Sentencia 2012-00030 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Exp.: 540012331000201200030-01

Demandante: Carlos Luis Dávila Rosas

Demandados: Concejales de Cúcuta

Electoral: Fallo 2ª instancia

Bogotá D.C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de esta Sección para conocer de la apelación formulada por la parte demandante contra el fallo proferido el 26 de julio de 2012, por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, está fijada por lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999 —Reglamento Consejo de Estado—, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.

2. De la prueba del acto de elección acusado.

La elección de Concejales del municipio de Cúcuta, período constitucional 2012-2015, se acreditó con copia auténtica del Acuerdo 6 de 1º de diciembre de 2011, expedido por el Consejo Nacional Electoral(8).

3. Examen del fallo inhibitorio.

El señor Carlos Luis Dávila Rosas presentó demanda de nulidad electoral contra el Acuerdo 6 de 1º de diciembre de 2011, expedido por el Consejo Nacional Electoral, a fin de que se invalide la elección de concejales del municipio de Cúcuta para el período constitucional 2012-2015, con fundamento en múltiples irregularidades, tales como que: (i) El candidato 1 del partido ASI tiende a subir con respecto al candidato 2 del mismo colectivo; (ii) El candidato 19 del partido ASI inicialmente tenía 2.417 votos, pero al final resultó con 1.569 votos, con una pérdida de 848 sufragios; (iii) El número de votantes para alcaldía y gobernación es superior a la de dicho concejo; (iv) En “varias mesas” el número de electores para Asamblea de Norte de Santander supera en un 10% al de sufragantes para Concejo de Cúcuta, sin que se hiciera recuento; (v) En el escrutinio zonal y municipal no se detalló la votación por cada candidato; (vi) La Resolución 4121 de 27 de octubre de 2011, expedida por el Consejo Nacional Electoral, solo se publicó a dos días de las elecciones, motivo por el cual era inaplicable para la jornada electoral de 30 de los mismos, en la que debió aplicarse el artículo 193 del Código Electoral, y las resoluciones 552 y 754 de 2010, dictadas por el Consejo Nacional Electoral, según las cuales el escrutinio debió comenzar el martes siguiente a las elecciones; (vii) Se violó el artículo 164 del Código Electoral, al no practicarse el recuento de la votación por diferencias superiores al 10% en los votos entre las listas del mismo partido a diferentes corporaciones públicas; (viii) No se podían rechazar las reclamaciones por extemporáneas; (ix) si bien hubo diferencias entre los formularios E-14 y E-24 “no se hizo el reconteo de votos lo cual es obligatorio”, (x) hubo recuento de votos “pero no se consignan en el acta de escrutinio respectivas (sic) la actualización de resultados”, que (xi) “varias mesas en donde no hay suficientes firmas de jurados en las actas lo cual debió haber sacado esa votación del escrutinio”, que (xii) “varias mesas en donde la votación de partidos tiene diferencia de más del 10% con las votaciones de otra corporación pública en cuanto a los mismos partidos lo cual obliga a hacer reconteo y no se hizo”, (xiii) hubo trashumancia en la mesa 3 de la zona 9 puesto 1 sin que ello se hubiera corregido mediante la exclusión de la mesa, (xiv) en la mesa 8 de la zona 9 puesto 1 “se muestran los E14 de otra zona y puesto de votación y no se hizo reconteo”.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con fallo de 26 de julio de 2012, dictó sentencia inhibitoria sobre las súplicas de la demanda, con sustento en que en este caso no solamente era imperativo impugnar la legalidad del acto de elección, sino también “las resoluciones de la respectiva autoridad electoral sobre las reclamaciones oportunamente presentadas”; y, en que las reclamaciones por error aritmético debieron presentarse por primera vez ante la comisión escrutadora auxiliar o la comisión escrutadora municipal, pero no ante la comisión escrutadora departamental, como aquí ocurrió.

La parte demandante, en su escrito de apelación, cuestiona la decisión asumida por el tribunal a quo, con fundamento en que si la demanda no fue inadmitida ni rechazada, esa corporación no tenía más alternativa que dictar sentencia de fondo, y en que el fallo inhibitorio tampoco procedía por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, porque ello “soslaya los derechos de los administrados de obtener un pronunciamiento de mérito”.

En lo demás, el escrito de apelación pide aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a la Resolución 4121 de 2011, expedida por el Consejo Nacional Electoral, porque desconocía el literal c) del artículo 152 de la Constitución, ya que se trataba de funciones electorales, y porque ello implicaba la modificación del Código Electoral, en cuanto a la oportunidad para presentar reclamaciones y al día en que debía iniciar el escrutinio, que en opinión del apelante debía ser el martes siguiente a la jornada electoral.

Ante este panorama, la Sala determinará, en primer lugar, la procedencia del fallo inhibitorio en lo que respecta a las irregularidades denunciadas con la demanda, por la circunstancia señalada por el tribunal a quo.

En el hecho 13 de la demanda se afirmó que respecto del partido ASI se presentaron irregularidades en la votación debido a diferencias injustificadas en la votación de ciertas opciones políticas. Con tal fin se suministró información atinente al número de la “reclamación”, la zona, el puesto, la mesa, el número del candidato, el número de votos registrado en el formulario E-14 y el número de votos que figuraban en el formulario E-24(9).

Para probar lo afirmado, el demandante aportó copia(10) de los formatos de “reclamaciones” visibles de folios 16 a 79 del cuaderno principal, que se emplearon para denunciar ante la Comisión Escrutadora de Norte de Santander las irregularidades consistentes en diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-24. Del mismo modo aportó copia de las resoluciones 108(11) de 11 de noviembre, 111(12) de 11 de noviembre, 112(13) de 11 de noviembre y 124(14) de 12 de noviembre, todas de 2011, expedidas por la Comisión Escrutadora Departamental de Norte de Santander.

