Sentencia 2012-00040 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000 2327 000 2012 00040 01 [19774]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Whirlpool Colombia S.A.S. (NIT. 830010181-9)

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Precios de transferencia

Fallo

Bogotá, D. C., nueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide sobre la legalidad de los actos por los cuales la DIAN reliquidó e incrementó en un 30% la sanción aceptada en la liquidación oficial de corrección que expidió la DIAN a la DIIPT que Whirlpool Colombia S. A. presentó por el año 2007.

Para ello determina si la DIAN podía imponer sanción frente a la liquidación oficial de corrección, pues, en su criterio, en materia de precios de transferencia tal liquidación no puede ser revocada por la DIAN.

Asimismo, define si la actora incurrió en la infracción sancionable. Lo anterior, porque alega que no era viable la imposición de la sanción del 1% del total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior, ni el incremento del 30% de esta, dado que la sanción por corrección que la DIAN aceptó en la liquidación oficial de corrección, correspondiente al 2% de la sanción por extemporaneidad, era la que correspondía, conforme con el artículo 260-10 literal B numeral 3º del estatuto tributario.

Pues bien, los artículos 260-1 y siguientes del estatuto tributario(8) regulan el régimen de precios de transferencia que se aplica sólo a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior(9). El régimen obliga a que los contribuyentes del citado impuesto determinen los ingresos, costos y deducciones, teniendo en cuenta para tales negociaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes(10), para que prevalezcan los precios de mercado y no los fijados por las partes artificialmente en razón de la vinculación que poseen, con el ánimo de reducir su carga tributaria.

Por su parte, el artículo 260-1 inciso 2º del estatuto tributario facultó a la DIAN para que, en desarrollo de las facultades de verificación y control, determinara los ingresos ordinarios y extraordinarios, al igual que los costos y deducciones de las operaciones que los contribuyentes del impuesto de renta realicen con vinculados económicos o partes relacionadas, “mediante la determinación del precio o margen de utilidad a partir de precios y márgenes de utilidad en operaciones comparables con o entre partes no vinculadas económicamente, en Colombia o en el exterior”. Y, el inciso 6º precisó que los precios de transferencia solo producen efectos en la determinación del impuesto sobre la renta.

Con tal fin, el artículo 260-8 del estatuto tributario(11) dispuso que los contribuyentes allí indicados deben presentar anualmente una declaración informativa de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas. A su vez, el artículo 260-4 ibídem(12) previó que dichos contribuyentes deben preparar y enviar la documentación comprobatoria por cada tipo de operación, para demostrar la correcta aplicación de las normas del régimen de precios de transferencia(13).

El artículo 260-8 estatuto tributario, en su redacción original(14), establecía que a la declaración informativa le son aplicables, en lo pertinente, las normas del libro quinto del estatuto tributario, que, entre otros aspectos, regulan las sanciones que se generan por el incumplimiento de las obligaciones tributarias. No obstante, el artículo 44 de la Ley 863 de 2003(15) eliminó dicha remisión, y el artículo 46 ibídem(16) modificó el artículo 260-10 del estatuto tributario en el sentido de fijar las sanciones relativas a la documentación comprobatoria y la declaración informativa.

Por su parte, el artículo 260-10, literal B, numeral 3º inciso 1º del estatuto tributario(17) dispuso que la corrección de la DIIPT genera una sanción equivalente al 1% del total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, sin exceder de 39.000 UVT. Y, el artículo 260-10, literal B, numeral 3º inciso 7º del estatuto tributario prevé que la corrección de inconsistencias que la misma norma señala, genera una sanción que corresponde al 2% de la sanción por extemporaneidad.

Asimismo, el artículo 260-10, literal B, numeral 3º, inciso 8º ibídem establece que “Cuando el contribuyente no liquide la sanción por corrección o la liquide por un menor valor al que corresponda, la administración tributaria la aplicará incrementada en un treinta por ciento (30%), de conformidad con lo establecido en el artículo 701”.

A su vez, el artículo 260-10, literal B, numeral 4º, inciso 6º prevé que “El procedimiento para la aplicación de las sanciones aquí previstas será el contemplado en los artículos 637 y 638 de este estatuto. Y, el inciso 7º ibídem dispone que “Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un mes para responder”.

