Sentencia 2012-00033 de junio 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expediente: 110010328000-2012-00033-00

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Demandante: José Luis García

Demandado: Jorge Fernando Perdomo Torres

Asunto: Fallo de única instancia - Acción Electoral

Bogotá, D.C., veintisiete de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia para definir este juicio de nulidad electoral está fijada por lo dispuesto en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, modificado por los artículos 2º del Decreto 597 de 1988 y 36 de la Ley 446 de 1998, y por el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, —normas vigentes para la época en que se presentó la demanda—.

2. El problema jurídico - Objeto del litigio.

Radica en definir, a partir de precisar cuáles son los requisitos legales exigidos para ejercer el cargo de Vicefiscal General de la Nación, si el acto de nombramiento del doctor Jorge Fernando Perdomo Torres en dicho cargo, realizado por el señor Fiscal General de la Nación el 13 de abril de 2012 adolece, como lo manifiesta el demandante, del requisito que establece el numeral 4º del artículo 232 de la Constitución Política, y en caso tal, si la decisión administrativa que se impugna está viciada de nulidad o si por el contrario, debe permanecer incólume.

3. El acto de designación que se acusa.

La Resolución 707 de 13 de abril de 2012, por medio de la cual el señor Fiscal General de la Nación nombró al doctor Jorge Fernando Perdomo Torres como Vicefiscal General de la Nación, constituye el acto acusado en este proceso.

4. De los requisitos para ser nombrado Vicefiscal General de la Nación.

La Sala comienza por señalar que los requisitos para acceder al cargo de Vicefiscal General de la Nación no aparecen consagrados de manera expresa en la Constitución Política ni tampoco en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, pero que se desprenden de los que establecen los artículos 12 y 23 de la Ley 938 de 2004 “por la cual se expide el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación”, en tanto que al tratarse del funcionario que conforme al ordenamiento jurídico remplaza al Fiscal General, debe reunir las mismas calidades y requisitos exigidos para ser elegido Fiscal General de la Nación.

A tal conclusión se llega porque este estatuto cuando se ocupa de regular la falta de Fiscal General de la Nación, establece:

“ART. 12.—Faltas temporales y absolutas.

Son faltas absolutas del Fiscal General de la Nación, su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo decretados estos dos últimos por la Corte Suprema de Justicia.

En caso de falta temporal o absoluta del Fiscal General de la Nación, sus funciones las ejercerá el Vicefiscal General, quien tomará posesión del cargo según el procedimiento establecido en la Constitución, cuando se presente falta absoluta” (resaltado fuera del texto original).

Y debido a que el artículo 23 de la ley en cita, que se encuentra en el capítulo III “Del Vicefiscal General de la Nación”, al referirse a las funciones de este servidor consagra:

“(…) El Vicefiscal General de la Nación tiene las siguientes funciones:

(…).

2. Representar al Fiscal General de la Nación en todas las actuaciones en las que haya sido delegado por él.

(…).

4. Reemplazar al Fiscal General de la Nación en sus ausencias temporales o definitivas. Tratándose de ausencias temporales no se requerirá designación especial, pero tratándose de ausencia definitiva, este ejercerá el cargo hasta cuando la autoridad nominadora efectúe la designación correspondiente” (resaltado fuera del texto original).

Entonces, se reitera: debido a que el Vicefiscal tiene la vocación legal expresa de reemplazar al Fiscal General de la Nación durante la ausencia del titular ante faltas temporales y absolutas, resulta evidente que debe reunir los mismos requisitos del Fiscal General de la Nación.

Ahora bien, los requisitos que el ordenamiento jurídico ha establecido para acceder al cargo de Fiscal General de la Nación están contemplados en el artículo 249 de la Constitución Política, norma que se encuentra en el capítulo VI denominado “De la Fiscalía General de la Nación”, perteneciente al título VIII “De la rama judicial”, que establece:

“(…).

El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. (…)” (resaltado fuera del texto original).

La norma remite al artículo 232 de la Carta Política, que consagra:

Para ser elegido magistrado de la Corte Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

2. Ser abogado.

3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

4. Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

(…)” (resaltado fuera del texto original).

