SENTENCIA 2012-00031/19453 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2016

 

Sentencia 2012-00031/19453 de septiembre 22 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Rad.: 11001-03-27-000-2012-00031-00 (19453)

Actor: Gabriel De Vega Pinzón

Demandado: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Referencia: Nulidad. Revocatoria directa de actos administrativos de carácter general. Imposición de derechos “antidumping”

Sentencia única instancia

Bogotá D.C., veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.

II. Consideraciones

1. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos expuestos por las partes, le corresponde a la Sección determinar si la Resolución 26 de enero 5 de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que revocó la Nº 2272 de 2010, y en su lugar, fijó un derecho “antidumping” a las importaciones de tubos de la subpartida arancelaria 7304.29.00.00 provenientes de China, es o no contraria a derecho, por los cargos de falta de competencia, falsa y falta de motivación.

2. Régimen jurídico de los derechos “antidumping” en Colombia.

2.1. De conformidad con los artículos 150, numeral 19, literal b) y 189-15 de la Constitución, compete al Gobierno Nacional regular el comercio exterior y modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto fije el Legislador.

Los principios que orientan la actividad del Gobierno Nacional en ese campo, fueron delimitados en la Ley 7 de 1991, que en términos generales propende por la libertad de comercio, pero con la garantía de “una legal y equitativa competencia a la producción local y… una protección adecuada, en particular, contra las prácticas desleales del comercio internacional(4)”.

2.2. De otra parte, mediante la Ley 170 de 1994 Colombia aprobó el Acuerdo por el que se establece la "Organización Mundial de Comercio (OMC)", con sus acuerdos multilaterales anexos, entre ellos, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947, -en adelante GATT.

Aunque la finalidad del GATT es obtener la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de las demás barreras comerciales, así como la eliminación del trato discriminatorio en materia de comercio internacional(5), este reconoce la necesidad de herramientas que contrarresten la existencia de prácticas desleales o restrictivas de la competencia que afecten los mercados locales(6).

2.3. En conclusión, en materia de comercio exterior, el ordenamiento colombiano reconoce la libertad económica, restringida por el régimen de protección a la competencia y la producción nacional.

2.4. Uno de los principales mecanismos de protección de la competencia en el orden internacional, es el establecimiento de derechos “antidumping”, que restablezcan el equilibrio económico que se ha perdido con ocasión de una práctica de competencia desleal por parte de exportadores que ingresan sus productos al país con precios inferiores a los que comercializan en el lugar de origen.

Esta Sección ha dicho que el “dumping” se considera una práctica desleal de comercio, ya que su finalidad es acceder o dominar los mercados extranjeros, con la consecuencia de afectar negativamente al sector de la producción que opera en el país importador(7).

2.5. Por tratarse de una limitación a la libertad económica, la fijación de derechos “antidumping” debe hacerse con sujeción a las normas que reglamentan dicha figura, en particular, el Decreto 2550 de 2010(8) “Por el cual se regula la aplicación de derechos antidumping” y el GATT.

Estas normas establecen un procedimiento administrativo especial para la adopción de las decisiones relativas a derechos “antidumping” por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que consiste en una investigación, en la que determine la existencia de la práctica anticompetitiva, mediante la comparación del precio de exportación y el de venta del mismo producto en el país de origen en condiciones normales(9), así como los efectos negativos que esa diferencia genera en la producción nacional.

En lo no previsto por las mismas, se aplica a dicho procedimiento el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(10).

3. Caso concreto.

3.1. Hechos probados.

• El 12 de junio de 2009, la empresa Tubos del Caribe Ltda. solicitó que se iniciara una investigación por presunto “dumping” en las importaciones de tubos de entubación (“Casing”) o de producción (“Tubing”), en ambos casos no inoxidables, clasificados en las subpartidas arancelarias 7304.29.00.00 y 1306.29.00, provenientes de China(11).

• Mediante la Resolución 358 de agosto 21 de 2009, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ordenó la apertura de la investigación respectiva(12).

• La Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio rindió Informe Técnico Preliminar, en el que precisó que el objeto de la investigación debía limitarse a los tubos efectivamente producidos en Colombia y a aquellos respecto de los cuales se hubieran verificado importaciones en el periodo cuestionado(13). En ese orden, determinó que era necesario excluir del trámite, las siguientes referencias:

— Tubos clasificados en la subpartida arancelaria 7306.29.00.00.