Con la Resolución 108 de 11 de noviembre de 2011 no se accedió a recontar la votación y se dispuso “Confirmar la información del escrutinio...”, frente a determinados candidatos. Con la Resolución 111 de la misma fecha no se acogió la petición de recontar la votación y se dispuso “Confirmar la información del escrutinio...”, en cuanto a ciertos candidatos. Con la Resolución 112 de la misma fecha se confirmó el escrutinio en unos casos, mientras que en otros se ordenó su corrección. Y, con la Resolución 124 de 12 de noviembre, se dispuso “Rechazar por extemporáneas las reclamaciones presentadas por el Doctor Carlos Eduardo Camero, candidato al Concejo de la Ciudad de Cúcuta y radicadas en secretaría desde la número 219 hasta la 293”, con fundamento en que se radicaron “...después de haberse cerrado el escrutinio y precluida la oportunidad para presentar reclamaciones y recursos relacionados con las Elecciones efectuadas en el Departamento de Norte de Santander el 30 de octubre de 2011,...”. Con Acuerdo 6 de 1º de diciembre de 2011 —acto de elección—, expedido por el Consejo Nacional Electoral, se dispuso rechazar las apelaciones presentadas por el señor Camero Rolón en torno a las resoluciones 108, 111 y 124 de 2011.

La información concerniente a las irregularidades denunciadas con esta demanda y a los actos administrativos que se ocuparon de las mismas, se presentan por la Sala en la siguiente tabla:

SolicitudZPMCCargoActo Administrativo
141010201003E-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
1420101034ListaE-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
144010101813E-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
145010102219E-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
1460102027ListaE-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
1480103028 E-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
149010301419E-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
1500201065ListaE-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
151020105913E-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
1520201032ListaE-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
1530201067ListaE-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
1540201055 E-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
1550201073 E-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
157070401901E-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
1580704019ListaE-14≠E-24Res. 112/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
219040400211E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
220080403301E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
221050102501E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
222040401701E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
225080400301E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2260404017ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2280402027ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2290602025ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2300503031ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2310503016ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2320503006ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2330504003ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2340504007ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2360502029ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2370904007ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2380401023ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2390601004ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2400601008ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2410804005ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2430606010ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2430606014ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2450301014ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2460302001ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2470302006ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2480302020ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2490302037ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2500703030ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2510802042ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2530803025ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2540803024ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2550803008ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2560801003ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2570901001ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2580903001ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
260050600302E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
261050201102E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
262050102202E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
264080302102E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
264080500902E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
265070500102E-14≠E-24Res. 108/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
267100100104E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
268060202619E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
269080400506E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
271060100808E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
272060203110E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
273030101404E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
274030101411E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
275030101611E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
276030101609E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
277030102006E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
278080201110E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
279070301703E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
2811001007ListaE-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
283080203408E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
285080301019E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
286080302704E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
287080303419E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
288090201115E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
289090201116E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
290050300706E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
291050201219E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
292050101608E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
293090103008E-14≠E-24Res. 124/11 Comisión Escrutadora Norte Santander
 090100901E-14≠E-24Res. 111/11 Comisión Escrutadora Norte Santander

 

Lo dicho hasta el momento pone de presente que las anteriores irregularidades, consistentes en falsedades por diferencias no justificadas entre los formularios E-14 y E-24, fueron objeto de denuncia, conocimiento y decisión por parte de las autoridades electorales. En el caso de las resoluciones 108, 111, 112 y 124 de 2011, fue la Comisión Escrutadora Departamental de Norte de Santander quien profirió los actos en primera instancia; y en cuanto al Acuerdo 6 del mismo año, fue el Consejo Nacional Electoral quien se ocupó de la segunda instancia.

Así las cosas, con fundamento en lo previsto en los artículos 227 y 229 del Código Contencioso Administrativo, ha dicho la jurisprudencia de esta Sección que en casos como este, en que además del acto de elección se han proferido decisiones previas para resolver peticiones concernientes a irregularidades en la votación y los escrutinios, es carga de la parte demandante pedir la nulidad del acto que proclama a los elegidos, e igualmente solicitar la invalidez de los actos administrativos previos en que conste la decisión asumida frente a las irregularidades que se traen al conocimiento de la jurisdicción.

Lo anterior se explica en el hecho de que esas decisiones administrativas gozan del atributo de presumirse legales, y de que tal presunción únicamente puede removerse si la demanda las hace objeto de la pretensión anulatoria y esta prospera. Además, si la decisión administrativa está compuesta por lo dicho en la primera instancia, y por lo ratificado en la segunda, al litigante le concierne preservar la proposición jurídica completa, para lo cual es necesario que demande la nulidad de los dos actos, pues como unidad jurídica que son resulta inadmisible el examen de legalidad por separado o fraccionado. Al respecto ha dicho la jurisprudencia:

“Además de su carácter definitivo, las resoluciones que así profieran las autoridades electorales, gozan del atributo de la presunción de ser legales o conformes al ordenamiento jurídico, presunción iuris tantum que sólo puede removerse haciéndolas objeto del petitum de la acción electoral, y desarrollando en su contra el aspecto formal que debe contener toda demanda dirigida contra actos administrativos, regulado en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, valga decir que “Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación”.

Por ende, si al agotarse el requisito de procedibilidad la autoridad electoral profiere actos administrativos decidiendo las irregularidades denunciadas, en el proceso deberá impugnarse tanto el acto de elección, como los actos que despacharon las irregularidades puestas en conocimiento de la autoridad electoral, con la precisión que lo demandado en el proceso haga parte de lo que fue puesto en conocimiento y decidido por las autoridades electorales, ya que de existir casos no contemplados en las peticiones, sobre los mismos no podrá pronunciarse el juez de lo electoral por falta de agotamiento del citado requisito”(15).

