Sentencia 2012-00046 de febrero 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Rad. 11001-03-25-000-2012-00046-00

Exp. 0212-2012

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez De Páez

Actor: Pablo Antonio Montaña Castelblanco

Bogotá D.C., trece de febrero de dos mil catorce

Consideraciones

EXTRACTOS: «Problema jurídico

Se trata de establecer si los actos administrativos acusados, proferidos por el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS y la Procuraduría General de la Nación, mediante los cuales se sancionó disciplinariamente al actor con destitución e inhabilidad general por diez (10) años para ejercer cargos públicos, son ilegales por haberse expedido con el desconocimiento del ordenamiento jurídico, falta de competencia, no haberse tramitado mediante el procedimiento ordinario y no verbal, falsa motivación y desconocimiento del debido proceso; o si por el contrario se ajustan a derecho.

Actos acusados

1. Fallo Disciplinario de Primera Instancia de 15 de agosto de 2007, por medio del cual, la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, resolvió sancionar al actor con destitución en el ejercicio del cargo de Director Seccional del Tolima 108-22 e inhabilidad general de doce [12] años. (Fls. 3-72)

2. Fallo Disciplinario de Segunda Instancia de 16 de octubre de 2007, proferido por el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa de la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual confirmó la sanción de destitución y lo retiró del servicio y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por el término de diez [10] años. (Fls. 7-8)

De lo probado en el proceso

De la vinculación del demandante

Según da cuenta la certificación de tiempo de servicio suscrita por el Coordinador del Grupo de Administración de Personal del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, el actor prestó sus servicios a la Institución desde el 5 de marzo de 1983 hasta el 9 de agosto de 2007 (Fls. 359-362 C-5), desempeñando los siguientes cargos:

CargoGradoDesdeHasta
Detective [Urbano Alumno]4115-0310-02-198324-04-1983
Auxiliar de Servicios Generales [Ayudante Armero]6035-0525-04-198328-09-1989
Mecánico Auxiliar-0329-09-198906-07-1993
Mecánico318-0407-07-199331-01-1996
Mecánico318-0501-02-199315-01-1997
Conductor317-0516-01-199712-02-2001
Conductor317-0613-02-200116-07-2000
Director Seccional Tolima108-2217-07-200009-08-2007

Adicionalmente a folio 361del cuaderno No. 4, registra las siguientes sanciones:

Acto administrativoSanción

Resolución No. 1592 de 2 de mayo de 1989.
Suspensión en el ejercicio del cargo sin derecho a remuneración por el término de cinco [5] días y el pago de $32.000 por los daños causados a una moto de la Institución.


Resolución No. 0004 de 6 de junio de 1990.
Amonestación severa con anotación en la hoja de vida por haber infringido en su Libro I, Título II, Capítulo III, artículo 27, literal k).

Resolución No. 007 de 11 de julio de 1990.
Amonestación severa por no elaboración oportuna de valeras para la distribución de combustible, en el mes de julio de 1990.


Resolución No. 0013 de 14 de diciembre de 1990.
Amonestación severa con anotación en la hoja de vida por haber infringido el Régimen Disciplinario en su Libro I, Título II, Capítulo III, artículo 31, literal g).


Resolución No. 0561 de 12 de marzo de 1992.
Multa equivalente al 30% de la asignación mensual y el pago de cuatro cartuchos, por infringir el Decreto No. 2164 de 1989, Capítulo II, artículos 5°, ordinales a), d), e) y p); 6°, ordinales f), o), e) y j).


Resolución No. 1876 de 14 de septiembre de 1993.
Multa equivalente al 20% de la asignación mensual por infringir el Decreto 2164 de 1989, Capítulo II, artículos 5°, literales a), i), l) y ll); 6°, literal a).


Resolución No. 0274 de 1° de agosto de 1997.
Amonestación escrita con anotación en la hoja de vida por infringir el Decreto 2164 de 1989, artículos 5°, literal d) y 27 literales c) y k), por haber irrespetado a miembros de otros cuerpos armados o de seguridad o a funcionarios o autoridades en ejercicio de sus cargos.

Resolución No. 0908 de 23 de julio de 1999.Multa equivalente al 30% de la asignación básica mensual vigente en la fecha de la presente Resolución, por infringir el Decreto No. 2164 de 1989, artículos 5°, literal d); 6°, literales n) y c); y 35, literales a) y d), por colisionar vehículo del DAS contra un bus.

De las actuaciones que dieron origen al proceso disciplinario

El 26 de mayo de 2006 el Director del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, recibió un anónimo en que le daban a conocer los hechos materia de investigación (Fls. 3 C-4), de la siguiente manera:

● El 13 de abril de 2007 el Director Seccional del DAS Tolima le propinó una golpiza a su compañera permanente [hechos ocurridos en la noche], dentro de las instalaciones de la Seccional y terminado el incidente, sacó del sótano la camioneta de placas OTD947 Ford Explorer, asignada a la Dirección y salió a beber.

● En la madrugada de 14 de abril de 2007, siendo aproximadamente las 3.00 horas, el Director Seccional ingresó a las instalaciones, con un desconocido al cual llevó al 3° piso donde él reside y luego de varios minutos, salió nuevamente con él.

● Posteriormente ingresó el Director Seccional con la camioneta de placas OTD947, la cual presentaba un gran golpe por un lado y se observaban rastros de pintura de color amarillo, la cual puede tratarse de un impacto con un taxi.

● Se presume que el desconocido que ingresó a la Seccional corresponde al dueño del taxi con el cual posteriormente se conoció que fue estrellada la camioneta.

● Durante el día se observó que la estrellada fue grande y la camioneta la saca el Conductor a quien se la habían asignado, y a la salida manifiesta que él no la estrelló, que fue el Director Seccional y se lo llevó al Taller ‘Mautos’.

● Se tuvo conocimiento que el arreglo de éste vehículo costaba la suma de $7’000.000, por lo cual el Director Seccional le ordenó al Conductor que se hicieran cargo del estrello y pasaran un informe aduciendo que fue en actos del servicio y que el seguro cancele los gastos generados por la imprudencia e irresponsabilidad generados por el alcohol y la violencia intrafamiliar del Director Seccional.

● Finalmente aduce, que los anteriores hechos quedaron registrados en la Minuta de Guardia.

Del proceso disciplinario

Mediante Auto de 26 de mayo de 2007 la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS,(1) abrió indagación preliminar bajo el radicado No. 340/07 y ordenó la práctica de algunas pruebas, para lo cual comisionó a dos [2] funcionarias de la dependencia [Liliana del Rosario Martínez Monroy y Miryam Velásquez de Uribe] (Fls. 5-8 C-4). Las pruebas que se practicaron fueron las siguientes:

● Memorando de 27 de mayo de 2007, suscrito por el Jefe del Área de Protección de la Seccional Tolima, mediante el cual remite copia de las órdenes de los días 12 a 15 de abril de 2007. (Fls. 12-18 C-4)

● Oficio de 27 de mayo de 2007, proferido por la Coordinadora Administrativa de la Seccional DAS – Tolima, quien adjuntó los siguientes documentos:

- Certificación en que señaló que los trámites de siniestros a vehículos son efectuados por el Jefe de Transporte, Subdirector y Director Seccional ante la Compañía aseguradora; que el vehículo Ford Explorer de placa OTD947 es de propiedad del DAS, asignado al Conductor Ariel Enrique Bautista, adscrito al Director Seccional Pablo Antonio Montaña Castelblanco, por otro lado que la Seccional cuenta con un apartamento para residencia del Director quien en la actualidad vive ahí. (Fls. 19 C-4)

- Memorando No. 78375 STOL.SDIR de 16 de abril de 2007, suscrito por el Director DAS Seccional Tolima, en que reporta la novedad, de la siguiente manera:

“[…] De manera atenta y en atención a la Directiva Transitoria OPLA 024 de 26 de enero de 2005, comunico a la Doctora, las novedades que se presentaron con el vehículo OTD947, el día 14 de abril de 2007, en un desplazamiento realizado en esta ciudad, se atravesó un peatón al que al tratar de esquivar, produjo una colisión del vehículo contra un muro pequeño de concreto, causándole daños al vehículo en las puertas laterales derechas y en otras partes. […]

Es de anotar que se adjunta al presente copia de los informes de los hechos, fotocopia de cédula y licencia de conducción del responsable del vehículo, fotocopia de la tarjeta de propiedad y SOAT del automotor.” (Fls. 20)

- Oficio No. 76939 STOL.SDIR de 16 de abril de 2007, suscrito por el Dirección Seccional DAS Tolima, por el cual, le remite a la Compañía de Seguros La Previsora S.A., el funcionario Conductor encargado del vehículo del siniestro. (Fls. 21 C-4)

- Memorando No. A.TRANSP. 78385 de 17 de abril de 2007, mediante el cual, el Jefe del Área de Transporte y el Director Seccional DAS Tolima, le enviaron al Coordinador del Grupo de Transporte DAS Bogotá, un cuadro reporte del accidente sufrido por el vehículo propiedad del DAS, de placas OTD947 y No. I. 73-4188, asignado a la Seccional. (Fls. 22-23 C-4)

- El Director Seccional DAS Tolima efectuó el reporte de novedades del parque automotor Seccional Tolima de 17 de abril de 2007, consignando en el capítulo de observaciones lo siguiente: “informa que cuando transitaba por la calle 60 cruzando la avenida el Jordán, se le atravesó un peatón y al evitar atropellarlo, maniobró el vehículo golpeando un muro que está al lado de la vía, causándole sumiduras en las puertas y estribo lado derecho.” (fls. 23 c-4)

● Acta de visita administrativa realizada a los libros de minutas de guardia, inspección diaria y control de vehículos de la Seccional DAS Tolima. (Fls. 24-84 C-4)

● La señora Magnolia Rojas Avellanera que para la época de los hechos se desempeñaba como Coordinadora Administrativa de la Seccional DAS Tolima, manifestó que desconoció si para el mes de abril de 2007, se hubiera presentado alguna novedad respecto al vehículo OTD947. (Fls. 90-91 C-4)

● Declaración rendida por el señor Sesaín Martínez Mosquera, Jefe de Transporte de la Seccional, señaló que se enteró de la novedad presentada con el vehículo de placas OTD947, porque el señor Ariel Bautista quien tenía asignado el automotor, rindió un informe dirigido al Director Seccional y luego hizo el respectivo reclamo ante la Previsora. (Fls. 92-94 C-4)

● Versión libre rendida por el señor Ariel Enrique Bautista Sierra, Conductor responsable del vehículo siniestrado (Fls. 124-127 C-4), quien con relación a la estrellada de la camioneta Ford Explorer de placas OTD947, afirmó:

- Que no tenía conocimiento porque estaba asignado a otro trabajo que el Director Seccional le había encomendado, que se enteró al día siguiente.