— Tubos de entubación y producción no inoxidables, sin costura, de diámetros inferiores a 2 7/8” y superiores a 9 5/8, pertenecientes a la subpartida arancelaria 7304.29.00.00.

— Tubos que de acuerdo con la Tabla C4 de la norma API 5CT corresponden a los tubos “Casing” y “Tubing” de los siguientes grupos: Grupo 1, Grado H40; Grupo 2, Grado M65; Grupo 2, Grados L80 9Cr y L80 13Cr; Grupo 2, C90 tipo 1 y C90 tipo 2; Grupo 2, Grado C95; Grupo 2, Grado T95 tipo 1 y 2; y Grupo 4, grados Q125 tipos 1, 2, 3 y 4.

• El Ministerio profirió la Resolución Preliminar 568 de diciembre 24 de 2009, en la que decidió continuar con la investigación, pero excluyó de la misma las referencias antes señala

• Por Resolución 2272 de agosto 11 de 2010, el Ministerio, con fundamento en el Informe Técnico Final presentado por la Subdirección de Prácticas Comerciales, negó la petición, toda vez que si bien existió un margen de “dumping” del 39,60%, no se encontró relación causal entre dicha circunstancia y el daño registrado a la producción nacional.

• La sociedad Tubos del Caribe Ltda solicitó que se revocara esa decisión, porque i) era contraria a las disposiciones que regulan la protección a la producción nacional, ii) no tuvo en cuenta todas las pruebas recaudadas, que daban cuenta de la existencia de nexo causal entre el “dumping” y el daño, y iii) se profirió con desconocimiento de los principios de publicidad y contradicción.

• La decisión fue revocada mediante la Resolución 26 de enero 5 de 2012, porque de conformidad con los pronunciamientos del órgano de apelaciones de la OMC, sí hubo relación de causalidad entre la práctica de competencia desleal y la afectación sufrida por el sector de producción nacional de tubos que fue objeto de estudio.

En ese sentido, la resolución precisó que si bien durante el periodo en que se comprobó la existencia de dumping, las ventas del productor nacional aumentaron, lo cierto es que el porcentaje de venta proyectado o esperado para dicho lapso “era mayor al que se generó(14)”.

Con fundamento en las precisiones hechas en el punto 2) de esta providencia, y los hechos acreditados, se resolverán los cargos de la demanda:

3.2. De la falta de competencia.

3.2.1. Se dice en la demanda que el acto acusado fue expedido con falta de competencia porque i) según el artículo 13 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VI del GATT, la revisión de las decisiones relativas a derechos “antidumping” debe ser realizada por un órgano diferente al Ministerio de Comercio, ii) la solicitud de revocatoria fue resuelta por fuera del término de ley y, iii) la competencia era de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio, toda vez que ya estaba vigente el Decreto 2550 de 2010.

3.2.2. Los cargos no están llamados a prosperar, por las siguientes razones:

3.2.3. El acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT señala en su artículo 13:

“ART. 13.—Revisión judicial: “Cada miembro en cuya legislación nacional existan disposiciones sobre medidas antidumping mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados, entre otros fines, a la pronta revisión de las medidas administrativas vinculadas a las determinaciones definitivas y a los exámenes de las determinaciones en el sentido del artículo 11. Dichos tribunales o procedimientos serán independientes de las autoridades encargadas de la determinación o examen de que se trate”.

La disposición obliga a los países miembros de la OMC a garantizar la revisión de las medidas contra “dumping” por parte de una autoridad judicial, arbitral o administrativa distinta de la que fija el derecho.

Tal revisión, en el caso de Colombia, es realizada por la jurisdicción contenciosa administrativa, con ocasión del juicio de legalidad respecto de los actos que imponen o niegan medidas antidumping, y supone un análisis distinto al que corresponde a la administración en ejercicio de la facultad de autotutela que le confiere la Constitución y la ley, ejercida en virtud de los recursos de sede administrativa y la revocatoria directa(15).

Por lo tanto, la revisión judicial a la que se refiere el acuerdo es distinta a la que por virtud del ordenamiento interno puede hacer la administración de sus propias decisiones, mediante la figura de la revocatoria directa de sus actos.

3.2.4. Como se trataba de la revocatoria directa de un acto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, este órgano era competente para proferir el acto demandado, pues era un asunto propio de las competencias de dicho ente (esto es, del cual puede disponer), y no de la revisión especial a la que se refiere el GATT, como se afirma en la demanda, pues esta, se insiste, es realizada por la jurisdicción contenciosa.

