Sentencia 2012-00036/20733 de septiembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 20001 23 33 000 2012 00036 01

Número interno: 20733

Consejera ponente (e):

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Asunto: medio de control de nulidad

Demandante: Juan Flavio Díaz González

Demandado: municipio de Becerril del Campo

Régimen: Ley 1437

Tema: impuesto de alumbrado público

Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil diecisiete.

Fallo

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 26 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar que negó la pretensión de nulidad parcial del parágrafo 1 del artículo 7 del Acuerdo 4 de 2005, expedido por el Concejo municipal de Becerril del Campo (Cesar).

1. Antecedentes

1.1. La demanda

En ejercicio del medio de control nulidad, el ciudadano Juan Flavio Díaz González solicitó la nulidad parcial del parágrafo 1 del artículo 7 del Acuerdo 4 de 2005, expedido por el Concejo municipal de Becerril del Campo (Cesar).

1.1.1. El acto administrativo demandado

Los apartes subrayados, objeto de demanda, son los siguientes(1):

ACUERDO 4 DE 2005

(Abril 8)

“Por medio del cual se adiciona un capítulo al título I sección I del acuerdo 2 de marzo 7 de 1994”.

El Concejo Municipal de Becerril-Cesar,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial la que confieren los artículos 313.4 de la constitución política, el artículo 1º, literal d) de la Ley 97 de 1913 y la Resolución CREG 43 de 1995,

ACUERDA:

(…)

ART. 7º—El estatuto de rentas, Acuerdo 2 de marzo 07 de 1994, en el capítulo adicional del título I sección I, tendrá un artículo 63-F, el cual será de la siguiente tabla:

(…).

PAR. 1º—Las tarifas de alumbrado público para los usuarios que a continuación se señala serán así:

Empresas con actividades de minería a cielo abierto que utilicen en el municipio instalaciones o infraestructura para el almacenamiento, tratamiento, mantenimiento o transporte para sus productos, 90 smmlv.  

1.1.2. Las normas violadas

El demandante invocó como normas violadas las siguientes:

• Artículo 27 de la Ley 141 de 1994.

• Artículo 231 de la Ley 685 de 2001.

1.1.3. El concepto de la violación

Previo a desarrollar el concepto de la violación, el demandante dijo que el Acuerdo 4 de 2005 no estaba vigente en razón a que la normativa tributaria del municipio de Becerril de Campo fue compilada en el Acuerdo 9 de 2005. Que, no obstante lo anterior, era procedente efectuar el control de legalidad sobre la norma cuestionada por el tiempo en que produjo efectos.

1.1.3.1. Nulidad por violación del artículo 231 de la Ley 685 de 2001

Dijo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 635 de 2001, el municipio de Becerril del Campo no puede gravar con el impuesto de alumbrado público la actividad minera, pues la exploración y la explotación minera están exentas de impuestos departamentales y municipales.

1.1.3.2. Nulidad por violación del artículo 27 de la Ley 141 de 1994

Sostuvo que de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 121 de 1994, la actividad de la explotación de recursos naturales no renovables, como la minería, está exenta del impuesto de alumbrado público. Que los apartes demandados violan esta norma al fijar una tarifa especial del impuesto a las empresas que se dedican a esa actividad.

Para reforzar lo anterior, citó la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, del 9 de febrero de 2012, en la que se enfatizó en la prohibición expresa de imponer gravámenes territoriales a las actividades de explotación y exploración minera y a la explotación de recursos naturales no renovables.

1.2. Contestación de la demanda

El municipio de Becerril del Campo se opuso a las pretensiones la demanda.

En primer lugar, dijo que el Acuerdo 9 de 2005 no derogó el Acuerdo 4 de 2005 y que, en la actualidad, en esa jurisdicción, el impuesto de alumbrado público está regulado en las dos normas.

