Sentencia 2012-00051 de mayo 31 de 2018

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 13001-23-33-000-2012-00051-01 (20558)

Consejero Ponente:

Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.

Demandado: Distrito de Cartagena de Indias

Tema: Impuesto de Industria y Comercio.

Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.

Sentencia segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia de 22 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que determinó:

PRIMERO: Declarar la nulidad de las resoluciones 34 del 7 de marzo de 2011 “por medio de la cual se expide una liquidación de revisión y se impone una sanción al contribuyente BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA” y AMC-RES-0000443-2012 del 4 de abril de 2012”, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: A título de restablecimiento de derecho, se ordena dejar en firme la declaración presentada por BBVA COLOMBIA S.A. por el impuesto de industria y comercio por el año gravable 2007 en el Distrito Cultural y Turístico de Cartagena.

TERCERO: Sin condena en costas.

Antecedentes de la actuación administrativa

El 24 de abril de 2008, la Sociedad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. (BBVA) presentó la declaración correspondiente a la jurisdicción del Distrito de Cartagena de Indias del impuesto de industria y comercio y complementarios (ICA) del periodo gravable 2007.

La Administración Distrital modificó la declaración presentada e impuso sanción por inexactitud, a través de la Resolución 34, del 7 de marzo de 2011 (fls. 53 a 56), decisión que la demandante recurrió en reconsideración (fls. 52 a 71, c.a.).

Mediante Resolución AMC-RES-000443-2012, del 4 de abril de 2012, el Distrito de Cartagena resolvió el recurso interpuesto en el sentido de confirmar plenamente la liquidación oficial (fls. 38 a 52).

Antecedentes procesales

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el apoderado judicial de BBVA formuló ante el Tribunal Administrativo de Bolívar las siguientes pretensiones:

1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 34 del 7 de marzo de 2011, por medio de la cual se expide una liquidación de revisión y se impone una sanción.

1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución AMC-RES-000443-2012 del 4 de abril del mismo año, proferida por el Secretario de Hacienda del Distrito de Cartagena de Indias, por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración.

1.3. Que como consecuencia de lo anterior, se restablezca su derecho a la parte actora, reconociéndole plenos efectos legales a la declaración presentada por BBVA Colombia por el impuesto de Industria y Comercio por el año gravable 2007 —contenida en el formulario de declaración 2007 08045, Distrito Turístico y Especial de Cartagena—.

A los anteriores efectos, invocó como normas violadas los artículos 29 y 83 de la Constitución; 71 del Código Civil; 428 del Código Penal; 683, 703, 712, 742, 743, 772, 773, 774, 777, 779 y 783 del estatuto tributario (E.T.); 3º, 42, 43 y 44 del Código Contencioso Administrativo (CCA, D. 1/84); 42 y 47 de la Ley 14 de 1983; 271 de la Ley 223 de 1995; 207 y 212 del Decreto 1333 de 1986; y 1º, 11, 352, 372 y 373 del Acuerdo 41 de 2006. El concepto de la violación planteado se resume así:

1. Frente al procedimiento tributario aplicable.

Señaló que el requerimiento especial 219-10 se notificó el 28 de julio de 2008, después de que la declaración del ICA sobre la cual recae la presente controversia adquiriera firmeza, lo cual, a su entender, ocurrió el 30 de abril del mismo año.

Manifestó que el auto de inspección tributaria y contable 059-10, del 29 de marzo de 2010, al que se refiere el distrito en el requerimiento especial, nunca le fue notificado; y que tampoco recibió comunicación alguna acerca de la fecha en la que se realizarían las diligencias correspondientes a esa inspección, ni se le había entregado copia del acta de inspección a pesar de haber la solicitado formalmente.

Planteó que el hecho de que se profiera un auto decretando la práctica de la inspección tributaria no conlleva, por sí solo, la suspensión del término para notificar el requerimiento especial, sino que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, se requiere que concurran las siguientes tres circunstancias: (i) que se haya notificado el auto por medio del cual se decreta la realización de la inspección; (ii) que la diligencia se haya practicado dentro de los tres meses siguientes; y (iii) que se hayan obtenido pruebas en cumplimiento de los requisitos legales.