- Luego fue solicitado por el Director Seccional DAS Tolima Pablo Antonio Montaña Castelblanco [actor], quien comentó que la noche anterior, encontrándose realizando labores de inteligencia se había estrellado, pero no me dijo cómo había sucedido el accidente.

- Igualmente le manifestó que como yo tenía asignado el vehículo que hiciera un informe a la aseguradora, por cuanto se encontraba realizando labores de inteligencia éstas no se debían informar a los particulares.

- Por ello redactó el informe indicando que se le había atravesado un peatón y que se fue contra unos bolardos y que también lo pasó porque él término para poner en conocimiento la novedad de siniestro de vehículos es de veinticuatro [24] horas.

- Igualmente manifestó que lo plasmado en el informe no corresponde a la realidad de los hechos, ya que lo había redactado de esa forma para que la aseguradora cumpliera con los gastos de la reparación del vehículo.

Indicó que el contenido del informe No. 76939 de 16 de abril de 2007, enviado a la Compañía de Seguros la Previsora S.A., suscrito por el Director Sección DAS Tolima Pablo Antonio Montaña Castelblanco [actor], tampoco se ajusta a la realidad de los hechos.

● En declaración del Detective Javier Munevar Barón, indicó que se encontraba de servicio de guardia el día de los hechos y que el Director Seccional DAS Tolima, sacó la camioneta Ford Explorer de placas OTD947 y que iba sólo, además que fue él quien movió el vehículo, en cuanto al supuesto maltrato físico y verbal realizado por el señor Montaña Castelblanco a su esposa, afirmó no tener conocimiento. (Fls. 129-130 C-4)

● En su declaración el Guardián José Edgar Peralta Morales, señaló que se encontraba de servicio el día de los hechos y observó cuando el vehículo camioneta Ford Explorer de placas OTD947, subió en contravía por la carrera séptima y el Director parqueó en la carrera 7° con calle 9ª, afirmó que eran como las cuatro [4] de la mañana, luego él se bajó del automotor acompañado de otro señor e ingresaron a las instalaciones de la Institución y subió a las habitaciones con esta persona, que se demoraron de 5 a 10 minutos, luego salieron y que detrás del vehículo oficial venía un taxi, posteriormente el particular se montó en el taxi, luego el Director abordó el vehículo oficial y lo ingresó a las instalaciones y vio que éste se encontraba golpeado. Finalmente con relación al maltrato físico del Director Seccional hacía su esposa afirmó no saber nada. (Fls. 135-136 C-4)

● Declaración del Guardián José Eduardo Castro Romero, indicó que se encontraba de servicio esa noche y que el Director salió sólo en el vehículo oficial camioneta Ford Explorer de placas OTD947, el cual se encontraba en buen estado. (Fls. 140-141 C-4)

● El Detective Reinel Echeverry Galindo en su declaración afirmó que para los días 12, 13 y 14 de abril de 2007, se encontraba realizando diligencias encomendadas por el Director Seccional del DAS Tolima, como recoger y trasladar a un funcionario que llegaba a la Seccional a adelantar algunas actuaciones, que lo acompañaba el señor Ariel Bautista, que tuvo conocimiento del siniestro en la renombrada camioneta, cuando iban a sacar el vehículo para trasladar el funcionario de Bogotá al aeropuerto, que sabía que el Director Pablo Montaña había colisionado en la madrugada del viernes. Con relación al maltrato físico y verbal por el Director a su esposa, afirmó no tener conocimiento: (Fls. 143-144 C-4)

● Declaración del Inspector Darío Jorge Eliecer González Guzmán (Fls. 146147 C-4), dijo que el día de los hechos al recibir su servicio fue informado por el señor Alcibiades Rayo Rayo de la novedad presentada con el vehículo camioneta Ford Explorer de placas OTD947, que habían estrellado contra un taxi, que el Director Seccional había llegado en el vehículo con el taxista con el cual había tenido el accidente, que subieron en dos o tres ocasiones a su apartamento, luego se dirigió hasta el sótano donde se encontraba el automotor y observó que estaba accidentado. Posteriormente el señor Ariel Bautista para sacar la camioneta y llevarla al taller, indicó que el señor Rayo le informó que el Director había llegado tomado, que había estado en una reunión social. Con relación al maltrato físico y verbal realizado por el señor Montaña Castelblanco a su esposa, afirmó no saber nada.

● La señora Kelly Jineth González Cuellar compañera del Director Seccional del DAS Tolima [demandante], en su declaración afirmó no tener conocimiento del accidente y con relación a los maltratos físicos y verbales que le endilgaban a su esposo, dijo que eran falsos. (Fls. 157-158 C-4)

● Mediante comunicación de 28 de mayo de 2007, la Gerente de la Sucursal Ibagué de la Compañía de Seguros la Previsora S.A., informó que el valor del arreglo de la Camioneta Ford Explorer ascendía a las suma de $4’382.883. (Fls. 152-154 C-4)

● El Director Seccional del DAS Tolima, señor Pablo Antonio Montaña Castelblanco, manifestó que no rendiría versión libre hasta contar con la presencia de un abogado. (Fls. 148-149 C-4)

Por Auto de 11 de julio de 2007 la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS,(2) vinculó al demandante al proceso disciplinario (Fls. 171-183 C-4), para lo cual tuvo en cuenta la siguiente argumentación:

● Al efectuar un análisis del acervo probatorio recaudado en la indagación preliminar resolvió vincular al proceso disciplinario No. 340/07 a los señores Pablo Antonio Montaña Castelblanco, en su calidad de Director Seccional 108-22 y Ariel Enrique Bautista Sierra, en su condición de Conductor 317-06, adscritos a la Seccional DAS Tolima, en aras de esclarecer los motivos y justificaciones frente al comportamiento desplegado por los indiciados.

● Lo anterior con fundamento en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, con el objetivo de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si esta es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad.

● Las diferentes declaraciones rendidas por el personal que se encontraba de servicio para la época de los hechos, en la Seccional Tolima, señores Javier Munevar Baron, Alberto Rubio Morales, José Edgar Peralta Morales [entre otros], aducen que el vehículo de placas OTD947 fue sacado en horas de la noche de la sede de esa Jurisdicción por el Director Seccional Pablo Antonio Montaña Castelblanco, quien transcurrido un tiempo ingresó el vehículo a la Seccional pero con golpes que conllevan los daños del automotor.

● Además obran documentos que reportan la novedad del siniestro del vehículo a diferentes oficinas, entre ellas, a la aseguradora entidad que finalmente canceló el valor del arreglo al vehículo mencionado, llamando la atención la manera como se reportó lo ocurrido y quien figuraba como conductor, pues las pruebas hacen presumir que la persona que conducía era el Director Seccional Pablo A. Montaña Castelblanco y no el Conductor Bautista Sierra.

● Para ello dispuso la ampliación de los testimonios y escuchar en versión a los implicados, así como el recaudo de las mismas pruebas documentales.

● En la ampliación de versión libre que rindiera el señor Ariel Enrique Bautista Sierra, indicó que el informe lo hizo pensando que como era el encargado de la camioneta que resultó dañada y pensó que era lo más viable para que no se perdiera el tiempo límite previsto por la aseguradora para hacer la reclamación. Dejó claro que la orden del informe se la dio el Director Seccional Pablo Antonio Montaña Castelblanco, me dijo que: “[…] él me dio la orden de realizar el informe, y me dijo que debía hacer el informe yo, ya que el trámite ante la aseguradora, es dispendioso y él no tenía mucho tiempo. […] No fue una orden del Director Seccional del Tolima, él me dio la orden por los motivos que arriba se mencionan, ya que el Director Seccional me dijo que debía hacer el informe para agilizar los trámites. […]” (Fls. 202-205 C-4)

● El Señor Pablo Antonio Montaña Castelblanco, Director Seccional DAS Tolima, en su versión libre indicó que el día de los hechos era él quien conducía la camioneta, que se encontraba solo y los hechos no acontecieron como los narró el señor Ariel Enrique Bautista Sierra en el informe que él efectuara, además señaló que: “[…] En cuanto a la pregunta de falsedad en documento público debo manifestar que sí, yo firme el Oficio remisorio que fue enviado a la aseguradora, sin embargo, debo aclarar que por el cúmulo de trabajo de documentos que llegan a mi Despacho y por tratarse de un trámite administrativo rutinario que en la mayoría de casos eran diligencias realizadas por los conductores, no reparé en quién había firmado el informe adjunto, ya que el cometido en ese momento era agilizar de una manera rápida los trámites y cumplir con los términos perentorios exigidos por las aseguradoras para la reparación del vehículo […]”, más adelante manifestó que: “[…] Informó a las instancias que siempre se informan estas novedades, siempre se hace el mismo trámite, los otros accidentes que ha habido siempre se hacen a las mismas instancias, son trámites administrativos si no estoy mal se informa a la aseguradora y en Bogotá a la Oficina de Adquisiciones. […]” (Fls. 208-213 C-4)

Por Audiencia celebrada el 27 de julio de 2007 la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS,(3) le formuló al actor pliego de cargos por haber infringido presuntamente los numerales 1° del artículo 34; 1° y 42 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y resolvió asumir la investigación mediante el procedimiento verbal (Fls. 267-344 C-4 y 5), para lo cual tuvo en cuenta la siguiente argumentación:

● Identificación de la falta. La citación a audiencia en el proceso verbal No. 340/07 se adelanta contra el señor Pablo Antonio Montaña Castelblanco, Director Seccional 108-22, funcionario que para la fecha de los hechos materia de investigación, se desempeñaba como Director de la Seccional Tolima.

