Sentencia 2012-00039/20479 de mayo 26 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Rad.: 130012333000201200039-01 (20479)

Actor: Fortunato Hernández Sánchez

Demandado: DIAN

Ref.: Sanción por no enviar información - 2007

Bogotá, D.C., mayo veintisiete de dos mil dieciséis.

Fallo

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 7 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

La parte resolutiva del fallo apelado dispuso lo siguiente:

“1. DENEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Fortunato Hernández Sánchez, contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.

2. CONDENAR en costas a la parte demandante; liquídense por la Secretaría General de esta Corporación conforme lo dispuesto en el artículo 393 del CPC, incluyéndose en dicha liquidación las agencias en derecho, que fija la Sala en la suma de dos millones quinientos dieciséis mil ochocientos ochenta pesos ($2.516.880), conforme lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. […]”(1).

I. Antecedentes

El 27 de octubre de 2010, la DIAN notificó a Fortunato Hernández Sánchez el pliego de cargos 062382010000168 de 22 de octubre de 2010, por no enviar la información del artículo 631 del estatuto tributario, en relación con el año 2007(2).

En el pliego, propuso una sanción de $314.610.000, que es la máxima prevista en el artículo 651 literal a) del E.T. La base de la sanción propuesta fue de $11.077.424.947(3).

El 6 de mayo de 2011, con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, el demandante se acogió a la sanción reducida al 10% ($31.461.000), conforme con el artículo 651 del E.T. Asimismo, solicitó la disminución de la sanción reducida al 50% ($15.730.500), de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010(4).

Para tal efecto, allegó los formatos de entrega de la información tributaria 1001, 1002, 1003, 1007, 1008, 1009, 1011 y 1012 del año gravable 2007(5) y los recibos oficiales de pago de 14 de mayo(6) y 30 de junio de 2011(7), por $6.292.000 y $9.438.000, respectivamente.

El 1º de junio de 2011, la DIAN notificó la Resolución 062412011000089 de 24 de mayo de 2011, en la que impuso la sanción propuesta en el pliego de cargos y negó la solicitud de reducción de la sanción por no informar porque el demandante no acreditó el pago de la sanción reducida al 10%, ni aportó el acuerdo de pago del saldo de esta(8).

Por Resolución 900.101 de 27 de abril de 2012, la DIAN confirmó en reconsideración el acto recurrido(9). En este acto precisó que de acuerdo con la verificación realizada en los sistemas informáticos, se evidenció que los formatos 1001, 1002, 1003, 1008 y 1012 se presentaron con errores.

Demanda

Fortunato Hernández Sánchez, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Que se declaren nulas en su integridad las siguientes resoluciones: Resolución Sanción 062412011000089 de mayo 24 de 2011 y la 900.101 del 27 de abril de 2012, proferidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Seccional Cartagena.

2. Que a título de restablecimiento del derecho, se declare que mi poderdante no adeuda suma alguna por concepto de sanción por no informar correspondiente a la vigencia 2007 y se ordene la devolución de los valores pagados como sanción reducida.

3. De no prosperar las anteriores pretensiones, que se declare que se cumplieron los requisitos de la sanción reducida, por lo que no hay lugar a erogaciones adicionales a las ya efectuadas.

4. Que se condene en costas a la parte demandada”(10).

La demandante invocó como normas violadas, las siguientes:

— Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

— Artículos 651 literal a), 683 incisos 3 y 4, 711 y 730 numeral 4 del estatuto tributario.

— Artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

— Artículo 48 de la Ley 1430 de 2010.

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en sede judicial se pueden alegar nuevos argumentos y fundamentos que no se hayan planteado en sede administrativa, siempre y cuando no se modifiquen las pretensiones iniciales(11). Por tanto, procede el estudio de los nuevos argumentos expuestos en la demanda, pues tienen como finalidad la declaratoria de nulidad de los actos administrativos sancionatorios.

Violación por no aplicar la sanción reducida

El actor podía acogerse a la sanción reducida al 10% por cuanto subsanó la omisión, dado que antes de serle notificada la resolución sanción presentó la información en medios magnéticos correspondiente al año 2007.

En cuanto a los requisitos correspondientes a la presentación del memorial de aceptación de reducción de la sanción y el pago de esta, el artículo 651 del Estatuto Tributario no establece término específico para su acreditación. Ello, porque la temporalidad solo es exigible para efectos de subsanar la omisión en la entrega de la información.

Por lo anterior, el 2 de junio de 2011, el demandante presentó memorial en el que se acogió a la sanción reducida al 10%. Con posterioridad, allegó copia de los recibos de pago de 14 de mayo y de 30 de junio de 2011, por $6.292.000 y $9.438.000, respectivamente, que da un total de $15.730.500 y que corresponde a la sanción reducida al 10% y al descuento del 50% de esta sanción, de conformidad con el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010.

En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la DIAN aceptó que para acogerse al beneficio de la sanción reducida al 10%, el actor entregó la información que estaba obligado a suministrar antes de la expedición de la resolución sanción. Sin embargo, sostuvo que dicha información tenía errores.

