Sentencia 2012-00058/20623 de febrero 20 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 54001 23 33 000 2012 00058 01

Nº Interno: 20623

Consejero Ponente (E):

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Asunto: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Santiago Antonio Reyes Prada

Demandado: U.A.E. DIAN

Impuesto sobre la renta año gravable 2007

Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones de la Sala

3.1. Problema jurídico.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 5 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.

En concreto, determina si proceden el rechazo de costos y la sanción por inexactitud de que dan cuenta los actos que modificaron la declaración de renta presentada por el actor por el año gravable 2007.

En el presente asunto se formulan cargos de orden procedimental y sustancial. En torno al procedimiento, la Sala determina si se violó el debido proceso del actor porque (i) la DIAN no lo vinculó en la práctica de los testimonios recibidos en la etapa preliminar de investigación; (ii) no pudo controvertir las pruebas trasladadas; (iii) se le inició investigación, con base en el acta del Comité de Denuncias, sin tener en cuenta el resultado del análisis de la información exógena entregada por él; (iv) existe contradicción sobre cuándo se inició la investigación contra el actor: si el 29 de septiembre de 2008, por la denuncia de terceros, o el 9 de septiembre de 2008, por decisión del Comité de Denuncias de la DIAN y (v) el Tribunal no tuvo en cuenta cuando se le notificó el requerimiento especial (3 de junio de 2010), la información exógena del año gravable 2007 aún no aparecía en el expediente de fiscalización.

En lo referente al aspecto sustancial, la Sala precisa si existió falsa motivación de los actos demandados porque, en criterio del demandante, los costos rechazados existieron y se probaron adecuadamente. En caso negativo, determina si procedía la estimación de costos presuntos en los términos del artículo 82 del E.T. Además, si procedía la sanción por inexactitud.

3.2. De la violación al debido proceso.

3.2.1. De la falta de publicidad de los testimonios.

El actor alega que la DIAN le violó el debido proceso porque no lo vinculó a la práctica de los testimonios recibidos en la etapa preliminar de investigación.

Conforme con el artículo 750 del E.T., las informaciones suministradas por terceros son prueba testimonial y están sujetas a los principios de publicidad y contradicción(19). La Sala ha precisado que la oportunidad para que el contribuyente controvierta las pruebas recaudadas en la etapa preliminar de la investigación, como sucedió en este caso, es la que sigue al requerimiento especial, en la medida en que esta actuación constituye el medio de vinculación formal del contribuyente al proceso de fiscalización.

Sobre el particular, la Sala lo precisó lo siguiente(20):

“El requerimiento especial así concebido opera como requisito previo a la liquidación oficial de revisión y marca el inicio de la actuación administrativa dirigida a formularla, con la consiguiente obligación de vincular a los sujetos afectados por la misma, a través de su debida y oportuna notificación en los términos del artículo 705 ejusdem. Antes de ello esa vinculación no tiene lugar, pues, en estricto sentido, no existe actuación tributaria individualizada respecto de la cual tales sujetos deban defenderse, ya que, se insiste, solo el requerimiento especial concreta la propuesta de modificación y particulariza al contribuyente que debe atenderla”.

Es de anotar que en la respuesta al requerimiento especial, el actor se refirió a varios de los testimonios practicados por la DIAN, que, en su mayoría, coincidieron en que no lo conocían. Sin embargo, ni en esa oportunidad ni en la oportunidad para recurrir la liquidación oficial de revisión, el actor presentó pruebas o solicitó la práctica de contrainterrogatorios.

Lo anterior pone en evidencia que la DIAN garantizó al actor el debido proceso en relación con los testimonios practicados en la etapa preliminar de la investigación.

3.2.2. Del traslado de pruebas que no fueron controvertidas por el actor.

Asegura el actor que la DIAN le violó el debido proceso porque, por auto de 28 de mayo de 2010, ordenó el traslado de unas pruebas que no tuvo oportunidad de controvertir.

La Sala encuentra que estas pruebas corresponden a la información exógena del año 2007, que el mismo actor suministró a la DIAN y que hacían parte del expediente abierto por esta para verificar el cumplimiento del deber de informar en medios magnéticos por el año 2007. Por lo anterior, la DIAN no requería poner las pruebas en conocimiento del actor, pues provenían de él y fue el actor quien las proporcionó a la DIAN(21).

3.2.3. De la apertura de la investigación sin el análisis de información exógena del año gravable 2007.

El actor cuestiona que se le violó el debido proceso porque se le inició investigación con base en la decisión del Comité de Denuncias de 9 de septiembre de 2008 y el Comité no tuvo en cuenta el análisis de la información exógena del año gravable 2007, de 11 de septiembre de 2008(22).

El acta del Comité de Denuncias de la DIAN prevé lo siguiente(23):

“Acta de comité de denuncia de terceros # 06

FECHA: Septiembre 9 de 2008

HORA: 11:00 AM

LUGAR: Despacho del Administrador de Impuestos

(...)

22. Denuncia recepcionada contra el señor Santiago Antonio Reyes Prada NIT. 13.484.926, donde la División de Gestión y Asistencia al Cliente informa que atendidos los contribuyentes citados como omisos por el año 2006 se han obtenido respuestas donde manifiestan los contribuyentes que no están obligados a declarar y niegan la relación comercial con el informante Santiago Antonio Reyes Prada. Igualmente hacen entrega del oficio enviado por el contribuyente que los reporta en donde se reconoce que erróneamente los informó pero procederá a corregir la información por él reportada, información que se refiere a los costos declarados por él en su declaración de renta año gravable 2.006.

Revisada la declaración de renta año 2006 del contribuyente Santiago Antonio Reyes Prada esta se encuentra en firme, por haberse acogido esta al beneficio de auditoría. Igualmente se observa que la declaración de renta del año gravable 2007 se encuentra también acogida al beneficio pero al analizar la información exógena del año gravable 2006 con la información exógena presentada por el año gravable 2007, aparecen reportados nuevamente algunos de los denunciantes que informaron no haber tenido en ningún momento relaciones comerciales con el denunciado. Permitiendo este hecho presumir que los costos declarados en su denuncio rentístico correspondiente al año gravable 2007 no son procedentes.

Por lo anterior el Comité decide que al evidenciar que el Contribuyente Reyes Prada se encuentra por el año 2007 incurso en el mismo reporte erróneo de proveedores que por el año 2006 y teniendo en cuenta que la declaración de renta por el año gravable 2006 se encuentra en firme, se deben efectuar algunos preliminares por el año 2007, entre otros los siguientes:

— Citación de los proveedores que se encuentran inscritos en el Rut con el fin de tomarles declaración juramentada respecto de las transacciones comerciales efectuadas con el Sr. Reyes Prada durante el año gravable 2007.

— En efecto a los proveedores que no se encuentran inscritos cruzar los mismos con la base de datos de la Registraduría Nacional con el fin de determinar posibles irregularidades, como por ejemplo que no coincidan las cédulas con las expedidas por esta, que las personas reportadas sean personas fallecidas antes de haberse realizado las operaciones, etc.

En fin de los preliminares que ha (sic) bien tenga realizar la División de Fiscalización con el fin de poder obtener los indicios necesarios para aperturar o no investigaciones por el año 2007.