● Cargos formulados. Primer Cargo el implicado en su condición de Director Seccional DAS Tolima, utilizó como instrumento al señor Ariel Enrique Bautista Sierra para faltar a la verdad, cuando le ordenó realizar y consignar una falsedad en el informe de 16 de abril de 2007, consistente en asumir que a las 3.15 horas de 14 de abril de 2007 conducía el vehículo de placas OTD947, automotor que se vio involucrado en una colisión cuando era conducido por el señor Montaña Castelblanco; lo anterior con el fin de que dicho documento sirviera como prueba para la reclamación del siniestro ante la Compañía de Seguros. Proceder con el que infringió los artículos 26 y 48-1 del Código Disciplinario Único, 286 de la Ley 599 de 2000.

● Segundo Cargo, el imputado en calidad de Director Seccional del DAS Tolima, prevaliéndose de su cargo y condición de Jefe inmediato de Ariel Enrique Bautista Sierra – Conductor 317-06, ejerció influencia en éste último para conseguir que realizara y suscribiera el informe de accidente de 16 de abril de 2007, en el cual se indicó que el señor Bautista Sierra, siendo las 3.15 de 15 de abril de 2007 conducía el vehículo oficial de placas OTD947, automotor que se vio involucrado en una colisión, lo anterior con el fin de beneficiarse directamente el investigado, al quedar al margen de dicho accidente, por cuanto ese día quien conducía era él. Normas que se desconocieron artículos 48-42 de la Ley 734 de 2002.

● Las anteriores falta cometidas por el accionante se le imputaron provisionalmente a título de dolo, ya que en su actuar siempre estuvieron presentes los elementos básicos y constitutivos del mismo, cuales son el elemento cognoscitivo y volitivo, es decir, el conocimiento de la ilicitud de su conducta y la racionalidad de la irregularidad que desplegaba, los cuales se reflejan en las pruebas recaudadas, que dan cuenta del conocimiento del implicado de la ilegalidad de su conducta y el querer que la misma se ejecutara.

● Tercer Cargo. El señor Pablo Antonio Montaña Castelblanco en calidad de Director Seccional DAS Tolima, omitió el deber de remitir a la Oficina de Control Disciplinario Interno la noticia disciplinaria y sus reportes, relacionada con el accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de 14 de abril de 2007 donde se ocasionaron daños considerables al vehículo Oficial de placas OTD947, infringiendo lo dispuesto en el artículo 34-1 de la Ley 734 de 2002. Calificada provisionalmente como gravísima, cometida a título de culpa grave.

● Atendiendo lo señalado en el artículo 5° del Código Disciplinario Único, la falta es antijurídica cuando afecta el deber funcional sin justificación alguna; es así como el implicado con la conducta reprochada quebrantó su deber funcional por no abstenerse de impartir una orden orientada a trasgredir la ley, deber que le asistía como servidor público, por cuanto faltó a la verdad, al dar instrucciones a otro servidor público de realizar y consignar una falsedad en un documento público.

● Esta situación se refleja cuando envió dicho documento a varias instancias internas como externas, para adelantar los trámites correspondientes a efecto de indemnizar a la Institución por el siniestro ocurrido el 14 de abril de 2007 con el vehículo oficial de placas OTD947, es decir, que se engaño con el citado informe de accidente a las instancias donde llegó el mismo.

● Lo anterior es advertido a través de las pruebas analizadas y valoradas, por tanto, su conducta es ilícita sustancialmente por cuanto a través de este comportamiento de acción puso en peligro el interés jurídicamente tutelado por el Código Disciplinario Único de garantizar la función pública a través de la aplicación de los principios de moralidad pública, transparencia, honradez, legalidad, eficacia y eficiencia.

● El implicado al momento de rendir versión libre con relación al siniestro indicó que le informó a las instancias que siempre se informan estas novedades, como acontece con todos los accidentes de estas características; y lo puso en conocimiento de la aseguradora y en Bogotá a la Oficina de Adquisiciones.

● Sin embargo omitió remitir los reportes sobre la noticia disciplinaria relacionada con el accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de 14 de abril de 2007, donde se ocasionaron daños considerables al vehículo oficial de placas OTD947, en atención a las directrices plasmadas en la Circular OPLA 012 de 13 de marzo de 2007, guía y formato de noticias disciplinarias, razón por la cual se cuestionan las normas infringidas.

En Audiencia de 1° de agosto de 2007 (Fls. 374-406 C-5), el actor rindió descargos dentro del proceso disciplinario que culminó con la expedición de los actos administrativos objeto de la presente acción, así:

● Afirmó que no tuvo conocimiento de quién elaboró los informes relacionados con el siniestro materia de investigación disciplinaria, pero después se enteró que lo hizo el señor Ariel Bautista.

● No dio aviso a la Oficina de Control Disciplinario Interno para que adelantara la correspondiente investigación, porque no lo consideró una irregularidad.

● Nunca le ordenó, ni ejerció influencia o presión en el señor Ariel Bautista para que procediera a elaborar el correspondiente reporte del accidente, solo le comentó al señor Bautista como habían sido los hechos el día del siniestro de la camioneta, pero no vio nada malo en ello, y él se ofreció a realizar el correspondiente informe y por ello le pidió que le colaborara.

En Audiencia de 10 de agosto de 2007 (Fls. 509-545 C-5), la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, resolvió modificar el pliego de cargos con relación al señor Ariel Bautista y respecto al demandante precisó que se mantienen como inicialmente se formularon.

En Audiencia celebrada el 15 de agosto de 2007, la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, profirió Fallo Disciplinario de Primera Instancia,(4) en que resolvió sancionar al demandante con destitución en el ejercicio del cargo de Director 108-22 Seccional Tolima y lo inhabilitó por el término de doce [12] años (Fls. 3-72], para lo cual tuvo en cuenta la siguiente argumentación:

● Primer Cargo. El disciplinado vulneró sin justificación jurídica los principios que rigen la función pública, relacionados con la moralidad pública, transparencia, honradez, legalidad, eficacia y eficiencia. Desestimó estos principios cuando ordenó y determinó a su subalterno Ariel Enrique Bautista a realizar y consignar un texto apócrifo en el informe objeto de estudio, en el sentido que el 14 de abril de 2007 en las horas de la madrugada conducía el vehículo siniestrado y tantas veces nombrado.

● Con el anterior proceder buscaba proteger sus propios intereses sin importar que ponía en tela de juicio la Institucionalidad, por tanto su conducta se desarrolló de manera dolosa y la consideró gravísima, de conformidad a lo establecido en los artículos 48-1 de la Ley 734 de 2002 y 286 de la Ley 559 de 2000.

● Segundo Cargo. El señor Ariel Bautista rindió el informe de accidente con el conocimiento previo del Director Seccional DAS Tolima y ante la orden que le impartió éste buscando favorecerse con dicho informe, por cuanto, no aparecía como el conductor que ocasionó daños al vehículo oficial, ya que no otro motivo verdadero se puede alegar para este caso, a pesar de que el señor Ariel Bautista manifestó que según el Director el informe era para agilizar el trámite ante la aseguradora.

● Sin embargo, se advirtió que el señor Ariel Bautista fue manipulado por el señor Pablo Antonio Montaña Castelblanco con la tesis de agilizar los trámites ante la aseguradora y por el hecho de estar encargado de la camioneta identificada dentro del plenario, por ende se evidencia que el señor Bautista no percibió la intención perversa del Director Seccional frente a la irregularidad en el mencionado trámite.

● La influencia sobre la conducta del señor Ariel Bautista ejercida por el señor Pablo Antonio Montaña Castelblanco, se puede contextualizar bajo el marco histórico de los hechos materia de investigación frente a las demás pruebas obrantes en el proceso, comenzando por los Oficios que firmó el investigado y posteriores a la orden de elaborar el citado informe de accidente al señor Bautista, con el fin de remitir el mismo a los diferentes grupos de la entidad, como son Adquisiciones y Transporte junto con el reporte de accidente parque automotor Seccional Tolima, al igual que el Oficio dirigido a la Compañía de Seguros La Previsora S.A.

● De la valoración integral del acervo probatorio se infiere que los actos humanos, lícitos o ilícitos suelen recorrer un camino más o menos largo que inicia con la idea y culmina con la ejecución material del designio. El hombre siente, piensa, quiere, se determina y proyecta sus resoluciones en el mundo externo por medio de actos que lo van acercando a la meta.

● En el presente caso el Director Seccional DAS Tolima, Pablo Antonio Montaña Castelblanco, en un primer acto se ve involucrado en un accidente de tránsito con un vehículo oficial [Placas OTD947], luego concibe la idea de presentar un informe en donde sea un tercero el que asuma la responsabilidad del vehículo, y nadie más indicado que el Conductor asignado para el vehículo de la Dirección Seccional [Ariel Bautista], quien le debe sumisión y obediencia en razón a su cargo, pero para lograr la ejecución mencionada impartir la orden dándole visos de legalidad, como es enmarcarla dentro de un falso objeto ‘agilizar los trámites ante la Aseguradora’, concretando con ello la idea ilícita.

● Así las cosas la conducta desplegada por el disciplinado se encuentra establecida en el artículo 48-42 del Código Disciplinario Único, como falta disciplinaria calificada como gravísima cometida a título de dolo.

● Tercer Cargo. El disciplinado no dio a conocer a la Oficina de Control Disciplinario Interno los hechos que presuntamente constituían falta disciplinaria, con la excusa de que le asistía el derecho Constitucional de no auto incriminarse.

● Se concluyó que sí existió un beneficio directo, cual era evitar el pago del daño del automotor de su propio pecunio y evitar la acción disciplinaria.

● Ante las evidencias obtenidas en el proceso disciplinario el señor Montaña Castelblanco decidió pagar el daño del automotor, es decir, una vez descubierto su actuar, quiso de alguna manera menguar su falta, ante sus superiores.

● Finalmente indica que la acción disciplinaria tiene como fin el logro de la disciplina en el ejercicio de la función pública, así como el cohibir las transgresiones a los deberes y obligaciones impuestas a los agentes estatales, cuyo fundamento es “la defensa de la administración y de su moralidad, no sólo la simple corrección del funcionario que guarda sus deberes y comportamientos con ella”. [Corte Constitucional, sentencia C-341 de 1996].

El apoderado del accionante impugnó la anterior decisión [Fls. 336-358 C-3), solicitando se revoque la sanción impuesta, para lo cual argumentó:

● Sostuvo que el actor no es responsable por cuanto está probado que no determinó u ordenó al Conductor Ariel Enrique Bautista Sierra que realizara y consignara una falsedad en el informe de 16 de abril de 2007, consistente en asumir que a las 3.15 horas de 14 de abril de 2007 conducía el vehículo de placas OTD947, automotor que se vio involucrado en una colisión cuando era conducido por el sancionado.

● En las distintas versiones libres rendidas por el señor Bautista Sierra, éste a firmó que no recibió orden o presión alguna de parte del actor. Además, conforme a la norma interna OPLA de 26 de enero de 2005 - Guía de Reporte de Accidentes- establece que al Conductor responsable del vehículo, le corresponde informar ante las instancias correspondientes el siniestro que sufrió el automotor, por lo que el señor Montaña Castelblanco actuó en estricto cumplimiento de un deber constitucional y legal de mayor importancia que el previsto en el artículo 28-2 de la Ley 734 de 2002.

● Tampoco debe tenerse en cuenta el informe rendido por el señor Ariel Enrique Bautista Sierra, por no tener la condición de documento público u oficial, como quiera que de acuerdo al Manual de Correspondencia del DAS, adolece de varios requisitos para que se pueda tener como un documento oficial y por tanto público.

● Con relación al análisis de culpabilidad, no comparte la adecuación hecha por el A-Quo, toda vez que si se toma la hipótesis de que el Director no dio la orden pero avaló que el funcionario conductor hiciera el informe, sin revisarlo y encontrar supuestas anomalías, no habría una conducta volitiva de daño, sino que se trata de una desatención en la revisión de la documentación que avaló, la tipifica una culpa leve, por falta de cuidado, conducta que estaría justificada dado el exceso de carga laboral, producto de la ausencia del Director por espacio de tres [3] meses y las visitas de la Contraloría efectuadas en esos días.

● Segundo Cargo, en atención al verbo rector utilizado por el A-Quo en la formulación del cargo, esto es influir, esta probado que el señor Bautista Sierra dejó bien claro que él se ofreció a realizar el informe calificado ‘provisionalmente’ como apócrifo y no que haya sido producto de una orden del Director, menos aún que influyó, instigó, determinó, presionó o amenazó al mismo.

● Aduce como en el primer cargo que es medio probatorio irrefutable la norma interna OPLA de 26 de enero de 2005, que corresponde a la Guía de Reporte de Accidentes, se establece que es al Conductor, responsable del vehículo, a quien corresponde informar ante las instancias correspondientes el siniestro que sufrió el mismo, y de igual manera el actor, actuó en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal, que se sobrepone al Código Disciplinario Único.

Por Auto de 17 de agosto de 2007, el Procurador General de la Nación asumió el conocimiento del proceso de la referencia en Segunda Instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 277-6 de la Carta Política y 3° de la Ley 734 de 2002 y dado que el Director del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, expone razones que buscan asegurar la transparencia en el proceso verbal seguido en contra del accionante, y para el efecto designó al Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa. [Artículo 7-19 y parágrafo del Decreto 262 de 2000]. (Fls. 359-360 C-5)

El 16 de octubre de 2007 el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, profirió Fallo Disciplinario de Segunda Instancia confirmando parcialmente la decisión de Primera Instancia(5) (Fls. 73-112), en cuanto sancionó con destitución del cargo de Director Seccional DAS Tolima y modificó la inhabilidad de doce [12] a diez [10] años, teniendo en cuenta que lo absolvió con relación al segundo cargo, que se refirió a la conducta descrita en el artículo 48-42 de la Ley 734 de 2002, para lo cual, dijo lo siguiente:

● Advierte que de conformidad con el contenido del artículo 26 del Código Disciplinario Único, el disciplinado es también autor de la falta disciplinaria por determinar a otro a cometerla, tal y como lo expuso el A-Quo, que según el Diccionario de la Lengua Española, es ‘hacer tomar una resolución’, ‘fijar los términos de algo’, en tanto que por ‘resolución’ entienda como la ‘acción y efecto de resolver o resolverse’, esto es, ‘decidir a decidirse o hacer algo’.

● Esto fue lo que hizo el disciplinado Montaña Castelblanco, lograr, conseguir, prevaliéndose de su cargo y condición de superior jerárquico del servidor Bautista Sierra, que éste, resolviera, se decidiera a consignar la falsedad que en efecto consignó en el Oficio de 16 de abril de 2007.

● En la medida en que el disciplinado determinó al señor Bautista Sierra a faltar a la verdad, es que para los efectos de la responsabilidad disciplinaria y por expresa disposición del legislador, conforme al artículo 26 ibídem, es autor del punible de falsedad ideológica en documento público, conducta que el Fallador de Primer Grado adecuó a lo previsto en el artículo 48-1 ídem.

● La falsedad estriba en que el señor Bautista Sierra se apropió como suyos de unos hechos que si bien ocurrieron, no fueron de su autoría.

● La afirmación en el sentido de que el disciplinado Pablo Antonio Montaña Castelblanco, en su calidad de Director Seccional del DAS Tolima, prevaliéndose de su cargo y condición de Jefe inmediato del señor Ariel Enrique Bautista Sierra, Conductor, adscrito a la misma dependencia, determinó, influenció y consiguió que éste realizara, consignara y suscribiera la falsedad ideológica en documento público u oficial referido al Oficio de 16 de abril de 2007, mediante el cual se comunicó el siniestro a la aseguradora.

● Lo anterior encuentra sustento en que bajo la gravedad del juramento, el mismo señor Ariel Enrique Bautista Sierra, manifestó: “[…] No fue mi voluntad, me ratifico en lo contestado anteriormente, el Director Seccional Pablo Antonio Montaña, me dio la orden para que yo realizara el informe que obra a folio 22, con el objeto de que agilizara los trámites ante la aseguradora, como quiera que él no tenía tiempo de realizar esas diligencias, el de la orden fue él como Director Seccional y como yo estaba a cargo del vehículo, pues procedí a realizar el informe dado que la orden me la dio el Director Seccional. […]”

● La anterior declaración fue rendida bajo juramento, que obra en el proceso, legal y oportunamente recaudada, y brinda en los términos del artículo 142 de la Ley 734 de 2002, absoluta certeza, en el sentido de que el disciplinado Montaña Castelblanco, sí le dio la orden al señor Bautista Sierra, para que procediera de conformidad con lo consignado en el informe de 16 de abril de 2007.

● De otra parte, existe certeza de la naturaleza de público que entraña el escrito de 16 de abril de 2007 tantas veces aludido, y ello es así por cuanto: a) está autorizado por Ariel Enrique Bautista Sierra, en la medida en que es el autor de su contenido, lo que se evidencia, con la firma estampada al pie de su nombre; b) proviene de un servidor público, que creyó hacerlo en ejercicio de sus funciones; c) con plena capacidad y jurisdicción o potestad para suscribirlo, en razón o con ocasión de su condición de servidor público.

● Además el escrito se extendió con las formalidades a que expresamente se refiere el Manual de Procedimiento para Informar un Siniestro, en el que le imponen al responsable del vehículo, que para el caso de estudio como se dijo, es el señor Montaña Castelblanco, informar inmediatamente, lo ocurrido y los daños causados al automotor, debiendo ser éste y no el señor Bautista Sierra quien firmara el documento.

● Por lo anterior, la conducta típicamente antijurídica, desplegada por el disciplinado, constituye falta disciplinaria a él imputada, en razón de la afectación ilícita y sustancial de su deber como servidor público, al adecuarse al contenido normativo del artículo 48-1 de la Ley 734 de 2002, en armonía con lo previsto en el artículo 286 de la Ley 599 de 2000, razón por la cual es de naturaleza gravísima cometida a título de dolo.

● Con relación al segundo cargo, afirmó que se trata de la imputación de la misma conducta, razón por la cual, no efectuó debate alguno y en consecuencia revocó la decisión de Primera Instancia con relación al segundo cargo imputado al disciplinado.

Mediante Resolución No. 1391 de 28 de noviembre de 2007, la Directora del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, ejecutó la sanción impuesta al demandante. (Fls. 771 C-5)

Análisis de la Sala

De la Excepción de Caducidad de la Acción y Falta de Requisitos de Procedibilidad

El Departamento Administrativo de Seguridad – DAS propuso como excepción la caducidad de la acción por cuanto la demanda se instauró por fuera del término de caducidad de cuatro [4] meses previsto en el artículo 136-2 del Código Contencioso Administrativo, además que no se agotó el requisito previo de Conciliación Prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación.

Antes de revisar el procedimiento que en el sub-lite se aplicó para notificar al demandante el acto que le impuso la sanción disciplinaria que hoy impugna, es preciso señalar que esta Sala ha admitido un solo término de caducidad para demandar tanto los actos que imponen sanciones disciplinarias como el que dispone su ejecución y en tales casos, el término respectivo debe computarse a partir de la notificación del acto de ejecución.

