Sentencia 2012-00028 de octubre 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expediente: 8800123100020120002801

Consejera:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Demandante: Corine Duffis Steel.

Demandados: Juez Penal del Circuito Especializado de San Andrés Isla (Carlos Wilson Mora Rico).

Bogotá, D.C., treinta y uno de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Los artículos 129 y 132-8 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 —modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003—, asignan a esta sección el conocimiento en segunda instancia de los procesos de nulidad contra actos de nombramiento realizados dentro del respectivo departamento.

En este caso, se pretende con la demanda, la nulidad del acto de nombramiento y del acto confirmatorio del demandado Carlos Wilson Mora Rico como Juez Penal del Circuito Especializado de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Por consiguiente, esta Sala es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso.

2. De la prueba del acto de elección acusado.

El nombramiento y la confirmación del doctor Carlos Wilson Mora Rico, como Juez Penal del Circuito Especializado de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se acreditaron mediante los acuerdos 65 de 25 de abril de 2012 y 76 de 17 de mayo de 2012 expedidos por la Sala Plena del Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina(1).

3. Del límite de la apelación.

Ha de recordarse que la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo San Andrés, Providencia y Santa Catalina declaró no probada la excepción de inepta demanda formulada por la Nación (Rama Judicial), quien no se opuso a esta decisión en la apelación de la sentencia.

No obstante, si la demanda fuera inepta por no haber integrado el acto complejo en debida forma, el operador jurídico de la segunda instancia tendría que pronunciarse por ser un tema de aquellos obligatorios para el adecuado desarrollo del proceso. Pero como se comparte el razonamiento del tribunal a quo en este punto no hay necesidad de pronunciamiento de oficio.

4. Las censuras de la apelación.

La Nación (Rama Judicial) y el tribunal superior convergen en un punto común y es el desacuerdo del fallo de instancia por cuanto no se analizó en debida forma la manera de acreditar el manejo del idioma inglés que se exige para quienes van a ejercer funciones en el departamento archipiélago, a tal punto que afirman que por eso en forma errada consideró que se habían violado los artículos 42 y 45 de la Ley 47 de 1993, siendo que en realidad sí se les exigió a los candidatos la segunda lengua.

El tribunal superior además acusó de incongruente la sentencia al no limitarse a los cargos de la demanda y al omitir la probanza de cómo el inglés común afecta el servicio de administración de justicia al usuario nativo.

Ha de aclararse que en la parte resolutiva de la sentencia apelada, el tribunal administrativo a quo negó la excepción de inepta demanda por la falta de conformación del acto complejo, en tanto la Nación (Rama Judicial) consideraba que el nombramiento —la confirmación— convocatorias a concurso de méritos, integran en un todo el acto a demandar. No obstante, este punto no fue insistido en la apelación y la Sección Quinta encuentra que la consideración del tribunal es correcta, razón por la cual no se estudiará este punto.

a) La incongruencia en la sentencia.

El concepto de incongruencia como vicio de la sentencia supone la falta de correspondencia o bien entre lo pedido y lo resuelto (incongruencia externa) o bien entre las consideraciones y la resolutiva (incongruencia interna), pero no existe la incongruencia motivada por la divergencia en la interpretación y alcance de las pruebas, en tanto el tribunal a quo analizó el acervo probatorio atinente a la acreditación por parte del nombrado en el manejo del inglés nativo o raizal, el cual encontró no idóneo para declararlo probado. Por otra parte, ha sido claro a lo largo del proceso que la nulidad deprecada ha tenido como base precisamente el manejo de esta clase de inglés, en tanto las funciones y competencias a ejercer por parte del juez nombrado tendrían como asiento el territorio de una comunidad raizal como es la del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en esos límites se analizó el caso por el operador jurídico de la primera instancia.

No se advierte entonces prosperidad en este planteamiento de la apelación.

b) El juzgamiento de la legalidad de los actos administrativos.

Ha de recordarse que los actos administrativos como manifestaciones de voluntad de la administración, merecen también ser cobijados por los principios constitucionales de observancia al debido proceso.