La posición fue recientemente ratificada por la Sección al sostener:

“Empero, cuando resulta imperativo impugnar actos distintos al de elección, como así lo permite el artículo 227 del Código Contencioso Administrativo, al decir que también pueden demandarse “las resoluciones de [las] corporaciones electorales”, respecto de éstos debe formularse una acusación formal, precisando qué normas violaron y el sentido de la violación, como lo impone el numeral 4º del artículo 137 ibídem. Pero igual de importante es que al pretender la nulidad de los actos administrativos, se haga con sujeción a lo dispuesto en el artículo 138 ejusdem, modificado por el artículo 24 del Decreto 2304 de 1989, en la parte que señala:

“Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última decisión (negrillas de la Sala).

El deber de impugnar en la misma demanda tanto el acto inicial, como el que lo modifica o reforma, se explica en el hecho de que los dos actos conforman una unidad jurídica en la medida que el uno no tiene identidad jurídica sin el otro, y en que de admitirse el juicio aislado de la legalidad de uno de tales actos, la decisión jurisdiccional que al efecto se emita sería inoponible tanto frente al otro acto como respecto de la autoridad que lo haya expedido”(16).

Pues bien, de conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra ajustada a derecho la decisión del tribunal a quo de emitir fallo inhibitorio en lo que respecta a los casos aquí enlistados, ya que según lo demostrado, un número considerable de las irregularidades mencionadas en el hecho 13 de la demanda fueron objeto de conocimiento y decisión por parte de la Comisión Escrutadora Departamental de Norte de Santander, precisamente con las resoluciones 108, 111, 112 y 124 de 2011, respecto de las cuales el demandante no pidió su nulidad.

Ahora, aunque con la Resolución 124 de 12 de noviembre de 2011 la Comisión Escrutadora Departamental de Norte de Santander decidió “Rechazar por extemporáneas las reclamaciones presentadas por el Doctor Carlos Eduardo Camero, candidato al Concejo de la Ciudad de Cúcuta y radicadas en secretaría desde la número 219 hasta la 293”, ello no puede llevar a afirmar que ese acto no es objeto de control jurisdiccional y que por lo mismo las irregularidades sí pueden conocerse por la jurisdicción sin necesidad de tenerse que impugnar, junto con el acto de elección, la legalidad presunta de esa resolución.

A raíz de la implementación del requisito de procedibilidad, por parte del Acto Legislativo 1 de 2009, se precisó por la jurisprudencia de esta Sección que los actos que en respuesta a ello se emitieran deberían demandarse junto con el acto de elección, siempre y cuando las irregularidades denunciadas jurisdiccionalmente coincidieran con las dadas a conocer durante los escrutinios. Pero también se estableció que solamente serían enjuiciables los actos que asumieran decisiones definitivas en torno a los escrutinios, con lo que se entendía que quedaban excluidas del control jurisdiccional las resoluciones que se concibieran como de mero trámite o que se abstuvieran de asumir el conocimiento de lo decidido.

Así, lo dejó en claro la Sala en fallo de 25 de agosto de 2011, en el que excluyó del control jurisdiccional ciertos actos que en los términos del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, no tenían la calidad de actos administrativos definitivos:

“Ahora bien, luego de cotejar la demanda con las peticiones formuladas por los apoderados designados por la actora en los escrutinios, y con las resoluciones que según el excepcionante debieron ser igualmente impugnadas en este proceso, observa la Sala que no era necesario demandar las resoluciones 776 de abril 19 y 1100 de junio 2, ambas de 2010, puesto que si bien hacen parte de las actuaciones adelantadas por el Consejo Nacional Electoral respecto de algunas irregularidades denunciadas, no contienen decisiones de fondo sobre las irregularidades puntualmente denunciadas en torno a la alteración de la votación de los candidatos 102 y 103 del Partido de la U, en cuanto a lo registrado en los formularios E-14 y E-24.

En efecto, la Resolución 776 dispuso: (i) revisar los escrutinios de las elecciones para Cámara de Representantes en Boyacá en un número importante de mesas, (ii) trasladar esa documentación electoral con el acompañamiento de la Fuerza Pública, de lo cual se notificaría a las comisiones escrutadoras, y (iii) pedir el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Y la Resolución 1100 resolvió: (i) Revocar el Auto de mayo 20 de 2010, que dispuso revisar unas mesas de votación indicadas por los aquí demandantes, (ii) Negar la petición elevada por la candidata Sandra Liliana Ortiz Nova, quien solicitó incluir en la revisión algunas mesas de votación, y (iii) Continuar el proceso de revisión frente a las mesas allí señaladas.

Como se podrá notar, las resoluciones 776 de abril 19 y 1100 de junio 2, ambas de 2010, si bien dictan algunas medidas en torno el proceso de revisión en curso, no contienen decisiones administrativas frente a la materialidad de la falsedad que en los registros de los formularios E-14 y E-24, se denunciaron con respecto a los candidatos 102 y 103 del Partido de la U, motivo por el cual no son actos administrativos que debieran demandarse junto con el acto de elección”.

Esta posición fue ratificada por la Sala con fallo de 10 de mayo de 2013(17), mediante el cual se determinó que los actos, distintos al de elección, frente a los cuales no era menester pedir su nulidad, serían aquellos con los cuales si bien se rechazaban las solicitudes presentadas por irregularidades en las votaciones y los escrutinios, ello se hacía por razones de tiempo, en concreto porque el Consejo Nacional Electoral no disponía del lapso suficiente para abordar su estudio y adoptar las decisiones correspondientes. Fue por ello que en dicho fallo se declaró probada, respecto de distintas demandas, la excepción de falta de jurisdicción en cuanto a actos como la Resolución 1780 de 18 de julio de 2010, expedida por el Consejo Nacional Electoral, que a pesar de dar por agotado el requisito de procedibilidad, en verdad no examinó ninguna irregularidad ni tomó decisiones al respecto.

