Sentencia 2012-00052 de agosto 31 de 2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 680011102000201200052 02

Aprobado en Sala 85, de esta misma fecha

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Bogotá D.C., treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, y el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la consulta contra los fallos proferidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país, cuando las mismas no hayan sido apeladas.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio de 2015 y 372 del 26 de agosto de la misma anualidad, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. La competencia para disciplinar a los auxiliares de la justicia.

Antes de avanzar en el tema que aquí interesa, deberá la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿quiénes son auxiliares de la justicia? ¿Bajo qué normas sustantivas y procesales se debe adelantar la acción disciplinaria que la Ley 1474 de 2011, en su artículo 41, le ha atribuido a la jurisdicción disciplinaria? ¿Son los secuestres, auxiliares de la justicia? De ser así, ¿procede la multa de 1 salario mínimo?

Pues bien, en cuanto atañe a la competencia de esta jurisdicción disciplinaria para ejercer el control de esta naturaleza respecto de los auxiliares de la justicia, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, “[p]or la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, establece:

“ART. 41.—Funciones disciplinarias de la sala jurisdiccional disciplinaria del consejo superior de la judicatura. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia.”

Norma que modificó lo atinente al juez natural para el juzgamiento de los auxiliares de la justicia, asignándole a esta Jurisdicción la competencia para el ejercicio del control disciplinario de tales servidores, debiendo, entonces, analizarse los puntos precedentemente anunciados, en el siguiente orden:

2.1. ¿Quiénes son Auxiliares de la Justicia?

El artículo 8º del Código de Procedimiento Civil define a los auxiliares de la justicia como aquellos “oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad”, para lo cual se requiere “versación y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, título profesional legalmente expedido”. El mismo artículo, al hacer referencia a la remuneración para el desempeño del cargo, a través de honorarios, entendidos como una equitativa retribución del servicio, y al prohibir que se grave en exceso a los usuarios de la Administración de Justicia, permite inferir, razonablemente, que se trata —en principio— de particulares que colaboran en la función de administración judicial.

Por otra parte, los artículos 9º, 9A, 10 y 11 del C. de P. C., conforme fuera modificado por las leyes 446 de 1998 (arts. 2º, 3º, 6º y 10) y 794 de 2003, art. 3º, se ocupa de lo atinente a la designación; calidades; causales de exclusión de la lista; y sanciones a las que se hacen acreedores estos servidores.

Dentro de las causales de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia, el artículo 9A del código adjetivo contempla, por ejemplo, “a quienes como secuestres, liquidadores, o curadores con administración de bienes, no hayan rendido oportunamente cuentas de su gestión, o cubierto el saldo a su cargo, o reintegrado los bienes que se le confiaron o los haya utilizado en provecho propio o de terceros, o se les halle responsables de administración negligente”.

Ahora bien, el artículo 85 de la Ley 270 de 1996, relativo a las funciones atribuidas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en su numeral 21, le confió a ésta la tarea de “[e]stablecer el régimen y la remuneración de los auxiliares de la justicia”. Norma en virtud de la cual, se expidió el Acuerdo 1518 del 28 de agosto de 2002, “[p]or medio del cual se establece el régimen y los honorarios de los auxiliares de la justicia”, donde se regula lo atinente a la naturaleza, definición y principios que rigen para dicho cargo; el proceso de inscripción y forma de elaboración de las listas de auxiliares; sus requisitos y causales de no inclusión; las causales de exclusión y régimen de incompatibilidades; el catálogo de derechos y deberes; etc.

Para el asunto que aquí interesa clarificar, nótese cómo, el citado reglamento, se refiere a que los auxiliares de la justicia pueden ser personas naturales o jurídicas, y que éstas últimas pueden ser de naturaleza privada opública(16).