Consecuencialmente los requisitos que debe reunir el vicefiscal puesto que reemplaza al Fiscal General, son: i) de naturaleza subjetiva: ser colombiano, ciudadano en ejercicio y no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos culposos; y ii) de carácter objetivo o material: ser abogado, y haber desempeñado durante 10 años: cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público; o haber ejercido con buen crédito la profesión de abogado; o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

La Sala precisa que de conformidad con la redacción del numeral 4º del artículo 232 de la Constitución Política, el denominado requisito objetivo o material se encuentra redactado de forma disyuntiva, es decir, que para ser elegido Magistrado de Alta Corte y, a su vez como se indicó, para ser nombrado Vicefiscal General de la Nación se requiere que se acredite que como mínimo durante 10 años se hubiese ejercido una u otra de las tres actividades que consagra la norma constitucional, de forma no concurrente, puesto que no se puede sumar el tiempo de la cátedra universitaria con el del ejercicio con buen crédito de la profesión de abogado, ni el de ninguna de éstas con el desempeño en los cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público.

5. Cuestión de fondo.

El actor considera que la Resolución 707 de 13 de abril de 2012, por medio de la cual el señor Fiscal General de la Nación nombró al doctor Jorge Fernando Perdomo Torres en el cargo de Vicefiscal General de la Nación, es nula porque el designado no reúne los requisitos establecidos, de forma alternativa, en el numeral 4º del artículo 232 de la Constitución Política para acceder a dicho cargo.

Alega que ello es así pues si el demandado permaneció como mínimo durante los años 1998 a 2004 fuera de país, cursando sus estudios de posgrado, no pudo cumplir con el citado requisito que es claro en establecer que para ser elegido magistrado de Alta Corte, y por ende para ser elegido Fiscal General de la Nación y nombrado Vicefiscal, se requiere entre otras calidades, “haber desempeñado, durante diez años, cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente”.

Estima que el doctor Jorge Perdomo Torres no cumplió con el requisito del ejercicio de la profesión de abogado o el de la cátedra universitaria por un lapso no inferior a los 10 años, pues según su hoja de vida publicada “en la página web CVLAC”(12), se puede inferir que “el doctor Perdomo Torres abandonó el país entre los años 1998 a 2004, como mínimo, para adelantar sus estudios en el exterior.” Ni tampoco podría acreditar la experiencia en la rama judicial o en el Ministerio Público por el mismo tiempo exigido en la norma Superior porque “al parecer el único cargo que el doctor Perdomo Torres ha ocupado es el de Viceministro de Justicia, al cual renunció después de unos meses de desempeño para aceptar la nominación que le hizo el señor Fiscal General de la Nación”.

El apoderado judicial del demandado contradice esta aseveración y sostiene que el doctor Jorge Fernando Perdomo Torres al momento de ser nombrado sí cumplía con los requisitos para acceder a tal cargo, y que incluso contaba con al menos dos de las exigencias señaladas de forma disyuntiva en el numeral 4º del artículo 232 Superior.

Así, la Sala analizará independientemente los requisitos establecidos en la multicitada norma superior, y de encontrar que se cumple con uno de éstos se relevará del análisis de los demás pues se reitera que el constituyente originario estableció tales calidades de forma alternativa.

5.1. De la documentación que obra en el expediente sobre el ejercicio con buen crédito de la profesión de abogado y el desempeño de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente por parte del demandado:

• Copia auténtica del acta de grado de abogado del doctor Jorge Fernando Perdomo de fecha 19 de diciembre de 1997 (fl. 68).

• Certificación de 9 de abril de 2012 emitida por la Universidad Externado de Colombia sobre las actuaciones como docente e investigador realizadas por el doctor Perdomo Torres desde el año de 1998 hasta el 30 de septiembre de 2011 (fl. 76).

• Hoja de vida del doctor Jorge Perdomo Torres (fls. 77 a 87).

• Copia auténtica de carátulas y los registros ISBN - Número Standard de Identificación Internacional del Libro -, de 8 publicaciones del doctor Perdomo Torres las cuales fueron realizadas entre el 2001 y el 2009.