Que si del resultado de los preliminares existen indicios graves de la ocurrencia de haberse informado un costo irreal se entenderá que el contribuyente Santiago Antonio Reyes Prada con NIT 13.484.926 se encuentra seleccionado por el impuesto de renta del año gravable 2007 dentro del programa de Denuncias de Terceros” (Se destaca).

En la Liquidación Oficial de Revisión, la DIAN explicó que cometió un error de transcripción porque la fecha del acta es el 19 de septiembre de 2008 y no el 9 de septiembre de 2008(24).

La Sala precisa que independientemente de la fecha del acta del Comité, lo importante es que por tratarse de una investigación preliminar, bien podía la DIAN, con base en la información que tenía hasta ese momento, ordenar la apertura de la investigación al actor. Ello, con fundamento en el artículo 684 del E.T. pues esta norma le confiere amplias facultades de investigación para asegurar el cumplimiento de las normas sustanciales, para lo cual puede “[a]delantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias (literal b) y en general, “efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos” (literal f).

Por lo demás, en caso de que la DIAN encuentre que la actuación del contribuyente se adecúa a la ley, ordenará el archivo del expediente y, en caso contrario, continuará la investigación y, si a ello hay lugar, proferirá el requerimiento especial, mediante el cual, como se precisó, se vincula formalmente al contribuyente al proceso de fiscalización para modificar la declaración privada.

Frente a la facultad de la Administración para seleccionar los presuntos infractores tributarios que serán investigados y definir los tributos y períodos que serán materia de investigación, la Sala precisó lo siguiente(25):

“[…] con fundamento en el artículo 684 del Estatuto Tributario(26), la Administración puede adelantar las investigaciones que estime convenientes para el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. En ese orden de ideas, la facultad de fiscalización es de carácter discrecional, en la medida en que permite seleccionar los presuntos infractores tributarios que serán investigados y definir los tributos y períodos que serán materia de revisión(27).

En ese sentido, si la Administración considera que la información y pruebas suministradas por terceros deben ser verificadas, cuenta con la facultad legal para hacerlo y es la constatación de la posible infracción tributaria la que da inicio al procedimiento administrativo a que haya lugar, dependiendo si el caso es de aforo, revisión o corrección de declaraciones(28) o de imposición de sanciones.

Así pues, la denuncia como tal no da inicio a la actuación administrativa, pues la Administración debe verificar su veracidad, esto es, si existe fundamento para investigar al contribuyente.

Por lo mismo, la autoridad tributaria no está obligada a dar a conocer la denuncia al contribuyente para poder fiscalizarlo. Ello no se opone al debido proceso, pues la verificación de los hechos que se denuncian se debe basar en pruebas que el contribuyente debe conocer y controvertir. No prospera el cargo” (Se destaca).

Por lo anterior, la DIAN no incurrió en ninguna irregularidad procedimental ni violó el debido proceso del actor.

3.2.4. Supuesta contradicción sobre cuándo se inició la investigación contra el actor.

Para el actor, la DIAN se contradijo al señalar cuándo se inició la investigación: si el 29 de septiembre de 2008, por la denuncia de terceros, o el 9 de septiembre de 2008, por decisión del Comité de Denuncias de la DIAN.

No obstante, como se advierte en el análisis del cargo anterior, el actor acepta que la investigación se inició por la decisión del Comité de Denuncias de la DIAN, de 9 de septiembre 2008, pues dicha entidad encontró posibles inconsistencias en las declaraciones de renta de los años 2006, que estaba en firme, y 2007.

Por lo demás, en este caso es indiferente si la investigación se inició como consecuencia de la denuncia de terceros o de la decisión del Comité de Denuncias de la DIAN, que finalmente son cercanas en el tiempo, pues lo cierto es que, como se precisó, en desarrollo de las amplias facultades de investigación, la demandada encontró irregularidades en la declaración de renta del año gravable 2007 y vinculó al actor formalmente al actor al proceso de fiscalización, con la notificación del requerimiento especial.

3.2.5. De si el requerimiento especial tuvo en cuenta la información exógena del año gravable 2007.

El actor alega que el requerimiento especial se notificó antes de que se trasladara al expediente de fiscalización la información exógena del año gravable 2007.

La Sala precisa que no asiste razón al demandante, pues para proferir dicho acto la DIAN tuvo en cuenta la información exógena del actor por el año gravable 2007, que se trasladó del expediente que se le inició por el incumplimiento del deber de informar al expediente de fiscalización.

En efecto, mediante correo electrónico de 23 de junio de 2009, el Jefe de la División de Gestión de Fiscalización Tributaria solicitó a la Subdirección de Tecnología de Información y Telecomunicaciones de la DIAN el suministro de la información exógena inicial y corregida por el actor respecto del año gravable 2007(29). La respuesta a esta solicitud se efectuó mediante correo de 30 de julio de 2009, al que se adjuntó el archivo “13484926.zip de 1.2 M”, con la información exógena presentada por el actor por el año gravable 2007 y cuya impresión se encuentra en el expediente(30).

Además, en el requerimiento especial, notificado el 3 de junio de 2010, la DIAN hizo referencia a la información en medios magnéticos entregada por el actor por el año gravable 2007 de la siguiente forma(31):

“Procediéndose a comparar la información rendida por el contribuyente en medios magnéticos por el año 2007 inicial y corrección, se determina que las cédulas de sus proveedores siguen siendo los mismo (sic), pero cambian los nombres de las personas tal como se observa en la hoja de trabajo efectuada y que reposa en los folios 600 al 629 del expediente.

Por ejemplo la cédula número, 60.356.194 que fue informada inicialmente con el nombre de Barbosa Araque Nelly, en la corrección figura con la cédula número 60.356.194 Andrade Andrade María Nilse.; la cédula número 88.275.655 que había sido informado a nombre de Eslava Castro Regan, en la corrección se informó con el nombre de Rodríguez Pérez Gustavo, la cédula número 88.199.454 que fue informado inicialmente Aro Nelson, en la corrección informa el nombre Sánchez Domingo”.

Conforme con lo anterior, no es cierto que el requerimiento especial no tuvo en cuenta la información exógena del año gravable 2007, presentada por el actor en las versiones inicial y corregida, pues esta se trasladó al proceso de fiscalización antes de la expedición de dicho acto y el análisis de dicha información se incorporó al requerimiento.

El correo de 8 de abril de 2010, a que se refiere el actor, se limitó a corroborar la información exógena que había presentado el actor, por lo que nada nuevo aporta a este asunto.

3.3. De la falsa motivación de los actos administrativos frente al rechazo de costos.

Acerca de lo que debe entenderse por falsa motivación la Sala ha precisado lo siguiente(32):

“Tratándose de la causal de nulidad por falsa motivación, la Sala reitera que esta causal se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa. Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.

Ahora bien, los hechos que fundamentan la decisión administrativa deben ser reales y la realidad, por supuesto, siempre será una sola. Por ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la Administración supuso que existía al tomar la decisión.

Todo lo anterior implica que quien acude a la jurisdicción para alegar la falsa motivación, debe, como mínimo, señalar cuál es el hecho o hechos que el funcionario tuvo en cuenta para tomar la decisión y que en realidad no existieron, o, en qué consiste la errada interpretación de esos hechos(33)”.