Los actos acusados carecen de motivación porque la DIAN no explicó las razones por las cuales estableció que la información allegada por el actor fue presentada con errores. En consecuencia, violaron el artículo 29 de la Constitución Política toda vez que el demandante no tuvo la posibilidad de controvertir dicha afirmación.

Violación por no acatar los criterios establecidos en el artículo 651 del Estatuto Tributario para determinar la sanción

Aun cuando la administración precisó que no existió acuerdo de pago entre las partes, este no era necesario porque antes de la expedición del acto que resolvió el recurso de reconsideración, el actor pagó, en dos contados, la totalidad de la sanción reducida.

En consecuencia, la DIAN estaba obligada a aceptar la solicitud del actor de acogerse a la reducción de la sanción, puesto que cumplió los requisitos exigidos en el artículo 651 del Estatuto Tributario.

En la resolución sanción se precisó que para establecer el cálculo de la sanción, la DIAN se fundamentó en el valor del patrimonio del contribuyente para la vigencia 2006 y omitió la base. Y en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración tasó el valor de la información en $11.077.424.947 y con esa base sancionó al actor sin explicar el método para determinarla.

En consecuencia, la DIAN violó el artículo 711 del estatuto tributario porque no existe concordancia entre los actos administrativos demandados. Igualmente, desconoció el artículo 730 numeral 4 de la misma normativa, pues no explicó, siquiera sumariamente, el método para establecer dicha base.

Si existía una situación ambigua en relación con la base de la sanción, la DIAN debió aplicar la tarifa del 0.5% sobre los ingresos netos ($2.900.000.000) y establecer como sanción aproximadamente la suma de $145.000.000, valor que guarda coherencia con la realidad económica que reflejan las declaraciones de renta del demandante.

Por lo mismo, se presentó falsa motivación de los actos acusados, al igual que violación al principio de proporcionalidad de la sanción, pues no tuvo en cuenta que la omisión fue subsanada por el actor con el suministro de la información dentro del trámite sancionatorio. Tampoco estudió el daño causado a la Administración para el desarrollo de su función fiscalizadora.

Asimismo, la actuación de la DIAN desconoció el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, que otorga un plazo de 6 meses, a partir de la vigencia de dicha norma, para que los contribuyentes pudieran pagar, con una reducción del 50%, el valor de los intereses de mora y de las sanciones que estuvieren en mora para los periodos gravables 2008 y anteriores.

La sanción por no informar correspondiente al año gravable 2007 fue proferida antes del vencimiento de los seis meses que otorga la Ley 1430 de 2010, razón por la cual está viciada por el fenómeno de extemporaneidad.

En efecto, a la fecha de expedición del acto sancionatorio no habían vencido los seis meses que otorgaba la norma para solicitar la condición de pago, motivo por el cual el actor hizo uso de este beneficio tributario y pagó la sanción reducida al 10% con el descuento adicional del 50%, así: el 14 de mayo de 2011, la suma de $6.292.000 y el 30 de junio de 2011, la suma de $9.438.000.

Contestación de la demanda.

La DIAN propuso la excepción de inepta demanda por indebido agotamiento de la vía gubernativa porque en sede administrativa el actor no discutió el cargo de la violación por no acatar los criterios establecidos en el artículo 651 del Estatuto tributario al momento de cuantificar la sanción, ni el desconocimiento del artículo 48 de la Ley 1430 de 2010. Sobre este punto, citó sentencias del Consejo de Estado(12) y del Tribunal Administrativo de Bolívar(13).

Además, se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente(14):

De conformidad con los artículos 631, 632, 684 y 684-1 del Estatuto Tributario, los contribuyentes tienen la obligación de suministrar información a la DIAN, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos.

Por Resolución 12690 de 29 de octubre de 2007, la DIAN señaló el grupo de personas que, para el año gravable 2007, debían suministrar la información de que tratan los literales a), b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario.

A 31 de diciembre de 2006, el actor poseía unos ingresos brutos de $2.197.040.000. Por tanto, según los dos últimos dígitos del NIT, estaba obligado a suministrar la información exógena hasta el 15 de abril de 2008.

De acuerdo con la investigación tributaria, el actor no presentó la información por el año 2007, por lo que se hizo acreedor a la sanción prevista en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Por tanto, no procede la petición en el sentido que se declare la nulidad de los actos demandados.

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado(15) y del Tribunal Administrativo de Bolívar(16), si la información solicitada no es aportada dentro del término concedido se configura el hecho sancionable y solo es posible la reducción de la sanción cuando el contribuyente cumpla las exigencias previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario.

Para ser beneficiario de la reducción de la sanción al 10%, el contribuyente debe aceptar la sanción, acreditar que allegó la información que estaba obligado a suministrar a través de los formatos exigidos y el pago o acuerdo de pago de la sanción reducida antes de la notificación del acto sancionatorio.

Si bien con posterioridad a la expedición del pliego de cargos, el actor presentó la información correspondiente a los formatos 1001, 1002, 1003, 1007, 1008, 1009 1011 y 1012, no acreditó el pago de la sanción reducida antes de que fuera notificada la resolución sanción.

En los conceptos 3638 de 21 de enero de 1999 y 122448 de 20 de diciembre de 2000, la DIAN señaló que para que opere la reducción de la sanción, al 10% o al 20%, el contribuyente debe presentar el memorial de aceptación de la sanción reducida, en el que se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de esta.

