Sentencia 2012-00040 de febrero 21 de 2013

 

Sentencia 2012-00040 de febrero 21 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 50001-23-31-000-2012-00040-01(ACU)

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Actor: Nydian Arenas Alfonso

Demandado: Electrificadora del Meta - EMSA S.A. ESP

Bogotá, D.C., veintiuno de febrero de dos mil trece.

Resuelve la Sala la apelación presentada por el apoderado de la accionante contra la sentencia dictada el 13 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo del Meta, en la cual se declaró probada la “excepción” de improcedencia de la acción propuesta por la sociedad Electrificadora del Meta S.A., en adelante EMSA S.A. ESP.

I. Antecedentes

1. La solicitud.

Por intermedio de apoderado judicial, la señora Nydian Arenas Alfonso instauró acción de cumplimiento contra EMSA ESP, en la que solicitó hacer las siguientes declaraciones:

“1. Ordenar a la Electrificadora del Meta S.A. Empresa de Servicios Públicos - EMSA ESP promover en calidad de demandante los procesos que sean necesarios para hacer efectivo el gravamen de servidumbre de conducción de energía eléctrica en el predio El Danubio, ubicado en la vereda Inspol Jardín de Las Peñas en jurisdicción del municipio de Mesetas (Meta) de propiedad de la señora Nydian Arenas Alfonso; conforme a la obligación o deber claro, expreso y exigible radicado en cabeza de la demandada por la Ley 56 de 1981 y el Decreto 2580 de 1985.

2. Que la orden sea cumplida dentro del plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que no podrá exceder de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriado el fallo.

3. Ordenar a la autoridad de control pertinente adelantar la investigación del caso para efectos de responsabilidades penales o disciplinarias, en el evento que se establezca que la conducta del incumplido así lo exige.

4. Condenar en costas a la accionada”.

2. Fundamentos fácticos y jurídicos de la solicitud de cumplimiento.

La actora informó que es propietaria de un inmueble ubicado en jurisdicción del municipio de Mesetas (Meta) en el cual EMSA ESP efectuó una construcción y pasó un cableado de conducción de energía. Que de conformidad con los artículos 27 de la Ley 56 de 1981 y 1º del Decreto 2580 de 1985(1) la empresa de servicios públicos debe instaurar un proceso de imposición de gravamen de servidumbre de conducción de energía, sin embargo EMSA ESP no lo ha hecho.

Manifestó que por escrito de 16 de noviembre de 2011 le solicitó a la accionada que iniciara el aludido proceso dentro del cual ella podría pedir una indemnización por los trabajos que EMSA ESP realizó en su inmueble. Que la empresa de servicios públicos en oficio de 29 del mismo mes y año la requirió para que aportara el certificado de tradición y libertad del predio y un croquis del mismo en el que apareciera la franja de terreno afectada con las obras.

Que por escrito de 9 de diciembre de 2011, ante el requerimiento que le hizo la accionada, le señaló a EMSA ESP que la respuesta que había dado a su petición constituía renuencia a cumplir con la ley.

3. Trámite de la solicitud.

La solicitud de cumplimiento se presentó ante el Juzgado Séptimo Administrativo de Villavicencio en donde se profirió sentencia el 20 de marzo de 2012 negando la prosperidad de la acción. La actora apeló la decisión.

El Tribunal Administrativo del Meta, en auto de 26 de abril de 2012 declaró la nulidad de lo actuado ante el Juzgado Séptimo Administrativo de Villavicencio al considerar que la Electrificadora del Meta S.A. ESP era una entidad del orden nacional, por lo que de conformidad con el numeral 14 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 57 de la Ley 1395 de 2010, la competencia para conocer de la acción, en primera instancia, estaba asignada a los tribunales administrativos.

Por auto de 11 de mayo de 2012 el Tribunal Administrativo del Meta admitió la acción y dispuso la notificación del gerente de EMSA ESP para que en el término de 3 días ejerciera su derecho de defensa.