Para el actor no procede el rechazo de costos por $ 32.071.995.000 porque se encuentran amparados en su contabilidad, que no ha sido desvirtuada, y, por tanto, constituye plena prueba a su favor.

Por su parte, la DIAN argumenta que de los costos declarados por $ 135.032.136.000 se aceptaron costos por $ 102.960.141.000, que corresponden a operaciones cuya existencia se pudo comprobar, y que se rechazaron costos por $ 32.071.995.000, porque se demostró que las compras que se imputaron a dichos costos no fueron reales.

Para resolver el caso son relevantes los siguientes hechos probados:

1. El 19 de marzo de 2008, el actor presentó la información exógena correspondiente al año gravable 2007. Y el 31 de diciembre de 2008, este la corrigió(34).

2. El 22 de mayo de 2008, el actor presentó la declaración de renta del año gravable 2007(35). En la declaración incluyó ingresos brutos por $ 150.217.457.000, costos por $ 135.032.136.000, deducciones por $ 13.945.180.000, una renta líquida gravable de $ 1.240.414.000, un impuesto a cargo de $ 408.938.000 y un total a pagar de $ 452.918.000.

3. El 7 de octubre de 2008, el actor corrigió la declaración para adicionar pasivos, por lo que se disminuyó el patrimonio líquido.

4. Con fundamento en el acta del Comité de Denuncias de 9 de septiembre de 2008, la DIAN dio apertura a la investigación contra la actora. El propósito era verificar la realidad económica del contribuyente, establecer las bases gravables, determinar la existencia de hechos gravables o no y el cumplimiento de requisitos formales relacionados con el impuesto sobre la renta del año gravable 2007(36).

5. El 11 de septiembre de 2008, la Jefe de la División de Gestión de Fiscalización Tributaria verificó en el Aplicativo Muisca los proveedores reportados en medios magnéticos(37).

6. Con base en la información exógena presentada por el actor, por oficios de 15 de octubre de 2008 y 1º de abril de 2009, la DIAN citó a varios proveedores para rendir testimonio sobre las operaciones comerciales celebradas con el actor. El resultado de tales diligencias fue el siguiente:

ProveedoresTestimonios
Nelly Elizabeth Barbosa Araque(38)24 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Rafael Flórez Ureña(39)22 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Pablo Audrey Ramírez Romero(40)24 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Eloina del Carmen Murillo Martínez(41)20 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Martha Isabelina García Peña(42)20 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Carlos Mauricio Martínez Rojas(43)21 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Fanny Quintero Cala(44)22 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Luis Alfonso Pérez Pérez(45)22 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Ender de Jesús Villalba Pérez(46)22 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Oscar Emilio Sánchez Orozco(47)22 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Alirio Ortiz Cárdenas(48)22 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
José Iván Cetina Calderón(49)4 de noviembre de 2008. Dijo conocer al actor y haberle vendido rollos de enolaje solo por $ 2.400.000, no por $ 97.000.000.
Enoc Villamil Palacio(50)27 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Jesús María Peñaloza(51)6 de noviembre de 2008. Dijo no conocer al actor.
José Manuel Ortiz Carrascal(52)27 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Luis Arturo Barinas Padilla(53)30 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Ubernel Contreras(54)30 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
José Trinidad Páez(55)30 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Inés González de Prada(56)30 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Manuel Guillermo Alvarado Chacin(57)30 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Olga Marina Ramírez de Contreras(58)28 de octubre de 2008. Dijo no conocer al actor.
María Elena Bautista(59)2 de diciembre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Jorge Enrique Ibáñez Navarro(60)2 de diciembre de 2008. Dijo no conocer al actor.
José Andrade Casadiego(61)2 de diciembre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Rosa Nidia Barbosa(62)3 de diciembre de 2008. Dijo no conocer al actor.
Elena Carolina Arrieta Ortega(63)3 de diciembre 2008. Dijo no conocer al actor.
Néstor Gómes Durán(64)Citado en abril de 2009. No se presentó
Gilberto Buitrago Rodríguez(65)Junio 16 de 2009. Dijo no conocer al actor.
Fanny Peñaloza Flórez(66)Junio 17 de 2009. Dijo no conocer al actor.
Jairo Enrique Pineda Carrero(67)Junio 17 de 2009. Dijo no conocer al actor.
Isidro Fuentes Rojas(68)Junio 17 de 2009. Dijo no conocer al actor.
Jairo Ayala Mahecha(69)Junio 18 de 2009. Dijo no conocer al actor.
Jorge Rey(70)No se localizó la dirección.
Diana Osorio(71)Casa desocupada con aviso de se arrienda.
Javier Cañizares LópezNo vive allí.
Ricardo Toscano(72)No vive allí.
Ramiro Augusto Rincón Páez(73)No se presentó
Diva Esther Cárdenas(74)No existe dirección
Jairo Buitrago Torres(75)No se presentó
Clementina Puerto de Ferreira(76)No se presentó
Ramón Sepúlveda(77)No se presentó
Juan Bautista Cárdenas Joya(78)No trabaja allí
Adriana Marcela Duarte(79)No la conocen
Silvio Arias Moreno(80)No vive allí.
Andrés Portilla(81)No se presentó
Adriana Márquez Durán(82)Lugar en construcción.
CI Bolivariana de Mercadeo(83)No se presentó
Maribel Gelvez(84)No lo conocen.
Carlos Eduardo Pineda Castillo(85)No la conocen.
Yesid Leonel Basto Bautista(86)16 de junio de 2009. Dijo conocer al actor.

7. El 21 de octubre de 2008, la DIAN solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que verificara las cédulas de ciudadanía de los proveedores del actor por el año gravable 2007(87).

8. El 18 de noviembre de 2008, la Registraduría informó a la DIAN que del total de números de cédula suministrados para verificación (1652) se hallaron 1223 vigentes y sin ninguna anomalía, 52 cédulas no inscritas, 38 canceladas por muerte, 328 en las que el titular no corresponde con el reportado y 11 con “no registro” o muerte y pérdida o suspensión de derechos políticos(88).

9. El 31 de diciembre de 2008, el actor corrigió la información exógena. La corrección consistió en cambiar los nombres de los proveedores dejando las mismas cédulas. Asimismo, suprimió los nombres e identificación de varios proveedores(89).

En el caso de la proveedora Omaña de Avendaño Balbina, a que se refiere el actor en la apelación, se advierte que con dicho nombre el actor informó inicialmente como número de cédula el 275.767. Y en la corrección, al mismo número de cédula le puso el nombre de María Abellaneda de Becerra. No obstante, la Registraduría informó que la citada cédula corresponde a Jorge Eliécer Páez Martínez(90).

A pesar de que el actor corrigió la información exógena, como mantuvo la gran mayoría de las cédulas, aunque con otros nombres, el reporte de la Registraduría sobre las cédulas tiene plena validez antes y después de la corrección.

10. El 16 de febrero de 2010, la DIAN abrió el expediente II2007-20100048 por el programa de información exógena del año gravable 2007, con el fin de comprobar la información exógena suministrada por el actor por la vigencia fiscal 2007(91).

11. Por auto de 25 de febrero de 2010, la DIAN ordenó la práctica de una inspección tributaria al actor y verificó la información en medios magnéticos por el año gravable 2007 en las versiones inicial y corregida(92).