De otra parte, sostuvo que, contrario a lo dicho por el demandante, el Acuerdo 4 de 2005 no estableció como hecho generador del impuestos de alumbrado público la exploración o explotación minera o de recursos naturales no renovables, que son las actividades que las leyes 141 de 1994 y 685 de 2002 prohíben gravar con tributos locales.

Lo anterior en razón a que, conforme el Consejo de Estado lo precisó en la sentencia del 10 de mayo de 2012, dictada en el expediente 18403, el impuesto de alumbrado público grava la prestación del servicio público de alumbrado público y que, en esa medida, no recae sobre el trasporte de carbón, la exploración y explotación minera o de recursos naturales no renovables.

Que, además, la norma demandada fijó el hecho generador del impuesto de alumbrado público en ejercicio de la autonomía que, en materia tributaria, la Constitución Política le reconoce a las entidades territoriales y, en todo caso, dentro de los límites que han establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda.

Dijo que mediante sentencias del 11 de marzo de 2010, dictada en el expediente 16667, el Consejo de Estado avaló que se gravara con el impuesto de alumbrado público a las empresas propietarias de oleoductos que atraviesan predios ubicados en la jurisdicción del municipio titular del impuesto.

Que, de igual forma, mediante sentencia del 12 de mayo de 2012, dictadas en el expediente 18043, el Consejo de Estado validó que un municipio gravara con el impuesto de alumbrado público a las empresas mineras que utilizaran el territorio de su jurisdicción para el transporte de carbón.

Señaló que las consideraciones expuestas en las providencias referidas eran suficientes para negar la pretensión de nulidad parcial del Acuerdo 4 de 2005 por violación de los artículos 27 de la Ley 141 de 1994 y 231 de la Ley 685 de 2001.

Que, por lo anterior, el impuesto de alumbrado público recae sobre la prestación del servicio de alumbrado público y que, como tal, se causa por el hecho de ser usuario potencial del servicio, situación que se predica de las empresas mineras que utilicen la jurisdicción del municipio de Becerril del Campo para el transporte del carbón.

1.4. El recurso de apelación

El demandante apeló la decisión del tribunal.

Dijo que las sentencias del Consejo de Estado del 11 de marzo de 2010 y del 10 de mayo de 2012, en las que el Tribunal fundó la decisión, no aran aplicables al caso concreto porque estaban referidas a actividades distintas a las previstas en la norma demandada.

Que, además, el Tribunal no tuvo en cuenta la sentencia del 13 de septiembre de 2012, dictada en el expediente 2004-000704, en la que el Consejo de Estado ratificó la no sujeción de las empresas mineras a tributos locales. Que lo anterior fue ratificado mediante providencia del 9 de mayo de 2013, dictada en el expediente 2009-00002.

1.5. Alegatos de conclusión

1.5.1. De la demandante

El demandante reiteró que el tribunal desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en el que ha precisado que las empresas mineras no están sujetas a tributos locales.

De otra parte, dijo que el Acuerdo 4 de 2005 desconocía las condiciones mínimas que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido para que las entidades territoriales fijen los elementos esenciales del tributo.

Por último, advirtió que el recaudo presupuestado para el año 2014 por concepto del impuesto de alumbrado público era de $80.226.220, mientras que los gastos asociados a la prestación del servicio eran de $170.000.000.

Que, sin embargo, el municipio de Becerril del Campo recaudó $11.750.552.000 por concepto del impuesto de alumbrado público, suma que resulta sustancialmente superior al costo de la prestación del servicio, que es lo que pretende recaudar el tributo.

1.5.2. De la parte demandada

El municipio de Becerril de Campo no presentó alegatos de conclusión.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público pidió confirmar la sentencia apelada.

Dijo que las sentencias del Consejo de Estado, que a juicio del demandante no fueron tenidas en cuenta para resolver el caso concreto, no eran aplicables al asunto de la controversia porque no guardaban ninguna relación con lo regulado en el artículo 7 del Acuerdo 4 de 2005, pues una refiere a estampillas y la otra, al impuesto de industria y comercio.

2. Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala debe decidir sobre la nulidad parcial del artículo 7 del Acuerdo 4 de 2005, “por medio del cual se adiciona un capítulo al título I sección I del Acuerdo 25 de marzo 07 de 1994”, expedido por el Concejo Municipal de Becerril de Campo.

2.1. Problema jurídico

En concreto, la Sala debe determinar si la norma demandada es nula por violar, por falta de aplicación, los artículos 27 de la Ley 141 de 1994 y 231 de la Ley 685 de 2001 en tanto prohíben gravar con tributos locales las actividades minera y de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

2.2. De la vigencia del Acuerdo 4 de 2005. Reiteración jurisprudencial(2)

El demandante señaló que el Acuerdo 4 de 2005 no estaba vigente en razón a que la normativa tributaria del municipio de Becerril de Campo fue compilada en el Acuerdo 9 de 2005. Que, no obstante lo anterior, era procedente efectuar el control de legalidad sobre la norma cuestionada por el tiempo en que produjo efectos. El municipio demandado, por su parte, alega que el Acuerdo 9 de 2005 no derogó el 004 de 2005 y que el impuesto de alumbrado público se encuentra regulado en las dos normas.

La Sala considera que, conforme el demandante lo alegó, el Acuerdo 4 de 2005 fue derogado por el Acuerdo 9 de 2005 al regular en su totalidad el impuesto de alumbrado público. Sobre este particular, la Sección Cuarta del Consejo de Estado precisó(3):

De la lectura integral de los Acuerdos transcritos, en cuanto regularon el impuesto de alumbrado público, esta Corporación advierte que el Concejo Municipal de Becerril del Campo al expedir el Acuerdo 9 de 2005, realizó una regulación completa del impuesto de alumbrado público, máxime si se tiene en cuenta que mediante el citado Acuerdo se expidió el estatuto de rentas del municipio y en dicho acto están regulados todos los impuestos territoriales y el procedimiento tributario, sancionatorio y de cobro aplicables.

En esas condiciones, la Sala considera que el Acuerdo 9 del 28 de noviembre de 2005, en relación con el impuesto analizado, constituye una derogación orgánica del Acuerdo 4 de 2005 porque, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, el Concejo Municipal de Becerril del Campo manifestó a través del último acuerdo expedido su intención de redisciplinar toda la materia regulada en la normativa precedente (Ac. 4/2005).

En todo caso, la Sala considera que a pesar de que el Acuerdo 4 de 2005 haya sido derogado, debe asumir la competencia y analizar de fondo la demanda presentada en su contra, por los efectos que pudo tener mientras estuvo vigente.

2.3. De la nulidad por violación de los artículos 27 de la Ley 141 de 1994 y 231 de la Ley 685 de 2001, por falta de aplicación. Reiteración jurisprudencial(4)

El aparte demandado del artículo 7 del Acuerdo 4 de 2005 estableció una tarifa de 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por la causación del impuesto de alumbrado público a cargo de las empresas que desarrollan actividades de minería a cielo abierto que utilicen en el municipio de Becerril del Campo instalaciones o infraestructura para el almacenamiento, tratamiento, mantenimiento o transporte para sus productos.

A juicio del demandante, esa disposición es nula por desconocer la prohibición de gravar con tributos locales las actividades de minería y de exploración y explotación de recursos naturales no renovables prevista en los artículos 27 de la Ley 141 de 1994 y 231 de la Ley 685 de 2001.

Sobre el particular, la Sala reitera lo siguiente:

El artículo 27 de la Ley 141 de 1994, “Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones”, establece:

ART. 27.—Prohibición a las entidades territoriales. Salvo las previsiones contenidas en las normas legales vigentes, las entidades territoriales no podrán establecer ningún tipo de gravamen a la explotación de los recursos naturales no renovables.

Por su parte, el artículo 231 de la Ley 685 de 2001, “por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”, dispone:

ART. 231.—Prohibición. La exploración y explotación mineras, los minerales que se obtengan en boca o al borde de mina, las maquinarias, equipos y demás elementos que se necesiten para dichas actividades y para su acopio y beneficio, no podrán ser gravados con impuestos departamentales y municipales, directos o indirectos.