En ese orden de ideas, conforme con el artículo 260-10, literal B, numerales 3º y 4º del estatuto tributario, cuando el contribuyente corrija la DIIPT y no liquide la sanción correspondiente o la liquide en forma incorrecta, la DIAN puede liquidarla e incrementarla en un 30%, conforme con el artículo 701 ibídem(18).

Para imponer esta sanción, la DIAN debe seguir el procedimiento de los artículos 637 y 638 del estatuto tributario. Según el artículo 637 ibídem, las sanciones pueden imponerse mediante resolución independiente o en las liquidaciones oficiales. Si la sanción se impone mediante resolución independiente, debe darse al administrado traslado del pliego de cargos y éste tiene un mes para responder (art. 260-10, lit. B, num. 4º, inc. 7º).

El artículo 638 ib. consagra la prescripción de la facultad para imponer sanciones e indica que cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial, pero si se imponen en resolución independiente, la DIAN debe formular el pliego de cargos correspondiente dentro de los dos años siguientes a la presentación de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de infracciones continuadas.

Por su parte, el artículo 589 del estatuto tributario, que hace parte del libro quinto de dicha normativa, sobre procedimiento tributario y que, por ende, se aplica al régimen de precios de transferencia del mismo estatuto, dispone, en lo pertinente, lo siguiente(19):

“Artículo 589 modificado por el artículo 161 de la Ley 223 de 1995. Correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. Para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar o aumentando al saldo a favor, se elevará solicitud a la administración de impuestos y aduanas correspondiente, dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término para presentar la declaración.

La administración debe practicar la liquidación oficial de corrección, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma; si no se pronuncia dentro de este término, el proyecto de corrección sustituirá a la declaración inicial. La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no impide la facultad de revisión, la cual se contara a partir de la fecha de la corrección o del vencimiento de los seis meses siguientes a la solicitud, según el caso.

[…]”.

Conforme con la norma transcrita, para disminuir el saldo a pagar o aumentar el saldo a favor liquidado en una declaración privada, el contribuyente debe solicitar a la DIAN la corrección de la declaración, dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar.

La DIAN debe practicar liquidación de corrección dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud en debida forma, y si no lo hace, el proyecto de corrección sustituye la declaración inicial. Sin embargo, este artículo también precisa que la DIAN conserva la facultad de revisión y que el término para proferir la liquidación de revisión inicia en la fecha de la corrección o dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud, según el caso.

La Sala ha señalado que las solicitudes de corrección solo pueden negarse por motivos de forma, no por razones de fondo como “las relacionadas con el derecho al reconocimiento de costos, deducciones, descuentos, exenciones-excepciones, retenciones en la fuente, o pruebas requeridas para su demostración, pues tales asuntos son materia de un proceso de revisión”(20).

Con fundamento en el artículo 589 del estatuto tributario, la Sala ha dicho que los requisitos formales son los siguientes(21):

• Presentar una solicitud ante la administración de impuestos y aduanas correspondiente.

• Que la petición se realice dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del término para declarar(22) o de la fecha de presentación de la declaración de corrección, según el caso, y

• Adjuntar proyecto de corrección.

Si se cumplen los requisitos anotados, que son de forma, la DIAN debe practicar liquidación oficial de corrección, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud, pues, si no lo hace, opera el silencio administrativo positivo a favor del contribuyente, sin perjuicio de la facultad de revisión de la administración.

En consecuencia, para corregir la DIIPT con el fin de disminuir las sanciones liquidadas por el contribuyente que, por ende, generarían un menor saldo a cargo, el contribuyente debe seguir el procedimiento del artículo 589 del estatuto tributario.

Cabe precisar que si bien con fundamento en el artículo 589 del estatuto tributario, la DIAN conserva la facultad de revisión para cuestionar aspectos de fondo de la declaración privada, esta facultad no se aplica respecto de la DIIPT, toda vez que el artículo 260-10 estatuto tributario, literal B, numeral 4º, inciso final, señala que “Cuando el contribuyente no hubiere presentado la declaración informativa, o la hubiere presentado con inconsistencias, no habrá lugar a practicar liquidación de aforo, liquidación de revisión o liquidación de corrección aritmética respecto a la declaración informativa”, pues lo procedente es modificar la declaración de renta del respectivo año gravable.

