Sentencia 2012-00034 de enero 31 de 2013

 

Sentencia 2012-00034 de enero 31 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 63001-23-33-000-2012-00034-01(AG)

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Alejandrina Lozano y otros

Demandado: Ministerio del Interior y Justicia

Bogotá, D.C., treinta y uno de enero de dos mil trece.

Visto el informe secretarial que obra a folio 43 del cuaderno principal, corresponde al despacho definir si se admite el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto del 27 de septiembre de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío (fls. 24 y 25, cdno. ppal.).

El despacho considera necesario precisar los siguientes aspectos en relación con la interpretación de las leyes que regulan la competencia y trámite del recurso de apelación en el caso sub examine, toda vez que la demanda se presentó el 9 de agosto de 2012 (fls. 1 a 17, cdno. ppal.), esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, lo que genera un aparente conflicto de leyes en el tiempo que debe ser solucionado a partir de la hermenéutica sistemática de las normas que resultan aplicables a las acciones de grupo que se tramitan ante esta jurisdicción.

1. Uno de los medios de control establecidos por el legislador en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011— fue el de la pretensión de grupo, contenida en el artículo 145 de esa codificación, en los siguientes términos:

“Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la materia.

“(…)” (se resalta).

2. Como se aprecia, la Ley 1437 de 2011 reguló algunos aspectos de la pretensión —antes acción— de grupo, de manera concreta tres tópicos claramente identificados: i) la pretensión como tal, ii) la caducidad de la misma, iii) y la competencia funcional para el conocimiento en primera y segunda instancia (arts. 145, 152 Nº 16, 164 lit. h).

No obstante, en la disposición que regula la pretensión objeto de estudio (CPACA, art. 145), se determinó que el ejercicio de la misma se haría en los términos señalados por la norma especial que rige la materia, es decir, la Ley 472 de 1998.

3. De modo que, respecto a los efectos de la ley en el tiempo contenidos en las leyes 57(1) y 153 de 1887(2), es posible arribar a las siguientes conclusiones: i) la Ley 1437 de 2011, es una norma ordinaria general posterior que modificó una ley ordinaria especial previa en los temas enunciados; en otros términos, el CPACA subrogó o modificó tácitamente la pretensión, la caducidad y la competencia, aspectos que ahora estarán regulados en esta codificación, circunstancia por la que los restantes aspectos relacionados con este tipo de procesos permanecen desarrollados en la normativa especial, es decir, la Ley 472 de 1998.

4. En esa línea de pensamiento, resulta evidente que la otrora llamada “acción de grupo”, quedó modificada en cuanto se refiere a la materia contencioso administrativa por la pretensión de grupo, la cual se deberá ejercer en los términos fijados en la Ley 1437 de 2011, según la competencia y el plazo de caducidad allí contenidos. A contrario sensu, los demás temas continúan bajo el imperio de la ley especial —472 de 1998— que regula las pretensiones populares y de grupo.

5. Por consiguiente, prima facie, habría que concluir sin anfibología que la apelación de autos (v.gr. el que rechaza la demanda) daría lugar a que una vez identificada la competencia en virtud de la Ley 1437, se aplicara el trámite y oportunidad a que se hace referencia en la Ley 472 de 1998. Sin embargo, la redacción del parágrafo del artículo 243 del CPACA, requiere ser interpretado para definir su contenido y alcance.

En efecto, el precepto referido determina:

“Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

“1. El que rechace la demanda.

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso.

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.

5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.

6. El que decreta las nulidades procesales.

7. El que niega la intervención de terceros.

8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.

9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.

Los autos a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia.

“El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2º, 6º, 7º y 9º de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo.

PAR.—La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil” (resaltado fuera del texto).

La posible discusión hermenéutica o problema jurídico que se presenta, se refiere a si el parágrafo de la norma trascrita, modificó de igual manera las normas sobre apelación de providencias contenidas en la Ley 472 de 1998 (art. 68), que remiten al Código de Procedimiento Civil y, por lo tanto, si para la decisión o definición de la impugnación se debe dar aplicación al artículo 244 de la Ley 1437 de 2011, que dispone que el recurso de alzada se resolverá de plano.