Mediante sentencia de 11 de marzo de 2010, dictada en el expediente 16667(5), la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió que una norma que gravaba con el impuesto de alumbrado público a las empresas “cuyos oleoductos atraviesen predios situados en la jurisdicción rural o urbana(6)“ de un municipio no violaba los artículos 16 del Decreto Ley 1056 de 1953 —Código de Petróleos— y 27 de la Ley 141 de 1994(7).

En esa oportunidad, la Sala consideró que la disposición acusada no gravaba las actividades de transporte del carbón, la exploración y explotación minera, ni la explotación de recursos naturales no renovables –como lo entendió el demandante– sino el servicio de alumbrado público, que es el objeto imponible de ese tributo.

En el mismo sentido, mediante sentencia de 10 de mayo de 2012, dictada en el expediente 18043, la Sala negó la nulidad de una norma que gravaba con el impuesto de alumbrado público a las empresas que utilizan el territorio de la jurisdicción de un municipio para el transporte de carbón mineral y/o natural(8) por violar los artículos 16 del Decreto Ley 1056 de 1953 y 27 de la ley 141 de 1994. Para el efecto, con fundamento en las consideraciones del fallo de 11 de marzo de 2010 ya referido, señaló:

Respecto a la violación de los artículos 231 de la Ley 685 de 2001(9), que prohíbe gravar la exploración y explotación mineras con impuestos directos o indirectos de los entes territoriales, y 27 de la Ley 141 de 1994, que prohíbe a las entidades territoriales gravar la explotación de los recursos naturales no renovables, la Sala también reitera el criterio expuesto en la sentencia de 11 de marzo de 2010(10), con fundamento en el cual, la norma acusada no grava el transporte del carbón, la exploración y explotación minera, ni la explotación de recursos naturales no renovables.

Ello, por cuanto el impuesto de alumbrado público tiene como objeto imponible el servicio de alumbrado público y como hecho generador, el hecho de ser usuario potencial del servicio. Además, como lo precisó el fallo en mención, la norma no grava actividad alguna sino que tiene como fin hacer determinable el sujeto pasivo del impuesto.

La Sala ha reiterado que el servicio de alumbrado público es un derecho colectivo(11) que los municipios tienen el deber de suministrar de manera eficiente y oportuna y, a su vez, la colectividad tiene el deber de contribuir a financiar para garantizar su sostenibilidad y expansión. Que, en ese orden de ideas, en el impuesto de alumbrado público, el objeto imponible es el servicio de alumbrado público y, por ende, el hecho que lo genera es el ser usuario potencial(12) receptor de ese servicio.

Y, que es usuario potencial todo sujeto que forma parte de una colectividad que reside en determinada jurisdicción territorial. Que no se requiere que el usuario reciba permanentemente el servicio, porque el servicio de alumbrado público, en general, es un servicio en constante proceso de expansión. El hecho de que potencialmente la colectividad pueda beneficiarse del mismo, justifica que ningún miembro quede excluido de la calidad de sujeto pasivo.

De esa forma, la Sala ha admitido que los municipios graven con el impuesto de alumbrado público a sujetos que desarrollen actividades relacionadas con la exploración, explotación y transporte de recursos naturales no renovables, siempre que sean beneficiarios, directa o indirectamente, del servicio de alumbrado público, condición que se configura con el asiento o establecimiento de negocios en la jurisdicción del municipio. En este sentido, la Sala ha precisado(13):