El demandante solo suscribió acuerdo de pago por la obligación correspondiente al año 2006, no por concepto de la sanción por no informar por el año 2007, circunstancia que reconoció en la demanda.

Además, la información que presentó el actor con ocasión al pliego de cargos tenía errores, lo que dificultó a la administración el ejercicio de su labor fiscalizadora.

La tasación de la sanción cumple los requisitos del literal a) del artículo 651 del Estatuto Tributario porque el valor de la información respecto de la cual existía la obligación de informar en el año 2007, ascendía a $11.077.424.947 y al aplicar el 5%, dio como resultado una sanción de $314.610.000.

Los actos administrativos fueron debidamente motivados, pues de acuerdo con los hechos probados y los medios de prueba allegados, en el pliego de cargos y en la resolución sanción se precisó que la sanción se impuso oportunamente por no haber presentado la información en medios magnéticos del año 2007 y que la tasación de esta fue el 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida.

El artículo 48 de la Ley 1430 de 2010 no establece que con ocasión de la expedición de esta norma proceda la suspensión de las disposiciones tributarias que regulan el proceso sancionatorio ni la suspensión del término para proferir la resolución sanción. Por tanto, no era posible que la Administración ordenara la suspensión del proceso sancionatorio que se rige por las normas del Estatuto Tributario.

De otra parte, las causales de nulidad del artículo 730 del Estatuto Tributario no se aplican a los actos sancionatorios. Tampoco puede aplicarse por analogía el artículo 711 del mismo ordenamiento jurídico, pues esta norma hace alusión a la correspondencia que debe existir entre el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión y en este caso se trata de actos diferentes, esto es, el pliego de cargos y la resolución sanción por no enviar información.

La DIAN actuó diligentemente y al imponer sanción preservó las garantías constitucionales del actor y el espíritu de justicia que debe regir las actuaciones de la Administración (artículo 683 del Estatuto Tributario).

Por último, no hay lugar a la condena en costas porque este asunto es de interés público.

Sentencia apelada

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones(17):

Por Resolución 12690 de 29 de octubre de 2007, la DIAN señaló el grupo de personas que por el año 2007 tenían el deber de suministrar la información en medios magnéticos a que se refieren en los numerales a), b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del E.T. Además, especificó los montos a partir de los cuales se generaba la obligación y el contenido y características de la información.

El actor tenía el deber de suministrar a la administración la información exógena en medios magnéticos del año 2007, ya que los ingresos registrados en la declaración de renta del año 2006 superaron los $1.500.000.000. Sin embargo, este reconoció que no cumplió dicho deber, razón por la que la DIAN le impuso una sanción por no informar de $31.461.000.

De conformidad con las pruebas allegadas al expediente, el actor presentó la información correspondiente a los formatos 1001, 1002, 1003, 1007, 1008, 1009, 1011 y 1012, antes de que se notificara el acto sancionatorio y solicitó la reducción de la sanción al 10%, para lo cual allegó recibos de pago por $6.292.000 y $9.438.000, para un pago parcial de $15.730.500.

El demandante no acreditó el pago total de la sanción reducida al 10%, ni el acuerdo de pago sobre el saldo, por lo que no puede ser acreedor al beneficio tributario previsto en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Lo anterior, porque la reducción de la sanción se encuentra condicionada al cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en dicha norma, sin que ello implique el desconocimiento de los principios de justicia y equidad tributaria.

La DIAN no violó el derecho de defensa del actor, pues los actos administrativos fueron debidamente motivados y el hecho de no haber explicado los errores encontrados en la información que allegó con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, no genera la declaratoria de nulidad de los actos demandados, ni exime al contribuyente de cumplir los requisitos exigidos para acceder al beneficio de reducción de la sanción.

Con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en armonía con el artículo 393 del CPC y el Acuerdo 1887 de 26 de junio de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, procede la condena en costas al demandante y al pago de agencias en derecho por $2.516.880, equivalentes al 0.8% del valor de las pretensiones, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto objeto de estudio, la calidad y la duración útil de la gestión ejecutada por la apoderada de la DIAN y la cuantía de las pretensiones.

Recurso de apelación

El demandante apeló por las siguientes razones(18):

El actor cumplió los requisitos de que trata el artículo 651 del Estatuto Tributario para tener derecho a la sanción reducida al 10%, toda vez que el 6 de mayo de 2011 subsanó la omisión, pues presentó la información correspondiente a los formatos 1001, 1002, 1003, 1007, 1008, 1009, 1011 y 1012.

Asimismo, acreditó el pago de la sanción reducida, según los recibos del 14 de mayo y del 30 de junio de 2011, por $6.292.000 y $9.438.000, respectivamente, para un total de $15.730.000. Sin embargo, la DIAN impuso la sanción máxima porque, a su juicio, estos pagos son parciales.

En consecuencia, desconoció el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, que prevé el beneficio tributario para pagar el 50% de la sanción reducida dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de la promulgación de la citada ley.

Con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, el actor solicitó a la DIAN que le permitiera acogerse al beneficio del artículo 48 de la Ley 1430 de 2010 para reducir al 50% el pago de la obligación. Sin embargo, la Administración omitió pronunciarse al respecto, motivo por el cual violó el debido proceso del demandante.