La interpretación que se prohíja dista mucho de dejar sin efectos en materia de apelación de autos la remisión que efectúa la Ley 472 de 1998; lo anterior, comoquiera que, de conformidad con el principio del efecto útil(3) de las normas, sería contradictorio que el legislador del nuevo código administrativo hubiera regulado el tema de la apelación de providencias íntegramente para, a continuación, precisar que el trámite se siguiera rigiendo por las normas de procedimiento civil.

En ese orden de ideas, se itera, la forma de imprimirle un efecto útil a la norma mencionada, es entender que el legislador quiso que la procedencia del recurso estuviera integralmente regido en el CPACA, es decir, qué providencias son susceptibles de apelación, de conformidad con la enumeración contenida en el mismo, mientras que el trámite y oportunidad se mantienen regulados en el ordenamiento especial (L. 472/98)

De otro lado, de conformidad con la interpretación histórica de la disposición, una vez consultados los antecedentes de la misma, se tiene que el objetivo o finalidad era que la procedencia de la apelación —es decir, los autos susceptibles de este recurso— estuviera única y exclusivamente definidos en la Ley 1437 de 2011, aunque el procedimiento o trámite se rija por el CPC o normas concordantes(4).

Como corolario de lo anterior, es posible señalar: i) los autos susceptibles de apelación en todo tipo de proceso ordinario, especial o constitucional, son los señalados en el artículo 243 del CPACA, y ii) si existe una legislación especial que remite al Código de Procedimiento Civil o al Código General del Proceso (L. 1564/2012), se dará aplicación a la misma en cuanto se refiere al trámite y oportunidad de estos. Por lo tanto antes de resolver de plano el recurso de apelación, se deberá admitir, puesto que este aspecto no fue modificado por la Ley 1437 de 2011, al reconocer ésta que los trámites e incidentes siguen siendo regidos por el Código de Procedimiento Civil.

6. Por consiguiente, en el asunto sub examine, se admitirá el recurso de apelación en los términos señalados en el Código de Procedimiento Civil, toda vez que: i) el auto impugnado es de aquellos enunciados en el artículo 243 del CPACA, ii) se interpuso dentro del término legal establecido en el Código de Procedimiento Civil, iii) se cumplieron las formalidades para la concesión del recurso, y iv) el tribunal de primera instancia era el competente para proferir la decisión según el CPACA, y de acuerdo al trámite indicado en la Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Civil.

Por último, es importante precisar que no se dará aplicación a las disposiciones del Código General del Proceso (L. 1564/2012), ya que las normas sobre apelación de providencias no han entrado a regir, según el precepto de vigencia de la ley contenido en el artículo 627 de ese ordenamiento procesal, y en este orden, se

RESUELVE:

1. Admítese el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto del 27 de septiembre de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío.

2. Póngase a disposición de la parte contraria por el término de tres (3) días, el memorial que lo sustenta (CPC, art. 359).

3. Notifíquese personalmente al Ministerio Público (CCA, inc. primero art. 127).

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Enrique Gil Botero

(1) ART. 45.—Que subrogó el artículo 10 del Código Civil. (…) 1. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.”

(2) ART. 2º—La ley posterior prevalecerá sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior.

ART. 3º—Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería”.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-145-95 de marzo 23 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero, actor: Jaime Orlando Santofimio y otros. En esta providencia la Corte se refirió sobre el principio del efecto útil en los siguientes términos: “Conforme al principio hermenéutico del efecto útil de las normas constitucionales, según el cual siempre debe preferirse aquella interpretación que confiere pleno efecto a las cláusulas de la Carta…”.

(4) Antecedentes consultados en el borrador de la transcripción del acta de la sesión 84 del 23 de abril de 2010, de la Comisión de Reforma del Código Contencioso Administrativo, documento que aún no ha sido objeto de publicación oficial, en el que textualmente se lee: “(…) Doctora Correa: Pero yo entendí que eso era lo que habíamos acordado, cierto? Que eso era lo que se iba a proponer. Es decir, que no va a haber más apelaciones que las que decimos nosotros y punto. No importa que el trámite se adelante por el procedimiento civil…” (resaltado del original).