Pues bien, la Resolución 124 de 12 de noviembre de 2011, pese a haber rechazado lo pedido por extemporaneidad, no puede considerarse como un acto al margen del control jurisdiccional, dado que el fundamento de tal determinación no estuvo dada por el hecho de que la autoridad electoral no contara con el tiempo suficiente para hacerlo, sino porque en opinión de la Comisión Escrutadora Departamental de Norte de Santander así lo autorizaban los artículos 192 y 193 del Código Electoral, en virtud a que ya se había cerrado el escrutinio. Esto lleva a la Sala a sostener a que se trata de un acto definitivo y que por ello frente al mismo la parte demandante tenía la carga de pretender su nulidad.

Lo concluido permite afirmar, además, que no resulta necesario estudiar los reparos cimentados en la publicidad de la Resolución 4121 de 27 de octubre 2011 “Por la cual se establece el procedimiento para tramitar solicitudes de saneamiento de nulidades y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Consejo Nacional Electoral, o en su supuesta oposición a la Constitución, debido a que las irregularidades informadas por el demandante y que según se probó, fueron conocidas y decididas por la Comisión Escrutadora Departamental de Norte de Santander mediante resoluciones 108, 111, 112 y 124 de 2011, quedan cobijadas con el fallo inhibitorio al no haberse pretendido la nulidad de éstos pronunciamientos, inhibición que como es sabido impide abordar el fondo de lo discutido por razón de fallas técnicas en la demanda.

En definitiva, la inhibición frente al grupo de irregularidades contenidas en el cuadro que forma parte de este acápite, ocurre por materializarse la excepción de inepta demanda por falta de integración del petitum, debido a que el accionante omitió pedir la nulidad de las resoluciones 108, 111, 112 y 124 de 2011, dictadas por la Comisión Escrutadora Departamental de Norte de Santander.

De otra parte, aunque el tribunal a quo no lo advirtió así, la Sala igualmente detecta que frente a otro grupo de irregularidades se abre paso el fallo inhibitorio, dado que la parte demandante no acreditó haber agotado el requisito de procedibilidad contemplado en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2009, que enseña:

“Para ejercer el Contencioso Electoral ante la Jurisdicción Administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral”.

Según la anterior disposición, en las demandas de nulidad contra elecciones por voto popular, que se fundamenten en irregularidades en las votaciones y los escrutinios, le corresponde al accionante acreditar que dichas inconsistencias fueron dadas a conocer a las autoridades electorales antes de declararse la elección. Si así no se hizo, el acceso a la administración de justicia se cierra, pues fue decisión del constituyente que tales anomalías no arribaran directamente al conocimiento de los jueces electorales(18).

Además, no deben confundirse las irregularidades en las votaciones y los escrutinios con las causales de reclamación, ya que el requisito de procedibilidad implementado por el constituyente tan solo alude a las primeras pero no a las últimas, como ya tuvo oportunidad de señalarlo la jurisprudencia de la Sección:

“La Sala infiere de lo anterior, que el requisito de procedibilidad implementado con el Acto Legislativo 1 de 2009 opera tan solo frente a irregularidades en la votación y los escrutinios que tengan la calidad de causales de nulidad, más no en cuanto a irregularidades constitutivas de causales de reclamación, cuyo régimen está dado por el Código Electoral”(19).

La Sala, luego de estas precisiones, concluye que no se agotó el requisito de procedibilidad en torno a las siguientes irregularidades que también forman parte del hecho 13 de la demanda, a saber:

SolicitudZPMCCargoE-14E-24Observaciones
144010103419E-14≠E-2420 
 080302101E-14≠E-2410La reclamación 223 concuerda en los valores de los formularios pero se refiere a otra mesa de votación, la número 08-03-09.
 060200801E-14≠E-2421La reclamación 224 concuerda en los valores de los formularios pero se refiere a otra mesa de votación, la número 06-02-06.
 080402406E-14≠E-24321La reclamación 242 concuerda en los valores de los formularios pero se refiere a votos sólo por la lista del partido ASI.
260050301102E-14≠E-2404 
 090400606E-14≠E-2421La reclamación 270 concuerda en los valores de los formularios pero se refiere al candidato 5 del partido ASI.
282070401912E-14≠E-2410 
284080302104E-14≠E-2420 
 0101027 Más votos que votantes   
 0102012 Aumenta Número de sufragantes en 3 votos   
 0102015 Aumenta Número de sufragantes en 4 votos   
 0103006 Aumenta Número de sufragantes en 2 votos y actas sin firmas   
 0901003 Tres trashumantes   
 0101038 Quemaron 1 voto y no hay recuento   
 0203028 Número de sufragantes es menor por 26 votos según acta de escrutinio   

 

Conforme a lo dicho hasta el momento, la Sala comparte que el tribunal a quo haya dictado fallo inhibitorio, pero con importantes diferencias en torno a las razones en que se fundamenta esa decisión, pues como se demostró frente a unos casos se configuró la excepción de Inepta demanda por falta de integración del Petitum, mientras que en otros se materializó la excepción de Falta de agotamiento del requisito de procedibilidad.

Con todo, una vez practicado el detallado cotejo de los casos denunciados en la demanda, con los que fueron objeto de denuncia y decisión por parte de las autoridades electorales, se constató que únicamente la irregularidad alusiva a la mesa 21 de la zona 10 puesto 02, puede ser objeto de estudio por haberse acreditado la procedibilidad, tal como se tratará en el siguiente acápite.

4. Asunto de fondo.

El demandante afirma que en la mesa 21 de la zona 10 puesto 02 (única que puede ser objeto de estudio), los registros electorales concernientes al partido ASI fueron objeto de falsedad, debido a que en el formulario E-14 tenía 1 voto, en el formulario E-24 le dejaron 0, y no existe constancia de recuento en el acta de escrutinio.

La Sala, una vez examinados los documentos correspondientes estableció que el requisito de procedibilidad en torno a esta irregularidad se agotó con la copia del formato de “Reclamación” obrante a folio 79 del cuaderno 1º, porque con el mismo se denunció ante las autoridades electorales, antes de declararse la elección acusada, la anomalía que ahora examina la Sala.

Y, del examen de las pruebas incorporadas al proceso se tiene el siguiente resultado:

E-14E-24Acta
10“En esta mesa tocó hacer conteo físico de votos correspondientes a Asamblea, Concejo y Jal, toda vez que los jurados de votación contabilizaron para el partido y para el candidato los votos que estaban así marcados... Al partido Alianza Social Independiente le registraron 1 y no tenía”(20).

 

Lo anterior prueba que la falsedad denunciada por el demandante no es cierta y que si bien la votación registrada al partido ASI en el formulario E-24 no concuerda con la que figuraba en el formulario E-14, ello tiene una razón válida, como es el recuento efectuado por la comisión escrutadora de la zona 10. Así, la situación debe calificarse como normal.

De otro lado, señala el demandante que en “varias mesas” el número de electores para alcaldía y gobernación fue superior al de concejo y que a pesar de que la votación de esta corporación fue diferente en más del 10% a la sufragada para la Asamblea de Norte de Santander, la respectiva comisión escrutadora no practicó recuento de votos, tal como lo ordena el artículo 164 del Código Electoral. Ello se concreta en las siguientes mesas:

SolicitudZPMCCargoE-14E-24Observaciones
 0502003 Número de sufragantes de 31 votos el cual en la alcaldía, gobernación y asamblea es de 189 votos según acta de escrutinio   
 0503001 Número de sufragantes de 33 votos el cual en la alcaldía, gobernación y asamblea es de 177 votos mínimos según acta de escrutinio   
 0506022 Número de sufragantes de 36 votos el cual en la alcaldía, gobernación y asamblea es de 222 votos según acta de escrutinio   

 

La circunstancia denunciada por el demandante constituye, según el artículo 164 del Código Electoral, causal de reclamación(21). Por lo mismo, y como quiera que la jurisprudencia de esta Sección ha reiterado de tiempo atrás que con la entrada en vigencia de la Ley 62 de 1988, las causales de reclamación dejaron de ser causales de nulidad, es claro que el conocimiento de los hechos que las configuran por parte de esta jurisdicción, solamente es posible a condición de que se impugne la legalidad presunta de los actos que hayan proferido las autoridades electorales para atender las peticiones elevadas en ese sentido.

En fallo reciente la Sección señaló sobre el particular:

“Sin embargo, como quiera que la Ley 62 de 1988 le quitó a las causales de reclamación la calidad de causales de nulidad, tiene dicho la jurisprudencia de la Sección que el conocimiento de esos hechos por el juez electoral sólo resulta viable en la medida que junto al acto de elección se demande igualmente la legalidad de las decisiones administrativas adoptadas por las autoridades electorales para dar respuesta a las peticiones que entrañan causales de reclamación(22)(23).

Así las cosas, el cargo examinado resulta infundado en atención a que el demandante no impugnó ningún acto administrativo que se hubiera pronunciado sobre el particular.

Por otra parte, la legalidad de la elección de concejales de Cúcuta se cuestiona por el demandante con fundamento en que la Resolución 4121 de 27 de octubre de 2011, expedida por el Consejo Nacional Electoral, se publicó a sólo dos días de las elecciones, motivo por el cual debieron aplicarse el artículo 193 del Código Electoral, y las resoluciones 552 y 754 de 2010 de la misma entidad, de suerte que el escrutinio comenzara el martes siguiente a la jornada electoral pero no inmediatamente como en efecto ocurrió y que las “reclamaciones” presentadas no se rechazaran por extemporáneas. Además, en el recurso de apelación plantea la excepción de inconstitucional sobre la Resolución 4121 en mención, porque el Consejo Nacional Electoral reglamentó el ejercicio de funciones electorales, que según el literal c) del artículo 152 Constitucional tiene reserva de ley estatutaria.

En cuanto al hecho de que el escrutinio hubiera comenzado inmediatamente finalizó la jornada electoral recuerda la Sala que ello no es irregular y que tampoco se rige por lo dispuesto en los actos y normas señalados por el demandante, pues por el contrario se gobierna por lo estipulado en el artículo 41 de la Ley 1475 de 14 de julio de 2011 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, que al efecto enseña:

“ART. 41.—Del escrutinio el día de la votación. Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio que les corresponde el mismo día de la votación, a partir del momento del cierre del proceso de votación, con base en las actas de escrutinio de mesa y a medida que se vayan recibiendo por parte de los claveros respectivos, en el local que la respectiva registraduría previamente señale. (...)”.

Así, el hecho de que los escrutinios hayan comenzado el mismo día de las elecciones no configura ninguna anomalía frente al acto de elección, pues corresponde a una reforma legislativa que decidió acabar con la medida de iniciar los escrutinios el martes siguiente a la jornada electoral, a fin de evitar que ese interregno fuera aprovechado por quienes deciden hacerse al poder político por medio de prácticas fraudulentas.

Finalmente, en cuanto a los señalamientos efectuados por la parte demandante a la Resolución 4121 de 27 de octubre de 2011 “Por la cual se establece el procedimiento para tramitar solicitudes de saneamiento de nulidades y se dictan otras disposiciones”, expedida por el Consejo Nacional Electoral, referidos a su tardía publicación y consiguiente ineficacia, así como a su incompatibilidad con el literal c) del artículo 152 Constitucional, observa la Sala que resultan irrelevantes frente a la legalidad presunta del acto de elección de concejales de Cúcuta, tal como se anunció líneas arriba.

La Resolución 4121 en cita se profirió con el fin de asignar competencia a las comisiones escrutadoras departamentales, del Distrito Capital, las comisiones escrutadoras distritales, municipales y zonales o auxiliares, para resolver las solicitudes que elevaran los interesados para el saneamiento de vicios de nulidad, las que incluso quedaban sujetas al criterio de la oportunidad.

Por lo mismo, el estudio de los planteamientos en cuestión necesariamente debe estar ligado a los actos administrativos proferidos por las autoridades electorales para atender las peticiones de saneamiento de nulidades o sobre irregularidades en la votación y los escrutinios, ligados a los casos puntualmente individualizados por la parte actora, ya que esos actos son el resultado de la aplicación de la Resolución 4121 de 2011.

En el sub lite esos actos corresponden a las resoluciones 108, 111, 112 y 124 de 2011, expedidas por la Comisión Escrutadora Departamental de Norte de Santander, que como se precisó en el acápite “3. Examen del fallo inhibitorio”, fueron los que se profirieron respecto de algunos de los casos mencionados en el hecho 13 de la demanda.

Sin embargo, como el actor omitió impugnar su legalidad y con ello dio lugar a configurar la excepción de Inepta demanda por falta de integración del Petitum, y por lo mismo a un fallo inhibitorio, resulta innecesario, como ya se dijo, abordar los cuestionamientos relacionados con la Resolución 4121 de 2011 del Consejo Nacional Electoral, dado que la supuesta ineficacia del acto o su incompatibilidad con el ordenamiento Constitucional, serían relevantes de cara a los actos que se hubieran expedido con base en el mismo, que para este caso son las resoluciones 108, 111, 112 y 124 de 2011, expedidas por la Comisión Escrutadora Departamental de Norte de Santander, que se repite el demandante dejó por fuera del control de legalidad.

De otra parte, el demandante indica que en otras mesas de votación se presentaron ciertas anomalías que en su opinión vician la legalidad de la elección, las cuales corresponden, en términos generales, a falta de firmas en las actas, falta de recuentos, sobres abiertos pegados con cinta y con grapadora, etc.

Sobre el particular recuerda la Sala que en el contencioso de nulidad electoral los actos electorales pueden juzgarse por las causales generales del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, y por las causales especiales previstas en el artículo 223 ibídem, pero que en uno u otro caso el régimen de nulidades se gobierna por los principios de taxatividad y especificidad, según los cuales las causales de nulidad solamente son las consagradas en la ley, de modo que no es posible acudir a la analogía o a cualquier otra figura jurídica para que una situación ajena a dicho régimen, termine haciendo parte del mismo. Así lo determinó la Sección en fallo expedido hace poco:

“No obstante que el proceso electoral para el control de la legalidad abstracta de los actos de elección por voto popular se sirve de las causales específicas y generales de nulidad, ello no le quita el carácter taxativo a dicho régimen. Esto significa que los actos electorales solamente podrán anularse cuando se configure alguna de las causales de nulidad previstas en los artículos 84, 223, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo, de modo que las demás irregularidades que puedan llegarse a dar durante todo el proceso de las elecciones, que no tengan dicha entidad, serán de interés para los Órganos de Control, pero no para la justicia electoral, que debe obrar guiada por el principio de la especialidad o de la taxatividad en materia de nulidades sustanciales.

Asumir que cualquier anomalía pueda ser constitutiva de nulidad llevaría a contrariar el principio de legalidad, ya que no sería por voluntad del legislador —único autorizado por el constituyente para dictar causales de nulidad—, que se podría invalidar una actuación electoral. Otra cosa es que sea el juez quien a través de la jurisprudencia realice la labor de encuadramiento típico para determinar qué situaciones de hecho se acoplan o no a los supuestos normativos de las causales de nulidad, como así ocurre cuando se encarga de definir qué fenómenos configuran falsedad o apocrificidad”(24).

Pues bien, las demás circunstancias denunciadas por el accionante no tienen la calidad de causales de nulidad, ya que se trata de eventos que no se acoplan a ninguna de las causales de nulidad aplicables en el contencioso de nulidad electoral, como así lo precisa la Sala en la siguiente tabla:

ZPMCargoObservaciones
0203025Sobre sin firmas ni recuentoNo es causal de nulidad.
0101009Sobres abiertos, pegados con cinta y con grapadoraNo es causal de nulidad.
0101010Sobres abiertos, pegados con cinta y con grapadoraNo es causal de nulidad.
0101026Sobres abiertos, pegados con cinta y con grapadoraNo es causal de nulidad.
0101028Sobres abiertos, pegados con cinta y con grapadoraNo es causal de nulidad.
0102001Sobres abiertos, pegados con cinta y con grapadoraNo es causal de nulidad.
0102004Sobres abiertos, pegados con cinta y con grapadoraNo es causal de nulidad.
0102021Sobres abiertos, pegados con cinta y con grapadoraNo es causal de nulidad.
0103008Sobres abiertos, pegados con cinta y con grapadoraNo es causal de nulidad.
0104002Sobres abiertos, pegados con cinta y con grapadoraNo es causal de nulidad.
0201078Recuento partido conservador sin actualizarNo es causal de nulidad.
0203037Sobre con una sola firma y no hay recuentoNo es causal de nulidad.
0203039Sobre con una sola firma y no hay recuentoNo es causal de nulidad.
0901008Los E-14 son de otra zona y puestoNo es causal de nulidad.
0903017Sobres abiertos, pegados con cinta y con grapadoraNo es causal de nulidad.
0904010Sobres abiertos, pegados con cinta y con grapadoraNo es causal de nulidad.
0905005Sobres abiertos, pegados con cinta y con grapadoraNo es causal de nulidad.

 

Como las anteriores circunstancias no han sido previstas por el legislador como causales de nulidad, el cargo de ilegalidad que se apoya en las mismas resulta infundado.