12. Al comparar las dos versiones de información exógena del año gravable 2007 con la certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la DIAN advirtió lo siguiente en relación con los proveedores del actor(93):

Cédulas inválidas y que no coinciden con las de las personas informadas por el actor
CédulaCausalMontoCédulaCausalMontoCédulaCausalMonto
275.767Otro nombre27.004.00013.475.101Otro nombre121.946.17827.890.847Otro nombre243.919.000
1.090.376Otro nombre137.185.00013.487.183Otro nombre99.464.04436.456.327Otro nombre145.556.000
1.143.818Otro nombre256.552.00013.488.380Otro nombre91.056.00037.237.846Otro nombre78.411.000
1.190.341Otro nombre y muerte308.777.00013.494.229Otro nombre75.268.00037.245.442Otro nombre101.662.140
1.676.870Otro nombre110.882.00013.494.743Otro nombre e inválida225.122.00037.271.659Otro nombre33.294.000
1.733.911Otro nombre140.685.00013.495.779Otro nombre307.123.00041.709.893Otro nombre80.430.000
1.811.496Otro nombre287.078.00013.499.458Otro nombre108.199.00055.058.230Otro nombre99.912.000
1.914.504Otro nombre, muerte e inválida167.285.00013.499.585Otro nombre101.261.00060.281.923Otro nombre23.100.000
1.942.041Otro nombre93.852.00013.051.205Otro nombre151.536.00060.282.834Otro nombre102.659.000
1.956.356Otro nombre128.372.00013.505.990Otro nombre111.277.00060.289.600Otro Nombre68.363.000
1.996.563Otro nombre y muerte134.135.00013.509.526Otro nombre199.380.00060.298.827Otro nombre74.557.000
2.011.539Otro nombre y muerte200.951.00013.642.885Otro nombre228.841.00060.301.634Otro nombre64.703.000
3.650.012Otro nombre136.791.00013.813.193Otro nombre221.678.00060.319.305Otro nombre85.044.000
4.805.961Otro nombre149.714.00013.814.988Otro nombre193.481.00060.345.083Otro nombre140.135.000
5.045.895Otro nombre146.364.00013.833.573Otro nombre57.411.00060.442.246Otro nombre43.999.000
5.383.316Otro nombre131.683.00013.840.207Otro nombre156.849.00063.349.994Otro nombre239.180.000
5.393.337Otro nombre128.436.00013.852.953Otro nombre320.136.00068.285.995Otro nombre77.360.000
5.939.403Otro nombre y muerte115.150.00014.436.765Otro nombre96.563.00088.002.406Otro nombre155.120.000
5.464.878Otro nombre273.810.00015.538.294Otro nombre144.327.00088.142.956Otro nombre153.615.000
6.484.342Otro nombre128.535.00017.036.830Otro nombre83.190.00088.156.196Otro nombre216.986.000
6.507.626Otro nombre2.207.825.00017.452.232Otro nombre136.139.00088.157.761Otro nombre109.682.000
6.686.066Otro nombre347.928.00017.580.912Otro nombre200.538.00088.211.574Otro nombre y muerte142.515.000
6.880.144Otro nombre134.664.00017.580.927Otro nombre163.079.00088.233.635Otro nombre132.961.000
8.323.190Otro nombre158.985.00017.587.700Otro nombre120.073.00088.237.007Otro nombre102.033.000
10.750.489Otro nombre24.797.00017.595.497Otro nombre308.038.07188.237.597Otro nombre92.491.000
10.897.284Otro nombre71.648.00018.127.620Otro nombre157.598.00088.240.153Otro nombre142.746.000
12.143.050Otro nombre, pérdida der. políticos149.155.00020.070.177Otro nombre178.265.00088.246.829Otro nombre99.196.000
12.479.254Otro nombre83.293.00021.130.614Otro nombre51.640.20088.251.223Otro nombre97.133.000
12.589.725Otro nombre134.232.00023.507.475Otro nombre111.971.00088.254.808Otro nombre151.199.000
13.170.807Otro nombre88.835.00023.518.520Otro nombre96.090.00088.256.655Otro nombre184.015.000
13.223.752Otro nombre104.591.00024.238.735Otro nombre y muerte92.290.18588.258.130Otro nombre205.288.000
13.239.088Otro nombre159.943.00024.584.269Otro nombre244.258.00088.263.191Otro nombre78.987.000
13.240.320Otro nombre94.364.00027.240.118Otro nombre85.116.10088.264.147Otro nombre111.425.000
13.245.478Otro nombre86.569.00027.557.284Otro nombre91.369.00088.266.854Otro nombre198.882.000
13.248.018Otro nombre73.470.00027.560.006Otro nombre83.218.00088.277.474Otro nombre76.900.000
13.249.064Otro nombre89.788.00027.581.527Otro nombre86.023.00088.286.943Otro nombre177.200.000
13.251.098Otro nombre71.808.00027.582.058Otro nombre85.797.18291.068.439Otro nombre113.057.000
13.259.448Otro nombre105.506.00027.587.207Otro nombre97.069.00091.202.587Otro nombre196.633.000
13.259.773Otro nombre128.512.00027.592.625Otro nombre107.004.00091.221.436Otro nombre148.749.000
13.269.623Otro nombre79.951.00027.601.493Otro nombre82.106.00091.245.919Otro nombre138.637.000
13.356.837Otro nombre139.521.00027.670.456Otro nombre65.356.00091.256.967Otro nombre y muerte246.604.000
13.358.368Otro nombre131.372.00027.716.784Otro nombre96.274.00091.290.768Otro nombre179.870.000
13.371.268Otro nombre659.891.09627.738.060Otro nombre106.454.27591.341.507Otro nombre70.417.000
13.471.894Otro nombre105.368.04027.787.928Otro nombre140.247.00091.425.896Otro nombre78.578.000
13.473.376Otro nombre68.702.00027.851.416Otro nombre53.367.00091.429.643Otro nombre59.786.000
13.474.636Otro nombre y muerte157.817.06427.858.024Otro nombre66.817.00091.492.218Otro nombre178.304.000
13.474.875Otro nombre104.634.18027.881.832Otro nombre100.502.00091.513.800Otro nombre104.339.000
1.145.213Muerte179.434.11613.342.567No inscrito201.548.00027.573.997Muerte74.710.000
1.916.670Muerte250.865.00013.432.652No inscrito133.395.00031.312.599No inscrito55.441.000
1.920.186Muerte73.259.00013.508.498Muerte92.209.26042.218.652No inscrito92.281.000
1.922.007Muerte1.912.439.00013.552.368No inscrito162.084.00070.170.702No inscrito172.023.000
1.925.156Muerte155.843.00013.556.221No inscrito269.024.00080.317.090No inscrito152.587.000
1.929.470Muerte143.692.00013.848.925No inscrito170.652.00088.217.444Muerte108.636.000
5.381.180Muerte105.967.00016.020.871No inscrito97.477.00088.292.977No inscrito110.896.100
5.392.410Muerte128.366.00017.229.840No inscrito149.718.00088.308.000No inscrito247.226.000
5.441.120Muerte136.879.00018.055.847No inscrito406.698.00088.798.398No inscrito260.248.286
5.472.589Muerte141.720.00018.090.094No inscrito217.260.00091.255.377Muerte117.302.000
11.107.710No inscrito222.418.00018.874.245No inscrito198.232.00091.453.859No inscrito219.831.000
11.563.350No inscrito52.276.00019.528.865No inscrito101.980.10091.505191No inscrito167.052.000
13.148.488No inscrito55.966.00019.822.460No inscrito80.362.00097.027.693No inscrito121.696.000
13.201.588No inscrito49.102.00019.867.112No inscrito75.555.20027.573.997  
13.292.579No inscrito84.029.25821.149.867No inscrito106.843.20031.312.599  