No obstante, el hecho de que la DIAN no pueda practicar liquidación de aforo, revisión o corrección aritmética sobre la DIIPT no impide que pueda reliquidar las sanciones aceptadas mediante liquidación oficial de corrección, pues, en ese evento, la DIAN no ejerce la facultad de revisión sino la facultad sancionatoria otorgada por el artículo 260-10 del estatuto tributario.

En efecto, el artículo 260-10, literal B, numeral 3º, inciso 7º ibídem, expresamente permite a la DIAN reliquidar las sanciones por corrección de la DIIPT calculadas en forma incorrecta e incrementarlas en un 30%, en los términos del artículo 701 ib.

Además, la expedición de la liquidación oficial de corrección de la DIIPT no significa que la determinación de las sanciones que acepta la administración, previo proyecto de corrección del contribuyente, esté de acuerdo con la ley. Ello, por cuanto, según el artículo 589 del estatuto tributario, la DIAN solo verifica el cumplimiento de requisitos formales.

A su vez, dicha liquidación oficial sustituye la declaración inicial o la última corrección privada del contribuyente y, por ende, la DIAN conserva su facultad sancionatoria. Por lo tanto, para iniciar el proceso sancionatorio, la administración no tenía que revocar la liquidación de corrección, pues ésta se limitó a reconocer el derecho que tenía la actora de corregir su declaración y, por ende, de sustituirla por la citada liquidación oficial.

En consecuencia, la DIAN podía modificar la sanción que la demandante liquidó en el proyecto de corrección aceptado por la DIAN mediante liquidación oficial de corrección.

Aspecto de fondo: configuración de la infracción sancionable

El artículo 260-10, literal B, numeral 3º, modificado por el artículo 46 de la Ley 863 de 2003, establece que la corrección de la DIIPT genera las siguientes sanciones(23):

“3. Cuando los contribuyentes corrijan la declaración informativa a que se refiere este artículo deberán liquidar y pagar, una sanción equivalente al uno por ciento (1%) del valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, sin que exceda de la suma de 39.000 UVT.

Se presentan inconsistencias en la declaración informativa, en los siguientes casos:

a) Los señalados en los artículos 580, 650-1 y 650-2 del estatuto tributario;

b) Cuando a pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas, se anota como resultante un dato equivocado;

c) Cuando no haya consistencia entre los datos y cifras consignados en la declaración informativa y los reportados en sus anexos;

d) Cuando no haya consistencia entre los datos y cifras consignados en la declaración informativa y/o en sus anexos, con la documentación comprobatoria de que trata el artículo 260-4 del estatuto tributario.

Las anteriores inconsistencias podrán corregirse, dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial en relación con la respectiva declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, liquidando una sanción equivalente al 2% de la sanción por extemporaneidad, sin que exceda de 39.000 UVT.

Cuando el contribuyente no liquide la sanción por corrección o la liquide por un menor valor al que corresponda, la administración tributaria la aplicará incrementada en un treinta por ciento (30%), de conformidad con lo establecido en el artículo 701”.

Así, la corrección de la DIIPT genera dos tipos de sanciones. Una general y una reducida, que procede sólo por la corrección de las inconsistencias en la DIIPT expresamente señaladas en la referida norma.

La sanción general corresponde al 1% del valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, sin exceder de 39.000 UVTs (art. 260-10, lit. B, num. 3º, inc. 1º).

La sanción reducida por la corrección de inconsistencias de la DIIPT equivale al 2% de la sanción por extemporaneidad, que, a su vez, corresponde, en general, al 1% del total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, por cada mes o fracción de mes calendario de retraso, sin exceder de 39.000 UVT (art. 260-10, lit. B, num. 1º).