5.8. En dicho aspecto, debe tenerse en cuenta que en la citada providencia, que reiteró el criterio jurisprudencial del 11 de marzo de 2010(14), así como en las sentencias del 5 de mayo de 2011(15), del 15 de noviembre de 2012(16), del 7 de marzo de 2013(17), del 6 de febrero de 2014(18), y del 26 de febrero de 2015(19), la Sala ha condicionado la legalidad de las normas que imponen la calidad de sujeto pasivo a las empresas dedicadas a la exploración, explotación y transporte de recursos no renovables, a las siguientes premisas:

i) Que sean usuarios potenciales del servicio en tanto hagan parte de la colectividad que reside en el municipio que administra el tributo. Es decir, que tengan establecimiento en esa jurisdicción municipal.

ii) Que por tal motivo, resulten beneficiadas directa o indirectamente, de forma transitoria o permanente con el servicio de alumbrado público.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que el aparte demandado de Acuerdo 4 de 2005 no viola los artículos 27 de la Ley 141 de 1994 y 231 de la Ley 685 de 2001 pues las actividades señaladas en esas normas no son el hecho generador del impuesto de alumbrado público.

De otra parte, la Sala advierte que, contrario a lo señalado por el demandante en el recurso de apelación, lo resuelto en las sentencias del 13 de septiembre de 2012, dictada en el expediente 2004-000704, y del 9 de mayo de 2013, dictada en el expediente 2009-00002, no es aplicable al caso de la controversia porque en esas providencias se abordaron controversias que no son análogas a la que ahora se resuelve.

Así, mediante la sentencia del 13 septiembre de 2012(20), la Sala declaró la nulidad parcial de la Ordenanza 117 del 2003, expedida por la Asamblea Departamental de la Guajira, que establecía el cobro de una estampilla pro-desarrollo fronterizo sobre los “contratos y demás actividades de servicios que directa e indirectamente, realicen o ejecuten personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en la jurisdicción departamental” (…) “tales como transporte terrestre, férreo, aéreo y marítimo; de carga” y sobre las “concesiones: carbón, gas, carreteras y otras”.

Lo anterior en consideración a que el tributo así establecido [la estampilla] recaía sobre las actividades respecto de las que los artículos 27 de la Ley 141 de 1994 y 231 del Código de Minas prohíben imponer tributos locales. Sobre el particular, la Sala señaló:

La perspectiva jurisprudencial anterior deja en claro que las regalías y los impuestos sobre recursos no renovables son compatibles, siempre y cuando el impuesto no recaiga sobre la explotación misma, dado que ésta, por previsión constitucional, siempre genera regalías; restringiéndose al legislador la decisión de establecer cargas tributarias sobre la misma explotación, de acuerdo con la política que según su criterio convenga más a los intereses estatales.

De acuerdo con las ideas plasmadas en este aparte e independientemente de la compatibilidad constitucional inicialmente advertible entre impuestos y regalías, las entidades territoriales no pueden gravar las concesiones para explotación y exploración carbonífera y petrolera porque, en últimas, esas actividades recaen sobre recursos naturales no renovables y, en consecuencia, se quebrantarían las prohibiciones contempladas en los artículos 27 de la Ley 141 de 1994 y 231 del Código de Minas.

De igual forma, mediante la sentencia del 9 de mayo de 2012(21), la Sala declaró la nulidad de los actos administrativos mediante los que un municipio determinó por aforo el impuesto de industria y comercio a cargo de un contribuyente que desarrollaba actividades respecto de las que los artículos 27 de la Ley 141 de 1994 y 231 del Código de Minas prohíben imponer tributos locales, en concreto, el trasporte de petróleo mediante oleoductos. Para el efecto, la Sala señaló:

De acuerdo con lo anterior, la Sala ha concluido que el transporte de petróleo por oleoductos no puede ser objeto de gravamen, pues el mandato contenido en el artículo 16 del Código de Petróleos que declara exenta tal actividad de todos los impuestos municipales, incluyendo el impuesto de industria y comercio, está vigente, dado que no fue derogada ni expresa ni tácitamente y, por el contrario, ha sido reafirmada a través del artículo 27 de la Ley 141 de 1994.

(…).