En efecto, una de esas manifestaciones que, por lo general no se advierte, en tanto dado el respeto preponderante al estado social de derecho que casi siempre se mira desde la arista del ciudadano y no de la administración como si ella no perteneciera a la Nación, es que la ley preexistente al momento de juzgar la legalidad del acto administrativo se compone de las normas superiores constitucionales, legales y reglamentarias y de todos los actos administrativos que dentro de la estructura organizacional se reputan expedidos por autoridad jerárquicamente superior para el asunto materia de la decisión, a los cuales está sometido el servidor público que tiene la competencia en este caso de nombrar y confirmar el nombramiento de un juez de la República.

Pues bien, es claro que en el presente caso el acto de nombramiento y de confirmación proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene soporte en la atribución que a los tribunales les da la Ley 270 de 1996 de nombrar y confirmar a los funcionarios públicos administradores de justicia que dentro de la jerarquía son su instancia inmediatamente inferior.

Los tribunales en el ejercicio de esa función nominadora no son autónomos ni pueden adoptar decisiones discrecionales, pues por el contrario están sometidos a una serie de normas y procedimientos propios de la carrera judicial, esta última regentada por el Consejo Superior de la Judicatura, concretamente por la Sala Administrativa, de conformidad con los artículos 256 y 257 de la Constitución Política.

A lo largo de este proceso la controversia ha girado en torno al alcance, obligatoriedad y respeto de la Ley 47 de 1993(2) “Por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. En esta normativa dos disposiciones han sustentado la argumentación de la decisión del tribunal a quo y las disertaciones de las apelaciones de las recurrentes, los artículos 42 y 45, cuyos textos se transcriben a continuación:

“ART. 42.—Idioma y lengua oficial en el departamento del archipiélago. Son oficiales en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el castellano y el inglés comúnmente hablado por las comunidades nativas del archipiélago”.

“ART. 45.—Empleados públicos. Los empleados públicos que ejerzan funciones dentro del territorio del departamento archipiélago y tengan relación directa con el público, deberán hablar los idiomas castellano e inglés”.

Los dos anteriores artículos hallan armonía con el artículo 43 de esa misma ley, en el que se dispone: “Educación. La enseñanza que se imparta en el territorio del departamento archipiélago deberá ser bilingüe, castellano e inglés con respeto hacia las tradicionales expresiones lingüísticas de los nativos del archipiélago”.

Por otra parte, probatoriamente dicientes resultan los medios tanto documentales como el testimonial, en las que el tema de prueba giró en torno a si el demandado acreditó o no el manejo del inglés para poder ser nombrado y confirmado como funcionario de la Rama Judicial que ejercería sus competencias en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En efecto, las probanzas dan cuenta que el tribunal superior, previo al nombramiento y confirmación del demandado, sí desarrollo un análisis juicioso del tema. Así lo evidencian, pruebas documentales como el oficio CJOFI12-120 de 12 de enero de 2012(3) en el que la directora (e) de la unidad de administración de carrera judicial respondió a la consulta elevada por el entonces presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés para ilustrarse sobre la forma de acreditación del requisito del idioma, en el sentido de que mientras se reglamentara la forma de acreditar dicho requisito “no se encuentra inconveniente en que el nominador, pueda verificar su cumplimiento mediante el mecanismo utilizado actualmente por las autoridades del departamento o el instrumento que considere pertinente, siempre que atienda el sentido del prenombrado fallo (se refiere a la sentencia de 8 de abril de 2010 del Consejo de Estado, mediante la cual se anuló el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que previó examen TOELF como idóneo para probar el manejo idiomático raizal)”.

El Acta 028 de la Sala Plena del Tribunal Superior de 16 de mayo de 2012(4), en la que se advierte la actividad de los magistrados antes de proceder al nombramiento de los jueces, precisamente en el tema relativo a la acreditación del manejo del inglés, cuando al analizar la hoja de vida y los soportes del nombrado se destaca que anexó copia del formato que expide la gobernación del departamento archipiélago una vez presentó el examen y que obtuvo puntaje superior al mínimo que se exige para reputar que maneja el idioma inglés.

