Sentencia 2012-00049/20134 de julio 6 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 68001-23-33-000-2012-00049-01 [20134]

Actor: Luis Eugenio Portilla Portilla

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Bogotá, D.C., seis de julio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala decidir si son nulos los actos por los cuales la DIAN impuso al actor sanción por no suministrar la información correspondiente al año gravable 2007.

En los términos del recurso de apelación, se observa que la inconformidad del demandante se contrae a los siguientes aspectos: i) el tribunal no analizó la violación del debido proceso en que incurrieron los actos demandados, por el rechazo de la práctica de la inspección tributaria solicitada con ocasión del recurso de reconsideración y ii) la práctica de las pruebas negadas por la administración permitían demostrar que el actor obtuvo por el año gravable 2006, ingresos inferiores al tope previsto en la Resolución 12690 de 2007.

Pues bien, para resolver los asuntos planteados por la parte demandante, debe la Sala precisar si correspondía al tribunal estudiar la presunta violación al debido proceso por la negativa de la DIAN de practicar una inspección tributaria, con fundamento en que tal controversia no fue planteada en la demanda.

La Sala se ha pronunciado en relación el principio de congruencia de la sentencia, ahora consagrado en el artículo 281 del Código General del Proceso(7), así:

“Este principio de la congruencia de la sentencia, exige de una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.

(…)

Con el cumplimiento de este principio fundamental, se busca no solo la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial que dé certeza jurídica al asunto que se ha puesto a consideración de un juez, sino que se salvaguarde el derecho de defensa de la contraparte, quien ha dirigido su actuación a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda”.

En efecto, la demanda en materia contenciosa marca el límite dentro del cual el funcionario judicial debe pronunciarse para decidir la controversia, las normas violadas y su concepto de violación se constituyen en el marco de análisis y estudio al momento proferir la sentencia y si con ellas no se logra desvirtuar la legalidad del acto administrativo, no por ello puede el juez proceder posteriormente al estudio oficioso de toda una normatividad superior para establecer posibles ilegalidades, ni mucho menos hacerlo en forma anticipada y previamente a ocuparse del estudio de legalidad”(8) (negrillas fuera de texto).

Pues bien, de la lectura íntegra y detallada de la demanda, se advierte que, como lo hizo el tribunal, la controversia planteada por el demandante se centró en la negativa de la DIAN de decretar la práctica de la prueba testimonial solicitada en el recurso de reconsideración, así se lee en varios apartes de la demanda, sin que se haya hecho referencia a la práctica de la inspección tributaria.

Ahora bien, el demandante sostiene que en su intervención en la audiencia inicial si manifestó de manera verbal la violación al debido proceso referida al rechazo de inspección tributaria por parte de la DIAN. Revisada el acta de la audiencia inicial, la Sala advierte que, en efecto, el alegato de conclusión del apoderado de la parte actora quedó registrado, así: “hizo referencia en esta oportunidad concretamente sobre negación de las pruebas solicitadas por el accionante a la DIAN en el proceso administrativo, especialmente sobre la inspección tributaria, con lo cual según él, se violó flagrantemente el derecho al debido proceso del accionante y que esto conlleva la nulidad del acto que le impuso la sanción”(9).

Al respecto debe precisarse que con fundamento en lo expuesto en la demanda, el a quo fijó el litigio y las partes acordaron que este se circunscribía a “determinar si la entidad accionada vulneró el derecho al debido proceso del accionante y lo dispuesto por el artículo 774 numeral 4º del estatuto tributario, al negar el decreto de pruebas testimoniales solicitada por él en el recurso de reconsideración”(10) (negrillas fuera de texto).

Además, la Sala advierte que la audiencia inicial no es la oportunidad para adicionar, aclarar o modificar la demanda, pues para tal efecto, el artículo 173 CPACA(11) prevé las condiciones en que el demandante puede plantear nuevos hechos y pretensiones, lo cual se surte antes de realizarse la audiencia inicial, pues el propósito de la audiencia y, concretamente, de la fijación del litigio que en ese momento se realiza, es el de acordar los supuestos fácticos que rodean la controversia, precisamente con base en lo manifestado en la demanda y en la contestación.

En consecuencia, se observa que el tribunal no omitió el análisis de la violación al debido proceso referente a la inspección tributaria, por tanto, la sentencia de primera instancia es congruente con lo planteado en la demanda.

Precisado lo anterior, se observa que la Sala se pronunció respecto de un asunto idéntico entre las mismas partes, en la sentencia del 15 de junio de 2016(12), por lo cual se remitirá al análisis realizado en esa oportunidad.

Pues bien, como se precisó, es un hecho no discutido que el demandante declaró ingresos brutos por valor de $ 2.249.520.000 en la declaración de renta del año gravable 2006(13), por tanto, debió cumplir con la obligación de presentar información exógena, conforme lo establecido en el artículo 631 estatuto tributario, en concordancia con la Resolución 12690 del 29 de octubre de 2007(14), que dispuso la obligación de suministrar información, para las personas naturales que hayan declarado ingresos brutos superiores a $ 1.500.000.000 en el año gravable 2006.

No obstante lo anterior, el demandante ha sostenido que no estaba obligado a cumplir la obligación de suministrar información en razón a que, si bien en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2006 registró ingresos superiores a los establecidos en la Resolución 12690 de 2007, los ingresos brutos que percibió por el año 2006, en realidad, fueron inferiores al tope establecido en la mencionada resolución.

Alega el actor que para demostrar que no obtuvo los ingresos mínimos requeridos para estar obligado a informar, solicitó la práctica de varios testimonios, pruebas que le fueron negadas por la demandada en la resolución que decidió el recurso de reconsideración, lo cual violó su derecho al debido proceso y a la defensa.