3.2.5. Potestad que, además, podía ser ejercida por el Ministerio, pues la resolución objeto de revocatoria no había sido cuestionada en sede judicial.

3.2.6. No puede perderse de vista, que si bien el artículo 71 del CCA señala un lapso de tres meses para resolver las solicitudes de revocatoria directa, este no atribuye una consecuencia jurídica al incumplimiento de dicho plazo, por lo que se trata de un término perentorio, pero no preclusivo.

Recuérdese que, el vencimiento del término legal para la adopción de una decisión por parte de la administración no apareja la pérdida de competencia, salvo que el legislador expresamente lo disponga, como ocurre en el caso de la configuración del silencio administrativo, que, valga decir, no opera en eventos de revocatoria por expresa prohibición legal(16).

Por eso, la Sala ha sostenido que “el vencimiento de los plazos meramente perentorios puede implicar la responsabilidad personal del agente que se ha demorado en tomar la decisión pero no afecta la validez de la decisión misma. Ese tipo de plazos son los más comunes en el derecho procesal, como por ejemplo, el plazo para dictar la sentencia que instituye tanto el Código Contencioso Administrativo como el Código de Procedimiento Civil. Así esté vencido el plazo, la sentencia es válida y eficaz, sin perjuicio de que pueda existir en un momento dado responsabilidad personal del funcionario judicial si el vencimiento del plazo ocurrió injustificadamente(17)”. (Subrayas fuera del texto).

3.2.7. Finalmente, es claro que para la expedición del acto demandado, el Ministerio no estaba obligado a seguir las reglas de competencia que fijó el Decreto 2550 de 2010 “por el cual se regula la aplicación de derechos antidumping”, pues todo el procedimiento estaba sujeto a las disposiciones de la norma anterior (Decreto 991 de 1998), al estar cobijado por el régimen de transición.

En efecto, el artículo 102 del Decreto 255, dispuso:

“ART. 102—Transitoriedad, vigencia y derogatorias. (…).

Las investigaciones que se encuentren en curso con determinación preliminar, a la entrada en vigencia del presente Decreto, continuarán rigiéndose por la norma anterior hasta su culminación”.

En el caso concreto, según se precisó al relacionar los hechos acreditados en el proceso, el Ministerio profirió Resolución Preliminar el 24 de diciembre de 2009; esto es, antes de la entrada en vigencia del Decreto 2550, que tuvo lugar el 15 de julio de 2010.

Por lo tanto, se cumplían las condiciones que la nueva regulación estableció para la aplicación del régimen de transición, y en consecuencia, el procedimiento debía surtirse de conformidad con el Decreto 991 de 1998, que radicaba la competencia para adoptar decisiones definitivas sobre la aplicación de derechos antidumping, en el Ministerio de Comercio(18) en general, esto es, no se refería a una dependencia en particular, como sí lo hace el Decreto 2550 de 2010(19).

3.2.8. En conclusión, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo era competente para proferir la Resolución 26 de 2012, en la que revocó la Resolución 2272 de 2010, y en su lugar, fijó derechos antidumping a las importaciones de algunos tubos provenientes de China, pues esa hace parte de las facultades propias de su condición de máximo “organismo encargado de dirigir, coordinar, ejecutar y vigilar la política de comercio exterior, en concordancia con los planes y programas de desarrollo(20)”. Facultad que ejerció en la oportunidad de ley.

3.3. Falsa motivación.

3.3.1. Según el demandante, en la resolución cuestionada se incurrió en falsa motivación porque i) se invocaron normas que no facultan al Ministerio para ejercer la facultad de revocatoria directa, ii) se aplicó el régimen de transición pese a que este caso no estaba cobijado por el mismo, iii) la autoridad tramitó la solicitud de revocatoria como un recurso de sede administrativa, y iv) analizó razones de interés público, aunque la revocatoria se pidió por motivos de legalidad.

Para la Sala no existe la falsa motivación que alega el demandante.

3.3.2. En primer lugar, porque no es cierto que las normas que sirvieron de fundamento a la decisión cuestionada no guardaran relación con la decisión adoptada.

En efecto, las disposiciones invocadas fueron el artículo 55 del Decreto 991 de 1998, en concordancia con el 102 del Decreto 2550 de 2010, y el 69 del CCA. Tales normas se refieren, en su orden, a la facultad de adoptar la decisión definitiva en casos por dumping, el régimen de transición del Decreto 2550, y la competencia y causales para la revocatoria de los actos administrativos.