La Administración sostuvo que no existió acuerdo de pago entre las partes para acreditar el pago de la sanción. No obstante, este acuerdo no era necesario en la medida en que el actor pagó la totalidad de la suma, antes de la expedición del acto que resolvió el recurso de reconsideración.

Para acceder a la sanción reducida al 10% de que trata el artículo 651 del E.T., se debe subsanar la omisión antes de la expedición y notificación de la resolución sanción mediante la presentación de la información en medios magnéticos.

En cuanto al memorial de aceptación de reducción de la sanción y el pago de esta, la norma no establece un término específico para su acreditación porque la temporalidad solo es exigible para subsanar la omisión en la entrega de la información.

En sentencia de 28 de febrero de 2008, el Consejo de Estado precisó que el hecho de que el contribuyente se acoja a la sanción reducida no significa que acepte el error y por ende, la sanción, sino que hace uso de un beneficio al cual resulta lógico acogerse(19).

La Administración violó el derecho de defensa del demandante porque no motivó los actos administrativos por los presuntos errores encontrados en la información allegada. Tampoco explicó en qué consistió cada uno de ellos. Además, para que este hecho sea sancionable debe probarse el daño que generó a la Administración y, en este caso, no se evidenció perjuicio alguno(20).

Alegatos de conclusión

El demandante reiteró los argumentos de la demanda y del recurso de apelación(21).

La demandada insistió en los argumentos de la contestación de la demanda(22).

El Ministerio Público no emitió concepto.

Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, la Sala determina si procedía la sanción por no informar por el año gravable 2007 en los términos en que la impuso la DIAN, si la demandante cumplió los requisitos para acogerse a la sanción reducida al 10% de la sanción por no enviar información y si para la tal reducción podía tener en cuenta el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010.

Antes de decidir el fondo del asunto, la Sala resuelve la excepción de inepta demanda propuesta por la demandada, pues el a quo no lo hizo.

A juicio la DIAN, la demanda es inepta porque incluyó como hechos nuevos, no alegados en vía administrativa, la aplicación del artículo 48 de la Ley 1430 de 2010 y la cuantificación de la sanción por no enviar información sin tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 651 del Estatuto Tributario.

En relación con el agotamiento de la vía gubernativa, la Sala ha precisado que “Los hechos que se presentan en la vía gubernativa imponen el marco de la demanda ante la jurisdicción no siendo viable aceptar nuevos hechos, aunque si mejores argumentos de derecho(23).

Así, en la vía judicial es procedente plantear “argumentos nuevos o mejores argumentos”, ya que no existe limitación para que estos puedan aducirse como causal de nulidad de los actos administrativos. Lo que está vedado es plantear en la demanda “hechos nuevos” que la Administración no haya tenido la oportunidad de controvertir en la vía gubernativa. Ello, por cuanto debe haber identidad entre el asunto que fue objeto de revisión por la Administración y el que se somete a la jurisdicción(24).

En el caso en estudio, la excepción de inepta demanda no tiene vocación de prosperidad, pues si bien la cuantificación de la sanción por no enviar información correspondiente al año gravable 2007 no fue un punto expuesto en sede administrativa, no constituye un “hecho nuevo” sino un “mejor argumento”, comoquiera que va encaminado a desvirtuar la legalidad del acto sancionatorio que desde la etapa administrativa se ha objetado.

De otra parte, la aplicación del artículo 48 de la Ley 1430 de 2010 fue un argumento que inclusive alegó el demandante en sede administrativa. En efecto, en relación con este aspecto, en la respuesta al pliego de cargos el actor sostuvo lo siguiente(25):

“Por medio de la presente estamos dando respuesta al pliego de cargos 062382010000168 y de conformidad al artículo 651, subsanamos la omisión y nos acogemos a la reducción de la sanción propuesta del 10% que resultaría la suma de $31.461.000.oo, a su vez, este valor solicitamos disminuir un 50% quedando un saldo a pagar de $15.730.500, puesto que es una sanción correspondiente al año 2007 […] y que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 48 de la ley 1430 de diciembre de 2010 que dispone lo siguiente: “Dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones, administrados por las entidades con facultades para recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional, que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los períodos gravables 2008 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, únicamente con relación a las obligaciones causadas durante dichos periodos gravables, la siguiente condición especial de pago:

Pago de contado el total de la obligación principal más los intereses y las sanciones actualizadas, por cada concepto y período, con reducción al cincuenta por ciento (50%) del valor de los intereses de mora causados hasta la fecha del correspondiente pago y de las sanciones. Para tal efecto, el pago deberá realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley”.

Para certificación del cumplimiento de lo anterior, adjuntamos copias de los formatos 1001, 1002, 1003, 1007, 1008, 1009, 1011 y 1012”.

En consecuencia, se declara no probada la excepción de inepta demanda.

En relación con la procedencia de la sanción máxima que impuso la DIAN y de la sanción reducida al 10% de la sanción por no enviar información, la Sala precisa lo siguiente:

La sanción por no enviar información se halla prevista en el artículo 651 del Estatuto Tributario, en los siguientes términos:

Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) ‘Ajuste de las cifras en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007). Literal modificado por el artículo 55 de la Ley 6 de 1992. El texto con los valores reajustados es el siguiente:’ Una multa hasta de 15.000 UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.