Total costos susceptibles de rechazo con base en el cruce de información con la Registraduría $ 29.809.748.208

13. Con fundamento en la relación de proveedores que rindieron testimonio y manifestaron no conocer al actor, la DIAN encontró que era procedente rechazar los siguientes costos(94):

Rechazo de costos por testimonio de los proveedores
Jairo Enrique Pineda Carreño$ 34.353.000
Isidro Fuente Rojas$ 45.433.000
José Manuel Ortiz Carrascal$ 24.805.000
Ubernel Contreras$ 104.873.000
José Trinidad Páez$ 45.467.000
Inés González de Prada$ 50.885.000
Olga Marina Ramírez de Contreras$ 50.701.000
Jorge Enrique Ibáñez Navarro$ 45.391.000
Néstor Durán Gómez$ 98.957.000
Gilberto Buitrago$ 36.412.000
Rafael Flórez Ureña$ 68.111.000
Pablo Ramírez$ 58.353.000
Eloina del Carmen Murillo Martínez$ 27.967.000
Martha García$ 25.087.391
Carlos Mauricio Martínez$ 45.738.000
Fanny Quintero Cala$ 54.237.000
Luis Alfonso Pérez Pérez$ 58.190.000
Hender De Jesús Villalba Pérez$ 56.957.000
Oscar Emilio Sánchez Orozco$ 58.751.000
Alirio Ortiz Cárdenas$ 36.555.000
José Iván Cetina Calderón$ 97.608.000
José María Peñaloza$ 58.190.000
Total$ 1.183.021.391

Pese a que la DIAN había incluido en el listado anterior los costos relacionados con los proveedores Tulio Danilo Castro, Carmen Escalante Velásquez, Paulino Joya Leones, Orlando Falla Martínez, José Orlando Boada Pabón, Optaciano Sánchez Bayona, Elena Carmen Rubio Carrillo y María Nilse Andrade Andrade, la razón por la cual procedía el rechazo de estos costos, era que la identificación de tales proveedores no coincidía con la realidad, pues las cédulas informadas por el actor pertenecen a otras personas.

En consecuencia, como lo advirtió el a quo, los costos rechazados porque los proveedores negaron haber realizado las operaciones informadas por el actor corresponden a $ 1.183.021.391 y los costos referidos a proveedores cuya identificación no coincide con la realidad corresponden a $ 1.079.225.401, como se observa a continuación:

ProveedorRechazoMonto
Tulio Danilo CastroFue identificado en la lista exógena 2 con cédula de ciudadanía 13.498.100. Sin embargo, esta corresponde a Jairo Ayala(95).$ 122.418.000
Carmen Escalante VásquezFue identificada en la lista exógena 2 con cédula de ciudadanía 19.287.647. Sin embargo, esta corresponde a Luis Arturo Barinas Padilla(96).$ 123.452.000
Paulino Joya LeonesFue identificado en la lista exógena 2 con cédula de ciudadanía 88.252.982. Sin embargo, esta corresponde a Manuel Guillermo Alvarado(97).$ 104.411.000
Orlando Falla Martínez Fue identificado en la lista exógena 2 con cédula de ciudadanía 27.789.454. Sin embargo, esta corresponde a María Helena Bautista(98).$ 209.136.000
José Orlando Boada PabónFue identificado en la lista exógena 2 con cédula de ciudadanía 13.450.106. Sin embargo, esta corresponde a José Andrade Casadiego(99).$ 75.821.000
Optaciano Sánchez BayonaFue identificado en la lista exógena 2 con cédula de ciudadanía 37.258.619. Sin embargo, esta corresponde a Rosa Nidia Barbosa(100).$ 204.302.000
Carmen Rubio CarrilloFue identificada en la lista exógena 2 con cédula de ciudadanía 37.395.017. Sin embargo, esta corresponde a Elemar Carolina Arrieta Ortega(101).$ 141.714.000
María Nilse Andrade AndradeFue identificada en la lista exógena 2 con cédula de ciudadanía 60.356.194. Sin embargo, esta corresponde a Nelly Barbosa Araque(102).$ 97.976.000
Total$ 1.079.230.000

Así, aunque los proveedores indicados no rindieron testimonio, se comprobó que se identificaron con cédulas que no les correspondían, razón por la que procedía el rechazo de los costos asociados a estos proveedores por $ 1.079.225.401. Ello, sumado al rechazo de costos por testimonios por $ 1.183.225.401 y al rechazo por uso fraudulento de cédulas por $ 29.809.748.208, arrojan un total de costos rechazados de $ 32.071.995.000, que es el mismo valor de los costos rechazados en el liquidación oficial de revisión.

Es de anotar que las dos razones del rechazo, esto es por uso fraudulento de cédulas y por testimonios en el sentido de que no se realizaron operaciones con el proveedor, finalmente encuadran como un rechazo de costos por operaciones inexistentes.

14. Por auto de 28 de mayo de 2010, la Jefe de la División de Gestión de Fiscalización solicitó el traslado de la información exógena del año gravable 2007 del proceso por información exógena al proceso de fiscalización(103).

15. Por requerimiento especial, notificado el 3 de junio de 2010, la DIAN propuso modificar la declaración de renta del año 2007, para desconocer costos por $ 32.071.995.000, aumentar el impuesto a cargo a $ 10.904.475.000 imponer sanción por inexactitud por $ 17.447.160.000, para un total saldo a pagar de $ 28.804.553.000(104).

En el requerimiento especial, además, la DIAN analizó la información exógena inicial y corregida entregada por el actor por el año gravable 2007, que la División de Tecnología de Información y Telecomunicaciones de la DIAN remitió el 30 de julio de 2009 a la División de Fiscalización de esa misma entidad, con la verificación de la Registraduría sobre las cédulas de los proveedores informados por el actor.

16. Por otra parte, los testimonios de algunos proveedores, así como la contabilidad y los soportes internos y externos, se pusieron a disposición de la DIAN en desarrollo de la inspección tributaria ordenada por auto de inspección tributaria de 25 de febrero de 2010, notificado el 5 de marzo de 2010.

En consecuencia, como se precisó, para cuando la DIAN profirió el requerimiento especial esta contaba con la información exógena inicial y corregida presentada por el actor, además de la verificación que realizó la Registraduría sobre las cédulas de los proveedores informados en las dos versiones de información exógena, razón por la cual no es cierto que se haya violado el artículo 742 del E.T., que prevé que las decisiones de la Administración deben fundarse en los hechos probados, lo que significa que la determinación de tributos y la imposición de sanciones deben realizarse con base en los hechos que estén demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, siempre que se adecuen a la normativa tributaria.