Esas fueron las facultades que se ejercieron en el acto demandado: se revocó la decisión de negar la imposición de derechos antidumping a las importaciones de tubos de entubación y producción no inoxidables pertenecientes a la subpartida arancelaria 7304.29.00, originarios de China, y en su lugar, se gravó la importación de dichos productos con un derecho por dumping. Esta última vino a ser la decisión definitiva del caso.

Recuérdese que la decisión de revocar, así como la nueva determinación que se asume en reemplazo de la anterior, se adoptan en un mismo acto, pues la revocatoria se hace mediante “la promulgación de otro acto administrativo, pero con sentido o signo contrario al anterior(21)”.

Por lo demás, es claro que la referencia al artículo 102 del Decreto 2550, que contempla el régimen de transición de la nueva regulación de derechos antidumping, se hizo a efectos de sustentar la aplicación del régimen anterior (D. 991/98).

3.3.3. La aplicación del régimen de transición sí era procedente, tal como se precisó en el punto 3.2.7) de esta providencia. De manera que, basta reiterar lo dicho al respecto: se cumplieron los requisitos del régimen de transición, porque a la fecha de expedición del Decreto 2550, ya se había proferido determinación preliminar.

3.3.4. Los cuestionamientos relativos a la forma en que se abordó el análisis de la solicitud de revocatoria, en el sentido de que, según el demandante, se resolvió como si se tratara de un recurso de reconsideración, y adicionalmente, se tuvieron en cuenta aspectos de interés público, pese a que aquella se hizo con fundamento en razones de Derecho, tampoco dan cuenta de un vicio de falsa motivación.

En primer lugar, porque para resolver la solicitud de revocatoria, la administración debía pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el solicitante, habida cuenta de que es presupuesto de las decisiones de las autoridades administrativas iniciadas a solicitud de parte, “[resolver] todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite(22).”

Así las cosas, el hecho de que el acto demandado se refiriera a los planteamientos hechos por la sociedad solicitante para pedir que se revocara la Resolución 2272 de 2010, no variaba la naturaleza de la actuación (seguía tratándose de la revocatoria de un acto), pues, se insiste, era obligación del Ministerio resolver todos los asuntos propuestos por el peticionario.

De otra parte, porque aunque no es cierto que no existiera identidad entre los fundamentos de la solicitud de revocatoria directa, y el análisis que hizo la administración en el acto demandado, pues en ambos escenarios se estudió la existencia de nexo causal entre la práctica anticompetitiva y el daño causado(23), el Ministerio podía apartarse de los motivos expuestos por el solicitante, y declarar la revocatoria con fundamento en razones diferentes a las alegadas.

En efecto, en ejercicio de la revocatoria, la administración puede considerar otras razones y retirar los actos del ordenamiento por motivos distintos a los alegados en la respectiva solicitud, en razón de la mutabilidad de los actos administrativos.

3.3.5. No puede perderse de vista que la imposición de derechos “antidumping” es la manera en que los Estados responden a prácticas desleales de fijación de precios artificialmente bajos; luego, su finalidad es la protección de la libre y leal competencia, por lo que, las decisiones adoptadas en ejercicio de esa facultad, favorecen el interés general, que se concreta en la protección del régimen de competencia y la producción nacional.

3.4. Falta de motivación

Para el actor, la decisión cuestionada carece de motivación respecto a los productos, el valor y el periodo objeto de la medida “antidumping”.

Los cargos no prosperan por las siguientes razones:

3.4.1. En la Resolución Preliminar 568 de diciembre 24 de 2009, se delimitó el objeto de la investigación, en los términos recomendados por la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio en el Informe Técnico Preliminar, esto es, excluyendo los tubos clasificados en la subpartida arancelaria 7306.29, los de entubación y producción no inoxidables sin costura, de diámetros inferiores a 2 7/8” y superiores a 9 5/8, pertenecientes a la subpartida arancelaria 7304.29.00, y aquellos que de acuerdo con la Tabla C4 de la norma API 5CT corresponden a los tubos “Casing” y “Tubing” de los siguientes grupos: Grupo 1, Grado H40; Grupo 2, Grado M65; Grupo 2, Grados L80 9Cr y L80 13Cr; Grupo 2, C90 tipo 1 y C90 tipo 2; Grupo 2, Grado C95; Grupo 2, Grado T95 tipo 1 y 2; y Grupo 4, Grados Q125 tipos 1, 2, 3 y 4.

Desde ese momento, la investigación continuó solo respecto de dichos productos, por lo tanto, es claro que la decisión recae únicamente sobre estos.