(…).

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

(…). (resalta la Sala).

Conforme con el primer inciso de la norma transcrita, las personas obligadas a suministrar información tributaria y aquellas a quienes la Administración les haya solicitado información o pruebas pueden ser sancionadas si incurren en las siguientes conductas: i) cuando no suministran la información requerida en el plazo fijado para ello; ii) cuando presentan la información requerida pero el contenido tiene errores; y iii) cuando entregan información distinta de la requerida.

El artículo 651 literal a) del Estatuto Tributario prevé que serán sancionados con multa hasta de 15.000 UVT quienes no suministren información dentro del plazo establecido para ello, o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, según los siguientes criterios:

1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

2. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

Cabe reiterar que la sanción plena impuesta por la DIAN parte de la base de que esta se haya determinado como lo prevé el artículo 651 del Estatuto Tributario, esto es, sobre el monto de la información que el contribuyente está obligado a informar, que, en este caso, corresponde a la relacionada en los literales b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario, conforme con la Resolución 12690 de 29 de octubre de 2007(26).

La Sala ha señalado que cuando el artículo 651 del Estatuto Tributario utiliza la expresión ‘hasta el 5%’, se otorga a la Administración un margen para graduar la sanción. Sin embargo, esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria, pues deben tenerse en cuenta los criterios de justicia y equidad, al igual que los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción(27).

La misma norma prevé que la sanción por no enviar información puede ser objeto de reducción al 10%, si la omisión es subsanada después de proferido el pliego de cargos y antes de que se notifique la imposición de la sanción, o al 20%, si la omisión es subsanada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción.

Según la citada disposición, para tener derecho a la reducción de la sanción es necesario que el obligado subsane la omisión, pague el valor de la sanción reducida y presente un escrito de aceptación de la sanción reducida, en el que acredite que la omisión fue subsanada y el pago o acuerdo de pago de la sanción reducida.

Así, la reducción de la sanción es un beneficio que tienen los contribuyentes para disminuir el monto de la multa impuesta al 10% o al 20%, teniendo en cuenta que a menor intervención de la Administración dentro del trámite sancionatorio mayor será la reducción y que deben cumplirse los requisitos del artículo 651 del Estatuto Tributario, ya mencionado(28).

Para acceder al beneficio de la sanción reducida al 10% de la multa impuesta en el acto sancionatorio, se requiere que antes de que se notifique la resolución sanción, el contribuyente subsane la omisión, pague el 10% de la sanción impuesta y presente memorial de aceptación de la sanción reducida con la prueba de haber subsanado la omisión y pagado la sanción reducida. Cabe precisar que si la infracción consiste en no haber suministrado la información, la omisión se subsana precisamente entregando la información.

Es de anotar que los actos que aceptan o niegan la solicitud de reducción de la sanción hacen parte de la misma actuación administrativa que se deriva de la imposición de la sanción, pues el artículo 651 del Estatuto Tributario permite que la reducción se solicite y la omisión se subsane antes de que se notifique la imposición de la sanción (reducción al 10%) o dentro del término para interponer recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio (reducción al 20%)(29).

Igualmente, cabe reiterar que el pago de la sanción reducida parte de la base de que la sanción por no informar se haya determinado correctamente(30).

En el caso en estudio, se encuentran probados y no se discuten los siguientes hechos:

Por el año gravable 2007, el actor estaba obligado a presentar la información exógena de que trata el artículo 631 literales b), c), d), e), f), h), i) y k) del Estatuto Tributario(31) y de acuerdo con la Resolución 12690 de 29 de octubre de 2007, el plazo para presentar la información vencía el 15 de abril de 2008.

El 4 de noviembre de 2010, la DIAN notificó al actor el pliego de cargos por no enviar la información del artículo 631 del Estatuto Tributario(32). En el pliego, propuso una sanción de $314.610.000, que es la máxima prevista en el artículo 651 literal a) del E.T.

Con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, el actor manifestó que se acogía a la sanción reducida al 10% de la sanción propuesta en dicho acto(33).

Antes de la notificación de la resolución sanción(34), el actor acreditó el cumplimiento de los siguientes requisitos para acogerse a la sanción reducida:

— Entrega de la información correspondiente a los formatos 1001-pagos o abonos en cuenta, 1002-retenciones en la fuente practicadas, 1003-retenciones en la fuente que le practicaron, 1007-ingresos recibidos, 1008-cuentas por cobrar y 1009-cuentas por pagar, 1011 y 1012-patrimonio bruto y costos y deducciones, que corresponden a la información tributaria que el actor debía entregar por el año gravable 2007(35).

— Entrega de recibo del pago de 14 de mayo de 2011, por $6.292.000(36).

Adicionalmente, en la respuesta al pliego de cargos, el demandante solicitó la aplicación de la condición especial de pago prevista en el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010. Por ello, consideró que tenía derecho a disminuir, a la mitad, la sanción reducida.