• Certificación de 18 de enero de 2013 emanada del director de recursos humanos de la Universidad Externado de Colombia relativa a las actividades académicas desarrolladas por parte del doctor Jorge Perdomo Torres en ese centro de educación superior entre los años 1998 a 2012 (fls. 123 a 131).

• Oficio UAEMC.REAN.GE.2013-32520-930 emanado del Director (E) de la Regional Andina de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, de 17 de enero de 2013, que informa los registros y movimientos migratorios del doctor Jorge Fernando Perdomo Torres desde el primero de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2011, en razón a la prueba solicitada por el demandante (fls. 133 y ss.)

5.2. Del precedente judicial de la sección quinta respecto del requisito del ejercicio con buen crédito de la profesión de abogado.

La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 18 de abril de 1997(13), con ocasión de la demanda que presentó el ciudadano Iván Darío Gómez Lee, contra la elección como Defensor del Pueblo del doctor José Fernando Castro Caicedo, realizada por la Plenaria de la Cámara de Representantes el 20 de agosto de 1996, por considerar que el elegido no cumplía con los requisitos del artículo 232 de la Constitución Política, en especial el que concierne a la profesión de abogado, precisó que:

“(…) El ejercicio de la profesión de abogado es una actividad que tradicionalmente, se ha entendido en los términos precisos de la definición contenida en el Diccionario de la Real Academia de la lengua española, o sea “... defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos e intereses de los litigantes, también en dar dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se le consultan”, es decir, actuar en defensa de causas ajenas ante estrados judiciales, o emitir conceptos jurídicos.

Esta concepción tradicionalista por considerarse reducida y estrecha, como bien lo observó la Sala en sentencia del 1º de octubre de 1992 dictada en el expediente 0676, ha venido evolucionando bajo la perspectiva jurisprudencial, en la medida que el punto es materia de análisis, pues se encuentra que son muchas las actividades comprendidas en ese ejercicio que deben tenerse en cuenta para la acreditación del requisito constitucional, quedando relegado el concepto de vieja data que circunscribía al litigio.

La exigencia de haber ejercido con buen crédito la profesión de abogado por un lapso de diez (10) años, lo que en el fondo persigue, es que el elegido goce de una experiencia profesional adecuada en materia jurídica, que le permita desempeñar con acierto las funciones del respectivo cargo. Experiencia que se logra no solo actuando el abogado en representación de litigantes ante los estrados judiciales —criterio superado—, sino en otras: actividades donde el profesional del derecho ponga en práctica sus conocimientos académicos.

El Decreto 196 de 1971 reglamentario del ejercicio de la abogacía, consagra las siguientes reglas: “ART. 1º—La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia”.

“ART. 2º—La principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación —y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas—”.

“ART. 3º—Es abogado quien obtiene el correspondiente título universitario de conformidad con las exigencias académicas y legales”.

De los textos transcritos no se desprende que el ejercicio de la profesión de abogado, esté restringido solamente al derecho de postulación en juicio como lo entiende el actor. La función social que se le asigna, la puede realizar desde diversos campos en que actúe en razón de su profesión.

El artículo segundo indica que la principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares, pero también según el mismo precepto, tiene como misión “asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas”.

Examinando la legislación complementaria y preexistente a la Carta de 1991, es del caso citar el artículo 21 del Decreto 250 de 1970 que establece en su inciso segundo: “El ejercicio de la abogacía se podrá comprobar con el desempeñó habitual de cualesquiera actividades jurídicas, tanto independientes como subordinadas, en cargo público o privado”.

Y cabe observar al respecto que la honorable Corte Suprema de Justicia al declarar la exequibilidad de esta disposición (sent. nov. 24/77), partió de un concepto más racional y lógico sobre la base de un aporte intelectual de mayor beneficio para la comunidad, que el limitado al “litigio” porque como lo resalta "la potestad de resolver diferencias de carácter patrimonial no es función privativa o exclusiva del Estado, como supremo creador de derechos o supremo dispensador de la justicia. El ideal de una sociedad organizada es que no haya conflictos entre sus miembros, esto es, que todos ellos se conduzcan pacíficamente dentro de la órbita de sus propios derechos. Con razón la ley no solo encuentra como principal función del abogado la defensa de la justicia de los derechos de la sociedad y de los particulares, sino que destacadamente agrega: también es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas”.