Según el artículo 260-10, literal B), numeral 3º, las inconsistencias que generan la sanción reducida son las siguientes:

a) Las señaladas en los artículos 580(24), 650-1(25) y 650-2(26) del estatuto tributario.

b) Cuando los valores correspondientes a las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas son correctos, pero se anota como resultado un dato equivocado.

c) Cuando no haya consistencia entre los datos y cifras consignados en la DIIPT y los reportados en sus anexos, y

d) Cuando no haya consistencia entre los datos y cifras consignados en la declaración informativa y/o sus anexos, y la documentación comprobatoria.

Respecto a la última inconsistencia, el legislador no definió cuándo se presenta la falta de consistencia entre la DIIPT y/o sus anexos y la documentación comprobatoria, por lo cual debe acudirse al sentido natural y obvio de la palabra. La Real Academia Española de la Lengua define consistencia como “1. f. Duración, estabilidad, solidez. 2. f. Trabazón, coherencia entre las partículas de una masa o los elementos de un conjunto”. Así pues, existe inconsistencia cuando los datos y cifras de la DIIPT y/o sus anexos no son sólidos o coherentes frente a los informados en la documentación comprobatoria.

En el caso en estudio, se encuentran probados los siguientes hechos:

El 8 de julio de 2008, la actora presentó la DIIPT por el año 2007 en la que incluyó una sanción por extemporaneidad de $817.986.000, que fue liquidada por el sistema de la DIAN(27).

El 8 de enero de 2010, la demandante corrigió la DIIPT para aumentar la sanción, pues a la sanción por extemporaneidad que reportó en la DIIPT del 8 de julio de 2008 ($817.986.000), adicionó la sanción reducida por corrección de inconsistencias, que equivale al 2% de la sanción por extemporaneidad ($18.535.000), para un total de $836.521.000(28).

El 15 de enero de 2010, la actora solicitó a la DIAN la corrección de la DIIPT sólo para mantener la sanción reducida por corrección de inconsistencias de la declaración inicial y, por ende, eliminar la sanción por extemporaneidad liquidada por el sistema de la DIAN ($817.986.000)(29).

Mediante liquidación de corrección de 5 de abril de 2010, la DIAN aceptó el proyecto de corrección(30).

El 15 de abril de 2010, la DIAN profirió pliego de cargos en el que propuso determinar la sanción por corrección en $799.451.000 e incrementarla en un 30% ($239.835.000), para un total de $1.057.821.000, sin cuestionar el levantamiento de la sanción por extemporaneidad.

En el pliego de cargos se describe así la corrección que la actora efectuó(31):

“QUINTO: Comparados los datos consignados en la declaración informativa de precios de transferencia (formato 1125) con la documentación comprobatoria se determinó:

• Ninguno de los valores declarados respecto de las operaciones por compra neta de inventarios para distribución (fl. 4) coincide con los registrados en el folio 27 de la documentación comprobatoria.

• Respecto de los ingresos por intereses cobrados a sus vinculadas se estableció que no fueron incluidas tres (3) operaciones mencionadas en el folio 84 de la documentación comprobatoria. […]

Al respecto cabe anotar que en la declaración de corrección se evidencia que las modificaciones realizadas, corresponden a diferencias en los montos de algunas operaciones, así como la inclusión o exclusión de otras, como se observa en el siguiente cuadro:

 

Declaración inicialDeclaración de corrección Diferencias
RazónTipoCód. Monto Tipo Cód. Monto  
Whirlpool Corporation Southern Region2US1.127.521.0002US1.127.521.000OK
Whirlpool México S.A. de C.V.2MX67.523.0002MX67.523.000OK
Whirlpool S.A. (Multibras)2BR29.694.0002BR29.694.000OK
Whirlpool Europe Coordination Center N.V.14BE53.779.00014BE1.546.000Cambio VR.
Whirlpool Europe Coordination Center N.V.14BE18.429.00014BE38.414.000Cambio VR.
Whirlpool Europe Coordination Center N.V.14BE35.082.00014BE35.082.000OK
Whirlpool Europe Coordination Center N.V.14BE36.421.00014BE36.421.000OK
Whirlpool Europe Coordination Center N.V.14BE10.319.00014BE10.319.000OK
Whirlpool Europe Coordination Center N.V.14BE147.801.00014BE147.801.000OK
Whirlpool Europe Coordination Center N.V.14BE117.521.00014BE117.521.000OK
Whirlpool Europe Coordination Center N.V.14BE-14BE29.801.000Adiciono (NO DOC)
Whirlpool Europe Coordination Center N.V.14BE-14BE4.082.000Adiciono (NO DOC)
Whirlpool Europe Coordination Center N.V.14BE-14BE31.637.000Adiciono (NO DOC)
Whirlpool Europe Coordination Center N.V.14BE9.173.00014BE9.173.000OK
Total operaciones de ingreso 1.653.263.000  1.686.535.000 
Whirlpool Home Appliance (Shangai) Co. Ltd.21CN9.474.836.00021CN1.782.249.000Cambio VR.
Whirlpool Corporation Southern Region21US67.476.938.00021US62.882.738.000Cambio VR.
Whirlpool S.A. (Multibras)21BR1.279.219.00021BR713.835.000Cambio VR.
Whirlpool México S.A. de C.V.21MX39.615.415.00021MX36.541.909.000Cambio VR.
Whirlpool Europe SRL21IT2.317.985.00021IT999.585.000Cambio VR.
Whirlpool of India Limited22IN-21IN14.175.000Adiciono (DOC)
Total operaciones de egreso120.164.393.000  102.934.491.000 

 

También se observa que tanto las operaciones que cambiaron de valor, como tres de las que adicionaron no se encuentran documentadas, tal como se demuestra en el punto quinto de los hechos. Lo cual confirma que no es cierto el argumento expuesto por el contribuyente donde indica que corresponde a errores de transcripción de la información consignada en la documentación comprobatoria y la declarada”.

En consecuencia, la DIAN sostuvo que comparó los datos de la DIIPT con los de la documentación comprobatoria y que determinó que los valores declarados por concepto de compra neta de inventarios para distribución no coinciden con los informados en el folio 27 de la documentación comprobatoria y que aunque los ingresos por intereses cobrados a vinculados económicos fueron mencionados en el folio 84 de la documentación comprobatoria, no fueron incluidos en la DIIPT.

Lo anterior significa que había inconsistencias entre la DIIPT y la documentación comprobatoria, pues algunas cifras reportadas en la DIIPT por concepto de compra neta de inventarios para distribución e intereses cobrados a vinculadas, no coincidían con las informadas por los mismos conceptos en la documentación comprobatoria y no se incluyeron en la DIIPT algunos ingresos por intereses, a pesar de que fueron reportados en la documentación comprobatoria. Además, estas inconsistencias son las mismas que acepta la actora.

En el acto que impuso la sanción (Res. 900015 de nov. 8/2010), la DIAN sostuvo lo siguiente(32):

“[…] las modificaciones realizadas en la corrección a la declaración informativa, como son, el no incluir la totalidad de las transacciones y no registrar los valores exactos como insistentemente hemos hecho referencia, tiene incidencia en el análisis de fondo de las normas de precios de transferencia para determinar la renta líquida gravable en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del mismo periodo, por tanto no puede el libelista interpretar erradamente que el no incluir los valores reales, pueda dar lugar a considerarse como datos equivocados a pesar de haber declarado correctamente las operaciones con vinculados, o que no haya consistencia entre los datos de la declaración informativa y sus anexos, o con la documentación comprobatoria” (se destaca).

Así, tanto en el pliego de cargos como en el acto sancionatorio se concluyó que la DIIPT de la actora no incluyó la totalidad de las transacciones (pues omitió tres registros) y, que, además, no registró valores exactos, lo que constituye falta de coherencia entre la DIIPT y la documentación comprobatoria y, por ende, da lugar a la infracción sancionable del artículo 260- 10 literal B) numeral 3º del estatuto tributario.

Además, en la resolución sancionatoria se advierte que las inconsistencias en mención inciden en la determinación de la renta líquida gravable del período 2007 porque son inexactitudes o errores de fondo.

Sin embargo, por Auto 312382009001137 de 14 de octubre de 2009, la DIAN determinó que “no hay mérito para continuar la investigación” y ordenó el archivo del proceso de determinación iniciado contra la actora por el impuesto sobre la renta del año 2007(33). Lo anterior corrobora que las inconsistencias que la misma DIAN halló no eran de fondo, porque no tuvieron incidencia en la declaración de renta del período gravable 2007.