El 1º de junio de 2011, la DIAN notificó la Resolución 062412011000089 de 24 de mayo de 2011, que impuso al actor la sanción de $314.610.000, propuesta en el pliego de cargos. Además, negó la solicitud de reducción de la sanción por no informar porque el actor no acreditó el pago de la sanción reducida al 10% ($31.461.000), ni aportó el acuerdo del pago del saldo de esta(37).

La base de la sanción, esto es, el monto de la información dejada de suministrar fue de $11.077.424.947(38), aspecto que no cuestionó el demandante.

Luego de notificada la resolución sanción, el demandante entregó un recibo de pago por $9.438.000, de 30 de junio de 2011(39). Así el actor pagó la suma de $15.730.000, que, en su criterio, era el monto que estaba obligado a pagar como sanción reducida.

Por Resolución 900.101 de 27 de abril de 2012, la DIAN confirmó en reconsideración la sanción con fundamento en lo siguiente(40):

“(…) Con el fin de verificar el debido cumplimiento de la obligación esta oficina verificó en los sistemas informáticos el día 16 de abril de 2012 y encontró que los formatos 1001, 1002, 1003 y 1008 y 1012 fueron presentados con error (fls. 84 a 89, 92, 93, 98 y 99, 120 a 124) de manera que se establece que el contribuyente no subsanó completamente la omisión pues al evidenciarse que no cumplió en forma debida con el envío de la información a que estaba obligado se verifica que no ha cesado el daño en contra del Estado pues la administración tributaria no puede ejercer la función de fiscalización a partir de la información exógena requerida.

Para verificar el requisito atinente al pago en este caso el diez por ciento (10%) del valor propuesto de la sanción como lo solicita el recurrente, esta oficina solicitó al funcionario competente informar si respecto de la Resolución Sanción Nº 062412011000089 del 24 de mayo de 2011, el contribuyente suscribió acuerdo de pago (fls. 127 y 127).

Mediante correo electrónico del 17 de abril de 2012, la funcionaria del Grupo Interno de Trabajo de la Secretaría de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena informó:

“Por medio del presente correo, me permito informarle que el contribuyente Hernández Sánchez Fortunato NIT 5.813.379 suscribió acuerdo de pago mediante Resolución de Facilidad de Pago Nº 4 de fecha 13-04-2010, únicamente la obligación contenida en la Resolución Sanción Nº 06241201000001 de fecha 2010-01-05 cuyo valor es de $28.064.000, por concepto de Renta Año Gravable 2006.

Verificado el expediente de cobro, no figura otra solicitud de acuerdo de pago por ninguna otra obligación”.

Probado que el contribuyente no tiene acuerdo de pago sobre el valor de la sanción reducida al diez por ciento (10%) del valor propuesto en el pliego de cargos, esto es por $31.461.000; ni tampoco por el veinte por ciento (20%) del valor impuesto es decir, $62.922.000.

De manera que es improcedente acceder a la solicitud del recurrente de fijar la sanción reducida al diez por ciento (10%) por cuanto no están cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 651 del Estatuto Tributario.

(…).

En el presente caso, está probado que la actora no entregó a tiempo la información relacionada con los literales b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario y que dentro del término para responder el pliego de cargos subsanó la omisión, pues allegó la información correspondiente a los formatos 1001 –pagos o abonos en cuenta–(41), 1002 –retenciones en la fuente practicadas–(42), 1003 –retenciones en la fuente que le practicaron–(43), 1007 –ingresos recibidos–(44), 1008 –cuentas por cobrar–(45) y 1009 –cuentas por pagar–(46), 1011 y 1012 –patrimonio bruto y costos y deducciones–(47). No obstante, de los formatos que están en el expediente no es posible determinar el valor de la información entregada por el actor.

El hecho de que al haber subsanado la omisión la DIAN detectara que supuestamente la información entregada presentaba errores en los formatos 1001, 1002, 1003 y 1008 y 1012(48), no significa que la omisión persista. Ello, porque los supuestos errores en la información darían lugar a la existencia de una infracción sancionable distinta, respecto de la cual la DIAN debe formular pliego de cargos para garantizar el derecho de defensa del demandante(49). Por lo demás, la Administración no precisó qué errores tenía la información que el actor le entregó.

De otra parte, el actor alegó que la infracción en que incurrió no generó perjuicio a la DIAN, por lo cual no procedería la sanción. Al respecto, la Sala reitera que la entrega tardía de la información generó un perjuicio a la DIAN en la medida en que obstaculizó o entorpeció sus funciones de fiscalización y control para la correcta determinación de los tributos y sanciones.

Sin embargo, en este caso el perjuicio no puede medirse como si el actor nunca hubiera entregado la información, “porque mientras la falta de entrega veda en magnitud considerable la efectividad en la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de las mismas, la entrega tardía impacta la oportunidad en su ejercicio, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización pero sí, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega”(50).

Por ello, a pesar de que el actor incurrió en la infracción sancionable, se debe graduar la sanción en el 1% del monto de la información entregada, debido a que, se reitera, suministró la información con la respuesta al pliego de cargos, es decir, cuando apenas empezaba la actuación administrativa, lo que denota que tuvo una actitud de colaboración con la Administración.