En todo caso, la Sala precisa que la prohibición de establecer cualquier tipo de impuesto territorial al transporte de petróleo por oleoductos no solo es para disponer directamente como hecho generador dicha actividad, sino que se hace extensiva a que indirectamente se prevean gravámenes o se subsuman en otras actividades operaciones indispensables para poder realizar el transporte del petróleo.

Por último, la Sala advierte que no analizará el punto de controversia propuesto en los alegatos de conclusión referido a que el recaudo proyectado por concepto de impuesto de alumbrado público para el año 2014 excedía los gastos asociados a la prestación del servicio. Lo anterior en razón a que no es procedente poner en discusión hechos que no fueron formulados en la demanda, pues lo contario iría en contravía del debido proceso de la parte en contra de la que estos se propongan.

Por lo expuesto, se confirmará la decisión apelda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 26 de septiembre de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar en el contencioso de nulidad promovido por Juan Flavio Díaz González contra el municipio de Becerril del Campo.

2. RECONÓCESE personería al abogado Javier Quintero Maya como apoderada del municipio de Becerril del Campo, en los términos del poder que le fue otorgado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Stella Jeannette Carvajal Basto, presidente—Milton Chaves García, aclaro voto—Jorge Octavio Ramírez Ramírez, aclaración de voto.

1 Folio 5.

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Sentencia del 1º de agosto de 2016. Radicación 20001 23 33 000 2012 00177 01 (21313).

3 Ídem.

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sentencia del 11 de marzo de 2010. Radicación 54001233100020040107902 (16667).

5 Ibídem.

6 Se trata del artículo 11 del Acuerdo 101 de 2002, expedido por el concejo municipal de Cúcuta, que establecía:

(…) ART. 11.—Las empresas cuyos oleoductos atraviesen predios situados en la jurisdicción rural o urbana del municipio de San José de Cúcuta, pagarán un impuesto fijo mensual equivalente a ciento sesenta (160) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (…).

7 Para fijar su criterio, la Sala tuvo en cuenta las sentencias de la Corte C-537 de 1998, que declaró exequible el artículo 16 del Código de Petróleos y la Sentencia C-567 de 1997, que declaró exequible el artículo 27 de la Ley 141 de 1994.

8 Se trata del artículo 9º del Acuerdo 8 de 2009, expedido por el concejo municipal de Zona Bananera, que establecía:

ART. 9º—El impuesto al servicio de alumbrado público, se cobrará mensualmente para todos los sectores y estratos, teniendo en cuenta los siguientes esquemas tarifarios:

9.2. Tarifas aplicables a quienes no se pueda determinar el consumo mensual de energía eléctrica.

(…).

9.2.4. Empresa mineras o carboneras (carbón natural y/o mineral): Las empresas que utilizan el territorio de la jurisdicción del municipio de Zona Bananera para el transporte de carbón mineral y/o natural, pagarán una tarifa mensual equivalente a setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 smlmv).

9 La norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1071 de 2003.

10 Para fijar su criterio, la Sala tuvo en cuenta las sentencias de la Corte C-537 de 1998, que declaró exequible el artículo 16 del Código de Petróleos y la Sentencia C-567 de 1997, que declaró exequible el artículo 27 de la Ley 141 de 1994.

11 Literal j) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998.

12 DRAE. Definición de potencial 4. adj. Que puede suceder o existir, en contraposición de lo que existe.

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencia del 24 de septiembre de 2015. Radicación 47001233100020100019501 (21217).

14 C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas, expediente 16667

15 C.P. Dr. William Giraldo Giraldo, expediente 17822.

16 C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, expediente 18107.

17 C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, expediente 18579.

18 C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, expediente 18632.

19 C.P. Dr. Hugo Fernando Bastida Bárcenas, expediente 19042. En esta providencia se analizó la legalidad del artículo 6 Acuerdo 8 de 2009 del municipio de Zona Bananera que dispone la calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público.

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Sentencia del 13 de septiembre de 2012. Radicación 440012331000200400075 03(18537).

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Sentencia del 9 de mayo de 2013. Radicación 85001233100020090000201(18940).