Sobre el punto esta Sala señaló:

“[…] Pues bien, tratándose de los actos de ejecución expedidos por el nominador, en cumplimiento de los de “solicitud de destitución” que dicte la Procuraduría General de la Nación, por su indiscutible conexidad con éstos, se impone que al ser demandados aquellos deba hacerse conjuntamente con los que dicta la Procuraduría General de la Nación con dicha petición-sanción, no sólo por ser los que los originan, pues no se concibe su existencia sin su causa eficiente, sino por la naturaleza de su conexidad.

En virtud de la incuestionable conexidad existente entre tales actos, en aras de propiciar una efectiva protección de los administrados, la Sala ha admitido que el término de caducidad sea uno solo para impugnar tanto el acto de ejecución de la sanción, como aquellos que imponen al funcionario la respectiva penalización por comisión de faltas disciplinarias, término que debe comenzar a contarse a partir de la notificación del acto de ejecución. (…)”(6) (Resaltado fuera de texto)

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo pertinente expresa:

“ART. 136. Caducidad de las acciones.

1. […]

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. […]”

La decisión de Segunda Instancia a que alude el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS corresponde al Fallo Disciplinario de Segunda Instancia de 16 de octubre de 2007, proferido por el Procurador Primero Delegado para lo Contencioso Administrativo, que confirmó parcialmente la decisión de Primera Instancia de 15 de agosto de 2007, expedida por la Jefe de Control Disciplinario Interno del DAS, que lo sancionó con destitución en el cargo de Director Seccional DAS Tolima y lo modificó en cuanto que lo inhabilitó por diez [10] y no doce [12] años para desempeñar cargos públicos.

En la decisión mencionada se delegó al fallador de Primera Instancia la notificación y cumplimiento del pronunciamiento, es decir, que fueron dos las órdenes impartidas.

El 13 de noviembre de 2007, la Directora Seccional del DAS Tolima dejó constancia de que el actor fue notificado personalmente de la decisión adoptada por la Procuraduría General de la Nación en Segunda Instancia el 16 de octubre del mismo año, confirmando la sanción de destitución en el cargo y modificó la inhabilidad por diez [10] años, en lugar de doce [12]. (Fls. 767 C-5)

A folio 8 del expediente consta que la demanda se presentó el 6 de marzo de 2008, es decir, que según la interpretación del Ente acusado la acción se encuentra caducada por cuanto superó ampliamente el término previsto en la Ley para incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo es preciso tener en cuenta que el artículo 136-2 del Código Contencioso Administrativo dispone que éste debe contarse a partir de la ejecución del acto acusado, esto es, desde cuando se hizo efectiva la sanción de suspensión impuesta al accionante, como lo ha entendido y reiterado la jurisprudencia de esta Corporación.

Como quiera que en el proceso obra la Resolución No. 1391 de 28 de noviembre de 2007 (Fls. 771 C-5), acto administrativo de ejecución de la sanción de destitución impuesta al accionante (Fls. 114), significa que, en el sub-lite es posible determinar con claridad que la acción se ejercitó dentro del término de caducidad, pues este vencía el 13 de marzo de 2008, mientras que la demanda se presentó el día 6 del mismo mes y año.

En estas condiciones, carece de vocación de prosperidad la excepción de caducidad, pues según da cuenta el artículo 136 numera 2° del Código Contencioso Administrativo, la acción de restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecución de la sanción, y no de la notificación de la providencia sancionatoria. (7)

Ahora bien, con relación a la falta de requisito de procedibilidad de la acción, consistente en la presentación de solicitud de Conciliación Prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, dirá la Sala que en presente caso, no opera, toda vez que los actos administrativos acusados fueron proferidos el 15 de agosto y 16 de octubre de 2007, mientras que el precitado requisitos fue establecido hasta el 2009, mediante la Ley 1285 del mismo año.

En consecuencia, la Sala habrá de declarar no probada la excepción de caducidad de la acción y falta de agotamiento del requisito previo de Conciliación Prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación.

De la Potestad Disciplinaria de la Administración Pública

La potestad disciplinaria es el deber que tienen todos los órganos e instituciones públicas de mantener y restablecer el orden, la disciplina y la moralidad que incumbe conservar a todo aquél que preste sus servicios al Estado como servidor público.

Lo anterior teniendo en cuenta que, si las funciones esenciales del Estado son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política en su artículo 2°, correlativamente, es deber de todo servidor público desempeñar sus funciones con estricto apego al bloque de legalidad ‘latu sensu’, como lo prevé el artículo 123 ibídem, al indicar que “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la Ley y el Reglamento”, además el artículo 6° del mismo ordenamiento dispone que los servidores del Estado responden por infringir la Constitución y las Leyes y por omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.

En sentencia C-028 de 2006, M.P. Dr. Humberto Sierra Porto, la Corte Constitucional, al respecto, indicó:

“[…] El ejercicio de la potestad disciplinaria es una de las más importantes manifestaciones del ‘ius puniendi’ estatal, la cual tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública, es decir, la potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia, entre otros, que necesariamente deben orientar su actividad. […]

Entonces, resulta claro que el modelo de Estado adoptado por Colombia pone de presente, en las diferentes normas constitucionales, que el cumplimiento de las finalidades básicas y fundamentales por él trazadas, se logra a través del desarrollo de las funciones públicas atribuidas a los servidores públicos y a ciertos particulares, razón por la cual, dada la indiscutible relevancia que el buen ejercicio de dichas labores reviste, se hace indispensable la instauración de un régimen de responsabilidades que garantice el efectivo desempeño de las referidas tareas. […]

Así las cosas, debe afirmarse que el derecho disciplinario pretende garantizar la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo, cometido éste que se vincula de manera íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría imposible al Estado garantizar que la Administración Pública cumpliese los principios de “igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” a que hace referencia la norma constitucional. […]”(8)

Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de 1° de octubre de 2009, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, indicó:

“[…] Como ninguna parte de la actividad de las autoridades debe estar al margen de los valores que pregona la Constitución, es apenas natural que el debido proceso se deba aplicar a todas las actividades y desde luego a la administración de las sanciones disciplinarias, porque en ellas están comprometidos derecho fundamentales de los enjuiciados. Entonces, las sanciones no se administran de cualquier modo, sino con sujeción al debido proceso, tal como éste fue concebido por el Legislador en el Código Disciplinario Único, y por tanto, sometido al examen del Juez constitucional para ver su apego a la Carta Política. […]”

Bajo esta perspectiva, el control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administración, que la Constitución ha confiado a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, implica una especial cualificación y depuración del debate, pues dicho control no puede convertirse en un nuevo examen de la prueba como si de una tercera instancia se tratara.

Corresponde a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, entre otros, verificar que la prueba recaudada en el tramite disciplinario se haya ajustado a las garantías constitucionales y legales, es decir, que la acción de nulidad resulta ser un momento propicio para la exclusión de la prueba manifiestamente ilícita o producida con violación al debido proceso o de las garantías fundamentales, o sea, para aquella en cuya práctica se han trasgredido los principios básicos rectores de esa actividad imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa.

Entonces, en línea de principio puede predicarse que el control que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la administración, cuando ésta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que de esas pruebas haya hecho el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, reñida con el sentido común y alejada de toda razonabilidad. Por lo mismo, el control judicial del poder correccional que se ejerció en el presente caso, tanto por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, como por la Procuraduría General de la Nación, no puede ser el reclamo para que se haga una nueva lectura de la prueba que pretenda hacer más aguda y de mayor alcance, pues esa tarea corresponde a las instancias previstas en el Ley 734 de 2002 y es en principio ajena a la actividad de la jurisdicción.

Del Proceso Verbal Abreviado

El actor hizo consistir el cargo en que el operador disciplinario actuó caprichosamente al dar trámite al proceso mediante el sistema de audiencias, desconociendo el debido proceso y derecho de defensa, toda vez que el proceso debió tramitarse mediante el sistema ordinario.

Ahora bien, con relación a que el proceso disciplinario se le dio el trámite verbal sumario previsto en el artículo 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002, la Sala dirá lo siguiente:

El Estado con la finalidad de salvaguardar los principios que orientan la función pública se encuentra facultado para sancionar a los servidores públicos bien sea por desconocimiento de la Constitución, la Ley o los Reglamentos, o por extralimitación de las funciones otorgadas por el ordenamiento jurídico.

Cuando en ejercicio de la mencionada facultad las autoridades disciplinarias sorprendan al servidor cometiendo una falta calificada por el régimen disciplinario como gravísima, se encuentran autorizadas por el sistema normativo para tramitar el proceso disciplinario verbal de que trata el artículo 175 de la Ley 734 de 2002.

El legislador estableció como requisitos para tramitar la acción disciplinaria mediante el procedimiento verbal el cumplimiento de los requisitos exigidos para proferir pliego de cargos(9), es decir, que la falta imputada al servidor se encuentra objetivamente demostrada. El artículo 175 de la Ley 734 de 2002 establece:

“Artículo 175. Aplicación del procedimiento verbal. El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.

También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.(10)

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.(11)

El Procurador General de la Nación, buscando siempre avanzar hacia la aplicación de un procedimiento que desarrolle los principios de oralidad y concentración, podrá determinar otros eventos de aplicación del procedimiento verbal siguiendo los derroteros anteriores.(12) (Se destaca)

El procedimiento disciplinario verbal se caracteriza por ser simplificado lo cual le otorga a las autoridades disciplinarias celeridad al momento de determinar la comisión de sanciones disciplinarias en los casos en que exista flagrancia.

La gravedad de las faltas cometidas por los servidores públicos y la fragancia en su ocurrencia hacen necesario la adopción de un trámite más expedito que el ordinario para establecer responsabilidades disciplinarias. La Corte Constitucional al respecto afirmó:

“[…] Seguidamente, en los antecedentes de la Ley 734 de 2002 se consigna la voluntad del legislador de establecer un procedimiento especial y simplificado, para los casos en que, la naturaleza de la conducta y el hecho de que la misma se haya confesado o exista flagrancia, permite que el principio de celeridad se haga efectivo, habiendo considerado la Corte que la naturaleza del proceso verbal dentro del trámite disciplinario, es constitucionalmente admisible en razón de la naturaleza de las faltas, que ameritan la realización de un proceso ágil, mediante un trámite abreviado y un procedimiento más expedito.