Así lo sostuvo la Sala en un caso similar, cuando afirmó lo siguiente(51):

“De manera que, si no se reportó la información, la tarifa de la sanción a imponer es la más alta, esto es, la del 5%, porque la no entrega de la información conlleva, per se, el daño por entorpecer el ejercicio de la función pública de fiscalización tributaria.

En cambio, si se suministró la información, lo pertinente es graduar la tarifa dependiendo de la oportunidad en que fue entregada.

En el caso concreto es un hecho no controvertido que la demandante entregó la información el 24 de diciembre de 2010, fecha en que presentó los descargos contra el pliego que propuso imponerle la sanción por no informar, pero, valga advertir, no pagó la sanción.

En esas circunstancias, la Sala considera que es pertinente graduar la sanción al 1% puesto que la demandante saneó la omisión cuando apenas estaba empezando la actuación administrativa […]” (resalta la Sala).

Por lo anterior, la Sala gradúa la sanción y la fija en el 1% de la base que tuvo en cuenta la DIAN para imponer la sanción al actor ($11.077.424.947), comoquiera que este no cuestionó dicha base y no existen elementos de juicio para desvirtuarla. En consecuencia, la sanción que corresponde pagar al actor es de $110.774.249.

Lo anterior, además, porque la actora no cumplió el requisito del pago de la sanción reducida al 10% o al 20% de la sanción aquí graduada.

En efecto, la sanción reducida al 10% equivale a $11.077.425. Sin embargo, en la oportunidad legal, esto es, antes de la notificación de la resolución sanción, el actor solo acreditó el pago de $6.292.000(52). El pago posterior por $9.438.000 fue extemporáneo, pues, se efectuó con ocasión del recurso de reconsideración(53). Además, no allegó acuerdo de pago alguno por el saldo respecto a la suma oportunamente pagada.

Es de anotar que el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010(54) no es aplicable al caso en estudio, pues el primer requisito para que, en general, un contribuyente pudiera acogerse a la condición especial para el pago prevista en dicha norma es la mora en el pago de las obligaciones causadas por los años gravables 2008 y anteriores. Y en este caso, al momento de solicitar la aplicación de la condición especial de pago, esto es, con la respuesta al pliego de cargos, el actor no estaba en mora en el pago de la sanción, comoquiera que esta no se había impuesto aún y mucho menos el acto sancionatorio estaba en firme.

La actora tampoco cumplió el requisito de pago para acogerse a la sanción reducida al 20% de la sanción impuesta, pues como esta corresponde a $110.774.249, dentro de la oportunidad legal, la actora debió pagar una sanción reducida de $ 22.154.850. No obstante, a la fecha de interposición del recurso de reconsideración solo acreditó el pago de $15.730.000 y no acreditó la existencia de acuerdo de pago sobre el saldo.

En consecuencia, el demandante no cumplió el requisito del pago de que trata el artículo 651 del Estatuto Tributario para ser acreedor a la reducción de la sanción al 10% o al 20% de la sanción impuesta por la Sala, motivo para negar la solicitud de reducción de la sanción.

En cuanto a la condena en costas, la Sala advierte que Tribunal condenó a la demandante al pago de costas y agencias en derecho, correspondientes al 0.8% del valor de las pretensiones, con fundamento en el Acuerdo 1887 de 26 de junio de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

La condena en costas se halla prevista en el artículo 188 del CPACA, que consagra lo siguiente:

Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564 de 2012). Sin embargo, como lo ha precisado la Sala(55), esta circunstancia debe analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que “solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

Se advierte que una vez revisado el expediente, no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas o agencias en derecho en ninguna de las dos instancias. En consecuencia, se revoca la condena en costas impuesta en primera instancia y, en su lugar, se niegan las costas en las dos instancias.

En suma, se revoca la sentencia apelada para declarar no probada la excepción de inepta demanda propuesta por la demandada y anular parcialmente los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho, se impone al actor una sanción de $110.774.249 por no enviar información exógena por el año gravable 2007.

En lo demás, se niegan las pretensiones de la demanda. Asimismo, no se condena en costas en las dos instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar dispone:

1. DECLÁRASE no probada la excepción de inepta demanda por indebido agotamiento de la vía gubernativa.

2. ANÚLENSE parcialmente las resoluciones 62412011000089 de 24 de mayo de 2011 y 900.101 de 27 de abril de 2012.

A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que el actor está obligado a pagar una sanción de $110.774.249, conforme con la parte motiva de esta sentencia.

En lo demás, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

3. NO SE CONDENA EN COSTAS en las dos instancias.

4. RECONÓCESE personería a Pablo Nelson Rodríguez Silva como apoderado de la DIAN, en los términos del poder que está en el folio 314 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

1 Folios 257 a 277.

2 Folios 38 a 43 y 157 a 162 y 164 anverso.

3 Folio 44.

4 Folios 36 a 37 y 189.

5 Folios 167 a 174.

6 Folio 16.

7 Folio 17.

8 Folios 26 a 35 y 176 a 186.

9 Folios 19 a 22 y 197 a 200. El acto que decidió el recurso se notificó el 2 de mayo de 2012 - Folio 201.

10 Folio 11.

11 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre de 2007, exp. 12217, C.P. Rafael Ostau De La Font.

