen” las legítimas expectativas de quienes pueden resultar directamente perjudicados.

Es de tener en cuenta también que en proyectos de la envergadura que representa la represa El Quimbo, puede suceder que los medios de comunicación que se utilizan para lograr la concurrencia de las personas interesadas no sean suficientemente eficaces, si se tiene en cuenta que este ha de desarrollarse en seis municipios del departamento del Huila y se consideran como afectados directos, no solo aquellas personas residentes en la zona, sino también quienes derivaban su sustento económico en la misma(4).

Por tanto, no es de recibo para la Sala el argumento esgrimido por Emgesa en cuanto a que el censo se torna inmodificable, pues por su misma naturaleza este puede mutar en el tiempo, sin que el término primigeniamente establecido para realizarlo pueda ser óbice para efectuar alguna adición o corrección que se amerite; máxime cuando, como se dijo, este proceso implica la garantía de los derechos fundamentales de un número importante de personas y no puede pretenderse, so pretexto de satisfacer el interés general, incurrir en conductas excluyentes o discriminatorias.

Además de lo anterior, la renuencia de Emgesa implica de cierta forma el incumplimiento de algunas de las obligaciones impuestas por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cuanto le ordenó “tomar las medidas a su alcance para la vinculación al proyecto de los diferentes grupos poblacionales pertinentes sin discriminación...” por lo cual, no puede pasar inadvertido el hecho de que un grupo de personas alega de manera insistente ser víctima de exclusión.

De tal suerte, resulta evidente para la Sala que un sector de la población residente en el municipio de Gigante-Huila ha sido excluido de los programas de compensación y de proyectos productivos, como se desprende de las denuncias efectuadas por los mismos afectados y algunos representantes de la comunidad ante la procuraduría regional del Huila y otras autoridades del Ministerio Público y administrativas. Específicamente, observa la Sala que la no inclusión del señor Cristian Fernando Monje Pérez dentro del censo socioeconómico por encontrarse ya cerrado, deviene en la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, de sus prerrogativas superiores a la igualdad y al trabajo, pues es claro que el tratamiento diferenciado que ha recibido respecto de otros grupos de personas que desarrollan actividades laborales similares y afines a la de los constructores, le ha cercenado la posibilidad de ejercer su actividad laboral de la cual deriva su sustento y el de su familia.

Por tanto, se impone a esta Sala de decisión, al ser flagrante la trasgresión ius fundamental, proteger los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo del señor Cristian Fernando Monje Pérez, para que Emgesa S.A. ESP proceda a inscribirlo dentro del censo socioeconómico a fin de ser habilitado para ejercer su actividad laboral en el municipio de Gigante.

Sin embargo, es de aclarar que la orden de la presente acción de tutela se circunscribe a la situación particular del señor Cristian Fernando Monje Pérez, quien activó el mecanismo constitucional de protección de sus derechos fundamentales, sin que pase inadvertida para la Sala la necesidad imperiosa de que las autoridades del Ministerio Público intervengan de manera activa e incluyente en garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos residentes en las municipalidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico, para que en desarrollo de las funciones que la Carta Política les encomendó y también en virtud de las potestades previstas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, eviten que se presenten en el futuro situaciones de discriminación o exclusión.

En virtud de lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 6 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por el señor Cristian Fernando Monje Pérez y, en su lugar, protegerá sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo, para que Emgesa S.A. ESP proceda a inscribirlo en el censo socioeconómico para la población afectada por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia.

De igual forma se prevendrá a Emgesa S.A. ESP para que en adelante se abstenga de incurrir en conductas que generen exclusión o discriminación frente a personas que puedan estar en la misma condición del señor Cristian Fernando Monje Pérez y, en caso de verificar que tal situación se presenta, proceda a inscribirlos en el censo socioeconómico.

Así mismo se prevendrá a la Procuraduría General de la Nación, a la procuraduría regional del Huila, a la Defensoría del Pueblo, a la personería y a la Alcaldía del municipio de Gigante-Huila para que en lo sucesivo ejerzan sus funciones constitucionales y legales de protección de los derechos humanos y aseguren su efectividad, defiendan los intereses de la sociedad y las demás potestades atribuidas, dentro del marco señalado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la licencia ambiental 899 del 15 de mayo de 2009.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

I. REVÓCASE la sentencia del 6 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró improcedente la acción de tutela promovida por el señor Cristian Fernando Monje Pérez. En su lugar,

II. AMPÁRENSE los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo del actor. En consecuencia, ORDÉNASE a Emgesa S.A. ESP que proceda a inscribirlo en el censo socioeconómico para la población afectada por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia.

III. PREVIÉNESE a Emgesa S.A. ESP para que en adelante se abstenga de incurrir en conductas que generen exclusión o discriminación frente a personas que puedan estar en la misma condición del señor Cristian Fernando Monje Pérez y, en caso de verificar que tal situación se presenta, proceda a inscribirlos en el censo socioeconómico.

IV. PREVIÉNESE a la Procuraduría General de la Nación, a la procuraduría regional del Huila, a la Defensoría del Pueblo, a la personería y a la Alcaldía del municipio de Gigante-Huila para que en lo sucesivo ejerzan sus funciones constitucionales y legales de protección de los derechos humanos y asegurar su efectividad, defender los intereses de la sociedad, y las demás a que haya lugar, dentro del marco señalado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la licencia ambiental 899 del 15 de mayo de 2009.

V. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

VI. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero.

(1) Que se encuentra comprendido por el vaso del embalse y las zonas de obras (vías de acceso a los sitios de obras, zonas de vías y obras, áreas de campamentos y talleres, zonas de préstamo ubicadas en playas y vegas de los ríos Magdalena y Páez y vías sustitutivas), el río Magdalena y el embalse de Betania.

(2) “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículos 86 de la Constitución Política”.

(3) Derivado, en general, de los artículos 2º y 40 de la Constitución Política.

(4) Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección B, sentencia del 18 de octubre de 2012, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.