En este punto la Sala reitera(15) que, para efectos de establecer la obligación de suministrar información, es procedente que el contribuyente demuestre que los ingresos brutos declarados en su denuncio rentístico fueron inferiores al tope previsto en las respectivas resoluciones expedidas por el director general de la DIAN. Al respecto, se ha precisado lo siguiente:

“(…)el parágrafo 2º del artículo 631 del estatuto tributario, al determinar los obligados a presentar información en medios magnéticos, señala que los ingresos brutos y el patrimonio bruto a tener en cuenta para tales efectos, no son los declarados, sino los poseídos en el último día del año inmediatamente anterior.

Que, así, del contenido del artículo 631 del estatuto tributario se puede concluir que la ley no condiciona en parte alguna que los topes de patrimonio bruto —a lo que habrá que agregar ingresos brutos— fijados para que nazca la obligación de informar en medios magnéticos, tengan que figurar en una declaración tributaria y que además esta se entienda válidamente presentada(16), razón por la cual ha admitido que con el sustento probatorio adecuado, se pueda desvirtuar la presunción de veracidad del denuncio rentístico para los efectos de la obligación de presentar información en medios magnéticos(17)(18) (negrillas fuera de texto).

Pues bien, en el caso concreto, el demandante solicitó en el recurso de reconsideración, la práctica de los siguientes testimonios:

“Se cite a rendir testimonio a los siguientes señores:

— Luis Alberto Portilla Hernández (…)

— Elías Villamizar Fuentes (…)

— Bayron Mattos Baños (…)

— Gerardo Carreño Monsalve (…)”(19)

En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración la demandada rechazó la solicitud de las pruebas, por considerar que no son pertinentes ni procedentes para modificar las cifras consignadas en una declaración tributaria.

Se advierte que la parte actora no aportó pruebas con la demanda y que en el trámite de primera instancia el tribunal rechazó la práctica de los testimonios por inconducentes, en la medida en que no puede suplir la documental en que se soportaron las transacciones que realizó con terceros.

Pues bien, para la Sala, la decisión de la DIAN de negar dichos testimonios solicitados por el contribuyente no violó el derecho al debido proceso y a la defensa, toda vez que no son pruebas suficientes ni idóneas para demostrar los ingresos obtenidos en un determinado periodo gravable, pues si bien podrían llegar a demostrar como lo pretende el demandante, los motivos por los cuales fueron recibidos los ingresos, requieren de otras pruebas para establecer los montos exactos de las transacciones que, según el demandante, eran recibidos para realizar compras de esos terceros, y así desvirtuar la cifra declarada en la liquidación privada de renta del año gravable 2006, amparada por la presunción de veracidad.

Debe precisarse, además, que de conformidad con el artículo 752 estatuto tributario, la prueba testimonial no es admisible para “establecer situaciones que por su naturaleza suponen la existencia de documentos o registros escritos” y, en este caso, por tratarse de consignaciones bancarias tales operaciones quedan soportadas en comprobantes, consignaciones o extractos lo cual permitiría, en principio, soportar los valores que el actor y los terceros manifiestan que fueron consignados en las cuentas del demandante.

Además, debe resaltarse en esta oportunidad, que la parte demandante no realizó ningún esfuerzo probatorio ni en sede administrativa ni ante esta jurisdicción. La Sala ha precisado que: “2.11 En la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el administrado puede desvirtuar la presunción de legalidad del acto demandado con nuevas o mejores pruebas que las aportadas en sede administrativa, pues, legalmente no existe ningún impedimento para que no se puedan apreciar pruebas diferentes a las valoradas por la administración. Además, es carga de las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (CPC, art. 177)”(20).

En consecuencia, el demandante no demostró que los ingresos brutos percibidos en el año gravable 2006 hubieran sido inferiores al tope previsto en la Resolución 12690 de 2007 para estar obligado a suministrar información.

Las anteriores razones son suficientes para confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la Sala».

(7) CGP. Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.
(…)

(8) Sentencia de 16 de agosto de 2002, exp. 12668, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, reiterada en sentencias de 21 de noviembre de 2007, exp. 15770, M.P. María Inés Ortiz Barbosa, 6 de octubre de 2009, exp. 16533 y de 29 de octubre de 2009, exp. 17003, M.P. Héctor J. Romero Díaz.

(9) Fl. 126 vto.

(10) Fl. 127.

(11) CPACA. Artículo 173. Reforma de la demanda. El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:
1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial.
2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que estas se fundamentan o a las pruebas.
3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad.
La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en un solo documento con la demanda inicial.

(12) Expediente 21790, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(13) Fl. 65.

(14) Res. 12690/2007. Artículo 1º. Sujetos obligados a presentar información por el año gravable 2007. a) Las personas naturales, personas jurídicas y asimiladas, y demás entidades públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, cuando sus ingresos brutos del año gravable 2006, sean superiores a mil quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000).

(15) Sentencia del 30 de junio de 2000, exp. 10147. C.P. Julio E. Correa Restrepo y del 12 de diciembre de 2002, exp. 13126. C.P. Ligia López Díaz.

(16) Sentencia del 22 de septiembre de 2005, exp. 14060. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 28 de noviembre de 2013. Radicación: 130012331000200200928-01 (18544). Actor: Sociedad Eléctrica Ingeniería Electring Ltda. Demandado: DIAN

(18) Sentencia del 14 de mayo de 2015, exp. 19442, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(19) Fl. 94.

(20) Sentencia del 6 de agosto de 2015, exp. 20130, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.