El supuesto del artículo 21 inciso 2º del Decreto 250 de 1970 fue reiterado en el artículo 61 del Decreto 1660 de 1978, e igualmente en el artículo 180 del Decreto 960 de 1970 o estatuto de notariado.

Es evidente, entonces, que la actual posición jurisprudencial y doctrinaria sobre el punto materia de análisis, se ajusta a la anterior normatividad reglamentaria de la profesión de abogado y que define su ejercicio, siendo compatibles tales perspectivas con el artículo 232 de la Constitución Nacional; cuando en su numeral 4º establece como requisito para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y por virtud del artículo 3º de la Ley 24 de 1992, defensor del pueblo, haber ejercido la profesión de abogado, con buen crédito, por diez años.

(…)” (resaltado fuera del texto original).

Posteriormente, en sentencia de 11 de mayo de 2001(14), en la que se avocó el conocimiento de la demanda que en ese entonces presentó la Asociación Nacional de Abogados Litigantes y otros ciudadanos contra el acto por medio del cual el Congreso de la República eligió al abogado Rubén Darío Henao Orozco en el cargo de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sesión de 23 de agosto de 2000, esta Sección, ratificó los lineamientos jurisprudenciales y, consideró que:

“(…) Según lo establecido en el artículo 255 de la Constitución, para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere, entre otras calidades, haber ejercido la profesión de abogado durante 10 años con buen crédito (…)

Mediante el artículo 1º del Decreto 196 de 1971, por el cual se dictó el estatuto del ejercicio de la abogacía, se estableció que esta tenía como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orcen jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia, y en el artículo 2º del mismo decreto, que la principal misión era defender en justicia los derechos de la sociedad de la sociedad y de los particulares, y que también era misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.

De lo anterior resulta, entonces, que el ejercicio de la profesión de abogado comprende, desde luego, la defensa de los derechos e intereses de las partes en los procesos judiciales administrativos o de cualquier clase, pero también actividades distintas o conceptos, realización de estudios, elaboración de documentos y muchos más (…)”.

En una oportunidad más reciente, al resolver esta Sala una demanda presentada por los señores Ramiro Basili Colmenares y Fernando Londoño Hoyos contra el acta de elección del señor Ovidio Claros Polanco como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura para el período 2008-2016, en la que el actor alegó que el demandado no cumplía con el ejercicio de la profesión de abogado porque no se desempeñó en el litigio, sostuvo acogiendo y ampliando pronunciamientos citados sobre el punto, que:

“(…) no le asiste razón al demandado cuando señala que el ejercicio de la profesión de abogado (…) sólo se acredita con el litigio. La Corte Suprema de Justicia al estudiar en sentencia de 24 de noviembre de 1977 la exequibilidad del artículo 21 del Decreto 250 de 1970(15), con efectos erga omnes, dijo: “la norma del artículo 21 inciso final, del Decreto 250 de 1970, acepta como ejercicio de la profesión [de abogado], toda actividad jurídica, independiente o dependiente, en cargo público o privado. Esta ampliación del concepto se ajusta a un criterio más racional y lógico que comprende un desenvolvimiento intelectual de mayores beneficios para la comunidad, que el limitado al campo de “litigio”, de los “procesos” o de las “contenciones” ante la jurisdicción estatal (…) También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas… Más aún hay otras actividades jurídicas que por su notoriedad intelectual relevan la calidad de abogados, como son la investigación jurídica, las funciones académicas o las de doctrinante o tratadistas de derecho. Estas actividades, unidas al título de abogado, corresponden a un recto ejercicio de de la profesión y dan aptitud muy respetable para desempeñar un cargo superior en la rama judicial o en el Ministerio Público, cumplidos los requisitos de diez años de ejercicio y buen crédito (…)”(16).