Por Resolución 900181 de 18 de noviembre de 2011, la DIAN confirmó en reconsideración la resolución sanción y sostuvo lo siguiente(34):

“[…]

Cuando la sociedad corrige su declaración, también corrige el formato 1125; variando algunos valores e involucrando otros que habían sido omitidos inicialmente, de tal forma no se puede decir que la corrección obedeció a una inconsistencia, puesto que la declaración, el anexo y la declaración comprobatoria guardaban plena correspondencia. En tal sentido la sanción aplicable corresponde al uno por ciento (1%) de las transacciones realizadas con vinculados económicos, y no del dos por ciento (2%) de la sanción de extemporaneidad.

[…] se precisa que la situación específica del caso, conduce a determinar que se trata de una inexactitud y omisión en los registros lo cual descarta que se hayan ajustado las cifras entre la declaración informativa y la documentación comprobatoria, pues como se determinó no existe para el presente caso tal inconsistencia, por lo cual es correcto aplicar la sanción contemplada en el artículo 260-10, literal B), numeral 3º” (se destaca).

Así pues, la omisión en los registros de la DIIPT a que se refiere el acto que resolvió el recurso de reconsideración —que no es de todas las operaciones— es una de las inconsistencias que se presenta entre la DIIPT y la documentación comprobatoria. La otra, es que no coinciden algunos de los valores informados en la DIIPT y los de la documentación comprobatoria.

A pesar de esta evidencia, que la misma DIAN reconoció en el pliego de cargos y en el acto sancionatorio, el acto que resolvió el recurso sostuvo que la declaración informativa, el anexo y la documentación comprobatoria guardaban plena correspondencia.

Lo anterior pone de presente que para no aceptar la existencia de la infracción del artículo 260-10 lit B) numeral 3º del estatuto tributario, la DIAN negó la falta de coherencia entre los datos de la DIIPT y la documentación comprobatoria y planteó que la actora había incurrido en errores de fondo, con supuestos efectos en la declaración de renta, no obstante que, se insiste, de un lado, las inconsistencias corresponden a la falta de correspondencia o coherencia entre los datos informados en la DIIPT y los de la documentación comprobatoria, y, de otro, las supuestas inexactitudes con efectos en la declaración de renta no se produjeron.

En consecuencia, no procede la mayor sanción determinada por la DIAN en los actos acusados, ni el incremento de la sanción en un 30%, pues la corrección a la DIIPT efectuada por la actora generó la sanción reducida del artículo 260-10, literal B, numeral 3º, inciso 7º, que equivale al 2% de la sanción por extemporaneidad, tal como fue liquidada en el proyecto de corrección y la aceptó la DIAN en la liquidación oficial de corrección.

Las anteriores razones son suficientes para revocar la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda.

En su lugar, se anulan los actos demandados y, como restablecimiento del derecho, se declara que la sanción por corrección de la DIIPT por el año 2007 es la aceptada en la Liquidación Oficial de Corrección 900003 de 5 de abril de 2010, expedida por la DIAN.

No procede la condena en costas porque no se advierte temeridad o mala fe de la parte demandada (CCA, art. 171).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar dispone:

1. ANÚLANSE las resoluciones 900015 de 8 de noviembre de 2010 y 9001981 de 18 de noviembre de 2011, por las cuales la DIAN determinó en $1.057.821.000 la sanción a cargo de la actora por la corrección de la DIIPT presentada por el año 2007.

2. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la sanción por corrección a la DIIPT que la actora presentó por el año 2007 es de $18.535.000, de acuerdo con la Liquidación Oficial de Corrección 900003 de 5 de abril de 2010.

3. NIÉGASE la condena en costas.

RECONÓCESE a Maritza Alexandra Díaz Granados como apoderada de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(8) Las normas de precios de transferencia fueron modificadas por la Ley 1607 de 2012.