Certificado de 11 de mayo de 2012, traducido al español, expedido por la secretaría de educación concretamente por la oficina de etnoeducación, que da cuenta que el demandado Carlos Mora Rico fue evaluado en el manejo del idioma inglés y obtuvo un puntaje de C1 avanzado, que le permite desarrollar trabajo profesional en inglés. De 100 puntos obtuvo 66, cuyos ítems fueron: sección I. Escucha: 14 puntos (de máximo 20): sección II. Lectura: 14 puntos (de máximo 20); sección III. Uso del lenguaje: 21 puntos (de máximo 30) y sección IV. Entrevista: 17 puntos (de máximo 30 puntos).

Finalmente, ilustrador resulta el testimonio rendido por el entonces servidor de la secretaría de educación departamental Dionicio Vincent Brown(5), quien en las razones sustento de su dicho y bajo la gravedad del juramento manifestó que es oriundo de San Andrés, magister en educación con especialidad en educación bilingüe multicultural y que dentro de sus funciones está la de asesorar el diseño e implementación de la educación bilingüe e intercultural y administrar el examen inglés a los prospectos de empleados públicos. Expuso que el inglés hablado en la isla es el comúnmente hablado solo que tiene diferentes niveles y que la Ley 47 de 1993 no definió con exactitud a qué quiso referirse con la expresión “comúnmente hablado” y que el examen a cargo de la secretaría de educación departamental es el idóneo para acreditar el manejo del inglés en San Andrés.

El testigo procedió a explicar el método, las etapas que se seguían en el examen y cómo se ponderan las calificaciones dependiendo de las funciones que vaya a cumplir el servidor público.

Vista la discusión, la Sala encuentra por la conducta desplegada por el tribunal superior nominador que este empleó las herramientas que tuvo a su alcance para respetar las normas de protección lingüística de la comunidad raizal, sólo que en criterio del tribunal administrativo a quo, no existió probanza adecuada que pudiera acreditar que el nombrado juez hablaba la lengua raizal.

Puede decirse entonces que la decisión del problema jurídico estaría en precisar cuál es la prueba idónea para dar por acreditado el manejo del inglés comúnmente hablado por las comunidades nativas del archipiélago que respeta las tradicionales expresiones lingüísticas de los nativos del archipiélago, armonizándolo con el alcance que la Corte Constitucional dio a la Ley 47 de 1993, en la Sentencia C-086 de 1994 y guardando el respeto debido a los antecedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado de 8 de abril de 2010, en el que se anuló el Acuerdo PSAA06-3536 de 25 de julio de 20010 “Por el cual se dictan las disposiciones acerca del procedimiento para la verificación del cumplimiento del requisito del idioma inglés, por parte de los integrantes del registro de elegibles para el cargo de juez o magistrado en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” y de la Corte Suprema de Justicia de 14 de agosto de 2012, en el que se anuló la elección que hiciera el Consejo de Estado de dos magistrados del tribunal administrativo de dicho departamento.

Para ello, la Sala encuentra que para la época en que se expidió el acto de nombramiento (abr. 25/2012(6)) y el de confirmación (mayo 17/2012(7)) entró en vigencia la regulación de protección y fortalecimiento de las lenguas nativas: la Ley 1381 de 2010(8) “Por la cual se desarrollan los artículos 7º, 8º, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4º, 5º y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes”.

Valga aclarar que al momento de la convocatoria al concurso de méritos mediante el Acuerdo 4528 de 4 de febrero de 2008(9) la norma que regulaba este aspecto era, exclusivamente, la Ley 47 de 1993, pero al momento de materializarse las decisiones de nombramiento y de confirmación que se están juzgando en este proceso de nulidad electoral, se contaba dentro del panorama normativo con la Ley 1381 de 2010, la cual debe ser tenida en cuenta porque hace parte de la temática de las medidas de protección lingüística de los grupos étnicos, en ámbito diferente a la regulación que contiene la Ley 47 de 1993 atinente a “la organización y funcionamiento del departamento archipiélago...”.

El legislador en esta nueva Ley 1381, fijó como propósitos el de garantizar el reconocimiento, protección y desarrollo de los derechos lingüísticos de los grupos étnicos con tradición lingüística; el de promover el uso y desarrollo de las lenguas nativas, incluido el creole de la Isla de San Andrés, Santa Catalina y Providencia.

Por otra parte, precisó el alcance y concepto de qué entender por lengua nativa como aquella hablada por los grupos étnicos del país “las de origen indoamericano, habladas por los pueblos indígenas, las lenguas criollas habladas por comunidades afrodescendientes y la lengua romaní hablada por las comunidades del pueblo rom o gitano y la lengua hablada por la comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” (art. 1º).

Concretó el respeto a la diversidad cultural y étnica prevista constitucionalmente, mediante la positivización del derecho de uso de las lenguas nativas y del castellano en el sentido de que los hablantes de la lengua nativa tienen el derecho a comunicarse en sus lenguas, geográficamente en todo el territorio nacional y circunstancialmente en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas y especifica que todos los habitantes del departamento de San Andrés y Providencia tienen el derecho a conocer y a usar las lenguas nativas de uso tradicional junto con el castellano (art. 5º).

Incluso en materia de educación de las lenguas nativas impuso que en los lugares donde se hablen sea obligatoria su enseñanza. Pero advirtió que para la atención de la población en edad escolar podrían ingresar al servicio educativo personal auxiliar en lengua nativa. Asimismo, planteó como deber del Estado adoptar y gestionar las medidas necesarias para que los educadores hablen y escriban la lengua nativa y conozcan la cultura del grupo, a tal punto que el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las universidades del país y otras entidades motiven la creación de programas de formación de docentes para capacitarlos en el buen uso y enseñanza de las lenguas nativas (art. 20).

Igualmente, se advierte en el contenido de la Ley 1381, la consagración de medidas efectivas para potencializar la protección de las lenguas nativas, mediante su divulgación, como se advierte de previsiones en las que dispone que el Ministerio de la Cultura coordine con su homólogo de educación nacional y con otras instituciones del Estado, la creación de programas de formación de traductores-intérpretes en lenguas nativas y castellano, implementados por las instituciones públicas y privadas que tengan la idoneidad necesaria y, como acontece con el apoyo que el Estado prestará a las universidades y otras entidades educativas idóneas para crear cátedras para el estudio y aprendizaje de lenguas nativas, la creación de programas de capacitación en el conocimiento y uso de lenguas de comunidades nativas, dirigidos a aquellas personas no nativas que tienen la responsabilidad en la prestación de servicios públicos o desarrollo de programas a favor de aquellas comunidades de grupos étnicos que enfrentan dificultades para comunicarse en castellano (art. 21).

Orgánicamente, el legislador asignó al Ministerio de la Cultura la coordinación de la acción del Estado para la formulación y efectividad de la política de protección y fortalecimiento de las lenguas nativas y creó el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas, como organismo técnico encargado de asesorar al Ministerio de Cultura en la definición, adopción y orientación de los planes de protección y fortalecimiento de las lenguas de grupos étnicos presentes en el territorio nacional.

Dicho consejo nacional asesor estará integrado mayoritariamente por personas pertenecientes a los grupos étnicos hablantes sabedores reconocidos de sus lenguas y/o con trayectoria en su promoción, quienes serán elegidos por la misma comunidad, de acuerdo con la reglamentación concertada entre el ministerio y voceros de las comunidades, por un experto en lenguas nativas del Instituto Caro y Cuervo, de un experto en lenguas nativas de la Universidad Nacional de Colombia, de un experto en representación de las otras universidades que desarrollan programas de investigación en lenguas nativas y de un experto en representación de las universidades que desarrollan programas de etnoeducación, un delegado del Ministro de Educación Nacional con responsabilidades en el tema de la educación entre grupos étnicos y de un delegado del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, responsable del tema de medios de comunicación dentro de los grupos étnicos (arts. 22 y 23).

La Ley 1381 de 2010 parte del principio de concertación como instrumento para la interpretación y aplicación de las disposiciones al prever que: “las entidades del Estado investidas de atribuciones para el cumplimiento de funciones relacionadas con las lenguas nativas, deberán actuar con reconocimiento y sujeción a los principios de la necesaria concertación de sus actividades con las comunidades de los grupos étnicos y sus autoridades, y de autonomía de gobierno interno del que gozan estas poblaciones en el marco de las normas constitucionales y de los convenios internacionales ratificados por el Estado”.

