Sentencia 2012-00027/1304-2014 de abril 26 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 81001-23-33-000-2012-00027-01

Número interno: 1304-2014

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Nancy Eneida Camacho Laica

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca.

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Bogotá D.C., veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia.

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(11), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual forma, de conformidad con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso(12), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

En ese orden, los problemas jurídicos que deben resolverse en esta instancia se circunscriben a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en las siguientes preguntas:

Problemas jurídicos:

1. ¿El a quo tenía la competencia para declarar de oficio la excepción de prescripción de los derechos laborales reconocidos en la sentencia del 3 de diciembre de 2013, respecto a la relación laboral sostenida entre la demandante y la UAE de Salud de Arauca en los periodos comprendidos entre el 26 de abril de 2007 y el 2 de noviembre de 2007, y entre el 2 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de la misma anualidad?

2. ¿La UAE de Salud de Arauca debe realizar las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones durante la totalidad de periodos laborados por la señora Nancy Eneida Camacho laica?

Primer problema jurídico.

¿El a quo tenía la competencia para declarar de oficio la excepción de prescripción de los derechos laborales reconocidos en la sentencia del 3 de diciembre de 2013, respecto a la relación laboral sostenida entre la demandante y la UAE de Salud de Arauca en los periodos comprendidos entre el 26 de abril de 2007 y el 2 de noviembre de 2007, y entre el 2 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de la misma anualidad?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: La excepción de prescripción puede declararse de oficio por parte del juez, como quiera que en el proceso contencioso administrativo es deber del operador judicial de primera o de segunda instancia, decidir sobre todas las excepciones que encuentre probadas en el proceso, aún si no fue propuesta por la entidad demandada.

Lo anterior se sustenta en las siguientes razones:

En primer lugar, debe indicarse que la prescripción es un fenómeno jurídico a través del cual se adquieren derechos (adquisitiva) o se extinguen los mismos (extintiva) por el sólo transcurso del tiempo(13).

Por su parte, la prescripción extintiva tiene que ver con el deber que cada persona tiene de reclamar sus derechos en un tiempo prudencial, el cual está regulado en la ley, so pena de que, en caso de no exigirlos, se pierda definitivamente la oportunidad de obtenerlos.

De acuerdo con lo reglamentado por los artículos 2513 del Código Civil(14) y 282 del Código General del Proceso(15), la excepción de prescripción no puede ser reconocida oficiosamente por el juez, sino que esta debe ser alegada, en la respectiva oportunidad procesal, por la parte a quien interese.

No obstante, debe advertirse que el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo prevé que, en esta jurisdicción, es deber del juez decidir sobre todas las excepciones que encuentre probadas en el proceso, aún en el caso de no haber sido propuestas por las partes.

“ART. 187.—La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.

En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentra probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

[…]”

Además, la Ley 1437 también reguló en su artículo 180 numeral 6 otra oportunidad para que el juez administrativo se pronuncie sobre la excepción de prescripción extintiva, incluso de manera oficiosa, cuando regula “[…] El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. […]”

De acuerdo con lo anterior, debe precisarse que los artículos 180.6 y 187 de la Ley 1437 son normas especiales que regulan la facultad del juez administrativo para declarar oficiosamente la excepción de prescripción.

Así las cosas, y acorde con el estudio normativo realizado en precedencia, se observa que en el proceso contencioso administrativo sí es procedente el estudio de oficio de las excepciones que el juez encuentre probadas, incluida la excepción de prescripción.

Ahora, en materia de derechos laborales de los empleados públicos, los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968(16) y 102 del Decreto 1848 de 1969(17) (reglamentario del primero), regulan que las acciones que emanen de los derechos consagrados en dichas normas prescriben en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

Particularmente, en cuanto al reconocimiento de la existencia de la relación laboral encubierta a través de un contrato de prestación de servicios, esta Sección, en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016, estipuló las siguientes reglas respecto a la prescripción extintiva de los derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad(18):

• Que el término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es de tres años, contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella.

• Que en aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

En ese orden de ideas, esta corporación considera que el Tribunal Administrativo de Arauca sí era competente para declarar, de oficio, la excepción de prescripción de los derechos reconocidos en su providencia, por los periodos comprendidos entre el 26 de abril de 2007 y el 2 de noviembre de 2007, y entre el 2 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de la misma anualidad.

Ello, por cuanto la petición de reconocimiento y pago de las acreencias laborales fue radicada ante la entidad demandada el 20 de abril de 2012(19), y por tratarse de vinculaciones interrumpidas al servicio público, el término para contar la prescripción extintiva debe empezar a contarse a partir de la finalización de cada uno de los periodos laborados.

Quiere decir lo anterior, que el plazo para reclamar los derechos laborales derivados de los periodos de vinculación laboral comprendidos entre el 26 de abril de 2007 y el 2 de noviembre de 2007, y del 2 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de la misma anualidad, fenecieron el 3 de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011, respectivamente.

