Sentencia 2012-00056 de abril 19 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Julio Roberto Piza Rodríguez

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018).

Ref.: Nulidad y restablecimiento del derecho

Rad.: 13001-23-33-000-2012-00056-01 (20877)

Demandante: M.V.C. S.A.

Demandado: UAE-DIAN

Tema: Renta 2007. Firmeza de la declaración. Suspensión del término para notificar el requerimiento especial por efecto de inspección tributaria decretada de oficio.

Sentencia de segunda instancia

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, le corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la sentencia de primera instancia con la cual se declaró la nulidad de los actos acusados.

Concretamente, se debate si la inspección tributaria decretada en el marco del procedimiento de revisión administrativa de la declaración del impuesto sobre la renta de la demandante tuvo el efecto de suspender, por tres meses, el término para la notificación oportuna del requerimiento especial que impide que quede en firme la autoliquidación del tributo.

2. Al respecto se debe considerar que, por mandato del artículo 703 del estatuto tributario, antes de proferir la liquidación oficial de revisión, la administración debe expedir, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar, con la explicación de las razones en que se sustenta. El término para notificarlo está regulado en el artículo 705 del estatuto tributario que, en la versión vigente para el momento de ocurrencia de los hechos objeto de enjuiciamiento, establecía como regla general un plazo de dos años que comenzaría a correr, según el caso, (i) desde el vencimiento del término para declarar, si la declaración a revisar se hubiere presentado oportunamente; (ii) desde la fecha de la presentación de la declaración, si se tratara de una declaración extemporánea; o (iii) desde la fecha de la solicitud de devolución o compensación del saldo a favor.

Sin embargo, por disposición expresa del artículo 706 de la misma codificación, el plazo para notificar el requerimiento especial se suspende cuando se practique una inspección tributaria dentro del procedimiento de revisión de la declaración. En el caso de que la prueba sea decretada de oficio, la suspensión será por el término de tres meses, contados a partir de la fecha de la notificación del auto que la decrete.

El alcance de la mencionada causal de suspensión del plazo para notificar el requerimiento especial ha sido aclarado suficientemente por la jurisprudencia de esta Sección, en particular, en cuanto obedece a dos cuestiones. En primer lugar, el momento a partir del cual se entiende suspendido el término para notificar el requerimiento especial y, en segundo lugar, los requisitos necesarios para que, efectivamente, opere la suspensión del término para notificar el requerimiento especial.

En la sentencia del 26 de marzo de 2009, dictada en el expediente 16727 (C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia), se manifestó que “ante la claridad del texto de la disposición no cabe interpretación distinta a la de que el término de notificación del requerimiento especial se suspende a partir de la fecha de la notificación del auto que la decrete por un lapso fijo de 3 meses, no prorrogable pero tampoco sujeto a disminución”, jurisprudencia que descarta de plano la posibilidad de que se entienda que el término se suspende en el momento en el que inicie la práctica de la diligencia.

Y, por cuanto se refiere a los requisitos exigidos para que opere la suspensión de términos cuando se ha decretado de oficio la práctica de la prueba, la Sección señaló en la misma sentencia que “no es la simple notificación del auto que ordena la inspección tributaria la que permite que opere la mencionada suspensión, pues es necesario que la práctica de la prueba sea real, es decir que durante el término en cuestión los funcionarios comisionados efectivamente realicen el levantamiento de al menos una diligencia acorde con lo establecido en el artículo 779 estatuto tributario”.

Así, es jurisprudencia reiterada de esta corporación que la condición para que opere la suspensión del término con que cuenta la administración para notificar el requerimiento especial por efecto de que se decrete de oficio la práctica de una inspección tributaria viene a ser que dentro de los tres meses que prosiguen a la notificación del auto que decreta la inspección tributaria se lleve a cabo alguna diligencia en desarrollo de dicha inspección. De suerte que si las actuaciones para el cumplimiento de la inspección tributaria tienen lugar pasados tres meses desde la notificación del auto que la decretó, la administración mantiene la competencia para efectuarla (y por tanto puede tener en cuenta las pruebas que recaude en el marco de la inspección para adoptar la decisión que corresponda), no obstante que no operará la suspensión del término para notificar el requerimiento especial prevista por el artículo 706 del estatuto tributario.

3. Al respecto, los hechos que se encuentran probados en el expediente son:

(i) El 24 de abril de 2008, la demandante presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2007, declaración que cumplía requisitos para acceder al beneficio de auditoría establecido en el artículo 689-1 del estatuto tributario (fl. 57, cdno. a.).

(ii) El 25 de julio de 2008, la DIAN le notificó a la demandante el requerimiento ordinario Nº 901626, relativo a la declaración antes mencionada y le otorgó un término de 15 días siguientes a la notificación para allegar la información solicitada (fl. 68, cdno. a.).

(iii) El 30 de julio de 2008, la DIAN le notificó a la demandante por correo el auto de inspección tributaria decretada de oficio Nº 060632008000195, en el cual designó a los funcionarios que se encargarían de verificar la exactitud de la declaración de renta de 2007 (fl. 69, cdno. a.).

(iv) El 11 de agosto de 2008, la sociedad actora respondió el requerimiento ordinario que se le notificó el 25 de julio del mismo año (fl. 98 a 203, cdno. a.).

(v) El 15 de octubre de 2008, la DIAN expidió el emplazamiento para corregir Nº 060632008000114, notificado por correo a la demandante el 20 de octubre de 2008 (fl. 204 y 205, cdno. a.).