De lo anterior, la Sala concluye que los actos demandados no se encuentran falsamente motivados, pues con base en documentos y cruces de información, la DIAN constató que el actor usó fraudulentamente cédulas para reclamar costos y con fundamento en testimonios de los supuestos proveedores verificó que el actor solicitó costos a pesar de que las operaciones comerciales con dichos proveedores no existieron.

3.3.1. Rechazo de costos por uso fraudulento de cédulas.

Como se precisó, para corroborar la veracidad de las operaciones realizadas por el actor con sus proveedores en el año gravable 2007, la DIAN solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil la verificación de las cédulas y nombres reportados por el actor en medios magnéticos por el año 2007.

De esa verificación la Registraduría estableció que del total de números de cédula suministrados para verificación (1652) se hallaron 1223 vigentes y sin ninguna anomalía, 52 no inscritas, 38 canceladas por muerte, 328 en las que el titular no corresponde y 11 con “no inscrito” o muerte y pérdida o suspensión de derechos políticos(105).

Así, de la certificación que la Registraduría entregó a la DIAN el 18 de noviembre de 2008 y la comparación de la información exógena inicial y corregida, suministrada por el actor, se establece que las compras informadas por el demandante, constitutivas de costos, por $ 29.809.748.208 no eran reales, pues, en unos casos, los supuestos compradores habían fallecido y en otros, su identificación era incorrecta, e incluso, varios proveedores no existían. Todo lo anterior, puso en evidencia la utilización fraudulenta de cédulas de ciudadanía para reclamar costos.

El artículo 650 del E.T. sanciona el uso fraudulento de cédulas de ciudadanía con el desconocimiento de costos, deducciones, descuentos y pasivos.

“ART. 650.—Sanción por uso fraudulento de cédulas. El contribuyente o responsable que utilice fraudulentamente en sus informaciones tributarias cédulas de personas fallecidas o inexistentes, será denunciado como autor de fraude procesal.

La Administración Tributaria desconocerá los costos, deducciones, descuentos y pasivos patrimoniales cuando la identificación de los beneficiarios no corresponda a cédulas vigentes, y tal error no podrá ser subsanado posteriormente, a menos que el contribuyente o responsable pruebe que la operación se realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula fue informada, o con su sucesión” (Destaca la Sala).

La Sala advierte que el presente asunto no tiene por fin verificar la actuación del actor respecto del deber de informar, sino la correcta determinación del impuesto de renta del año gravable 2007. Por ello, resulta inadmisible el planteamiento del actor, en el sentido de que las supuestas infracciones que cometió en la identificación de los proveedores debieron ser sancionadas conforme con el artículo 651 del E.T. y no proceder al rechazo de costos.

Lo anterior, porque además de que puede imponerse la sanción del artículo 651 del E.T., por los errores en la información, resulta aplicable el artículo 650 del E.T., por el uso fraudulento de cédulas, lo que genera el rechazo de costos.

Como lo que se analizó en este asunto fue la realidad de los costos, pues la DIAN advirtió que el actor solicitó costos con base en proveedores que no estaban correctamente identificados o no existían, el procedimiento pertinente era la fiscalización de la declaración de renta del año gravable 2007, no la imposición de la sanción por no informar.

Además, se advierte que frente al eventual incumplimiento del deber de informar la DIAN inició al actor una investigación dentro del expediente II-2007-2010-0048, de 16 de febrero de 2009(106).

El a quo ordenó la práctica de un dictamen pericial que permitiera establecer si los datos de los proveedores del actor, que se consignaron en las dos versiones de información en medios magnéticos del año 2007, eran diferentes o no y si concordaban con lo informado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La conclusión del dictamen fue la siguiente(107):

“[…] al realizar la comparación de la exógena inicial 01-2007 con la exógena corrección 02 del año 2007 presentada; se determino (sic) que los nombres y cedulas de los proveedores son diferentes (ver folios de la exógena Nº 01 se encuentra en los folios 40-102 del cuaderno de pruebas Nº 01 y la lista de proveedores en la información exógena Nº 2 se encuentra a folios 145 del cuaderno de pruebas Nº 01 y en los folios 28-56 cuaderno de pruebas Nº 05)”.

Si bien el perito concluyó que los nombres y cédulas de los proveedores de la información inicial y de la información corregida son distintos, no comparó las dos versiones de información exógena y los datos de la Registraduría. En la ampliación del dictamen, el perito se refirió a la certificación de la Registraduría pero no cotejó la certificación con las dos versiones de información exógena(108). Por lo tanto, el dictamen pericial no desvirtúa la conclusión de que el actor usó cédulas fraudulentamente para solicitar costos inexistentes.

Es de anotar que la Sala comparó los datos de la Registraduría con las dos versiones de información exógena y constató las mismas inconsistencias que encontró la DIAN, esto es, la existencia de proveedores con cédulas inexistentes o pertenecientes a personas fallecidas o diferentes a las informadas.

Además, si bien con la respuesta al requerimiento especial, el actor anexó un CD con la relación de las dos versiones de información entregadas por el año gravable 2007, al revisar dicho CD la Sala advirtió que eran más las inconsistencias existentes en relación con los proveedores, pues intercambió los nombres de unos proveedores con las cédulas de otros(109).

Bajo el contexto expuesto, la Sala encuentra que el desconocimiento de costos por $ 29.809.748.248 por uso fraudulento de cédulas es el resultado de las eficientes labores de verificación de la DIAN, dentro de las cuales efectuó el cotejo de las dos versiones de información exógena entregadas por el actor con el informe de la Registraduría y llegó a la conclusión de que el actor usó fraudulentamente cédulas para solicitar costos inexistentes, conclusión que no pudo ser desvirtuada por el actor.

Con base en los mismos argumentos que tuvo en cuenta la DIAN para rechazar costos por $ 29.809.748.248, deben rechazarse costos por $ 1.079.225.401 por uso fraudulento de cédulas, respecto a los proveedores Tulio Danilo Castro, Carmen Escalante Velásquez, Paulino Joya Leones, Orlando Falla Martínez, José Orlando Boada Pabón, Optaciano Sánchez Bayona, Elena Carmen Rubio Carrillo y María Nilse Andrade Andrade, pues las cédulas informadas por el actor no pertenecen a estas personas.

En consecuencia, procede el rechazo de costos por $ 30.888.973.609 por uso fraudulento de cédulas.

3.3.2. Rechazo por costos inexistentes por $ 1.183.021.391.

Respecto al desconocimiento de costos por $ 1.183.021.391 está probado que las compras no existieron. Ello, por los testimonios de los supuestos vendedores, pues constatan que entre estos y el actor no se llevaron a cabo las operaciones comerciales que el demandante declaró por el monto en mención.

Además, el actor no controvirtió los testimonios con base en los cuales la DIAN concluyó que las operaciones no existieron.

3.3.3. El actor no demostró la existencia de las operaciones que dieron lugar a los costos rechazados.

De acuerdo con lo expuesto, el desconocimiento de los costos por $ 32.071.995.000 se fundamentó en el análisis en conjunto de las diferentes pruebas que existen en el proceso, como los documentos, testimonios de los supuestos proveedores del actor y cruces de información, que pusieron en evidencia la inexistencia de las transacciones a las que se asociaron los costos rechazados.