Adujo que las pruebas en las que se basa la liquidación impugnada provienen de la respuesta a los requerimientos ordinario y especial que se profirieron en el marco de las actuaciones administrativas, pero no de medios de prueba que se hubiesen ejercitado durante la inspección tributaria que afirma que nunca se realizó.

2. Violación al debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución.

Afirmó que, habida cuenta de las circunstancias expuestas en el primer cargo, se materializó una violación al debido proceso.

Señaló que esa garantía constitucional también fue vulnerada por la indebida valoración probatoria del certificado de revisor fiscal del banco, de la información reportada a la Superintendencia Financiera de Colombia y de las declaraciones del ICA presentadas por BBVA en los distintos municipios y distritos del país en los que presta servicios financieros.

Expuso que la actitud que denuncia contrasta con que el proceder descrito comporta una indebida valoración probatoria y deja en evidencia la decisión de dar trámite a la actuación con fundamento en pruebas no idóneas. Resaltó que, la inclusión y valoración de pruebas inexistentes, está proscrita en el ordenamiento jurídico.

Concluyó cuestionando, porqué en la investigación iniciada por los mismos motivos respecto de un periodo gravable diferente, al allegar los mismos soportes probatorios —es decir, certificado de revisor fiscal, copia de declaraciones de ICA presentadas y pagadas en diferentes municipios y certificación expedida por Superintendencia Financiera— fue proferido auto de cierre (fl. 228).

3. Incremento de la base gravable del impuesto.

Adujo que conforme al artículo 207 del Decreto 1333 de 1986, la base gravable del impuesto para las entidades financieras está conformada por los ingresos provenientes de los conceptos allí descritos. Debido a que los formularios dispuestos para los efectos no contienen renglón especial, agregó que es habitual declarar aquellos ingresos cuyo origen no es el señalado en la norma citada, en el renglón de deducciones. Explicó que, apartarse de la práctica en comentario aplicando el régimen previsto en el artículo 98 del Acuerdo Municipal 41 de 2006, es desconocer el carácter especial de la base impositiva y por ende, la norma que la prevé.

Por otro lado, sostuvo que, en virtud del principio de territorialidad previsto en el artículo 87 del Acuerdo 41 de 2006, al Distrito de Cartagena solo le asiste la facultad de gravar aquellos ingresos efectivamente realizados en su jurisdicción territorial. Por consiguiente, precisó que, el obrar de la entidad demandada no se ajusta a derecho pues a través de la liquidación impugnada, el distrito ejerció potestad tributaria respecto de la totalidad de ingresos percibidos por el Banco BBVA (incluyendo aquellos originados fuera de su jurisdicción).

Puso de presente, cómo el Distrito de Cartagena no explicó siquiera de manera sumaria, el origen de la suma adicionada como ingreso gravado al tenor de la liquidación de revisión 034 de 7 de marzo de 2011. Consideró que fueron aportadas pruebas suficientes de los ingresos percibidos y declarados tanto en Cartagena como en otras jurisdicciones. Así y ante las supuestas fallas probatorias en las que incurrió la parte demandada, la presunción de veracidad predicable de la declaración objeto de litis no se ha desvirtuado.

Finaliza invocando la nulidad absoluta por falta de motivación, pues bajo su criterio, el Distrito de Cartagena no expresó abiertamente las consideraciones de hecho y derecho que soportan las conclusiones obtenidas a propósito de la actuación adelantada.

4. En relación con la improcedencia de la sanción por inexactitud impuesta.

Argumentó que ha de concluirse la inexistencia de cualquier conducta realizada por el Banco BBVA, que tipifique los presupuestos contemplados en el artículo 302 del Acuerdo 41 de 2006.

Insistió en que la Administración Distrital se equivocó al determinar el saldo a pagar, resultante de la modificación del impuesto a cargo y consecuente adición del valor de la sanción. Señaló que, se erró al desconocer el importe del impuesto previamente cancelado, razón por la cual adicionó $ 14.928.000.00 de manera indebida.

Por último, consideró que, a partir del artículo 647 del estatuto tributario, la imposición de la sanción por inexactitud concurre bajo dos premisas: (i) por un lado, se hace necesario que dentro del procedimiento adelantado se determine la inexistencia de argumentos legales que respalden la actuación del contribuyente fiscalizado y (ii) que de la valoración de su conducta, se demuestre el ánimo doloso o defraudatorio al ordenamiento impositivo.