Por tanto, queda claro que los auxiliares de la justicia son colaboradores de la administración de justicia, que pueden ser personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, cuyo régimen está reglado tanto en el Código de Procedimiento Civil como en el Acuerdo 1518 de 2002, conforme a las competencias atribuidas por el artículo 85.21 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Dicho régimen —que comprende el ámbito disciplinario— tuvo una variación con la reciente expedición y entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, atinente al juez disciplinario, que lo era el juez de conocimiento en cada caso y que, ahora, será función que debe cumplir la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, o sus Salas homólogas Seccionales, según el caso.

2.2. ¿Bajo qué normas sustantivas y procesales se debe adelantar la acción disciplinaria que la Ley 1474 de 2011, en su artículo 41, le ha atribuido a la jurisdicción disciplinaria?

Según quedó dicho al inicio de este acápite, el artículo 41 de la Ley 1471 de 2011 estableció que corresponde a esta jurisdicción disciplinaria, examinar la conducta y sancionar las faltas de los auxiliares de la Justicia. No cabe duda, entonces, que es a esta jurisdicción a quien, a partir de la vigencia de la ley últimamente citada, corresponde fungir como juez natural de los auxiliares de la justicia. Sin embargo, en lo atinente a las normas sustantivas y procesales bajo las cuales debe cumplirse esa función de control disciplinario, ante el silencio de la nueva ley sobre el punto, cabe preguntarse si se requiere de otra ley que regule esas materias o si, por el contrario, existen en el ordenamiento jurídico normas suficientes para dar plena garantía a los principios inherentes al derecho fundamental al debido proceso, habida cuenta que “[n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, según ordena el inciso segundo del artículo 29 de la Carta Política.

Pues bien, a la luz del principio del efecto útil de la norma, en virtud del cual, las normas deben interpretarse buscando que cumplan su finalidad, considera la Sala que en nuestro universo normativo encontramos, para el asunto que aquí interesa, tres tipos de normas contentivas de regímenes disciplinarios, todos los cuales permitirían dar plena vigencia al mandato contenido en el canon 41 de la Ley 1474 de 2011, a saber: i) la Ley 1123 de 2007 para el ejercicio del control disciplinario de los abogados, habida cuenta que, precisamente, los profesionales del derecho, en su función social, son —de manera análoga a los auxiliares de la justicia— colaboradores de la administración de justicia; ii) la Ley 734 de 2002, atendiendo a la función pública que, de manera transitoria, cumplen los auxiliares de la justicia; o, iii) el bloque normativo integrado por las normas del Código de Procedimiento Civil y por el Acuerdo 1518 de 2002, relativo al régimen de los auxiliares de la justicia, en la medida en que, como se dijo, allí se prevén las faltas en que pueden incurrir estos servidores, lo mismo que las sanciones correlativas a ellas.

Decidir con cuál de esas normas o conjuntos normativos se debe ejercer por parte de esta jurisdicción el control disciplinario de los auxiliares de la justicia resulta trascendental para el caso sub análisis.

El debido proceso está establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, es de aplicación inmediata y está instituido para proteger a las personas contra los abusos y desviaciones de las autoridades, originadas no sólo de la actuaciones procesales, sino en las decisiones que adopten y puedan afectar injustamente los derechos e intereses legítimos de aquellas:

ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

De igual manera es un derecho de estructura compleja, que se compone de un conjunto de reglas y principios que, articulados, garantizan que la acción del Estado no resulte arbitraria. Así por ejemplo, el derecho a la legalidad, el principio de la no reformatio in pejus, el principio de la favorabilidad, el principio del juez natural, el principio de presunción de inocencia, el derecho a la defensa o el derecho a la prueba.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho al debido proceso, concluyendo que el incumplimiento de las normas que rigen cada proceso administrativo o judicial, genera una violación y un desconocimiento del mismo, pues:

“Como es sabido, el debido proceso es un derecho constitucional fundamental, consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual lo hace extensivo “a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. La misma jurisprudencia ha expresado, que el respeto al derecho fundamental al debido proceso, le impone a quien asume la dirección de la actuación judicial o administrativa, la obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento previamente establecido en la ley o en los reglamentos, “con el fin de preservar las garantías —derechos y obligaciones— de quienes se encuentran incursos en una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una sanción.