Así, si bien la parte resolutiva del acto demandado no se refiere expresamente a las exclusiones, lo cierto es que si durante el trámite se había restringido el objeto de la medida, la decisión final produce efectos solo frente a aquellos ítems que seguían siendo materia de investigación.

3.4.2. En lo que atañe al precio del derecho antidumping, se tiene que, de conformidad con el artículo 9.3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VI del GATT, este no puede ser superior al margen de dumping previamente establecido. En concordancia con esa norma, el artículo 26 del Decreto 991 de 1998 faculta al Ministerio a fijar un valor inferior al margen de dumping, si este resulta suficiente para eliminar el daño causado a la rama de producción nacional.

En el caso concreto, el derecho antidumping impuesto consistió en “una cantidad correspondiente a la diferencia entre un precio base FOB de 1.913,92 dólares/tonelada, y el precio FOB declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base(24)”. En otras palabras, en vigencia de la medida, el precio de los tubos importados a Colombia desde China no puede ser inferior a US$1.913,92/tonelada. Aquellos productos exportados a un valor inferior deben igualarse a esa suma.

Tal valor es inferior al monto que podía imponer la autoridad de acuerdo con el margen de dumping establecido por la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el Informe Técnico Final, y reiterado en las consideraciones del acto demandado(25).

En efecto, en el informe se concluyó que el precio de venta normal (en condiciones de sana competencia) de los tubos objeto de la investigación, era de US$2.388,23/tonelada métrica, en tanto que el valor de exportación de esos mismos productos, provenientes de China, era de US$1.710,72/tonelada métrica. Lo que significa que existía una diferencia de US$677,51/tonelada métrica, correspondiente a un 39,60%.

Por lo tanto, el ministerio estaba facultado para llevar el precio de exportación hasta US$2.388,23/tonelada, pues ese era el valor al que se comercializaban los productos materia de investigación en condiciones de competencia.

Así las cosas, es claro que el derecho se tasó por debajo del límite del margen de dumping, con fundamento en la facultad que al respecto concedía la ley, y así se desprende del acto acusado y los antecedentes del mismo.

Ahora bien, sobre la suficiencia de dicho valor para contrarrestar el efecto del dumping, debe decirse que ese es un aspecto que no fue cuestionado en la demanda; luego, la Sala no se pronunciará al respecto.

3.4.3. Finalmente, en lo que respecta al periodo de vigencia de la medida, el demandante señaló que no se indicaron razones que justificaran la imposición de derechos durante el periodo correspondiente a los años 2012 a 2017, no obstante que la investigación se refería a los años 2008 y 2009.

Sobre el particular, basta precisar que la imposición de derechos antidumping es siempre a futuro, porque esta, más que una medida de castigo, es de carácter compensatorio, de manera que con ella no se pretende identificar todas las importaciones que ingresaron con precios significativamente inferiores a los de mercado para aplicar sanciones a los infractores, sino, corregir las fallas que esa conducta produjo en la libre competencia y producción nacional, mediante el pago de un importe adicional.

Por eso, si bien el análisis del daño a la producción nacional se hizo en relación con los años 2007 a 2009(26), los derechos rigen a partir de la publicación del acto demandado, que tuvo lugar el 5 de enero de 2012, por un término de 5 años, de conformidad con el artículo 29 del Decreto 991 de 1998(27).

4. De lo dicho, la Sala concluye que:

El acto demandado fue proferido en ejercicio de la facultad de revocatoria directa, que difiere de la revisión judicial que exige el artículo 13 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT.

  1. En su expedición, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se acogió a las disposiciones del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT, y del Decreto 991 de 1998, este último, aplicable en razón de la aplicación del régimen de transición del Decreto 2550 de 2010.
  2. Tanto la motivación del acto, como los antecedentes del mismo, y la naturaleza de la figura allí tratada, dan claridad sobre los productos objeto de la medida, los fundamentos del valor y periodo de la misma.
 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas en atención a la naturaleza pública de esta acción.

3. Se acepta la renuncia al poder presentada por el abogado Rodrigo Escobar Gil, apoderado de la sociedad Tubos del Caribe Ltda., coadyuvante de la parte demandada.

4. Se reconoce personería al abogado Álvaro Peñaranda Álvarez, para representar los intereses del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en los términos del poder que se encuentra en el folio 663 del cuaderno 2.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha

Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia, presidenta de la sección—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

4 Artículo 2-5.

5 Cfr. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1974, integrado al Acuerdo de la OMC de 1994.

6 Ver, por ejemplo, el artículo II, numeral 2, literal b) del acuerdo, según el cual, no se impedirá a una parte contratante imponer en cualquier momento sobre la importación de cualquier producto, un derecho antidumping o compensatorio de conformidad con las disposiciones del artículo VI*.