(vi) El 9 de marzo de 2010, los funcionarios designados en el auto de inspección tributaria notificado del 30 de julio de 2008, realizaron visita en las instalaciones de la sociedad demandante, según consta en el acta levantada ese mismo día (fl. 206, cdno. a.).

(vii) El 23 de julio de 2010, la DIAN le notificó por correo a la demandante el Requerimiento Especial Nº 062382010000111, con el cual le planteó modificar el contenido de la declaración de renta del año 2007 (fls. 173 a 185, cdno. a.).

(viii) El 20 de agosto de 2010, la demandante respondió el requerimiento especial (fls. 237 a 465, cdno. a.).

(ix) El 25 de abril de 2011, la DIAN expidió la Liquidación oficial de revisión Nº 062412011000048, notificada por correo a la demandante el mismo día, con la cual modificó la declaración de renta del año 2007 (fls. 446 a 484, cdno. a.).

(x) La liquidación oficial de revisión fue confirmada por medio de la Resolución 900.047, del 15 de mayo de 2012, con ocasión del recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad contribuyente (fls. 485 a 553, cdno. a.).

4. A la luz de esos hechos, la Sala debe establecer cuál era el plazo con el que contaba la Administración para notificar válidamente el requerimiento especial, y si la inspección tributaria decretada de oficio tuvo el efecto de suspender el término para notificar el requerimiento especial, del modo en que lo contempla el artículo 706 del estatuto tributario.

En primer lugar, se precisa que el beneficio de auditoría regulado en el artículo 689-1 del estatuto tributario, no se materializó respecto de la declaración presentada por la declarante, habida cuenta de que fue enervado con ocasión de la notificación, el 15 de octubre de 2008, del emplazamiento para corregir. En consecuencia, el término de firmeza de la declaración objeto de revisión pasó a ser el general previsto en el artículo 714 del estatuto tributario, de dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar renta, si la declaración se hubiera presentado oportunamente, o desde la presentación de la declaración, si se hubiera presentado por fuera del plazo.

Revisado el Decreto 4818, del 14 de diciembre de 2007, por el cual se fijaron los lugares y plazos para la presentación de los declaraciones de impuestos nacionales durante el año natural 2008, la Sala observa que el artículo 13 dispuso que el vencimiento del plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2007, para las personas jurídicas cuyo último dígito del NIT fuera 8, como es el caso de la demandante, era el 24 de abril de 2008, fecha en la que la sociedad actora presentó la declaración. Por tanto, con fundamento los artículos 705 y 714 del estatuto tributario, el término con el que contaba la DIAN para notificar válidamente el requerimiento especial relativo a la declaración de renta del año 2007 corría hasta el 24 de abril de 2010; pero debido a que el 15 de octubre de 2008 se le notificó a la demandante el emplazamiento para corregir la declaración, el término al que nos referimos quedó suspendió por un mes, y se extendió hasta el 24 de mayo de 2010.

Ahora bien, en cuanto tiene que ver con la notificación del auto que decretó la práctica de la inspección tributaria, es claro que por lo dispuesto en el artículo 706 del estatuto tributario tenía la vocación de suspender por tres meses más el término dentro del cual debía expedirse y notificarse el requerimiento especial, esto es hasta el 24 de agosto de 2010, pero finalmente no se materializó ese efecto porque, como se especificó antes, se requiere, a más de la notificación del auto por medio del cual se decreta la práctica de la inspección tributaria, que se inicien las diligencias que conlleva la prueba decretada dentro de los tres meses siguientes a la notificación del auto que la decreta; y en el caso está probado que solo hasta el 9 de marzo de 2010, es decir casi dos años después de ordenada la inspección tributaria, la DIAN materializó la diligencia con la visita realizada a las instalaciones de la sociedad por parte de los funcionarios designados, según da cuenta el acta de la visita levantada ese mismo día.

Es pertinente señalar a estos efectos que las consultas y revisión de información del contribuyente hechas por los funcionarios en las bases de datos de la entidad oficial constituyen una verificación o cruce de información, independiente de los hechos que debían establecerse mediante la inspección.

En conclusión, el plazo dentro del cual la DIAN debía notificar válidamente el requerimiento especial respecto de la declaración de renta del año 2007 corría hasta el 24 de mayo de 2010, de conformidad con los artículos 706 y 714 del estatuto tributario, pese a lo cual el requerimiento especial fue notificado el 23 de julio de ese año. Corolario de lo anterior, la declaración tributaria adquirió firmeza antes de que se surtiera la notificación del requerimiento especial, por lo que este no surtió el efecto jurídico de modificarla.

Por las anteriores razones, no proceden los cargos de apelación y debe confirmarse la nulidad de los actos demandados establecida por el a quo.

5. Finalmente, para decidir sobre las costas en segunda instancia, se considera lo siguiente:

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo determina que la liquidación y ejecución de la eventual condena en costas se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), dispone en el numeral octavo del artículo 365, entre otras que:

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

En el caso concreto, no aparece ningún elemento de prueba en esta instancia de las costas solicitadas. En consecuencia, no existe fundamento para su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 22 de agosto de 2013, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por M.V.C. S.A. contra la UAE-DIAN.

2. ACEPTAR la renuncia al poder otorgado por la UAE-DIAN a la abogada Clara Patricia Quintero Garay.

3. RECONOCER personería al abogado Mauricio Alexander Dávila Valenzuela, como apoderado de la parte demandada, en los términos del poder que obra en el folio 284.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

Consejeros: Milton Chaves García, Presidente de la Sala—Stella Jeannette Carvajal Basto—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez».