Sentencia 2012-00029 de noviembre 20 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad. 4400 12331 000 2012 00029 01 (44583)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Corporación Autónoma Regional de La Guajira-Corpoguajira

Demandado: Sociedad Liberty Seguros S.A.

Proceso: Ejecutivo

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La competencia para resolver sobre la apelación y la procedencia del recurso.

Para comenzar, valga advertir que el asunto que se ha puesto en conocimiento se encuentra regido por las normas del Decreto 1 de 1984, normatividad en la que no se encontraba regulación especial respecto del proceso ejecutivo ni de las medidas cautelares, razón por la cual se impone, para todos los efectos, dar aplicación a las normas del Código de Procedimiento Civil en virtud, de la remisión que se hace a esta normativa por mandato del artículo 267 del mencionado decreto. En estos términos, el inciso final del artículo 513 del Código de Procedimiento Civil dispone que: “El auto que decrete o niegue las medidas cautelares y el que las revoque por vía de reposición, son apelables en el efecto devolutivo”.

Bajo esa perspectiva y comoquiera que se trata de una providencia dictada en primera instancia por un tribunal administrativo, corresponde a esta corporación pronunciarse sobre el recurso formulado(15). Así mismo, debido a que la apelación se interpuso en vigencia del Decreto 1 de 1984 y bajo el régimen de las modificaciones hechas a este por la Ley 1395 de 2010(16), la decisión será adoptada por el despacho(17).

2. Del asunto objeto de estudio.

2.1. De la naturaleza y finalidad de la caución judicial. Generalidades.

De conformidad con el Código Civil, caución significa generalmente, cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena(18). Por su parte, la Corte Constitucional haciendo referencia a esta figura jurídica la definió en los siguientes términos:

“las cauciones son garantías suscritas por las sujetos procesales destinadas o asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por estos durante el proceso, así como a garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen. Así entonces, mediante el compromiso personal o económico que se deriva de la suscripción de una caución, el individuo involucrado en un procedimiento determinado (1) manifiesta su voluntad de cumplir con los deberes impuestos en el trámite de las diligencias y, además (2) garantiza el pago de los perjuicios que algunas de sus actuaciones procesales pudieran ocasionar a la contraparte. Las cauciones operan entonces como mecanismo de seguridad e indemnización dentro del proceso”(19).

2.2. De la obligatoriedad de constituirla en los procesos ejecutivos para el decreto y práctica de medidas cautelares previas.

2.1.1. De su oportunidad, clases y cuantía.

El artículo 513 del Código de Procedimiento Civil al regular lo correspondiente al embargo y secuestro previos, señala en su inciso 10 lo siguiente:

“Para que puedo decretarse el embargo o secuestro de bienes antes de la ejecutoria del mandamiento de pago, el ejecutante deberá prestar caución en dinero, bancaria o de compañía de seguros, equivalente al diez por ciento del valor actual de la ejecución, para responder por los perjuicios que se causen con la práctica de dichas medidas cautelares. Esta caución se cancelará una vez el ejecutante pague el valor de los perjuicios liquidados o precluya la oportunidad para liquidarlos, o consigne el valor de la caución a órdenes del juzgado o el de dichos perjuicios, si fuere inferior”.

Partiendo del contenido de la anterior disposición, para que pueda decretarse el embargo o secuestro de bienes antes de la ejecutoria del mandamiento de pago, es necesario que el ejecutante otorgue caución.

Así mismo, en cuanto a la clase y cuantía de la caución que debe prestar el ejecutante, contiene la norma una regulación especial frente a la dispuesta por el artículo 678 del mismo código, disposición que regula de manera general lo atinente, a las clases, cuantía y oportunidad para la constitución de las cauciones que ordena prestar el respectivo estatuto(20).

Así pues, el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil establece que la caución judicial que debe prestar el ejecutante como requisito para proceder al decreto y práctica de las medidas cautelares previas, puede ser en dinero, bancaria o de compañía de seguros, excluyendo, para el caso las garantías reales y las otorgadas por entidades de crédito legalmente autorizadas a las que se refiere el artículo 678 anteriormente referenciado. En cuanto a la cuantía de la caución, determina el artículo un monto legal que fija en el equivalente al 10% del valor actual de la ejecución.