Dijo que no hay mérito para imponer la sanción por inexactitud pues el actuar desplegado por el Banco BBVA, no solo estuvo amparado por el ordenamiento jurídico, sino que también, se fundamentó en hechos y cifras verdaderas.

Contestación de la demanda

El Distrito de Cartagena, se opuso a las pretensiones de la demanda formulando los argumentos que a continuación se exponen:

Enfatizó en que la declaración objeto de revisión no adquirió firmeza, pues el auto de inspección contable y tributaria 059 fue expedido el día 29 marzo de 2010. En esa medida, operó la suspensión del término para expedir el requerimiento especial previsto en el artículo 706 del estatuto tributario. Expresó que los tres meses de suspensión se comienzan a contar desde el día en el cual la declaración adquiere la eventual firmeza. Así, y gracias a que el vencimiento para declarar era el día 30 de abril de 2010, el requerimiento especial fue notificado dentro del tiempo correcto, esto es, el día 28 de julio del mismo año.

Precisó que la diligencia sí se realizó, toda vez que según pronunciamiento emitido por esta corporación, su desarrollo no implica desplazamiento material de los funcionarios comisionados. Añadió que, en el marco de la inspección se remitió a la parte actora, Requerimiento ordinario de información 508 el día 4 de junio de 2010, de cara a obtener las pruebas necesarias para verificar su contabilidad.

Sobre la determinación de la base gravable de las entidades financieras, destacó que no se desconoció la norma respectiva. Agregó que el monto adicionado a través de la liquidación oficial de revisión como ingreso gravado en la jurisdicción del distrito, obedeció a que la demandante no probó en su totalidad los ingresos declarados como obtenidos fuera de él. Sustentó lo anterior, en el hecho que dentro del proceso tributario aquellos de quienes se predica el deber formal de declarar, están llamados a probar los valores que consignan en los denuncios correspondientes.

Por lo anterior, concluyó que a la luz del artículo 32 del Acuerdo 41 de 2006, se entiende por ratificada una inexactitud y por consiguiente, procede la imposición de la sanción del caso.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a las pretensiones, con fundamento a las siguientes consideraciones:

Señaló que el auto por medio del cual se ordena la práctica de la inspección contable y tributaria, sí fue notificado al BANCO BBVA y prueba de ello es el sello de recibido que obra en la parte inferior izquierda del auto en comento, en donde se vislumbra “BBVA Sucursal Cartagena” “4-12-10” (fl. 373, c.a.). Sin embargo, y después de hacer un recuento normativo de las reglas que rigen la realización de inspecciones tributarias en el estatuto tributario, advirtió que en el caso respectivo, no se levantó acta alguna sobre el desarrollo de la diligencia.

Precisó que si bien la constatación directa de los hechos objeto de verificación puede materializarse sin que medie desplazamiento por parte de los funcionarios comisionados, ello no exime del levantamiento del acta en donde queden consignados los hechos verificados por la administración.

Destacó que en el expediente reposan dos documentos denominados informe contable y tributario (fls. 89 y 54, c.a. respectivamente), en los cuales no se hace alusión ni remisión al acta de realización de la diligencia. Resalta que la fecha de expedición de los mismos, esto es, 3 de diciembre de 2010 y 2 de febrero de 2011, tomó lugar tiempo después de los tres meses que concede el ordenamiento para la práctica de la inspección y que los mismos, no contienen elementos que identifiquen el acta.

Concluyó de conformidad con sentencia del 16 de julio de 2005 (exp. 13975; C.P. Juan Ángel Palacio), que la finalidad de levantar el acta de la que habla el artículo 779 del estatuto tributario, no es otra que dejar constancia de los hechos y pruebas obtenidas por la Administración en desarrollo de la diligencia. Así las cosas y ante la necesidad de que la inspección tributaria, adquiera validez legal y probatoria para que surjan los efectos derivados de su práctica, entiende el fallador de instancia, que el Distrito de Cartagena vulneró las garantías procesales reconocidas a la parte actora al no suscribir el acta respectiva y en esa medida, no quedó demostrada la realización de la diligencia. En otras palabras, el término para emitir requerimiento especial no fue suspendido, por lo que al momento de emitirlo, la declaración respectiva se encontraba en firme.