(...).

En este sentido, el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos. Según lo ha destacado este Tribunal, el derecho al debido proceso tiene como propósito específico “la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1º y 2º de la C.P)”(17).

Así las cosas, toda actuación tanto de funcionarios judiciales como de autoridades administrativas, deben observar y respetar los procedimientos previamente establecidos para preservar las garantías que buscan proteger los derechos de quienes están involucrados en una situación o relación jurídica, cuando dicha actuación, en un caso concreto, podría conducir a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una sanción.

Caso concreto

De conformidad con la sentencia proferida el 6 de mayo de 2016, por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander(18), por medio de la cual se sancionó al señor Luis Alejandro Díaz Ordóñez, en su calidad de auxiliar de justicia, con la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia, vigente para la época de los hechos, por falta contra las obligaciones señaladas en el literal i) del numeral 4º del artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, en razón a la trasgresión del numeral 3º del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, en concordancia con el numeral 2º del artículo 29 del Acuerdo 1518 del 28 de agosto de 2002, calificada a título de culpa; dada la compulsa del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, para que se investigara la conducta de los Auxiliares de la Justicia Luis Alejandro Diaz Ordóñez y Jorge Humberto Galvis Cote, quienes habiendo sido designados al interior del proceso 200800279, como promotores una vez posesionados no cumplieron con el encargo.

Una vez hecho el análisis por parte de la Sala, encuentra que el disciplinable efectivamente incurrió en la falta en la medida que de conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, que dispone que dentro del plazo asignado por el Juez del Concurso, el cual no podrá ser inferior a 20 días ni superior a los 2 meses, era su deber presentar el Proyecto de Calificación y Graduación y derecho de voto al interior del proceso, en concordancia con el numeral 2º del artículo 23 del Acuerdo 1518 del 28 de agosto de 2002, que le imponía una vez posicionado, rendir el dictamen y o presentar el proyecto dentro de los términos establecidos para el efecto lo que sin duda entorpeció el curso normal del proceso, adicionalmente y como complementario se tiene que el literal i) del numeral 4º del artículo 9º del Código de Procedimiento Civil que en su parte pertinente determina: “A quien sin causa justificada (...), no ejercieren el cargo de Auxiliar o colaborador de la justicia para el que fueron designados; (...), nos indican que efectivamente incumplió el deber para el cual se había comprometido, que era entregar el dictamen de la gradación de los créditos y el derecho a voto dentro del proceso, situación que no realizó ni aún en la prorroga que le concedió el juez para adelantarla, por lo tanto se le debe endilgar falta disciplinaria, como acerbamente lo atribuyó el a quo y por tal razón debe confirmarse.

El auxiliar asumió el 27 de abril de 2011, pidió prorroga el 1º de julio y el 2 de septiembre tuvo que ser relevado por incumplimiento total de la misión encomendada, hechos tozudos y que indican la irresponsabilidad con la que actuó el promotor dentro del tema bajo su responsabilidad.

En cuanto a la culpabilidad, esta está demostrada con su decidía y dejadez con que actuó al no cumplir con el encargo encomendado, esa negligencia hace que su conducta sea atribuida con culpa, y por tal razón debe ser confirmada.

No queda duda alguna para esta Sala que la afectada principal es la administración de justicia, pues se afectaron los principios de celeridad y eficiencia que son los pilares fundamentales con que se edifica la justicia y adicionalmente el hecho de que se afectan a las personas que conforman el litigio, ya que se tornan plazos interminables para la definición de un asunto que como es este caso ha sucedido, por la actitud negligente de un auxiliar de la justicia.

Que es un particular que cumple funciones publica ocasionales.