Por lo demás y en lo no consagrado como regulación especial por el artículo 513 anteriormente descrito, le son aplicables a esta clase de cauciones las reglas previstas en el artículo 678 del Código de Procedimiento Civil, que, entre otras cosas, señala la oportunidad y otras condiciones para la constitución de las mismas. Dice así el artículo:

“ART. 678.—Clases, cuantía y oportunidad para constituirlas. Las cauciones que ordena prestar este código pueden ser en dinero, reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguros o entidades de crédito legalmente autorizadas para esta clase de operaciones. Si el juez considera necesario un dictamen de peritos para fijar la cuantía de la caución, podrá decretarlo y las expensas serán de cargo de quien deba prestarla.

En la providencia que ordene prestar la caución se indicarán su cuantía y el plazo en que debe constituirse, cuando la ley no las señale. Si no se presta oportunamente, el juez resolverá sobre los efectos de la renuencia, de conformidad con lo dispuesto en este código.

Las cauciones en dinero deberán consignarse en la cuenta de depósitos judiciales del respectivo despacho.

Podrá reemplazarse por dinero cualquier caución ya constituida, consignando su importe en la cuenta judicial, o por otra de las indicadas en el inciso primero cuando en concepto del juez ofrezca igual garantía y facilidad para hacerla efectiva”.

2.1.2. De la calificación de la suficiencia de la caución.

En cuanto a los requisitos que debe observar el juez para calificar la suficiencia de la caución, se debe entender que son los previstos de manera general en el artículo 678 del Código de Procedimiento Civil y de manera especial en el artículo 513 inciso 10 (para el caso de las cauciones otorgadas para el decreto de las medidas cautelares previas), a los que se hizo alusión en el acápite anterior.

No obstante lo anterior, resulta del caso advertir que los requisitos que se deben tener en cuenta para determinar la calificación de las cauciones judiciales no se agotan en las disposiciones normativas anteriormente descritas, toda vez que la labor del juez consiste esencialmente en determinar si esta tiene la eficacia jurídica o no para darle cumplimiento al deber de prestarla, es decir, en términos más precisos, si tiene la virtualidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las partes durante el proceso, así como también de garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen.

En este orden de ideas, resulta razonable concluir que para efectos de pronunciarse respecto de la aceptación o el rechazo de la caución, al juez le corresponde verificar que esta no solo cumpla a cabalidad con los requisitos generales y formales consagrados en el Código de Procedimiento Civil, los cuales, como viene de verse, consisten principalmente en reglas respecto a la oportunidad de su constitución, las clases de caución procedentes y su cuantía, sino también, y con igual importancia, debe constatar que en esencia la caución reúna las condiciones jurídicas necesarias que aseguren con suficiencia, en caso de hacerse efectiva, el pago de la obligación a la cual le sirve de garantía.

3. El caso concreto.

Manifestó la parte ejecutada en su recurso que la caución prestada por la entidad ejecutante mediante póliza de seguros 1002735 expedida por la Compañía Aseguradora La Previsora S.A., en cumplimiento a lo previsto por el inciso 10 del artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, para la procedencia y práctica de las medidas cautelares solicitadas como previas, no cumplió con los requisitos generales contenidos en el artículo 1047 del Código de Comercio aplicables para toda clase de pólizas de seguros, ni tampoco con los establecidos en los artículos 678 y 679 del Código de Procedimiento Civil.

Como fundamento principal de su señalamiento destacó la parte recurrente el error que advirtió en la carátula de dicha póliza, en la cual se consignó que la autoridad que ordenó prestar la caución fue un juzgado civil del circuito y no el Tribunal Administrativo de La Guajira como en el caso correspondía.

Así pues, en cuanto atañe a este punto específico de la reclamación, encuentra el despacho que la compañía de seguros que expidió la póliza judicial aportada como caución por la entidad ejecutante efectivamente incurrió en el error alegado por la recurrente en el sentido de incluir como entidad que exigió la caución al juzgado civil del circuito, en lugar del Tribunal Administrativo de La Guajira. Sin embargo, se considera que el tribunal a quo al resolver el recurso de reposición no se equivocó cuando entendió que dicho error había quedado corregido con el documento de corrección de la póliza expedido por la compañía aseguradora y aportado por la parte ejecutante dentro del término de traslado del recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutada, teniendo en cuenta que se trató de la corrección de la póliza inicialmente expedida y no de la expedición de una nueva póliza proferida con posterioridad a la providencia por medio de la cual se decretaron las medidas cautelares.

En todo caso, oportuno resulta agregar a las anteriores consideraciones que la falencia alegada por la parte recurrente no tiene el alcance para comprometer ni la idoneidad, ni la suficiencia de la póliza judicial aportada como caución por la parle ejecutada, pues el contenido de esta clase de información, al margen de ser un eslabón más encaminado a identificar de la manera más precisa posible las pólizas judiciales, no tiene la virtualidad de afectar los efectos jurídicos deseados con la orden de su otorgamiento y su constitución, razón por la cual, teniendo en cuenta que la decisión última en cuanto a su aceptación o rechazo pende directamente de la suficiencia de la misma, es decir, de su capacidad para garantizar de manera efectiva el pago de unos perjuicios que eventualmente pudieran causarse a la contraparte como consecuencia de la actuación de quien la presta, un error en el sentido aludido no puede constituirse en causal de rechazo de la caución otorgada.

De otro lado y teniendo en cuenta que la parte recurrente sustentó el recurso alegando enfáticamente que la póliza prestada por Corpoguajira no cumplía con los requisitos necesarios para ser aceptada, el despachó procedió a evaluarla y encontró que quien figura como parte beneficiaria de la misma es la entidad demandante, lo cual constituye, en efecto, una grave inconsistencia que afecta directamente la eficacia jurídica de la caución, comoquiera que en estos casos quien debe figurar como beneficiario de la póliza de seguro es exclusivamente la parte demandada, pues el objeto de la misma es garantizar, precisamente, la cobertura de los eventuales perjuicios que se le puedan causar a dicha parte con la práctica de las medidas cautelares decretadas dentro del proceso.

En efecto, no hay duda que quienes figuren en la póliza como beneficiarios son quienes pueden reclamar frente a la compañía de seguros la respectiva indemnización, pues tratándose de un seguro de daños, son ellos los titulares del interés asegurable; o sea aquellos cuyo patrimonio puede resultar afectado por la ocurrencia del riesgo:

En este orden de ideas, el recurso de apelación interpuesto está llamado a prosperar, toda vez que, tal como lo sostiene la parte recurrente, la caución prestada no cumple cabalmente con los requisitos legales exigidos para ser aceptada dentro del proceso judicial, por cuanto el defecto sustancial del que adolece tiene la entidad suficiente para afectar de manera determinante el objetivo que debe cumplir, es decir, garantizar de manera efectiva el pago de unas perjuicios que eventualmente pudieran causarse a la contraparte como consecuencia de la actuación de quien la presta, circunstancia esta que se constituía en una razón más que suficiente para que el tribunal a quo la hubiera rechazado, en lugar de aceptarla y decretar con base en ella las medidas cautelares solicitadas sobre los bienes de la parte demandada.

Así las cosas, concluye el despacho que en el presente caso resulta procedente revocar el auto de 20 de abril de 2012, promulgado por el Tribunal Administrativo de La Guajira, como en efecto se hará.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto de 20 de abril de 2012 proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante el cual se decretaron las medidas cautelares sobre los bienes de la parte demandada.

2. En su lugar, RECHAZAR la caución judicial prestada y en consecuencia, DENEGAR el decreto de las medidas cautelares.

3. Por secretaría, ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(15) Código Contencioso Administrativo: ART. 129.—El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segundo instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cunado no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.

(16) El recurso de apelación se interpuso, en subsidio del recurso de reposición, el 30 de abril de 2012 (fl. 13, cdno. ppal.).

(17) El artículo 61 de la Ley 1395 de 2010, que adicionó al Código Contencioso Administrativo (D. 1/84) el artículo 146A señala: “Las decisiones interlocutorias del proceso en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos, el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente”. La Ley 1395 de 2010 entró en vigencia el 13 de julio de 2010.

(18) ART. 65.—Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda.

(19) Corte Constitucional Sentencia C-316 del 30 de abril de 2002. Magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.

(20) “ART. 678.—Clases, cuantía y oportunidad para constituirlas. Los cauciones que ordena prestar este código pueden ser en dinero, reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguros o entidades de crédito legalmente autorizadas para esta clase de operaciones. Si el juez considera necesario un dictamen de peritos para fijar la cuantía de la caución, podrá decretarlo y las expensas serán de cargo de quien deba prestarla.

En la providencia que ordene prestar la caución se indicarán su cuantía y el plazo en que debe constituirse, cuando la ley no las señale. Si no se presta oportunamente, el juez resolverá sobre los efectos de la renuencia, de conformidad con lo dispuesto en este código.

Las cauciones en dinero deberán consignase en la cuenta de depósitos judiciales del respectivo despacho.

Podrá reemplazarse por dinero cualquier caución ya constituida, consignando su importe en la cuenta judicial, o por otra de las indicadas en el inciso primero cuando en concepto del juez ofrezca igual garantía y facilidad para hacerla efectiva”.