Fue así como La ley 734 de 2002 consagró el llamado proceso verbal, previendo los casos en que sería aplicable y precisando la competencia para su aplicación en la oficina de control interno disciplinario de la dependencia en que labore el servidor público autor de la falta disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales y distritales, al igual que de las Salas Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccionales. […]”(13)

Posteriormente la Corte Constitucional en sentencia C-242 de 7 de abril de 2010, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo, al resolver una demanda de inconstitucionalidad del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, resolvió declararlo exequible, con fundamento en los siguientes argumentos:

“[…] 3.2.9. Para poder comprender de mejor manera los alcances de esta posibilidad que trae la norma prevista en el inciso tercero del artículo 175 del CDU, estima la Sala pertinente hacer una breve referencia a las etapas del proceso disciplinario ordinario. El proceso disciplinario ordinario está previsto en el Libro IV, Títulos IX y X, Capítulos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto del C. D. U. Según lo allí determinado pueden distinguirse las siguientes etapas: (i) Indagación preliminar(14); (ii) Investigación disciplinaria(15); (iii) Evaluación Disciplinaria(16); (iv) Auto de cargos(17); (v) Etapa de descargos(18); (v) Etapa probatoria(19); (vi) Etapa de fallo(20); (vii) Segunda instancia(21). Se explicó más arriba, que con miras a otorgar aún mayor celeridad al procedimiento disciplinario, el inciso tercero del artículo 175 –acusado en la presente ocasión–, faculta al funcionario de conocimiento para citar a audiencia –“en todo caso” y “cualquiera que sea el sujeto disciplinado”–, cuando en el trámite ordinario se cumplan las exigencias para formular pliego de cargos. Desde este horizonte de comprensión, las causales establecidas en los incisos 1º, 2º y 3º del mismo artículo 175 son autónomas y no concurrentes. Como lo resalta la Vista Fiscal en el concepto emitido con ocasión de la presente demanda de inconstitucionalidad, “basta con que el operador disciplinario verifique la existencia de la flagrancia, o haya confesión, o la falta sea leve o gravísima en los casos señalados, para que se aplique el procedimiento abreviado”. Además, según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 175, se aplica el procedimiento verbal en el evento en que haya mérito para proferir pliego de cargos.

3.2.10. Tal como se señaló, no encuentra la Sala que le asista razón al demandante cuando alega que el precepto acusado desconoce el debido proceso administrativo, toda vez que desde el comienzo la persona objeto de una eventual actuación disciplinaria está suficientemente advertida de que en caso de incurrir en falta disciplinaria cuando se encuentran bajo hipótesis distintas a las previstas en los incisos 1º y 2º del artículo 175 del C.D.U., se le aplicará el procedimiento verbal, solo si existe mérito para formular pliego de cargos. Considera más bien la Sala que el contenido normativo previsto en el inciso 3º acusado en lugar de desconocer la Constitución persigue un fin constitucionalmente legítimo, cual es, propender porque las actuaciones en materia disciplinaria sean ágiles y se adelanten bajo estricto cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía procesal, celeridad lo que armoniza con el artículo 209 superior y resulta consistente con los objetivos que buscó obtener la Ley 734 de 2002. […]

3.2.12. El reparo de falta de precisión y excesiva amplitud que, supuestamente, trae como consecuencia la posibilidad de que la autoridad disciplinaria decida de modo arbitrario el proceso que ha de aplicarse, queda contrarrestado por lo siguiente: (i) el propósito que busca alcanzar la norma es legítimo, desde el punto de vista constitucional, y concuerda además con las finalidades previstas en la Ley 734 de 2002; (ii) lo establecido en el inciso 3º del artículo 175 debe ser leído a la luz de lo dispuesto en el Libro I –contentivo de los principios de los procedimientos disciplinarios sin excepción- y debe ser comprendido como una manera de agilizar las actuaciones disciplinarias, de modo que “en todo caso” distinto de los previstos en los incisos 1º y 2º del artículo 175 del CDU, “cualquiera que sea el sujeto disciplinado” si se dan los requisitos sustanciales para levantar pliego de cargos se puede citar a audiencia. Adviértase, de otra parte, que la eventualidad prevista en el inciso tercero acusado está precedida en el caso del procedimiento ordinario –que es en virtud de la imbricación que tiene lugar por mandato legal donde precisamente tiene aplicación el contenido normativo de dicho inciso–, de un conjunto de etapas que amplían las garantías de la persona disciplinada. Únicamente cuando se halla verificada objetivamente la falta y existe prueba que compromete la responsabilidad de la persona disciplinada, y sólo ante una eventualidad tal, puede el funcionario de conocimiento citar a audiencia.

3.2.13. Puestas las cosas de esta manera, estima la Sala que en el caso bajo examen el cargo elevado en la demanda no está llamado a prosperar, pues el precepto acusado contempla los elementos básicos para que no quede al arbitrio de la autoridad judicial la fijación del procedimiento a seguir. […]” (Subrayado fuera de texto)

De la providencia que se analiza se puede concluir que en el escenario contenido en el inciso 3° artículo 175 del Código Disciplinario Único,(22) es un evento autónomo, independiente de los establecidos en los incisos 1° y 2° del precitado artículo.

De manera que la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad al adelantar la investigación disciplinaria conforme el tramite que trata el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único, no desconoció ninguna disposición del ordenamiento jurídico, pues consideró razonablemente que las pruebas que obraban dentro del expediente adelantado en contra del actor demostraban objetivamente la comisión de la falta disciplinaria investigada. (Fls. 267-344 C-5)

Además la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS el 27 de julio de 2007 celebró la Audiencia de que trata el artículo 177 del Código Disciplinario Único (Fls. 267-344 C-5), y le indicó al demandante el trámite que le daría al proceso disciplinario sin que éste hiciera manifestación en contra.

Finalmente se destaca que al proferirse Fallo de Primera Instancia, el disciplinado no alegó la existencia de irregularidades que hubieran podido afectar el debido proceso, convalidando la actuación al coadyuvar la plena ejecución del procedimiento verbal especial que se adelantó en su contra. (Fls. 3-72)

En esas condiciones no está llamado a prosperar el cargo de vicios en el trámite del proceso disciplinario, por dar aplicación al proceso verbal.

De la Falta de Competencia

Para fundamentar el cargo afirma el demandante que la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno comisionó a dos [2] funcionarias para que adelantaran la investigación, cuando le correspondía directamente a ella tramitar el proceso disciplinario en su contra, además que en el curso de la investigación apareció otra funcionaria que no fue comisionada para tal fin, razón por la cual, los actos acusados son nulos, por haberse tramitado el proceso disciplinario sin competencia.

El Código Disciplinario Único - Ley 734 de 2002 en el artículo 83 previó que tendrán competencias especiales: “[…] 2. En el proceso que se adelanta por las faltas disciplinarias señaladas en el artículo 48, cometidas por los servidores públicos determinados en el artículo 49, de este código, el Procurador General de la Nación por sí, o por medio de comisionado, tendrá a su cargo las funciones de Policía Judicial.” (Se subraya)

Luego el mismo ordenamiento jurídico en el artículo 133, con relación a la práctica de pruebas por comisión, dispone que: “[…] El funcionario competente podrá comisionar para la práctica de pruebas a otro servidor público de igual o inferior categoría de la misma entidad o de las personerías distritales o municipales.” (Subrayado fuera de texto)

La comisión tiene varias acepciones, sin embargo teniendo en cuenta la inconformidad planteada por el acciónate en el cargo que se analiza, se dirá que dicha figura como lo ha expresado la Corte Constitucional,(23) debe entenderse “[…] como una delegación de competencia de carácter temporal, que se circunscribe únicamente al cumplimiento de la diligencia delegada, se origina por razones de economía procesal y auxilio judicial, y su objeto es la realización de algunos de los actos que no pueden efectuarse directamente por los titulares de la jurisdicción y competencia ya definida […]". De suerte que dicha comisión tiene por finalidad, casi siempre, la práctica de pruebas, o de otras diligencias relacionadas con un proceso de conocimiento del Operador Disciplinario.

Se precisa que la comisión a diferencia de la delegación se caracteriza por su limitación en torno 1°) al objeto, toda vez que éste es específico y determinado; 2°) al destinatario, pues mal podría comisionarse genéricamente a cualquier autoridad; y en cuanto a 3°) su duración, ya que no puede ser indefinida en el tiempo; 4°) la imposibilidad para el comitente de desprenderse de su responsabilidad, conocimiento, dirección y potestad decisoria en cada caso particular. Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-396 de 8 de septiembre de 1994, indicó lo siguiente:

"[…] La comisión no representa en ese sentido una delegación de la jurisdicción, que sería completamente inadmisible a la luz de la carta, sino un medio eficaz de garantizar que se administre pronta y cumplida justicia merced a la oportuna ejecución de actos procesales que de otra forma no podría llevarse a cabo, al menos con la rapidez requerida. […]”

Así las cosas, la comisión no es un mecanismo de descongestión, sino de eficacia, agilidad y economía, tal como lo indicó la Corte Constitucional, que se circunscribe únicamente al cumplimiento de la diligencia ‘delegada’, cuyo objeto es la realización de algunas actuaciones que no pueden efectuarse directamente por los titulares de la competencia.

En el presente caso, conforme a la normatividad y la jurisprudencia que se analiza, está probado que mediante Auto de 26 de mayo de 2007 la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad, resolvió abrir investigación preliminar en contra del accionante [y otro] por cuanto según un anónimo el accionante en su condición de Director Seccional del DAS Tolima el 14 de abril de 2007 sacó del sótano la camioneta de placas OTD947 Ford Explorer y posteriormente sufrió un accidente que fue reportado por otro funcionario a la aseguradora con el fin de hacer efectiva la póliza.