12 Sentencias de 10 de septiembre de 1992, exp. 3838, C.P. Carmelo Martínez Conn y de 17 de junio de 1996, exp. 7593, C.P. Consuelo Sarria Olcos.

13 Sentencias de 27 de mayo de 2011, exp. 2004-00557 y de 17 de marzo de 2011, exp. 2006-00613, M.P. José Fernández Osorio.

14 Folios 83 a 109.

15 Sentencia de 12 de diciembre de 2002, exp. 10147, C.P. Julio Enrique Correa Restrepo.

16 Sentencia de 28 de octubre de 2011, exp. 2005-01228-01.

17 Folios 257 a 277.

18 Folios 280 a 286.

19 Exp. 15140.

20 Sentencia C-160 de 29 de abril de 1998.

21 Folios 302 a 311.

22 Folios 455 y 456.

23 Entre otras, ver Sentencias de 18 de septiembre de 2002, exp. 13023, C.P. Ligia López Díaz y de 17 de marzo de 2005, exp. 14113, C.P. María Inés Ortiz Barbosa y de 10 de abril de 2014, exp. 19923, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

24 Entre otras, ver Sentencias de 10 de abril de 2014, exp. 19923 y de 19 de marzo de 2015, exp. 20548 C.P Martha Teresa Briceño de Valencia.

25 Folio 36.

26 Sentencia de 19 de febrero de 2015, exp. 20079 y de 23 de abril de 2015, exp. 20355, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

27 Entre otras, ver Sentencias de 20 de abril del 2001, exp. 11658; de 20 de febrero y 4 de abril del 2003, exps. 12736 y 12897; de 15 de junio del 2006, exp. 2003-00453-01 y 26 de marzo del 2009, exp. 16169.

28 Entre otras, ver Sentencia de 6 de noviembre de 2014, exp. 20344, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

29 Ibídem.

30 Sentencia de 19 de febrero de 2015, exp. 20079, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

31 ART. 631.—Para estudios y cruces de información. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas que regulan las facultades de la administración de impuestos, el director general de impuestos nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos:
(...).
b) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades a quienes se les practicó retención en la fuente, con indicación del concepto, valor del pago o abono sujeto a retención, y valor retenido.
c) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades que les hubieren practicado retención en la fuente, concepto y valor de la retención y ciudad donde les fue practicada.
d) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de los pagos que dan derecho a descuentos tributarios, con indicación del concepto y valor acumulado por beneficiario.
e) “Literal modificado por el artículo 133 de la Ley 223 de 1995”. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en los cuales el valor acumulado del pago o abono en el respectivo año gravable sea superior a diez millones de pesos ($10.000.000, base año gravable de 1995) (año gravable 2007: igual o superior a $1.000.000 o igual o superior a $20.000.000), con indicación del concepto, retención en la fuente practicada e impuesto descontable.
f. “Literal modificado por el artículo 133 de la Ley 223 de 1995”. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos, en los casos en los cuales el valor acumulado del ingreso en el respectivo año gravable sea superior a veinticinco millones de pesos ($25.000.000, base año gravable de 1995) (año gravable 2007: igual o superior a $5.000.000), con indicación del concepto e impuesto sobre las ventas liquidado cuando fuere el caso.
(...).
h) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los acreedores por pasivos de cualquier índole, con indicación de su valor (año gravable 2007: igual o superior a $5.000.000).
i) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los deudores por concepto de créditos activos, con indicación del valor del crédito (año gravable 2007: igual o superior a $5.000.000).
(...).
k) La discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los formularios de las declaraciones tributarias. (...).

32 Folio 164.

33 Teniendo en cuenta que la sanción plena que se propuso en el pliego de cargos y se confirmó en el acto sancionatorio era de $314.610.000, la sanción reducida al 10% corresponde a $31.461.000.

34 La resolución sanción se notificó el 1º de junio de 2011.

35 Folios 167 a 174.

36 Folio 16.

37 Folios 26 a 35 y 176 a 186.

38 Folios 38 a 43 y 157 a 162.

39 Folio 17.

40 Folios 19 a 22 y 197 a 201.

41 Folio 167.

42 Folio 168.

43 Folio 169.

44 Folio 170.

45 Folio 171.

46 Folio 172.

47 Folio 173 y 174.

48 Folios 167 a 169, 171 y 174.

49 Sentencia de 6 de noviembre de 2014, exp. 20344, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

50 Sentencia de 3 de junio de 2015, exp. 20476, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

51 Sentencia de 12 de diciembre de 2014, exp. 20086, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en Sentencia de 23 de abril de 2015, exp. 20355, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

52 Recibo de pago de 14 de mayo de 2011 - Folio 16.

53 Folio 17.

54 ART. 48.—condición especial para el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y contribuciones, administrados por las entidades con facultades para recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional, que se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los períodos gravables 2008 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, únicamente con relación a las obligaciones causadas durante dichos periodos gravables, la siguiente condición especial de pago:
Pago de contado el total de la obligación principal más los intereses y las sanciones actualizadas, por cada concepto y período, con reducción al cincuenta por ciento (50%) del valor de los intereses de mora causados hasta la fecha del correspondiente pago y de las sanciones. Para tal efecto, el pago deberá realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley. (...) (resalta la Sala).

55 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.