4. Argumentos de defensa de la Electrificadora del Meta - EMSA S.A. ESP.

Por intermedio de apoderada judicial propuso las excepciones que denominó: (i) improcedencia de la acción, porque el actor promovió demanda de reparación directa en la cual se declaró la caducidad de la acción; (ii) inexistencia de renuencia porque la accionada no se negó a promover el proceso de imposición de servidumbre debido a que tal trámite es potestativo y más cuando la actora autorizó los trabajos que ahora señala le causan perjuicios. Que la actora en sus escritos no reclamó el cumplimiento de norma alguna; y, (iii) inexistencia de la obligación de promover servidumbres porque la red que atraviesa el predio de la actora tiene una tensión inferior a 57,5 KV y no requiere servidumbre de acuerdo con lo previsto en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas contenido en las resoluciones 180398 de 7 de abril de 2004 y 181294 de 6 de agosto de 2008, ambas del Ministerio de Minas y Energía.

Indicó que la actora pretende desconocer con la solicitud de cumplimiento que el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Villavicencio profirió un auto dentro de la demanda de reparación directa 2010-00373 instaurada por ella contra EMSA ESP en el cual la rechazó por caducidad de la acción, circunstancia que le impide perseguir por este medio judicial el pago de una indemnización por improcedencia de la acción en aplicación del artículo 9º de la Ley 393 de 1997.

5. Sentencia impugnada.

La constituye la proferida el 13 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo del Meta, en la cual se declaró probada la “excepción” de improcedencia de la acción propuesta por EMSA ESP.

Estimó que la acción de cumplimiento es improcedente cuando existe o existió otro instrumento de defensa judicial para lograr el cumplimiento de la ley o los actos administrativos; que era el proceso ordinario ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el idóneo para establecer si había lugar a declarar la responsabilidad de las Empresas de Servicios Públicos cuando ocupan de manera definitiva o temporal inmuebles en desarrollo de la actividad que realizan de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 142 de 1994.

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 393 de 1997 la solicitud de cumplimiento presentada por la señora Arenas Alfonso era improcedente.

La apelación

Alega el apoderado de la señora Nydian Arenas Alfonso que su poderdante no instauró demanda de reparación directa con fundamento en los mismos hechos que sustentaron la acción de cumplimiento como lo sostiene el tribunal.

Explica que su poderdante inició una demanda para que se declarara la existencia de la servidumbre de conducción de energía eléctrica que el Juzgado Civil del Circuito de Granada (Meta) remitió por competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Que el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio solicitó adaptar la demanda a la de reparación directa, pero como ello no sucedió rechazó la demanda.

Que no instauró demanda de reparación directa porque la Ley 56 de 1981 y su Decreto Reglamentario 2580 de 1985 “Por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo II del título II de la Ley 56 de 1981”, prevén de manera especial que las empresas de servicios públicos domiciliarios son las legitimadas para iniciar el proceso de imposición del gravamen de servidumbre de conducción de energía en el cual se deben indemnizar los perjuicios causados.

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con el artículos 3º de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el artículo 57 de la Ley 1395 de 2010 y 1º del Acuerdo 15 del 22 de febrero de 2011 por medio del cual la Sala Plena del Consejo de Estado modificó su reglamento, esta Sección es competente para pronunciarse sobre la impugnación que ejerció la accionante contra la sentencia proferida el 13 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo del Meta, por tratarse de fallo dictado en un proceso de acción de cumplimiento instaurado contra la Electrificadora del Meta S.A. ESP, sociedad de economía mixta del nivel nacional, vinculada al sector administrativo del Ministerio de Minas y Energía, constituida a través de la escritura pública 6353 de 1981(2).

2. De la acción de cumplimiento.

La acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 393 de 1997, propende por la materialización efectiva de aquellos mandatos contenidos en leyes o en actos administrativos, a efectos de que el juez de lo contencioso administrativo le ordene a la autoridad que se constituya renuente, proveer al cumplimiento de aquello que la norma prescribe.