El demandante sostuvo que los costos rechazados estaban debidamente soportados porque las operaciones se hallaban registradas en su contabilidad como lo concluyó el perito. Además, porque la contabilidad no fue cuestionada por la DIAN.

Sin embargo, a pesar de la apariencia de veracidad, la contabilidad del actor no merece credibilidad, pues no refleja la realidad de las operaciones económicas de la actora. Lo anterior porque los testimonios de los supuestos proveedores y el cotejo de la información exógena con la certificación de la Registraduría pusieron en evidencia que no existieron las operaciones a las que se asociaron los costos rechazados.

Sobre este aspecto, la Sala ha sostenido lo siguiente(110):

“3.5. En el expediente está demostrado que la DIAN, con los documentos recaudados en las diligencias de registro(111) y con las pruebas obtenidas en los cruces de información con la entidad de Transporte Público Metropolitano(112), la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cúcuta(113) y el Ministerio de Transporte(114), concluyó que TRASAN no llevaba en debida forma la contabilidad, ya que no reportaba en sus libros contables todos los vehículos vinculados a la empresa y, por ende, todos los ingresos percibidos por el desarrollo de su objeto social.

[…]

3.6. De acuerdo con dicha conclusión, que no fue desvirtuada por TRASAN ni en vía gubernativa ni en el presente proceso judicial, la Sección no puede tener como plena prueba los libros contables de la sociedad, ya que de los soportes que se encuentran en el expediente administrativo es claro que no se registraron todos los ingresos provenientes de los vehículos vinculados.

En ese orden de ideas, como los libros de contabilidad de TRASAN no registran una historia clara, completa y fidedigna de los asuntos contables del negocio, se prescindirá de su apreciación, como de la de los soportes externos emanados del contribuyente en los que se sustentaron los registros contables.

En consecuencia, no podrá valorarse el dictamen pericial practicado en el proceso, en tanto se fundamentó únicamente en los libros contables de la sociedad (fl. 182-205).

[…]” (Destaca la Sala).

En consecuencia, procede el rechazo de los costos por $ 32.071.995.000.

3.4. Del costo presunto.

El demandante pidió que, en subsidio, el costo se determinara de conformidad con lo estipulado en el artículo 82 del E.T., que establece lo siguiente:

“ART. 82.—Determinación de costos estimados y presuntos. Cuandoexistanindiciosdequeelcostoinformadoporelcontribuyentenoesrealocuandonoseconozcaelcostodelosactivosenajenadosniseaposiblesudeterminaciónmediantepruebasdirectas,talescomolasdeclaracionesderentadelcontribuyenteodeterceros,lacontabilidadoloscomprobantesinternosoexternos,elfuncionarioqueestéadelantandoelprocesodefiscalizaciónrespectivo,puedefijaruncosto acorde con los incurridos durante el año o período gravable por otras personas que hayan desarrollado la misma actividad del contribuyente, o hayan hecho operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Superintendencia de Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables.

Suaplicaciónydiscusiónseharádentrodelmismoproceso.

Si lo dispuesto en este artículo no resultare posible, seestimaráelcostoenelsetentaycincoporciento(75%)delvalordelarespectivaenajenación, sin perjuicio de las sanciones que se impongan por inexactitud de la declaración de renta o por no llevar debidamente los libros de contabilidad” (Destaca la Sala).

Esta norma prevé los eventos en los que procede la estimación de los costos incurridos en la enajenación de activos, los instrumentos con los que cuenta la Administración para determinarlos, así como un cálculo aproximado de los costos cuando las herramientas dadas a los funcionarios de fiscalización son insuficientes para determinarlos.

De esta manera, en el proceso de fiscalización el funcionario debe encontrarse frente alguna de las siguientes situaciones:

— La existencia de indicios de que el costo informado por el contribuyente no es real.

— No se conoce el costo de los activos enajenados. El costo de los activos enajenados no se puede determinar mediante pruebas directas, como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos.

Correlativamente, los artículos 58 y 59 del E.T. disponen, en su orden, lo siguiente:

“ART. 58.—Realización de los costos. Los costos legalmente aceptables se entienden realizados cuando se paguen efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago.

Por consiguiente, los costos incurridos por anticipado solo se deducen en el año o período gravable en que se causen.

Se exceptúan de la norma anterior, los costos incurridos por contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación, los cuales se entienden realizados en el año o período en que se causen, aún cuando no se hayan pagado todavía”.

“ART. 59.—Causación del costo. Seentiendecausadouncostocuandonacelaobligacióndepagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago” (Destaca la Sala).

Conforme con las normas trascritas, no es posible estimar el costo de operaciones que no se realizaron. En este caso, los costos por $ 32.071.995.000 se rechazaron porque se sustentaron en compras que nunca se llevaron a cabo, es decir, que se trata de costos que jamás existieron, por lo que no se pueden aceptar ni estimar(115).

3.5. De la sanción por inexactitud.

De acuerdo con el artículo 647 del Estatuto Tributario, procede la sanción por inexactitud, entre otros eventos, cuando en la declaración se incluyen costos inexistentes, o se utilizan datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados de los que se derive un menor impuesto a cargo del contribuyente o un mayor saldo a favor.

Frente a lo que constituye un dato falso, equivocado, incompleto o desfigurado, en la sentencia que declaró la exequibilidad del artículo 647 del Estatuto Tributario, la Corte Constitucional precisó lo siguiente(116):

“Las expresiones ‘falsos, equivocados, incompletos o desfigurados’ no tienen, prima facie, ninguna complejidad especial o particular. Son expresiones que en un contexto legal o cotidiano tienen usos y significados estandarizados. No se trata de expresiones vagas y ambiguas, que den un amplio margen de decisión a los operadores jurídicos. En el contexto de derecho tributario hacen referencia a situaciones en las que la información otorgada por los contribuyentes a la administración de impuestos, relacionada con su actividad económica, no coincide con la realidad, es decir cuando se da una información contraria a la realidad, que no la refleja completamente, o que la altera.

[…]

El contenido de este artículo se divide en dos partes: (i) En la primera indica específicamente a que corresponde la inexactitud sancionable y (ii) en la segunda parte establece una cláusula general, donde establece que también es sancionable la utilización de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados pero caracteriza este elemento indicando que estos deben traer por consecuencia la derivación de un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. De esta forma la determinación de lo que se entiende por dato falso, equivocado, incompleto o desfigurado, que causa la sanción tributaria establecida en el artículo 647, depende de su correspondencia a la realidad y la generación de en un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable” (Subraya fuera del texto original).

En este caso, procede la sanción por inexactitud, pues está probado que los costos cuyo reconocimiento pretendía el actor se derivaron de compras que no existieron, de las que se derivó un menor impuesto a cargo de esta.

El artículo 282 parágrafo 5º de la Ley 1819 de 2016 reconoció, expresamente, la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria(117).

Por su parte, los artículos 287 y 288 de la citada ley, modificaron la sanción por inexactitud de las declaraciones tributarias en el siguiente sentido:

“ART. 287.—Modifíquese el artículo 647 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

“ART. 647.—Inexactitud en las declaraciones tributarias. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas:

1. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen.