(9) Según el artículo 260-1 [inc. 3º] del estatuto tributario, modificado por el artículo 41 de la Ley 863 de 2003, se consideran vinculados económicos o partes relacionadas, los casos previstos en los artículos 260, 261, 263 y 264 del Código de Comercio; 28 de la Ley 222 de 1995 y 450 y 452 del estatuto tributario.

(10) Estatuto tributario. Artículo 260-1, inciso 1º.

(11) Modificado por el artículo 44 de la Ley 863 de 2003 y actualmente por el artículo 118 de la Ley 1607 de 2012.

(12) Modificado por el artículo 42 de la Ley 863 de 2003.

(13) El artículo 260-4 del estatuto tributario también precisó que la documentación comprobatoria debe enviarse dentro de los plazos y condiciones fijados por el Gobierno Nacional y que la documentación debe conservarse por mínimo cinco (5) años a partir del 1º de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo, y colocarse a disposición de la administración cuando ésta la solicite.

(14) Artículo adicionado por el artículo 28 de la Ley 788 de 2002.

(15) Este artículo modificó el artículo 260-8 del estatuto tributario.

(16) El mencionado artículo corresponde actualmente al artículo 260-11 del estatuto tributario, modificado por el artículo 121 de la Ley 1607 de 2012.

(17) Modificado por el artículo 46 de la Ley 863 de 2003.

(18) “ART. 701.—Corrección de sanciones. Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su declaración las sanciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado incorrectamente la administración las liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%). Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente procede el recurso de reconsideración. […]”.

(19) El artículo 8º de la Ley 383 de 1997 redujo a un (1) año el término para presentar las solicitudes de corrección.

(20) Entre otras, ver sentencia de 27 de octubre de 2005, Expediente 14814, C. P. María Inés Ortiz Barbosa, reiterada en sentencia de 26 de julio de 2012, Expediente 17671, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(21) Ibídem.

(22) Este término corresponde al establecido por el artículo 161 de la Ley 223 de 1995, antes de ser reducido a un año por el artículo 8º de la Ley 383 de 1997.

(23) Las cifras fueron ajustadas en valores absolutos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006 (A partir del año gravable 2007).

(24) Estatuto tributario. Artículo 580. “Declaraciones que se tienen por no presentadas. No se entenderá cumplido el deber de presentar la declaración tributaria, en los siguientes casos:

a. Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para tal efecto.

b. Cuando no se suministre la identificación del declarante, o se haga en forma equivocada.

c. Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables.

d. Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal existiendo la obligación legal.

e. Cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin pago. (Lit. adicionado por la Ley 1066 de 2006 y derogado por el artículo 67 de la L. 1430/2010).

PAR.—(Adicionado por el artículo 64 de la Ley 1111 de 2006). No se configurará la causal prevista en el literal e) del presente artículo, cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin pago por parte de un agente retenedor que sea titular de un saldo a favor susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente. Para tal efecto el saldo a favor debe haberse generado antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente, por un valor igual o superior al saldo a pagar determinado en dicha declaración.

El agente retenedor deberá solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la compensación del saldo a favor con el saldo a pagar determinado en la declaración de retención, dentro de los seis (6) meses siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente.

Cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente o cuando la solicitud sea rechazada, la declaración de retención en la fuente presentada sin pago se tendrá como no presentada”.

(25) Ibídem. Artículo 650-1. “Sanción por no informar la dirección. Cuando en las declaraciones tributarias el contribuyente no informe la dirección, o la informe incorrectamente, se aplicará lo dispuesto en los artículos 580 y 589-1”.

(26) Ibídem. Artículo 650-2. “Sanción por no informar la actividad económica. Cuando el declarante no informe la actividad económica, se aplicará una sanción hasta de $9.532.000 que se graduará según la capacidad económica del declarante.

Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente aplicable cuando se informe una actividad económica diferente a la que le corresponde o a la que le hubiere señalado la administración una vez efectuadas las verificaciones previas del caso”.

(27) Folio 3 c. a.

(28) Folio 91 c. a.

(29) Folio 114 c. a.

(30) Folios 113 a 115 c. a.

(31) Folios 123 y 124 c. a.

(32) Folio 179 c. a.

(33) Folio 99 c. p.

(34) Folios 227 a 236 c. a.