Segundo problema jurídico.

¿La UAE de Salud de Arauca debe realizar las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones durante la totalidad de periodos laborados por la señora Nancy Eneida Camacho laica?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: De conformidad con las reglas jurisprudenciales de esta corporación, contenidas en la sentencia de unificación CE-SUJ2-05 de 2016, las entidades que resulten condenadas al pago de prestaciones sociales por declaratoria de contrato realidad están en la obligación de cancelar al sistema de seguridad social en pensiones las cotizaciones que como empleador le correspondían, frente a las cuales no opera la prescripción extintiva.

Lo anterior se sustenta en las siguientes razones:

Si bien en el acápite anterior se indicó que había ocurrido el fenómeno prescriptivo respecto de los derechos laborales a que tenía derecho la señora Camacho Laica frente a las vinculaciones ocurridas entre el 26 de abril de 2007 y el 2 de noviembre de 2007, y entre el 2 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de la misma anualidad, de acuerdo con la sentencia de unificación citada, la prescripción no puede aplicarse a los aportes que por pensión se debían realizar por parte del empleador, que en este caso es el Estado(20).

Dicha regla jurisprudencial tiene fundamento en: i) la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales(21); ii) el principio in dubio pro operario(22); iii) el derecho constitucional fundamental a la igualdad(23) y; iv) el principio de no regresividad en armonía con el mandato de progresividad(24).

De igual forma, la sentencia de unificación en cita ordenó al juez administrativo estudiar en todas las demandas en las que proceda el reconocimiento de la relación laboral o contrato realidad, aun así no se haya solicitado expresamente, el tema concerniente a las cotizaciones adeudadas por la administración al sistema de seguridad social en pensiones.

Y en consecuencia, precisó que la imprescriptibilidad frente a los aportes a seguridad social en pensiones no opera frente a la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

Para el efecto, indicó que la administración se encuentra en la obligación de determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía al empleador.

De conformidad con los razonamientos precedentes, considera esta Subsección que la señora Nancy Eneida Camacho Laica perdió el derecho, por prescripción, a reclamar los emolumentos deprecados como son las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas, entre otros, a que habría lugar a reconocer y pagar entre el 26 de abril de 2007 y el 2 de noviembre de 2007, y entre el 2 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de la misma anualidad.

No obstante, la entidad demandada deberá, a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional(25) de la demandante, dentro de la totalidad de periodos laborados, incluso frente a los que se declaró la prescripción, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

En ese sentido, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema de seguridad social en pensiones durante el tiempo que duraron los vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora. Dado que el a quo, frente a este punto ordenó en la parte resolutiva del fallo de segunda instancia a la entidad demandada: “[…] pagar a la demandante, 75% de lo que comprueba que pagó por sus cotizaciones a salud y pensión en la temporada contractual del 13 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009, y desde el 04 de abril de 2011 hasta el 02 de abril de 2012 […]”; la Subsección modificará dicha orden de acuerdo a lo analizado y en ceñimiento a la sentencia de unificación expuesta.

En conclusión: En el caso de la señora Nancy Eneida Camacho Laica, si bien prescribieron los derechos laborales reconocidos con la declaratoria de la existencia de la relación laboral en los periodos del 26 de marzo de 2007 al 2 de noviembre de 2007 y del 2 de enero de 2008 al 30 de diciembre de 2008, la entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social en pensiones por todo el tiempo laborado por la demandante, en el porcentaje que le correspondía como empleadora.

Finalmente se precisa que no hay lugar a pronunciarse frente a la desviación de poder y falta de competencia funcional para proferir el acto administrativo demandado, en tanto que el a quo resolvió declarar la existencia de la relación laboral en favor de la señora Camacho Laica.

Asimismo, no habrá pronunciamiento alguno frente a las pretensiones expuestas por la entidad demandada en su escrito de alegatos de segunda instancia, por cuanto estas responden a un recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Arauca, no siendo esa la oportunidad para interponer el recurso.

Decisión de segunda instancia.

De acuerdo con las razones que anteceden, esta Subsección confirmará la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Arauca y modificará parcialmente los ordinales cuarto, quinto y sexto de la providencia, los cuales quedarán de la siguiente forma:

“CUARTO: Declarar de oficio la prescripción de los derechos aquí reconocidos derivados de los contratos de prestación de servicios celebrados entre la demandante y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, durante los lapsos entre el 26 de marzo de 2007 hasta el 2 de noviembre de 2007 y la transcurrida desde el 2 de enero de 2008 hasta el 30 de diciembre de 2008, excepto frente a los aportes en seguridad social en pensiones que la entidad debió realizar en su calidad de empleadora.”