En esa misma oportunidad esta Sala de Decisión reiteró que la profesión de abogado no puede ser una noción restringida a la actividad del litigio, pues:

“(…) Asimismo, esta Sección en sentencia de 1997(17) estudió un tema con similares argumentos de hecho y de derecho en la cual reiteró los dicho en anteriores planteamientos (…)

(…) son muchas las actividades comprendidas en ese ejercicio que deben tenerse en cuenta para la acreditación del requisito constitucional, quedando relegado el concepto de vieja data que circunscribía al litigio.

La exigencia de haber ejercido con buen crédito la profesión de abogado por un lapso de diez (10) años, lo que en el fondo persigue, es que el elegido goce de una experiencia profesional adecuada en materia jurídica, que le permita desempeñar con acierto [las] funciones del respectivo cargo. Experiencia que se logra no solo actuando el abogado en representación de litigantes ante los estrados judiciales —criterio superado—, sino en otras: actividades donde el profesional del derecho ponga en práctica sus conocimientos académicos (…)”(18).

Tales afirmaciones en cuanto al espectro de las actividades propias del “ejercicio profesional” continúan vigentes, sin embargo, en cuanto a las otras alternativas para el cumplimiento de los requisitos para ocupar los cargos de magistrado de altas cortes, fiscal y por contera vicefiscal, esto es, el desempeño de cargos en la rama judicial y el Ministerio Público, o el de la Cátedra Universitaria en disciplinas jurídicas, la Sala precisa que el constituyente originario de 1991, preceptuó en el numeral 4º del artículo 232 de la Carta que este requisito es de cumplimiento alternativo, que se puede acreditar: i)por haber ejercido cargos en la rama judicial o el Ministerio Público, o, ii)a través de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente, o iii)por haber ejercido con buen crédito el ejercicio de la profesión de abogado, como mínimo por 10 años.

5.3. El desempeño de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

Este requisito constitucional tiene los siguientes elementos:

• Impartir cátedra universitaria.

La noción de cátedra universitaria no se encuentra en la ley. Según la Real Academia de la Lengua Española los significados del vocablo cátedra y del adjetivo universitaria, son:

“Cátedra:

1. Empleo y ejercicio del catedrático.

2. Facultad o materia particular que enseña un catedrático.(…)”(19).

“Universitaria:

1. Adjetivo. Perteneciente o relativo a la universidad (institución de enseñanza superior).(…)”(20).

Por su parte, por universidad se entiende que es aquella “institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes (…)”(21).

Esta noción tradicional y clásica, ha sido objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional al establecer el núcleo esencial y el alcance de la libertad de cátedra:

“(…) la libertad de cátedra es un derecho del cual es titular el profesor o docente, con independencia del ciclo o nivel de estudios en los que desempeñe su magisterio. Es evidente que tratándose de materias o de áreas en las que la investigación científica que adelante el profesor adquiere relieve más destacado, este derecho puede desplegar su máxima virtualidad. Lo anterior, sin embargo, no obsta para que en el campo general de la enseñanza, también el derecho en mención garantice la autonomía e independencia del docente. La función que cumple el profesor requiere que éste pueda, en principio, en relación con la materia de la que es responsable, manifestar las ideas y convicciones que según su criterio profesional considere pertinentes e indispensables, lo que incluye la determinación del método que juzgue más apropiado para impartir sus enseñanzas. De otro lado, el núcleo esencial de la libertad de cátedra, junto a las facultades que se acaba de describir, incorpora un poder legítimo de resistencia que consiste en oponerse a recibir instrucciones o mandatos para imprimirle a su actuación como docente una determinada orientación ideológica. En términos generales, el proceso educativo en todos los niveles apareja un constante desafío a la creatividad y a la búsqueda desinteresada y objetiva de la verdad y de los mejores procedimientos para acceder a ella y compartirla con los educandos. La adhesión auténtica a este propósito reclama del profesor un margen de autonomía que la Constitución considera crucial proteger y garantizar (…)”(22).