No analizó los demás cargos, por razones atribuibles a la economía procesal. Ordenó a título de restablecimiento de derecho, dejar en firme la declaración de impuesto de industria y comercio presentada por la parte demandante correspondiente al periodo gravable 2007. Por demás, no condenó en costas a la parte vencida.

Recurso de apelación

El Distrito de Cartagena, fungiendo como apelante único, propuso los siguientes cargos en el recurso.

Adujo con base al artículo 706 del estatuto tributario, que el término de suspensión allí previsto, se cuenta a partir del día en el que se notifica el auto que decreta la práctica de la inspección. Así las cosas y teniendo en cuenta que la notificación para el caso puntual, tuvo lugar el día 12 de abril de 2010, señaló que se observaron todos los requisitos legales previstos para que operara la suspensión respectiva.

Por otro lado, en lo que respecta a la realización de la diligencia, manifestó que de acuerdo al criterio sentado por esta corporación, basta que se recaude al menos una prueba para entender que la diligencia de inspección tuvo lugar. En ese sentido, resaltó que el 4 de junio de 2010 fue remitido al Banco BBVA requerimiento ordinario de información.

Expresó de acuerdo con la sentencia proferida el 27 de abril de 2001 (exp. 11639; C.P. Juan Ángel Palacio), que en aquellos eventos en donde se profiere requerimiento especial, no resulta necesario correr traslado del acta de inspección al contribuyente.

Finalizó insistiendo, que la diligencia de inspección ha de entenderse como realizada y por consiguiente, no puede predicarse firmeza de la declaración.

Alegatos de conclusión

La demandante reiteró lo dicho en su escrito de demanda y en defensa del principio de seguridad jurídica, solicitó a este despacho pronunciarse sobre todos los argumentos allí aducidos.

La parte demandada, reiteró lo consignado en su escrito de apelación.

Concepto del Ministerio Público

No rindió concepto alguno.

Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, le corresponde a la Sala pronunciarse sobre la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demandante.

En concreto, se debate en el plenario sobre: (i) la realización de la inspección tributaria ordenada por la oficina de fiscalización de la Secretaria de Hacienda del distrito de Cartagena y su virtualidad para suspender el término de notificación del respectivo requerimiento especial. Por otro lado, resulta necesario anotar que de prosperar el recurso interpuesto, la Sala deberá pronunciarse sobre los demás cargos de nulidad invocados por la demandante en su escrito inicial de demanda.

1. Para dar alcance a la cuestión a debatir, la Sala juzga conveniente acotar el régimen jurídico aplicable a la inspección tributaria en los términos del artículo 706 y 779 del estatuto tributario, aplicable al caso en virtud del estatuto tributario de Cartagena, Acuerdo 41 de 2006, y con fundamento en el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.

De conformidad con el artículo 779 del estatuto tributario, la inspección tributaria es un medio de prueba en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un determinado proceso de gestión tributaria, para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar. Así mismo, en el marco de su desarrollo se faculta a la administración para decretar todos los medios de prueba autorizados en el ordenamiento tributario, bajo la observancia de los rituales que les sean propios.

De la lectura de la norma en comento, la Sala concluye que la inspección tributaria adquiere una doble naturaleza, toda vez que, funge como medio probatorio autónomo en donde predomina la constatación personal de los hechos objeto de prueba por parte del funcionario comisionado, pero también configura un vehículo a través del cual se incorporan y recaudan otros medios probatorios. En este último evento, de acuerdo al criterio sentado por esta Sección (sent. mar. 7/2013, exp. 18742, C.P. Carmen Teresa Ortiz), no hace falta que el funcionario se desplace al domicilio fiscal del contribuyente investigado o al establecimiento respectivo.

Con fundamento en lo anterior, cabe entender que en aquellos eventos en donde la inspección es una mera diligencia para recaudo de pruebas, la administración está desarrollando las amplias facultades de fiscalización a ella concedidas en el artículo 684 del estatuto tributario, que textualmente señala:

ART. 684.—Facultades de fiscalización e investigación.

La administración tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.

Para tal efecto podrá:

a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.

b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.

c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.

d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.

e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.

f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.

Es decir, para decretar las pruebas que interesen al proceso de gestión tributaria, no hace falta ordenar la práctica de inspección tributaria.