En dicha providencia la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Institución resolvió comisionar a dos [2] funcionarias de la entidad adscrita a la dependencia con el propósito de que practicaran algunas pruebas previamente detalladas en el Auto (Fls. 5-8 C-4),

Quiere decir, que para la fecha en que ocurrieron los hechos (14 de abril de 2007) la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, se encontraba facultada para conformar una Comisión Especial integrada por dos [2] funcionarias adscritas a dicha dependencia, con la finalidad de adelantar la indagación preliminar, para lo cual era necesario que practicaran algunas pruebas, con el fin de establecer las posibles irregularidades en que hubiera podido incurrir el demandante en el trámite de reporte del siniestro a la Oficina Central del DAS en Bogotá y a la compañía aseguradora.

Con fundamente en las pruebas recaudadas por las dos [2] funcionarias comisionadas y siempre dirigidas por la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario del DAS, el 27 de julio de 2007 resolvió formular pliego de cargo en contra del accionante (Fls. 267-344 C-5), es decir, que el operador disciplinario del organismo de control en ejercicio de sus competencias adelantó la investigación disciplinaria en Primera Instancia, para lo cual se apoyó en dos [2] funcionarias de la misma dependencia, para que instruyeran el proceso.

En este orden de ideas y conforme a la normatividad señalada debe concluir la Sala que el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, actuó en ejercicio de sus funciones, pues desde el inicio del Proceso Disciplinario (26 de mayo de 2007) estuvo a su cargo, otra cosa, es que para establecer si existía mérito para dar apertura a una investigación, se apoyara en dos [2] funcionarias asignadas a su dependencia, para lo cual integró la referida comisión como efectivamente aconteció, sin que perdiera en ningún momento la competencia.

En esas condiciones, se advierte que la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del DAS en vigencia de la Ley 734 de 2002, podía comisionar a dos [2] funcionarias adscritas a su Oficina, para que instruyeran la investigación (practicando algunas pruebas), sin que en ningún momento hubieran tomado alguna decisión, pues la delegación operó únicamente con la Sala Disciplinaria de la Entidad, quien formuló pliego de cargos y el fallo de Primera Instancia fue proferido por la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno.

De manera que la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad no delegó la competencia disciplinaria en las dos [2] funcionarias adscritas a la Oficina, sino que las comisionó para adelantar las diligencias necesarias (indagación preliminar) con el fin de establecer la posible comisión de una falta disciplinaria del actor – entre otros, en el trámite del reporte del siniestro a la compañía aseguradora y a la Oficina Central del DAS en Bogotá.

En esas condiciones el cargo de falta de competencia en la expedición de los actos acusados, no está llamado a prospera.

De la Falsa Motivación

Para fundamentar el cargo, afirma el demandante que la Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, desconoció la presunción de inocencia que lo amparaba, toda vez que era deber del funcionario que tenía a su cargo el vehículo siniestrado reportar el accidente, tal y como lo dispone la norma interna OPLA-024 de 26 de enero de 2005 y en ningún momento le ordenó, influenció, presión o coaccionó al señor Ariel Enrique Bautista Sierra a que efectuara dicho reporte.

La Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, mediante Fallo de Primera Instancia de 15 de agosto de 2007 pudo establecer que el señor Ariel Bautista Sierra rindió el informe del accidente, teniendo en cuenta el conocimiento previo del Director Seccional del DAS Tolima y ante la orden que éste le impartió, buscando favorecerse con dicho informe, por cuanto no aparecía como el conductor que ocasionó daños al vehículo oficial.

A la anterior conclusión llegó una vez el señor Bautista Sierra rindió versión libre, manifestó que según el Director el informe era para agilizar el trámite ante la aseguradora, sin embargo advirtió que fue manipulado por el demandante con la tesis de agilizar los trámites, no tener tiempo para hacerlo y por el hecho de que el encargado de la camioneta era él, de suerte que lo expresado por el Director no fue un comentario, sino que siendo el superior jerárquico, éste no tenía otra opción más que obedecer.

Por su parte el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, en el Fallo Disciplinario de Segunda Instancia, proferido el 16 de octubre de 2007, expresó igualmente que el acervo probatorio da cuenta de cómo el demandante en su condición de Director Seccional del DAS Tolima, superior jerárquico del señor Ariel Enrique Bautista Sierra prevalido de su condición le ordenó y ejerció influencia sobre éste para que procediera a efectuar el reporte del accidente a la aseguradora.

Advierte la Sala que el demandante pretende ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo reabrir el debate probatorio válidamente surtido por la administración en el trámite del proceso disciplinario adelantado en su contra, empero efectuará las siguientes precisiones:

El demandante afirma que no hizo nada malo, porque efectivamente la norma interna OPLA-024 de 26 de enero de 2005 (Fls. 95-108 C-4), que corresponde al Procedimiento para informar un siniestro y reclamar la indemnización de pólizas, dispone que el reporte del siniestro debe realizarlo el conductor asignado al vehículo, como en efecto aconteció.

Pues bien, en el sub-examine está probado que en el momento del accidente o siniestro quien tenía a su cargo la camioneta Ford explorer de placas OTD947, era el demandante que conducía en horas de la mañana de 13 de abril de 2007, por tanto, era el llamado a rendir el informe ante sus superiores y la aseguradora y no el señor Bautista Sierra.

Es decir, que una cosa es que el referido vehículo estuviera a cargo del señor Bautista Sierra como Conductor y otra que el accionante en su condición de Director Seccional del DAS Tolima decidió desplazarlo en su responsabilidad y movilizar él mismo el vehículo.

Además en la versión libre rendida por el señor Ariel Enrique Bautista Sierra, afirmó que el actor en su condición de Director Seccional del DAS Tolima, le informó lo acontecido la madrugada del accidente, le dijo que no tenía tiempo para efectuar el reporte y que lo hiciera él, versión que nunca fue desmentida, sino que por el contrario fue posteriormente precisada por el señor Bautista Sierra, quien afirmó que “[…] el Director me dijo que le colaborara, como quiera que él no tenía tiempo de realizar esas diligencias […]”, esto para evitar que venciera el plazo de veinticuatro [24] horas estipulado para tal fin.

De lo anterior se infiere que el accionante con su proceder, lo que buscó fue desprenderse de la responsabilidad que le asistía por los daños causados al renombrado automotor, tan evidente fue, que cuando todos los hechos materia de investigación fueron de conocimiento de las autoridades respectivas, éste procedió a reponer el valor de los mismos.

De la Violación al Debido Proceso y Derecho de Defensa

Para fundamentar el cargo, indicó que en el trámite del proceso disciplinario se desconoció de manera continua y flagrante el debido proceso y derecho de defensa, teniendo en cuenta que no fue notificado oportunamente de muchas de las providencias que se profirieron, lo que a la postre le imposibilitó ejercer en debida forma su derecho de defensa.

El artículo 29 de la Constitución Política, respecto al debido proceso indica que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales.

La Corte Constitucional ha entendido,(24) que los derechos de contradicción y controversia tienen vigencia desde la iniciación misma del trámite administrativo disciplinario, es decir, desde la indagación preliminar pasando por la investigación disciplinaria y el juzgamiento.(25)

La Ley 734 de 5 de febrero de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, en el artículo 6° determina:

“Artículo 6°. Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público.”

El respeto al debido proceso administrativo reconoce el derecho de contradicción que le asiste al funcionario investigado desde la etapa de la indagación preliminar y para ello tendrá derecho a conocer las diligencias y controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar la prácticas de otras, como lo prevé el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 que dispone lo siguiente:

“Artículo 150. Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar.

La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria se adelantará indagación preliminar. En estos eventos la indagación preliminar se adelantará por el término necesario para cumplir su objetivo. Texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-036 de 2003, Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 2003 

En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses.  Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-181 de 2002

Para el cumplimiento de éste, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en exposición libre al disciplinado que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en los hechos investigados. Texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-036 de 2003; Texto en cursiva declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076 de 2002 

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos.”

Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-036 de 2003, M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra, dijo:

“(…) 3.5 La Corte, en aquella ocasión, consideró que la facultad discrecional consagrada en esta disposición a favor de la autoridad disciplinaria de decidir si considera necesario o no oír en exposición espontánea al servidor público investigado, viola el derecho de defensa, pues olvida que esta solicitud del encartado en la indagación preliminar de ser escuchado, corresponde al derecho que tiene cuando sabe que su conducta puede estar comprometida por una queja o denuncia. En estas condiciones, dijo la Corte, que a su pedido de ser oído, la autoridad disciplinaria no puede negarse. Explicó la Corte:

"Ahora bien, de la lectura atenta del artículo 140 del Código Disciplinario Único, se tiene que el investigador "(...) podrá oír en exposición espontánea al servidor público que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en el hecho investigado" (negrillas fuera de texto). Ello significa que, cuando no existe una persona claramente definida o, lo que es lo mismo, no se tiene certeza sobre el posible autor de la falta disciplinaria, el servidor público que tiene a su cargo el esclarecimiento real de los hechos que dieron lugar a la queja, puede acudir a los medios de prueba que considere pertinentes, sin que ello autorice al funcionario investigador a negarse a oír al servidor público que así lo solicite si este último lo estima pertinente, pues, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, si un servidor público tiene conocimiento de que su conducta puede resultar comprometida en virtud de una queja o denuncia instaurada y, solicita al funcionario investigador la recepción de la exposición espontánea, en aras de ejercer su derecho de defensa, tendrá que ser escuchado, sin que esta solicitud quede sujeta a la discrecionalidad del investigador.

Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, habrá de declararse la inexequibilidad del artículo 140 del Código Disciplinario Único, en cuanto hace referencia a la expresión "que considere necesario", norma que es exequible en lo demás, bajo el entendido de que se es oído en exposición espontánea, cuando así se solicita por un servidor público para fines de la investigación preliminar, constituye para éste el legitimo ejercicio del derecho de defensa como posible investigado, el cual no se encuentra sujeto a la discrecionalidad del funcionario investigador, en ningún caso." (Sentencia C-892/99)

3.6 Ahora, frente a la misma expresión contenida en una disposición semejante, se concluye que se está frente a cosa juzgada, pues, la frase acusada, el legislador la reprodujo exactamente igual dentro de un contexto muy semejante al que se encontraba en el anterior Código Disciplinario Único y, como las razones expresadas por la Corte en la sentencia aludida para declarar la inexequibilidad parcial del artículo 140 de la Ley 200 de 1995 son las mismas que ahora conducen a la inexequibilidad de la expresión acusada del artículo 150, inciso 5 de la Ley 734 de 2002, se declarará inexequible. […]”

Uno de los puntos de discordia, que expresa el accionante, radica en que no fue notificado de las decisiones que se adoptaron en el trámite de la investigación, empero según da cuenta el recuento de las actuaciones surtidas en el trámite disciplinario, se pudo constatar que el actor fue notificado de cada uno de los Autos que se emitieron, además que pudo constituir apoderado, solicitar pruebas y controvertir las que se arrimaron al proceso; de igual manera interpuso el recurso de apelación cuando no estuvo conforme con la decisión adoptada por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.

En efecto, el actor interpuso el recurso de apelación y a pesar de no haber recusado al Director General del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, éste procedió a remitir las actuaciones a la Procuraduría General de la Nación para que avocara el conocimiento de la alzada y lo resolviera, con el propósito de asegurar la transparencia en el proceso verbal seguido en contra del accionante.

Finalmente según da cuenta el Fallo Disciplinario de Segunda Instancia, proferido el 16 de octubre de 2007 por el Procurador Primero Delegado para Asuntos Administrativos, éste se percató que los dos [2] primeros cargos correspondían a uno sólo, razón por la cual revocó la decisión de Primera Instancia que le imputó la falta contenida en el artículo 48-42 del Código Disciplinario Único, para lo cual tuvo en cuenta la siguiente fundamentación:

“[…] Frente a ello esta instancia trae los mismos argumentos que respecto del segundo cargo imputado al procesado MONTAÑA CASTELBLANCO, en tanto que se trata de la misma conducta imputada en el cargo primero, pues como si en el primer cargo se cuestiona, que el disciplinado en ejercicio de sus funciones como Conductor asignado a la Seccional – DAS- Tolima, consignó y suscribió una falsedad en el informe de fecha 16 de abril de 2007, a su vez en el segundo cargo se le cuestiona el que en su condición de conductor adscrito a la Dirección Seccional del DAS – Tolima, accedió de manera negligente a realizar y suscribir el informe de accidente de fecha 16 de abril de 2007, en el que se consignó una falsedad, Ya expusimos de que las conductas así imputas, contrario a lo expuesto por el A-Quo no comportan un concurso de tipos disciplinarios. […] Anotamos que mantener la imputación contenida en el cargo segundo sería desconocer el principio de ‘non bis in idem’, esto es, juzgar dos veces una misma conducta. […]” (Fls. 110-111 C-2)

Es decir, que el operador disciplinario de Segunda Instancia, una vez se percató de la dualidad de cargo y sin que mediara petición del apelante, procedió a revocar la decisión del A-Quo con relación al segundo cargo, y reducir la sanción de inhabilidad de doce [12] años a diez [10], esto en procura de garantizarle al disciplinado el debido proceso y derecho de defensa.

Por las anteriores razones el cargo de violación al debido proceso y derecho de defensa, no está llamado a prosperar.

En esas condiciones dirá la Sala que el Juez Disciplinario de Primera y Segunda Instancia analizaron las condiciones que se dieron a efectos de que el señor Ariel Enrique Bautista Sierra, asignado como Conductor de la camioneta Ford Explorer de placas OTD947 accidentada, procediera a elaborar el informe del siniestro y a reportarlo a la Aseguradora haciendo creer que era él quien conducía; y concluyeron que efectivamente el actor en su condición de Director Seccional del DAS Tolima, le ordenó al señor Bautista Sierra que actuara de la manera como efectivamente lo hizo, razón por la cual el cargo de violación al debido proceso y derecho de defensa no está llamado a prosperar.

Así las cosas, según las pruebas obrantes en el expediente el actor no pudo desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados, razón por la cual fuerza concluir que en el sub-lite se deben negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección ‘B’, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

NIÉGANSE las súplicas de la demanda incoada por Pablo Antonio Montaña Castelblanco contra la Nación, Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y, una vez en firme este proveído archívense las presentes diligencias. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

(1) Al demandante se le comunicó el precitado Auto el 27 de mayo de 2007, mediante Oficio No. OCDI. (Fls. 10 C-4)

(2) Mediante Memorando No. DAS.OCDI. 379360-9 de 13 de julio de 2007, se le notificó al demandante que mediante Auto de 11 del mismo mes y año fue vinculado a la investigación disciplinaria, siendo recibido personalmente el 16 de julio de 2007. (Fls. 189 i 199 C-4)

(3) El actor fue notificado personalmente el 30 de julio de 2007 (Fls. 346- C-5)

(4) El actor fue notificado personalmente en estrados el día de la audiencia.

(5) El demandante fue notificado personalmente el 13 de noviembre de 2007. (Fls. 767 C-5)

(6) Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 27 de septiembre de 2007.Radicación número: 25000-23-25-000-1999-03741-01(7392-05). Actor: William Gildardo Pacheco Granados.

(7) Sentencia de 15 de febrero de 2007, M.P. Dra. Ana Margarita Olaya Forero, según la cual, el criterio de que la notificación del acto de ejecución. Se dijo entonces:

“[…] El acto de ejecución si bien es conexo al acto sancionatorio no forma parte del mismo, ya que, se repite, es un mero acto que ejecuta la medida y ni crea ni modifica ni extingue situación jurídica alguna del disciplinado. Tal situación queda definida en casos como el que ocupa la Sala con la decisión de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, la única connotación que la jurisprudencia le ha dado al denominado acto de ejecución tiene que ver para el cómputo del término de caducidad, pues éste se cuenta a partir de su ejecución, en aras de propiciar una efectiva protección al disciplinado, aclarando sí, que la eventual nulidad de las resoluciones sancionatorias implicaría, necesariamente, la pérdida de fuerza ejecutoria del Decreto de ejecución expedido por el Presidente de la República al desaparecer sus fundamentos de hecho y de derecho. […]”

Sentencia de de noviembre de 1995, Expediente No. 7200, M.P. Dra. Clara Forero de Castro, cuando dijo:

“[…] Sobre el particular se observa que ciertamente las argumentaciones del a quo reflejan el criterio de la Sala, en el sentido de que los actos mediante los cuales el órgano que en ejercicio del poder disciplinario atribuido por la constitución o las leyes, impone a los funcionarios públicos la sanción de destitución, no conforma con el respectivo acto de ejecución proferido por la autoridad nominadora, un acto complejo. Sin embargo la Sala, rectificando alguna providencia anterior ha dicho también que aunque son actos independientes, es incuestionable la conexidad existente entre ellos, lo que implica que, para garantizar una efectiva protección del derecho de defensa, el término de caducidad deba ser uno sólo para impugnar tanto el acto de ejecución como aquellos que imponen al funcionario la respectiva penalización por faltas disciplinarias, término que comienza a contarse a partir de la notificación o comunicación del acto de ejecución. Así como el conocimiento de los actos proferidos, cuando se acusan en su totalidad, no se fracciona, tampoco debe fraccionarse o contarse separadamente el término de caducidad de la acción procedente contra ellos, que en este caso tiene como juez el Tribunal”. Así las cosas, como se tiene que la fecha en que se ejecutaron los actos administrativos sancionatorios es la del 29 de mayo de 1996 y la demanda fue presentada el 27 de septiembre del mismo año se deduce que se hizo dentro del término previsto en el numeral 2º del artículo 136 del C.C.A. y por ende, no opero el fenómeno de la caducidad de la acción. […]”

(8) Sentencia C-948 de 2002.

(9) Ley 734 de 2002 “Artículo 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno.”

(10) inciso declarado exequible por la corte constitucional mediante sentencia c-1076/02.

(11) inciso declarado exequible por la corte constitucional mediante sentencia c-242/10.

(12) Texto Subrayado Declarado Inexequible Por La Corte Constitucional Mediante Sentencia C-1076/02; Ver La Sentencia C-1077/02.

(13) Corte Constitucional. Sentencia C-763 de 29 de octubre de 2009. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Referencia: expediente D-7675.

(14) Cuya duración es de seis meses y para algunas faltas de doce meses. “artículo 150. procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar

(15) Cuya duración es de nueve meses y para algunas faltas de diez y seis meses. “artículo 152. procedencia de la investigación disciplinaria.

(16) Cuya duración es de quince días. “artículo 161. decisión de evaluación. el artículo 162 dispone por su parte que: “artículo 162. procedencia de la decisión de cargos.

(17) “Artículo 165. notificación del pliego de cargos y oportunidad de variación.

(18) Para efecto de lo cual se cuenta con diez días. “artículo 166. término para presentar descargos.

(19) Que se extiende hasta por 90 días. “artículo 168. término probatorio.

(20) Para lo cual se cuenta con 20 días.

(21) Para la que se prevé un término de 90 días.

(22) Ley 734 de 2002, por la cual se expidió el Código Disciplinario Único, en el artículo 175 dispone lo siguiente:
“Artículo 175. Aplicación del procedimiento verbal. El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.
También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley. Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076 de 2002
En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia. Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-242 de 2010
El Procurador General de la Nación, buscando siempre avanzar hacia la aplicación de un procedimiento que desarrolle los principios de oralidad y concentración, podrá determinar otros eventos de aplicación del procedimiento verbal siguiendo los derroteros anteriores. Texto subrayado declarado Inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076 de 2002; Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-1077 de 2002.”

(23) Corte Constitucional, sentencia T-458 de 1994.

(24) Inciso adicionado por el artículo 15 de la Ley 1551 de 2012

(25) Sentencias C-150/93, M.P. Fabio Morón Díaz; C-411/93 M.P., Carlos Gaviria Díaz; C- 412/93, M.P. Eduardo Cifuentes M.