La Sala después de hecho el análisis del material probatorio recaudado y estudiado en su integridad encuentra que efectivamente se trata de un particular que ejerció sus funciones como Promotor en funciones de auxiliar de justicia transitorio, sin embargo dichos servidores siguen cobijados bajo el régimen disciplinario contemplado en la Ley 734 de 2002, en cuanto a normas de procedimiento no sin embargo en cuanto a las eventuales faltas cometidas, pues estas están contempladas en el respectivo régimen civil que indica tanto los comportamientos como las sanciones a imponer, por lo tanto las afirmaciones e interpretación del disciplinado sobre las mismas no serán atendidas por cuanto no corresponden al régimen a aplicar a este tipo de servidores.

Que la falta fue levísima.

Al revisar el proceso esta Sala encuentra que efectivamente el servidor transitorio, en calidad de auxiliar de la justicia, en funciones de Promotor, se comprometió para con el juzgado a establecer la graduación de créditos labor que aceptó el 27 de abril de 2011, tenía un plazo de 20 días para realizar su trabajo, sin embargo, el 1º de julio de 2011, solicitó prórroga para entregar el respectivo informe, el cual fue concedido por 20 días hábiles más, el 2 de septiembre fue relevado de su cargo por no haber cumplido con su labor, lo anterior indica que no solo fue negligente en cumplimiento de su labor , sino que no la realizó no presentó ningún tipo de argumento frente al juzgado a tal punto que hubo que relevarlo del cargo, situación que no puede calificarse de manera distinta a culposa, pues de una parte afectó la imagen de la justicia al no cumplir con la labor a la que se comprometió, sino que de contera afectó a las personas que esperaban se definiera el asunto por parte de la justicia.

Al tener el carácter de leve no puede ser una falta gravísima.

Para esta Colegiatura el hecho de comprometerse a adelantar una labor y no ejercerla o dejarla al garete, muestra que el auxiliar de la justicia no solo no cumplió con el cometido de realizar la graduación de los créditos, sino que denotó su decidía y desinterés en la misma, conducta que todas luces contraria a derecho y que debe ser motivo de reproche por parte del Estado a quienes como el caso en estudio van en contra de la celeridad y eficiencia que son pilares fundamentales en los tramites judiciales en la administración de justicia, por tal razón se despacha de forma desfavorable.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de mayo de 2016, por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, por medio de la cual se sancionó

al señor Luis Alejandro Díaz Ordóñez, en su calidad de Auxiliar de Justicia, con la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia, vigente para la época de los hechos, por falta contra las obligaciones señaladas en el literal i) del numeral 4º del artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, en razón a la trasgresión del numeral 3º del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, en concordancia con el numeral 2º del artículo 29 del Acuerdo 1518 del 28 de agosto de 2002, calificada a título de culpa, con fundamento con las motivaciones plasmadas en ésta providencia.

2. REMITIR copia del presente fallo a la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con constancia de su ejecutoria, para efectos de su anotación.

3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen, previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase».

16 El Acuerdo 1518 de 2002 fue demandado ante el Consejo de Estado, por supuesta falta de competencia o extralimitación de la entidad demandada en su facultad reglamentaria, pero la Sección Primera, en sentencia del 09 de septiembre de 2004, no accedió a la misma, avalando la legalidad del acto demandado, al considerar que “no hay incompetencia o desbordamiento de la atribución reglamentaria que al respecto le asigna la ley, que por cierto es la Estatutaria de la Administración de Justicia. En consecuencia, sin necesidad de mayores consideraciones, la Sala concluye que los cargos son infundados, de donde habrá de negar las pretensiones de la demanda”. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Exp. 8487, CC.PP. Drs. Rafael Ostau de Lafont P. y Manuel S. Urueta Ayola.

17 Corte Constitucional, Sentencia C – 980 de 1º de diciembre de 2010, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

18 Sala Integrada por los Magistrados Juan Pablo Silva Prada (ponente) y Carmelo Tadeo Lozano Mendoza.