Sin embargo, según las voces del artículo 706 y 644 del estatuto tributario, la realización de la inspección tributaria tiene la virtualidad de suspender el término con el que cuenta la administración para notificar el requerimiento especial y además, tras su realización, la sanción por corrección aumenta del 10% al 20% del mayor saldo a pagar o del menor saldo a favor. De ahí entonces, que el ordenamiento tributario haya previsto para su realización, una serie de requisitos formales que se han de observar en el marco de la diligencia.

En ese sentido, para que efectivamente la diligencia de inspección tributaria se entienda realizada, el artículo 779 ibídem señala que ha de ocurrir: (i) la notificación personal o por correo del auto que la decreta, (ii) la inclusión dentro del auto en comento, de los hechos materia de prueba y nombres de los funcionarios comisionados para su verificación y (iii) la realización de un acta, que discrimine los hechos y pruebas examinadas, los resultados obtenidos, la fecha de cierre de la investigación y la firma de los funcionarios que adelantaron la diligencia. Cuando de la práctica de la inspección se derive una actuación administrativa, el acta constituirá parte de la misma.

Sobre la realización del acta en mención, tal y como se mencionó, la facultad concedida a la administración para decretar medios de prueba no está supeditada a la realización de una inspección tributaria.

Bajo esta premisa, en aquellos casos en donde la diligencia de inspección solo tiene lugar para recaudar pruebas, la realización del acta es más relevante, pues discriminará qué pruebas fueron practicadas dentro de la diligencia de inspección y como producto de las facultades concedidas en el artículo 779 del estatuto tributario. De este modo, las pruebas que se decreten y practiquen sin estar discriminadas en el acta de inspección, no pierden vocación probatoria pero no están llamadas a constituirse como supuesto de existencia de la diligencia misma.

Por otro lado, el acta también contiene el valor probatorio otorgado a las pruebas recaudadas en el marco de la diligencia, en la medida que el análisis resultante, constituye la base del posible acto administrativo a emitir y será parte de ese último.

Respecto de lo anterior, la tesis decantada por esta Corporación ha sido que no adjuntar el acta al requerimiento especial o acto que proceda, no trasgrede el derecho a la defensa reconocido al sujeto fiscalizado (sent. oct. 16/2014, exp. 19611, C.P. Jorge Octavio Ramírez). Sin embargo, la omisión en comento implica que el fundamento de la expedición del acto preparatorio, no proviene del análisis realizado sobre las pruebas practicadas por la administración en el marco de la inspección tributaria y por lo mismo, la diligencia no cumplió su finalidad.

Bajo ese marco normativo, la Sala juzga que son hechos probados en el sub lite, los que a continuación se exponen:

1. El día 29 de marzo de 2010, la división de impuestos de la Secretaría de Hacienda del Distrito de Cartagena de Indias, profirió Auto de Inspección Tributaria 059-10 (fl. 373, c.a.). En el auto en comento, se comisionó a la funcionaria FRANCHESCA LLANOS URIBE y DELCY JIMÉNEZ CÓRDOBA,

2. El día 12 de abril de 2010, la parte actora recibió en la dirección calle 32 # 4-65 Plaza de la Aduana, el Auto de Inspección Tributaria 059-10 (fl. 373, c.a.).

3. El día cuatro de junio de 2010, la administración expidió requerimiento ordinario de información 508-10, especificando allí, que se solicita información con el objetivo de dar por iniciada la inspección tributaria arriba indicada (fls. 371 y 372, c.a.).

4. El dos de febrero de 2011, la funcionaria DELCY JIMÉNEZ CARDONA, suscribió un informe contable y tributario, dirigido al grupo GAF, anexando cuadro en formato excel dando cuenta de los ingresos percibidos por la demandante en las demás jurisdicciones territoriales donde fungió como declarante del impuesto (fl. 89 y 90, c.a.).

5. El día tres de diciembre de 2010, la funcionaria DELCY JIMÉNEZ CARDONA, suscribió un informe contable y tributario, dirigido a los asesores jurídicos del distrito, dando cuenta de lo actuado a este momento (fl. 94, c.a.).

En esos términos, resta determinar si se entiende realizada la inspección tributaria ordenada por la Secretaria de Hacienda del Distrito de Cartagena y por ende, suspendido el término para notificar el respectivo requerimiento especial.