“QUINTO: Condenar a LA UAE DE SALUD DE ARAUCA, pagar a la señora NANCY ENEIDA CAMACHO LAICA, el valor correspondiente a las prestaciones sociales comunes devengadas por los empleados vinculados a dicha entidad, por los periodos del 13 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009, y desde el 04 de abril de 2011 hasta el 02 de abril de 2012, liquidados conforme al valor en que fue contratada, sumas que serán ajustadas conforme al inciso final del art. 187 CPACA, aplicando la fórmula establecida en la jurisprudencia, exceptuando los periodos de tiempo en que se concretaron las soluciones de continuidad.

De igual forma, la UAE de Salud de Arauca deberá, a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional de la demandante, dentro de la totalidad de periodos laborados, incluso frente a los que se declaró la prescripción, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

En ese sentido, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema de seguridad social en pensiones durante el tiempo que duraron los vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora”.

SEXTO: Condenar a la entidad demandada a pagar a la demandante, el porcentaje de lo que compruebe que pagó por sus cotizaciones a salud, en los lapsos del 13 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009, y desde el 04 de abril de 2011 hasta el 02 de abril de 2012.

De la condena en costas.

Esta Subsección en providencia con ponencia del suscrito ponente(26) sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA; en aquella oportunidad se señaló como conclusión, lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio “subjetivo” —CCA— a uno “objetivo valorativo” —CPACA—.

b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP(27), previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso la corporación se abstendrá de condenar costas, en la medida que no se acreditó ninguno de los presupuestos reglamentados en el artículo 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR los ordinales cuarto y quinto de la sentencia del 3 de diciembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, que accedió a las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora Nancy Eneida Camacho Laica contra la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por las razones expuestas en esta providencia. Los ordinales quedarán así:

“4. DECLARAR de oficio la prescripción de los derechos aquí reconocidos derivados de los contratos de prestación de servicios celebrados entre la demandante y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por los periodos del 26 de marzo de 2007 hasta el 2 de noviembre de 2007 y la transcurrida desde el 2 de enero de 2008 hasta el 30 de diciembre de 2008, excepto frente a los aportes en seguridad social en pensiones que la entidad debió realizar en su calidad de empleadora.”

“5. CONDENAR a La UAE de Salud de Arauca, pagar a la señora Nancy Eneida Camacho Laica, el valor correspondiente a las prestaciones sociales comunes devengadas por los empleados vinculados a dicha entidad, por los lapsos del 13 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009, y desde el 04 de abril de 2011 hasta el 02 de abril de 2012, liquidados conforme al valor en que fue contratada, sumas que serán ajustadas conforme al inciso final del art. 187 CPACA, aplicando la fórmula establecida en la jurisprudencia, exceptuando los periodos de tiempo en que se concretaron las soluciones de continuidad.

De igual forma, la UAE de Salud de Arauca deberá, a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional de la demandante, dentro de los periodos del 26 de abril de 2007 y el 2 de noviembre de 2007, y entre el 2 de enero de 2008 y el 30 de diciembre de 2008, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

En ese sentido, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema de seguridad social en pensiones durante el tiempo que duraron los vínculos contractuales, y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora”.

2. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada.

3. NO CONDENAR en costas en la segunda instancia, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

4. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase».

11 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

12 “ART. 328.—El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.

13 La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación en providencia del 9 de julio de 2013, con ponencia del Consejero Gerardo Arenas Monsalve, precisó que “[…] la prescripción se define como la acción o efecto de adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley, o en otra acepción como concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del tiempo […]” Radicación 08001-23-33-000-2011-00176-01 (1219-2012).

14 “ART. 2513.—El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio.
La prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquier otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella”.

15 “ART. 282.—En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.
Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada.
[…]”

16 “ART. 41.—Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.

17 “ART. 102.—Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de agosto de 2016. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).

19 Ver folios 24 a 26 del cuaderno 1.

20 “[…] En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier momento, puesto que la administración no puede sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo […]”.

21 “[…] que se orienta a que las prerrogativas reconocidas en las preceptivas que rigen la relación entre empleadores y trabajadores no se modifiquen en perjuicio de estos últimos, por cuanto tienen relación directa con el mejoramiento constante del nivel de vida y la dignidad humana”.

22 “[…] conforme al cual en caso de duda ha de prevalecer la interpretación normativa más favorable a los intereses del trabajador, premisa contenida tanto en el artículo 53 de la Constitución Política como en el 21 del Código Sustantivo del Trabajo”.

23 “[…] en virtud del cual el Estado debe propender por un trato igualitario para todos aquellos que prestan (o han prestado) sus servicios al Estado bajo una verdadera relación laboral, cualquiera que sea su denominación (servidor público o contratista), a quienes habrá de protegerse especialmente la posibilidad de acceder a un derecho pensional”.

24 “[…] que implica el avance o desarrollo en el nivel de protección de los trabajadores, en armonía con el mandato de progresividad, que se encuentran consagrados en las normas de derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad […]”.

25 Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de 2016, el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios.

26 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, actor: José Francisco Guerrero Bardi.

27 “ART. 366.—Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: (…)”.