Se evidencia entonces que el manejo de las lenguas raizales está embebido de un esquema conciliador y coordinado entre los grupos étnicos como parte integrante de la Nación y el Estado y su tradicional manejo y consagración al idioma castellano.

Por otra parte, la Ley 47 de 1993, a partir de la interpretación que la Corte Constitucional hiciera en su Sentencia C-086 de 1994, es aplicable a los funcionarios judiciales, en cuanto en el artículo 45 dispone: “Los empleados públicos que ejerzan sus funciones, dentro del territorio del departamento archipiélago y tengan relación directa con el público, deberán hablar idiomas castellano e inglés” y por su parte la Ley 1381 de 2010 consagró medidas de protección lingüística para las personas raizales y hablantes de manifestaciones lingüísticas propias medidas para el acceso a la administración de justicia.

En efecto, el artículo 7º de la Ley 1381 dispone la asistencia de intérpretes y defensores que tengan conocimiento de la lengua y de la cultura cuando el hablante nativo deba comparecer ante el sistema judicial. La literalidad de la disposición es:

“ART. 7º—Derechos en las relaciones con la justicia. Los hablantes de lenguas nativas que por razones jurídicas de cualquier índole, tengan que comparecer ante los órganos del sistema judicial nacional, tendrán derecho a actuar en su propia lengua, y las autoridades responsables proveerán lo necesario para que, en los juicios que se realicen, quienes lo solicitaren sean asistidos gratuitamente por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. El Ministerio del Interior y de Justicia acordará con las autoridades de los departamentos, distritos, municipios y con las autoridades de los grupos étnicos donde habiten comunidades que hablen lenguas nativas, la adopción de medidas que permitan avanzar progresivamente en el cumplimiento y satisfacción de los derechos y compromisos definidos en el presente artículo”.

De tal suerte que la exigencia de que el funcionario público maneje el inglés raizal, previsto en la Ley 47 de 1993 (art. 45), que es extensivo a los funcionarios de la Rama Judicial conforme al alcance que le diera la Corte Constitucional en la Sentencia C-086 de 1994 es un tema propio para el archipiélago derivado de su especial carácter al contar entre sus habitantes con personas con tradición lingüística propia; mientras que el propósito de la previsión de la Ley 1381 de 2010 (art. 7º) es otorgar a esos habitantes los medios para interactuar ante las autoridades judiciales en todo el territorio nacional, a través de intérpretes y defensores lingüística y culturalmente compatibles.

La exposición de motivos del proyecto que luego se convirtió en la Ley 1381 de 2010, resulta ilustrativo en cuanto a la preponderancia y al alcance que otorga a la lengua no como un simple instrumento de comunicación sino en su carácter de “creación cultural altamente compleja, un sistema simbólico de cohesión e identificación colectiva, de expresión creadora autónoma, de memoria milenaria. La pérdida de una lengua es la desaparición de una de las caras espirituales de la humanidad” (véase Gaceta del Congreso 142, mar. 19/2009. pág. 1).

Lo anterior en cuanto al propósito general de la regulación. Así mismo, el legislador explicó el porqué de la necesidad y trascendencia de un ordenamiento legal sobre lenguas nativas e indicó que al igual que todas las regulaciones sobre el tema, existen dos principales requerimientos: a) conseguir que las lenguas de estas sociedades, como elemento de expresión de identidad ética y cultural, permanezca y se asegure su continuidad y a su vez se garantice la vitalidad de esos conglomerados y, b) garantizar la responsabilidad del Estado con las agrupación étnicas que aún conservan esas lenguas y agregó: “la prestación de servicios fundamentales, como ... la articulación de sus sistemas jurisdiccionales con el sistema judicial nacional,... encuentran actualmente limitaciones muy serias por la carencia de una comunicación ágil y oportuna con los numerosos sectores de estas sociedades que no hablan el castellano o lo hablan con dificultad. Y es claro que la adopción de medidas que resuelvan tales limitaciones, proveyendo a las propias agrupaciones étnicas y a los organismos del Estado de alternativas para agilizar la comunicación lingüística resulta necesaria y urgente... puede afirmarse que la adopción de un instrumento legal que asegure el ‘reconocimiento y la protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos’ individuales y colectivos de los grupos étnicos’, representa un factor de alto interés y conveniencia tanto para las agrupaciones étnicas, como para el Estado colombiano y el país en general...” (Gaceta 142, mar. 19/2009. Págs. 3 y 4).