Por último, y para hacer mayor claridad con respecto a los distintos señalamientos que hizo el demandante y que se sintetizaron al comienzo del acápite de la parte motiva de esta providencia denominado “3. Examen del fallo inhibitorio”, la Sala señala:

i) Que el hecho de que el candidato 1 del partido ASI tienda a subir con respecto al candidato 2 de la misma lista, es una afirmación vaga carente de determinación, y que de estar vinculada a las mesas señaladas por el demandante, se debe entender resuelta en los términos de las consideraciones vinculadas a las tablas visibles de folios 16 a 18, 24 y 25 y 26 y 27.

ii) Que el hecho de que el candidato 19 del partido ASI inicialmente tuviera 2.417 votos, pero al final resultara con 1.569 votos, es una irregularidad que por su grado de abstracción no puede examinarse en esos términos, y que de estar vinculada con las mesas citadas en la demanda la Sala remite a lo dicho en las tablas mencionadas en el numeral anterior.

iii) Que el hecho de que hubiera existido mayor número de votantes para alcaldía y gobernación con respecto al concejo municipal, no solo no está prevista como causal de nulidad, sino que tampoco podría adecuarse a ninguna de las causales de reclamación del Código Electoral.

iv) Que la diferencia en más del 10% en la votación para Asamblea Departamental y Concejo Municipal de Cúcuta, al igual de lo dicho en el numeral anterior, tampoco está prevista ni como causal de reclamación ni como causal de nulidad.

v) Que no se haya detallado la votación de cada candidato en el escrutinio zonal y municipal, es una acusación bastante imprecisa y por lo mismo no susceptible de ser abordada jurisdiccionalmente, porque implicaría una revisión oficiosa pormenorizada de las múltiples actas que se expidieron durante los escrutinios, a fin de que el juez en todo este universo halle la presunta irregularidad que no fue especificada, precisada ni identificada por el demandante, quien tiene la carga de la prueba.

vi) Que la Resolución 4121 de 27 de octubre de 2011, expedida por el Consejo Nacional Electoral se hubiera publicado tardíamente o que fuera inaplicable, son argumentos que no es necesario abordar porque las resoluciones 108, 111, 112 y 124 de 2011, dictadas por la Comisión Escrutadora Departamental de Norte de Santander, no fueron expresamente demandadas y ello condujo a un fallo inhibitorio sobre las irregularidades vinculadas con dichos actos.

vii) Que se hubiera violado el artículo 164 del Consejo de Estado, porque no se practicó recuento de votos ante diferencias en votación superiores al 10% entre las listas del mismo partido, es una censura que ya fue tratada en las consideraciones de esta providencia, y en el punto iv) que antecede.

viii) Que no debieran haberse rechazado por el Consejo Nacional Electoral las “reclamaciones” por extemporáneas, es un cargo que se desestima debido a que los actos administrativos proferidos al respecto por la Comisión Escrutadora Departamental de Norte de Santander, no fueron demandados en nulidad, junto con el acto de elección.

ix) Que no se practicara recuento por la respectiva comisión escrutadora en los casos en que se registró diferencia entre los votos consignados en los formularios E-14 y los que aparecieron en el formulario E-24, es una circunstancia que se propuso a título o como causal de falsedad, razón por la cual queda comprendida en la decisión inhibitoria porque no se agotó el requisito de procedibilidad, ni se acusaron de nulidad los actos que lo decidieron.

x) Que no se hayan actualizado las actas (E-24) con respecto a los resultados del recuento practicado, es una situación que igualmente configuraría falsedad en los registros electorales, y que por lo mismo, en cuanto a los casos individualizados, se entiende comprendida en el fallo inhibitorio.

xi) Que algunas mesas debieron excluirse por tener un número insuficiente de firmas de jurados de votación, es un reparo que tampoco tiene vocación de prosperidad, porque la afirmación no solo es indeterminada ya que no identifican los jurados que supuestamente incurrieron en esa omisión, sino además porque si estaba referida a los sobres contentivos de los documentos electorales, sobre este reproche ya la Sala en este fallo sostuvo que tal situación no constituye, per se, causal de nulidad.

xii) Que no se practicara recuento ante la existencia de una diferencia superior al 10% en las listas inscritas por el mismo partido a diferentes corporaciones públicas, la Sala se remite a lo ya dicho sobre el particular en los ítems iv) y vii).

xiii) Que se hubieran presentado algunos trashumantes en la mesa 03 de la zona 09 puesto 01, es algo que quedó cobijado con el fallo inhibitorio, porque no se demostró que se hubiera agotado el requisito de procedibilidad. Y,

xiv) Que no se hubiera realizado recuento en la votación ante el hecho de que el formulario E-14 de la mesa 08 zona 09 puesto 01, es de otra zona y puesto, la Sala considera que ello no está previsto como causal de nulidad, además de tratarse de una aseveración un tanto confusa e indeterminada porque no se identifica el lugar al que supuestamente pertenece ese formulario.

5. Conclusión.

La Sala deduce de lo discurrido que si bien es procedente el fallo inhibitorio, como en efecto lo hizo el a quo, ello debió hacerse en los términos en que lo determinó la parte motiva de esta providencia, razón por la cual la sentencia apelada será confirmada en esa parte, con la precisión de que ello obedece a la prosperidad de las excepciones mencionadas. Además, se adicionará la sentencia apelada para denegar las demás súplicas de la demanda, pues como se evidenció algunos cargos sí fueron objeto de estudio.

Por último, la Sala deja en claro que el hecho de que la demanda se hubiera admitido sin reparar en esos aspectos, no impide que el operador jurídico al momento de fallar verifique si se agotó el requisito de procedibilidad implementado con el Acto Legislativo 01 de 2009 o si se demandaron todos los actos vinculados con las imputaciones lanzadas por el demandante, ya que en el primer caso se trata de un presupuesto de la acción, de rango constitucional, que en todo caso debe verificarse, y porque en el segundo se trata de un presupuesto de la demanda de ineludible valoración.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR el fallo INHIBITORIO dictado el 26 de julio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro del proceso de Nulidad Electoral 540012331000201200030-01 impetrado por Carlos Luis Dávila Rosas contra concejales de Cúcuta, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. ADICIONAR el fallo en cita, en el sentido de DENEGAR las demás súplicas de la demanda.

3. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(8) Cuaderno principal 2 folios 550 a 555.

(9) Pese a que el demandante insiste en calificar esa situación como “error aritmético”, no duda la Sala en precisar que se trata de un error de apreciación, dado que ese tipo de inconsistencias no es calificada por el artículo 192 del Código Electoral, como causal de reclamación, y por el contrario sí se trata de causal de falsedad, específicamente por diferencias injustificadas entre los registros contenidos frente a una misma opción política a nivel de los formularios E-14 y E-24, causal que se rige por lo previsto en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988.

(10) La Sala advierte que estos documentos fueron aportados por la parte demandante en copia informal y que en los términos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, no tienen mérito probatorio por no haber sido autenticados bajo ninguna de las formas allí establecidas. Sin embargo, como se trata de documentos allegados por la propia parte actora, y en atención a que ninguna tacha se presentó frente a los mismos, la Sala no desconocerá su valor probatorio.

(11) C. 1 folios 82 y 83.

(12) C. 1 folios 88 y 89.

(13) C. 1 folios 90 a 92.

(14) C. 1 folios 93 a 103.

(15) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 25 de agosto de 2011, expedientes: 110010328000201000045-00 y 110010328000201000046-00. Demandantes: Sandra Liliana Ortiz Nova y otro. Demandados: Representantes al a Cámara por Boyacá. C.P. (E) Susana Buitrago Valencia.

(16) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 18 de abril de 2013. Expediente: 470012331000201200030-01. Demandantes: Blanca Rosa Fernández Guerrero y otro. Demandado: Alcalde de Ciénaga (Magdalena). C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(17) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 10 de mayo de 2013. Expedientes acumulados: 110010328000201000061-00. Demandantes: Astrid Sánchez Montes de Oca y otros. Demandados: Senadores de la República 2010-2014. C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(18) La Sala no desconoce que esta Sección, con fallo de 18 de octubre de 2012 (exp. 11001-03-28-000-2010-00014-00), anuló la Resolución 754 de abril 9 de 2010 “Por la cual se adopta el protocolo de revisión de escrutinios”, expedida por el Consejo Nacional Electoral, y que allí se concluyó que la facultad de revisión de escrutinios otorgada por el Acto Legislativo 1 de 2009 al Consejo Nacional Electoral “sólo podrá ser ejecutada por dicha corporación cuando el Congreso de la República expida la correspondiente ley estatutaria, en desarrollo de sus inherentes competencias.”, pero ello no impide que a las demandas interpuestas contra los actos electorales dictados en las elecciones para autoridades territoriales del 30 de octubre de 2011, basadas en irregularidades en las votaciones y los escrutinios, se les siga exigiendo que agoten el requisito de procedibilidad, lo cual procede al amparo del principio de confianza legítima, que en estos casos se cimenta en que el fallo de 18 de octubre de 2012 aún no había cobrado ejecutoria para la fecha en que tuvo lugar esa jornada electoral, como quiera que el auto que decidió la aclaración pedida respecto del mismo se profirió el 6 de diciembre de 2012, y porque para esos fines el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 4121 de 27 de octubre de 2011.

(19) Ibídem.

(20) La información atinente a los formularios E-14 y E-24 obra en el expediente en medio magnético; en el primer caso, en el Código Electoral que figura en el folio 618 del cuaderno 2º, y en el segundo en un CD que está en el sobre que contiene otros CD y las publicaciones en prensa, que no forma parte ninguno de los cuadernos y no tiene foliatura. Y la copia del acta de escrutinio de la zona 10 obra de folios 420 a 440 del cuaderno 2.

(21) El artículo 164 del Código Electoral., expresa en lo pertinente que las comisiones escrutadoras “no podrán negar la solicitud de recuento cuando en las actas de los jurados de votación aparezca una diferencia del diez por ciento (10%) o más entre los votos por las listas de candidatos para las distintas corporaciones públicas que pertenezcan al mismo partido, agrupación o sector político.”. Sin embargo, al margen de si la misma sigue vigente o no luego de la expedición de los actos legislativos 1 de 2003 y 01 de 2009, así como las demás modificaciones que ha experimentado el sistema electoral colombiano en los últimos tiempos, la Sala no encuentra necesario abordar esa temática por la forma como se despacha el cargo, esto es, porque la parte demandante no impugnó la legalidad de ningún acto administrativo que se hubiera ocupado del punto, pues sería un contrasentido decir que no se impugnó ningún acto que decidiera sobre el particular y que ello impide asumir la sustantividad de la acusación, y al mismo tiempo hacer el estudio de fondo sobre la vigencia de la causal de reclamación.

(22) Sobre el particular pueden consultarse, entre muchas más, las siguientes sentencias: 1. Abril 29 de 2010, exp. 2007-00239; 2. Febrero 23 de 2007, exp. 3972 y 4025; 3. Abril 19 de 2007, exp. 3976 y 3977; 4. Mayo 4 de 2007, exp. 4013; 5. Diciembre 14 de 2001, exp. 2765; 6. Diciembre 7 de 2001, exp. 2001-01441; 7. Septiembre 19 de 2008, exp. 4027 y 4028; 8. Marzo 27 de 2009, exp. 2007-00523; 9. Agosto 4 de 2009, exp. 2008-00007, y 10. Julio 9 de 2009, exp. 2007-00132.

(23) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 10 de mayo de 2013. Expedientes acumulados: 110010328000201000061-00 y otros. Demandante: Astrid Sánchez Montes de Oca y otros. Demandados: Senadores de la República 2010-2014. C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(24) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 10 de mayo de 2013. Expedientes acumulados: 110010328000201000061-00. Demandantes: Astrid Sánchez Montes de Oca y otros. Demandados: Senadores de la República 2010-2014, C.P. Alberto Yepes Barreiro.