Para la Sección el ejercicio de la cátedra universitaria es multicomprensivo sobre la modalidad de su desarrollo en cuanto al método y procedimiento, pues incluye la investigación, las funciones y elaboración de textos académicos, la producción doctrinaria así como las demás actividades intelectuales, y por el contrario no puede ser entendido como una concepción clásica y antigua que se limitaba a entenderlo como el ejercicio de un profesor en un aula de clase.

En conclusión, se tienen estas actividades como parte de la cátedra universitaria moderna en el entendido que se desarrollen dentro del marco de la docencia universitaria en disciplinas jurídicas, esto es existiendo un vínculo con un establecimiento universitario reconocido oficialmente.

• En disciplinas jurídica en establecimientos reconocidos.

Este elemento atañe a que la cátedra universitaria debe ser dictada en disciplinas jurídicas, es decir, en cualquiera de las diferentes áreas del derecho, y cuyo funcionamiento u operación cuente con la respectiva licencia u autorización legal que valide sus programas académicos.

• Ejerce la cátedra universitaria durante 10 años.

Este es el tiempo mínimo que se exige para que desempeñarse como catedrático universitario en áreas jurídicas sirva como requisito cumplido para aspirar ser designado válidamente en el cargo.

Entonces, la Sala concluye que el desempeño de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente se puede acreditar a través de la docencia, investigación jurídica, producción doctrinaria así como cualquier otra actividad de índole académica que se encuentre relación con el desempeño intelectual y jurídico.

5.3. Caso concreto.

En la demanda se alega que el demandado no reúne el requisito del haber ejercido cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público por 10 años, o haber ejercicio la profesión de abogado o la cátedra universitaria por ese mismo lapso de tiempo que, de forma alternativa, consagra el numeral 4º del artículo 232 de la Constitución Política para ser designado válidamente Vicefiscal General de la Nación.

Para tal aseveración dice que se basa en la hoja de vida que del doctor Jorge Perdomo Torres, aparece en la página web CVLC http://201.234.78.173:8081/cvlac/visulaidzador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000561096, y en la versión en internet del periódico el tiempo(23), que le permite inferir que el “prestigioso profesor” se ha tenido que ausentar del país por algunos años y por lo tanto no ha podido cumplir con tal requisito.

A su turno el demandado se defiende sosteniendo que cumple con al menos dos de los requisitos del citado numeral 4º de la norma superior.

En el sub lite se encuentra probado que el doctor Jorge Fernando Perdomo Torres obtuvo el título de abogado el 17 de diciembre de 1997(24).

Según certificación de 18 de enero de 2013 emitida por el director de recursos humanos de la Universidad Externado de Colombia, se da cuenta que durante el período comprendido entre abril de 1998 y diciembre de 2004, es decir, por espacio de 6 años y 8 meses, el doctor Jorge Fernando Perdomo Torres:

“(…) realizó distintas actividades académicas y universitarias, tales como docente en programas de pregrado y postgrado en la Universidad (…); asistió por cuenta de la Universidad (…), a intercambios académicos en cátedras de Derecho Penal y Filosofía del Derecho en España y en Alemania; participó en seminarios en Colombia y en el exterior (…) como conferencista invitado en temas de derecho penal y filosofía del derecho; publicó producto de investigaciones y de la actividad académica artículos en revistas (…) y libros sobre derecho penal y filosofía penal. (…)” (resaltado fuera del texto original).

Y que entre el 11 de enero de 2005 y 30 de septiembre de 2011, o sea por un período de 6 años y 8 meses:

“(…) estuvo vinculado a la Universidad Externado de Colombia mediante contrato del artículo 101 (CST) de tiempo completo como docente investigador en el departamento de derecho penal. (…)” (resaltado fuera de texto original).

Entonces, conforme con esta documental que se allegó al expediente como prueba decretada por solicitud del demandante, está acreditado que el doctor Jorge Perdomo Torres como docente investigador, con énfasis en derecho penal, a partir de la obtención de su título de abogado otorgado por la Universidad Externado de Colombia el 17 de diciembre de 1997, ha ejercido el desempeño de la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente por espacio de 13 años y 6 meses. Por lo tanto, a la época de su designación como Vicefiscal General de la Nación cumplía con la exigencia que impone el numeral 4º del artículo 232 de la Constitución Política.