Por ello, al referirse a la razón de ser del contenido de la ley y a su objeto, la motivación es explícita en afirmar que busca definir y poner en ejecución una política especial de salvaguarda de las lenguas nativas, como un componente importante del acervo cultural de las agrupaciones étnicas del país.

En consecuencia, para el caso que ocupa la atención de la Sala, la exigencia del requisito previsto en la Ley 47 de 1993 y su respectivo complemento en cuanto al acceso a la administración de justicia en todo el territorio nacional de la persona raizal será protegida a través de intérprete y defensor que maneje su lengua como claramente lo dispone el artículo 7º de la Ley 1381 de 2010, constituyen mecanismos legislativos de protección a las comunidades lingüísticas y en particular a la Colombia del archipiélago.

Ahora bien, sin demeritar la teleología de las regulaciones contenidas en la Ley 47 de 1993 y en Ley 1381 de 2010 y el propósito del legislador de 1993 al reconocer al archipiélago sus especialísimas e importantes condiciones culturales y el del legislador de 2010 de defender las tradiciones lingüísticas de las comunidades étnicas, en las que se incluye la comunidad del Archipiélago de San Andrés, lo cierto es que no existe norma que dé claridad en la actualidad de cuál es la prueba idónea para acreditar el manejo de la lengua raizal y rememorando el acervo probatorio relacionado párrafos atrás; sobretodo el testimonio del servidor de la secretaría de educación departamental, la Sala advierte que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, en forma previa y juiciosa utilizó todas las herramientas posibles a su alcance para proceder a nombrar a quien encontrándose en la lista de elegibles superó la prueba del idioma que el propio departamento de San Andrés, Santa Catalina y Providencia tiene actualmente implementada para acreditar el manejo del idioma para el desempeño de la función pública administrativa y jurisdiccional y que el señor juez Carlos Wilson Mora presentó precisamente esa prueba y la superó el puntaje mínimo para darla por aprobada.

Las anteriores consideraciones llevan a la Sección Quinta a revocar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda, en tanto el tribunal nominador del señor juez penal del circuito especializado de ese distrito judicial desplegó las actuaciones que correspondían en forma ordenada y previa a la expedición de los actos demandados y no encuentra la Sección Quinta dentro de un criterio razonable, haber exigido otra actuación de parte del operador jurídico.

En atención a que la Sección Quinta no encuentra prosperidad en la nulidad de los actos demandados, que constituye la pretensión central de la demanda de nulidad electoral, ello hace que las restantes pretensiones —consecuenciales de la solicitud de nulidad y no autónomas con respecto a esta referentes a proveer la vacante (pretensiones 3 y 4)— no tengan que ser estudiadas, dada su conexidad directa con aquella. En consecuencia, se revocará el numeral segundo de la parte resolutiva, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓQUESE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 13 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En su lugar, SE NIEGAN en su totalidad las pretensiones de la demanda interpuesta por Corine Duffis Steel contra el nombramiento y conformación del doctor Carlos Wilson Mora Rico, como Juez Penal del Circuito Especializado de San Andres, Providencia y Santa Catalina.

2. Ejecutoriada este sentencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Fls. 142 y 138 a 139.

(2) Publicada en el D.O. 40.763, de 19 de febrero de 1993.

(3) Obrante de fls. 67 a 68.

(4) Véase fl. 212.

(5) Véanse fls. 97 a 99.

(6) Véase folio 142.

(7) Véase folio 138 a 139.

(8) Diario Oficial 47.603 de 25 de enero de 2010.

(9) Véase folios 69 a 79.