Es un mecanismo procesal idóneo para exigir el cumplimiento de las normas o de los actos administrativos que contengan un mandato imperativo a cargo de la correspondiente autoridad pública a la cual se reclame su acatamiento, pero al igual que la acción de tutela, es subsidiario, en tanto que no procede cuando la persona que promueve la acción tiene o tuvo otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de tal norma o acto incumplido; tampoco cuando su ejercicio persiga el cumplimiento de normas que establezcan gastos.

3. Requisitos de la acción y deberes del juez.

La Ley 393 de 1997 señala como requisitos para la procedencia de la acción de cumplimiento que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con fuerza de ley o en actos administrativos de una manera inobjetable; que la administración haya sido y continúe siendo renuente a cumplir; que tal renuencia se pruebe por el demandante de la manera como lo exige la ley, y que, tratándose de actos administrativos de carácter particular, el afectado no tenga ni haya tenido otro instrumento judicial para lograr su cumplimiento, salvo el caso en que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

4. Lo que se solicita se ordene cumplir a la accionada.

El apoderado de la señora Nydian Arenas Alfonso solicita se ordene a EMSA S.A. ESP cumplir los artículos 27 de la Ley 56 de 1981 y 1º del Decreto 2580 de 1985(3), porque considera que las empresas que prestan el servicio público de energía deben promover los procesos judiciales para imponer y hacer efectivo el gravamen de imposición de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica cuando hayan adoptado y ordenado la ejecución de un proyecto con tal fin.

Esta Sección, en sentencia de 16 de agosto de 2012, proferida dentro del expediente 2012-00018, con ponencia del consejero de Estado doctor Mauricio Torres Cuervo, tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el gravamen de servidumbre pública de conducción de energía en el siguiente sentido:

“De conformidad con las normas anteriormente citadas, que deben entenderse en concordancia con la Ley 142 de 1994(4), se tiene que la empresa de servicios públicos podrá imponer la servidumbre por cualquiera de estas vías:

a) Judicialmente: Iniciando el proceso a que se refiere la Ley 56 de 1981 en el cual se fija el monto de los daños causados para indemnizar al propietario.

b) Motu proprio: Se puede presentar de dos formas, a saber: i) mediante acto administrativo, caso en el cual también se deberá establecer el monto de los daños causados para indemnizar al propietario o, ii) de hecho, como sucedió en el caso concreto, con autorización del propietario del bien.

En cualquier caso, si el propietario del bien no está de acuerdo con la indemnización decretada, o no recibe reparación alguna, cuenta con la acción de reparación directa. Así lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-831 de 2007, al estudiar la exequibilidad del proceso de imposición de servidumbre, en el cual no se permite al propietario proponer excepciones, por cuanto se trata de un procedimiento destinado a la imposición de la servidumbre, en aras de garantizar el interés general:

“La fijación de un término breve de traslado al demandado, materia está contenida dentro del amplio margen de configuración normativa que tiene el legislador, responde a un fin constitucionalmente valioso, en tanto el proceso de constitución de servidumbre pública de conducción de energía tiene entre sus principales finalidades, como se ha insistido en esta sentencia, la protección del interés general, representado en la pronta ejecución de las obras necesarias para la adecuada prestación del servicio público”.

(…) se trata de un procedimiento expedito, dirigido a garantizar que en el menor tiempo posible, se ejecuten las obras destinadas a la prestación del servicio público. Así mismo, la imposición de servidumbres públicas de conducción de energía eléctrica encaja perfectamente dentro de la función social de la propiedad, en los términos del artículo 58 de la Constitución. Bajo esta perspectiva, las pretensiones del propietario o poseedor del bien se restringen a la obtención de una indemnización justa”.

Así, se advierte que las normas sobre las cuales se solicita su cumplimiento conceden a las empresas de servicios públicos la facultad de realizar las afectaciones necesarias para garantizar la prestación del servicio. Es por ello que el propietario que se sienta afectado tiene a su alcance las acciones ordinarias, como lo es la acción de reparación directa, para obtener la reparación de los perjuicios que con ellas se causen, ya que la acción de cumplimiento resulta improcedente para lograr este objetivo debido a su naturaleza subsidiaria” (resaltado del texto).