El demandante reprocha que continuas ausencias del país del doctor Perdomo Torres, entre los años 1998 a 2004 para adelantar sus estudios en el exterior, impiden que pueda cumplir el requisito de acreditar por 10 años el ejercicio de la profesión de abogado indispensable para acceder al cargo de Vicefiscal General de la Nación, según el numeral 4º del artículo Superior. Para soportar el cargo solicitó que se oficiara a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, para que certificara los movimientos migratorios del demandado. Tal prueba, que tiene el carácter de reservada excepto para el juez, se decretó, se surtió, fue analizada y valorada.

Al respecto la Sala constata que a partir del contenido de la certificación de la Universidad Externado de Colombia que obra a folio 123 y ss. del expediente sobre el desempeño como investigador, docente y tratadista del señor Perdomo Torres durante los años 1998 a 2011, se puede concluir que las estancias en el exterior del demandado obedecieron a misión académica y a actividades de investigación en su carácter de investigador jurídico y como docente de la Universidad Externado de Colombia, reconocida oficialmente a partir de la Resolución 92 de 3 de marzo de 1926 emanada por el Ministerio de Gobierno(25), y con re acreditación de alta calidad como institución de educación superior por el Ministerio de Educación Nacional(26).

Como ya antes se explicó tales actividades hacen parte del desempeño válido de la profesión de abogado y no es posible restar los períodos de estancia en el exterior pues obedecieron a la misma actividad de investigador jurídico y de docente, todo lo cual se halla demostrado de manera fehaciente a través del documento visible a folio 76, el cual obra en original que no ha sido “tachado de falso o desconocido (CPC, art. 252).

Entonces, como el demandante no logró demostrar que la designación del demandado como Vicefiscal General de la Nación adolezca del requisito del numeral 4º del artículo 232 de la Constitución Política, al no desvirtuarse la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo que se acusa, debe permanecer incólume.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR la pretensión de la demanda, por los motivos expuestos en esta providencia.

2. ORDENAR al secretario de la Sección que custodie la prueba documental que obra a folios 133 a 135 y en el 138 del expediente para lo cual debe retirar del expediente tales folios y ubicarlos en cuaderno aparte.

3. En firme esta decisión y previas las notificaciones del caso archívese el expediente.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.»

(12) http://201.234.78.173:8081/cvlac/visulaidzador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000561096

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 18 de abril de 1997, Consejero Ponente: doctor Luis Eduardo Jaramillo Mejía

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 11 de mayo de 2001, Consejero Ponente: doctor Mario Alario Méndez, radicado 1001-03-28-000-2000-0036-01 (2437).

(15) “Por el cual se expide el estatuto de la carrera judicial y del Ministerio Público”.

(16) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de julio de 2009, Consejero Ponente: doctor Mauricio Torres Cuervo, radicados 1001-03-28-000-2008-00032-00 y 1001-03-28-000-2008-00033-00.

(17) Ver sentencia del 18 de abril de 1997, expediente 1628, Sección Quinta, Consejero Ponente: doctor: Luis Eduardo Jaramillo Mejía.

(18) Ibídem.

(19) Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Consultado en: http://lema.rae.es/drae/?val=catedra.

(20) Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Consultado en: http://lema.rae.es/drae/?val=universitaria.

(21) Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, Consultado en: http://lema.rae.es/drae/?val=universidad.

(22) Corte Constitucional, Sentencia T-588 de 1998, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

(23) http://m.eltiempo.com/justicia/jorge-fernando-perdomo-nuevo-vicefiscal-general/11496741.

(24) Folio 76.

(25) http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/detalle.jsp?control=0.846450037552604

(26) Con la Resolución 92 de 22 agosto de 2012, el Ministerio de Educación Nacional a través del CNA le confirió a la Universidad Externado de Colombia la re acreditación de alta calidad que inicialmente le había sido conferida con la Resolución 4515 de 2 de diciembre de 2004. Ver: http://www.mineducacion.gov.co/CNA/1741/article-186354.html y http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/detalle.jsp?control=0.846450037552604