7 Cfr. Sentencia del 13 de junio de 2013. Radicación 11001-03-27-000-2009-00048-00 [18033]. C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E).

8 Que derogó el Decreto 998 de 1998. No obstante, este último se aplica a aquellas actuaciones que al momento de la expedición del Decreto 2550 ya contaban con resolución preliminar.

9 Este es el mecanismo principal, pero la norma reconoce la posibilidad de acudir a otros métodos subsidiarios cuando no pueda establecerse el precio promedio al cual se vende en el país de origen.

10 A los procedimientos iniciados en vigencia del CCA, se aplica este último.

11 Folios 39 a 52. Cuaderno 1.

12 Folios 53 a 67. Cuaderno 1.

13 Folios 14 a 100. Cuaderno de antecedentes.

14 Folio 326. Cuaderno de antecedentes.

15 Sobre el cumplimiento de la obligación señalada en el artículo 13 ib., la OMC consultó a Colombia, a fin de que precisara “las oportunidades de que disponen las partes interesadas para obtener la revisión administrativa o judicial de un procedimiento antidumping”. Con ocasión de tal cuestionamiento, Colombia señaló:
“En cuanto a la revisión administrativa, cabe aclarar que por disposiciones de norma superior (CCA – D.L. 1/84), en Colombia los actos administrativos de las autoridades públicas de carácter general como es el caso de las Resoluciones motivadas expedidas en materia de procedimientos antidumping, pueden ser objetadas mediante la acción de Revocatoria Directa, ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En Colombia, de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo la revisión judicial en materia de derechos antidumping, puede ser activada por las personas naturales o jurídicas que se ven afectadas por este tipo de medidas, a través de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, que se presenta ante el Tribunal Administrativo de Justicia y el Consejo de Estado; o mediante la Acción de Tutela o la Acción de Cumplimiento que se presentan ante cualquier Juez de la República, cuando se considera que los actos administrativos expedidos por la autoridad competente desconocen las normas en que deben fundarse, y también cuando han sido expedidos en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, con falsa motivación, o con violación de derechos fundamentales”. (Respuesta a las preguntas formuladas por las Comunidades Europeas y los Estados Unidos en relación con la notificación de leyes y reglamentos de conformidad con el párrafo 5 del artículo 18 y el párrafo 6 del artículo 32 de los acuerdos correspondientes- Comités de Prácticas Antidumping, y de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC. Documento G/ADP/Q1/COL/3 G/SCM/Q1/COL/3 de 30 de octubre de 2007)

16 Artículo 72 del CCA.

17 Sentencia del 29 de octubre de 2009. Exp. 16482. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

18 El Decreto se refería al Ministerio de Comercio Exterior. No obstante, a partir de su fusión con el Ministerio de Desarrollo y Económico, y la consecuente transformación en el Ministerio de Comercio por virtud de la Ley 790 de 2002, tal referencia debe entenderse hecha al nuevo ente —Mincomercio—.

19 Parágrafo del artículo 99.

20 Artículo 17 de la Ley 7 de 1991, “Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones”. Las menciones al Ministerio de Comercio Exterior se entienden hechas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

21 Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Séptima Edición. Bogotá, 2016, p. 511.

22 Artículo 35 CCA.

23 Recuérdese, tal como se precisó al relacionar los hechos acreditados, que la revocatoria obedeció al hecho de que, conforme a los pronunciamientos del órgano de apelaciones de la OMC, sí hubo relación de causalidad entre la práctica de competencia desleal y la afectación sufrida por el sector de producción nacional de tubos que fue objeto de estudio.

24 Folio 333. Cuaderno de antecedentes.

25 Ver Folio 325. Cuaderno de antecedentes.

26 La solicitud de imposición de derechos antidumping fue presentada en debida forma el 23 de julio de 2009. De manera que el periodo de análisis del daño va desde julio de 2007, pues de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 991 de 1998, dicho periodo debe corresponder a los 2 años anteriores a la presentación de la solicitud.

27 “ART. 29—Aplicación y vigencia de los derechos "Antidumping". Un derecho "antidumping" permanecerá vigente máximo durante cinco (5) años, a menos que persistan las causas que lo originaron.
(…)”.