Observa la Sala en el expediente que la actora por escrito de 15 de noviembre de 2011 radicado ante EMSA S.A. ESP, pidió:

“Helman José Hernández López, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, abogado en ejercicio, por medio del presente escrito, obrando en mi calidad de apoderado de la señora Nydian Arenas Alfonso, mayor de edad y vecina del municipio de Mesetas (Meta), en ejercicio de la consagración del artículo 23 superior, me permito formular las peticiones que en el acápite correspondiente se consignan (…):

Promover en calidad de demandante los procesos que sean necesarios para hacer efectivo el gravamen de servidumbre de conducción de energía eléctrica en el predio El Danubio, ubicado en la vereda Inspol Jardín de Las Peñas en jurisdicción del municipio de Mesetas (Meta) de propiedad de la señora Nydian Arenas Alfonso; conforme a la obligación o deber claro, expreso y exigible radicado en cabeza de la Electrificadora del Meta S.A. Empresa de Servicios Públicos - EMSA ESP por la Ley 56 de 1981 y el Decreto 2580 de 1985”.

Mediante el oficio SGAJ-20118000229721 de 29 de noviembre de 2011 el gerente general de la accionada, en respuesta a la petición de la actora, le indicó: “(…) que para proceder a revisar el caso expuesto, se hace necesario que nos allegue certificado de libertad y tradición del inmueble, así como el croquis respectivo, en donde aparezca la franja de terreno afectada con el paso de la línea de conducción de energía eléctrica”.

Ante la respuesta de la EMSA S.A. ESP el apoderado de la señora Arenas Alfonso en escrito de 9 de diciembre de 2012 le manifestó a la entidad que: “(…) la comunicación estructura renuencia de la compañía al cumplimiento de la orden legal a ella impuesta, así como la vulneración del derecho fundamental establecido en el artículo 23 Superior”.

Por su parte la accionada contesta el escrito de la actora a través del oficio SGAJ-20118000254761 de 27 de diciembre de 2011. Luego de referirse a la Ley 56 de 1981 y a la acción de reparación directa como medio para obtener la indemnización de perjuicios causados con la imposición de una servidumbre por la administración, le indicó: “(...) la Electrificadora del Meta S.A. ESP, lo invita a que acceda a la imposición de la servidumbre de manera voluntaria, teniendo en cuenta que el plazo para reclamar la indemnización ya caducó”.

Entonces, como lo afirmó el tribunal, la acción idónea para la obtención de la indemnización que persigue la actora era la de reparación directa establecida en el artículo 141 del CPACA, pues a ella habrá lugar cuando la ocupación sea temporal o permanente producto de trabajos públicos o por cualquier otra causa, circunstancia que hace improcedente la solicitud de cumplimiento en aplicación del artículo 9º de la Ley 393 de 1997 y por ello la sentencia apelada habrá de confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 13 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Devolver el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Susana Buitrago Valencia, Presidente—Mauricio Torres Cuervo—Alberto Yepes Barreiro.

(1) Reglamenta la Ley 56 de 1981.

(2) Información tomada de la página web www.emsa-esp.com.co

(3) “ART. 1º—Los procesos judiciales que sean necesarios para imponer y hacer efectivo el gravamen de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica, serán promovidos, en calidad de demandante, por la entidad de derecho público que haya adoptado el respectivo proyecto y ordenado su ejecución, de acuerdo con los requisitos y el procedimiento, señalados en este decreto”.

(4) “ART. 117.—La adquisición de la servidumbre. La empresa de servicios públicos que tenga interés en beneficiarse de una servidumbre, para cumplir su objeto, podrá solicitar la imposición de la servidumbre mediante acto administrativo, o promover el proceso de imposición de servidumbre al que se refiere la Ley 56 de 1981”.