En primer lugar, la Sala juzga que el auto de Inspección Tributaria y Contable 059-10 del 29 de marzo de 2010, sí fue notificado y en él, estaban aclarados los hechos materia de prueba y nombres de los funcionarios comisionados para su verificación (fl. 373, c.a.). De esta forma, se han observado los dos primeros requisitos previstos en la norma respectiva para predicar la realización de la diligencia.

Sin embargo, no encuentra esta corporación fundamento alguno para decretar la existencia del acta de la que habla el artículo 779 del estatuto tributario. Lo anterior, en la media que: (i) los informes contables que reposan en el expediente no están suscritos por el funcionario comisionado en el auto de inspección tributaria; (ii) la fecha de suscripción de los mismos excede el término de duración de la diligencia previsto en el artículo 706 del estatuto tributario y (iii) si bien es cierto que hacen referencia a la solicitud de información arriba señalada, no contienen análisis probatorio alguno en la medida que no escrutan los hechos verificados durante la inspección, las pruebas practicadas en ella y la eficacia concedida a las mismas. Por el contrario, se trata de documentos y reportes de índole interno, al punto que obran como soporte de envío del expediente al grupo GAF y grupo de asesores jurídicos de la Secretaría de Hacienda del distrito. Adicionalmente, no se encuentran suscritos por los mismos funcionarios comisionados en el auto de inspección.

Todo lo anterior, a juicio de la Sala, es prueba de que la inspección decretada no se decretó para verificar un hecho en particular, sino que fungió como un mecanismo para recaudar pruebas y por consiguiente, el cumplimiento de los requisitos previstos por la norma para entender realizada la inspección debe ser más riguroso. De este modo, la no realización del acta por parte de la oficina de fiscalización del distrito de Cartagena, constituye un desconocimiento de los supuestos básicos que otorgan certeza sobre la realización de la inspección tributaria aquí escrutada.

De esta manera y atendiendo al hecho de que la Sala entiende que la inspección tributaria no se realizó en los términos descritos por el artículo 779 del estatuto tributario, el requerimiento especial fue proferido una vez la declaración presentada por la demandante ya había adquirido firmeza en los términos del artículo 705 del estatuto tributario, en la versión vigente para la época de los hechos.

2. De otro lado, es necesario recordar que la inspección tributaria no puede constituirse como mecanismo temerario para suspender el término de notificación del requerimiento especial y así evitar el acaecimiento de la firmeza de la declaración (sent., dic. 10/2015, exp. 21336, C.P. Martha Teresa Briceño). Esta premisa, guarda relación con lo señalado en líneas precedentes, en el sentido que la administración puede verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales sin necesidad de decretar inspecciones tributarias, según las voces del artículo 684 del estatuto tributario. Por lo mismo, y dados los efectos que surgen tras la realización de la diligencia de inspección, el respeto de las formas previstas para su práctica, ha de ser riguroso.

Lo dicho, parte de la premisa que a pesar de haberse conferido a la administración la facultad de verificar el cabal cumplimiento de los deberes sustanciales y formales, a través de la realización de procesos administrativos, su ejercicio es reglado y debe apegarse a los preceptos que rigen su ejercicio.

3. Por último, con relación a la condena en costas, el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece la regla de que en la sentencia el juez debe pronunciarse sobre la condena en costas, con excepción de los asuntos de interés público; y que la liquidación y ejecución de la eventual condena se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, la Ley 1564 de 2012 (CGP), dispone en el artículo 365, entre otras, las siguientes reglas:

(…).

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. (Se resalta).

En el presente asunto, se está ante la circunstancia prevista en el numeral octavo, toda vez que la Sala no advierte que las mismas se hayan causado. En consecuencia, no existe fundamento para su imposición.

Así las cosas, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada no está llamado a prosperar. En consecuencia, se confirma la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 22 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión, que declaró la nulidad de las resoluciones 34 de 7 de marzo de 2011 y la Nº AMC-RES-000443-2012 del 4 de abril de 2012 que resuelve un recurso de reconsideración y que a título de restablecimiento de derecho, ordenó dejar en firme la declaración de Impuesto de Industria y Comercio presentada por la Sociedad Banco BBVA Colombia S.A, correspondiente al año gravable 2007.

2. No condenar en costas a la parte vencida en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Magistrados: Milton Chaves García, Presidente de la Sala—Stella Jeannette Carvajal Basto—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.