2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por un valor inferior.

3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes o inexactos.

4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable.

5. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes.

6. Para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, constituye inexactitud las causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no exista impuesto a pagar.

PAR. 1º—Además del rechazo de los costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos que fueren inexistentes o inexactos, y demás conceptos que carezcan de sustancia económica y soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, las inexactitudes de que trata el presente artículo se sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 648 de este Estatuto.

PAR. 2º—No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor que resulte en las declaraciones tributarias se derive de una interpretación razonable en la apreciación o interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos”.

“ART. 288.—Modifíquese el artículo 648 del Estatuto Tributario el cual quedara así:

“ART. 248.—Sanción por inexactitud. Lasanciónporinexactitudseráequivalentealcientoporciento(100%)deladiferenciaentreelsaldoapagarosaldoafavor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y Patrimonio.

Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.

En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata este artículo será:

1. Del doscientos por ciento (200%) del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes.

2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que trata el inciso 1º de este artículo cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5º del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario.

3. Del veinte por ciento (20%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5º del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario.

4. Del cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la Administración Tributaria y el declarado por el contribuyente, en el caso de las declaraciones de monotributo.

PAR. 1º—La sanción por inexactitud prevista en el inciso 1º del presente artículo se reducirá en todos los casos siempre que se cumplan los supuestos y condiciones de que tratan los artículos 709 y 713 de este Estatuto.

PAR. 2º—La sanción por inexactitud a que se refiere el numeral 1 de este artículo será aplicable a partir del periodo gravable 2018” (Destaca la Sala).

Así, de conformidad con el principio de favorabilidad y por ser, en este caso, menos gravosa la sanción prevista en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016, que la establecida por las normas vigentes al momento en que se impuso la sanción, procede reliquidar la sanción por inexactitud a la tarifa general del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado oficialmente y el determinado privadamente.

No es viable la reducción de la sanción a que se refiere el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, porque uno de los supuestos para dicha reducción, cuando la sanción es impuesta por la autoridad tributaria, es que esta sea aceptada y la infracción sea subsanada por el contribuyente, situación que no se presenta en esta oportunidad(118).

Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia apelada. En su lugar, se anulan parcialmente los actos demandados para determinar la sanción por inexactitud a la tarifa del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado oficialmente y el fijado por el actor, según se precisó.

A título de restablecimiento del derecho, se tiene como liquidación la practicada por la Sala en los siguientes términos:

Santiago Antonio Reyes Prada - Año gravable 2007
ConceptoRGLiquidación PrivadaCorrecciónL.O.R.Consejo de Estado
Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, otras inversiones33877.020.000877.020.000877.020.000877.020.000
Cuentas por cobrar clientes3416.893.091.00016.893.091.00016.893.091.00016.893.091.000
Acciones y aportes3533.524.00033.524.00033.524.00033.524.000
Inventarios36343.383.000343.383.000343.383.000343.383.000
Activos Fijos371.332.637.0001.332.637.0001.332.637.0001.332.637.000
Otros activos381.054.0001.054.0001.054.0001.054.000
Total Patrimonio Bruto3919.480.709.00019.480.709.00019.480.709.00019.480.709.000
Pasivos4017.330.521.00017.630.521.00017.630.521.00017.630.521.000
Total Patrimonio Liquido 412.150.188.0001.850.188.0001.850.188.0001.850.188.000
Ingresos Brutos operacionales42138.658.970.000138.658.970.000138.658.970.000138.658.970.000
Ingresos Brutos no operacionales4311.476.678.00011.476.678.00011.476.678.00011.476.678.000
Intereses y rendimientos financieros4481.809.00081.809.00081.809.00081.809.000
Total Ingresos Brutos45150.217.457.000150.217.457.000150.217.457.000150.217.457.000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas460000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional470000
Total Ingresos netos48150.217.457.000150.217.457.000150.217.457.000150.217.457.000
Costo de ventas49135.032.136.000135.032.136.000102.960.141.000102.960.141.000
Otros Costos500000
Total Costos51135.032.136.000135.032.136.000102.960.141.000102.960.141.000
Gastos Operacionales de administración524.800.0004.800.0004.800.0004.800.000
Gastos Operacionales de ventas536.361.122.0006.361.122.0006.361.122.0006.361.122.000
Deducción inversiones en activos fijos540000
Otras deducciones557.579.258.0007.579.258.0007.579.258.0007.579.258.000
Total deducciones5613.945.180.00013.945.180.00013.945.180.00013.945.180.000
Renta líquida ordinaria del ejercicio571.240.141.0001.240.141.00033.312.136.00033.312.136.000
O Pérdida líquida del ejercicio580000
Compensaciones590000
Renta líquida 601.240.141.0001.240.141.00033.312.136.00033.312.136.000
Renta presuntiva6118.493.00018.493.00018.493.00018.493.000
Renta exenta620000
Rentas gravables630000
Renta líquida gravable641.240.141.0001.240.141.00033.312.136.00033.312.136.000
Ingresos por ganancias ocasionales650000
Costos por ganancias ocasionales660000
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas670000
Ganancias ocasionales gravables680000
Impuesto sobre la renta líquida gravable69408.938.000408.938.00011.313.413.00011.313.413.000
Descuentos tributarios7000  
Impuesto neto de renta71408.938.000408.938.00011.313.413.00011.313.413.000
Impuesto de ganancias ocasionales720000
Impuesto de remesas730000
Total Impuesto a cargo74408.938.000408.938.00011.313.413.00011.313.413.000
Anticipo renta por el año gravable 200775212.756.000212.756.000212.756.000212.756.000
Saldo a favor año 2006 sin solicitud de devolución o compensación 760000
Autorretenciones770000
Otras retenciones787.608.0007.608.0007.608.0007.608.000
Total retenciones año gravable 2007797.608.0007.608.0007.608.0007.608.000
Anticipo de renta por el año gravable 200880264.344.000264.344.000264.344.000264.344.000
Saldo a pagar por impuesto81452.918.000452.918.00011.357.393.00011.357.393.000
Sanciones820017.447.160.00010.904.475.000
Total saldo a pagar por impuesto83452.918.000452.918.00028.804.553.00022.261.868.000
o Total saldo a favor840000
  
Saldo a pagar C de E22.261.868.000
Valor liquidación privada452.918.000
Valor total a pagar21.808.950.000

3.6. Condena en costas.

El Tribunal condenó en costas al actor, consistentes en las expensas que determine la Secretaría del Tribunal, conforme con el artículo 393 numeral 1º del C.P.C. y las agencias en derecho, que fijó en el 0.1% del valor de las pretensiones negadas.

La Sala revoca la condena en costas impuestas por el a quo en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada. En su lugar, niega la condena en costas en ambas instancias, con base en el siguiente análisis:

En relación con la condena en costas, el artículo 188 del CPACA consagra lo siguiente:

Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

Por su parte, el artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes”.

Así pues, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Pues bien, el artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción” (Destaca la Sala).

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 5º del artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), pues prosperaron de manera parcial las pretensiones de la demanda. No obstante, la Sala ha precisado que estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8º, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”(119).

Una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen la condena en costas en esta instancia. Por falta de prueba tampoco procede la condena en costas en primera instancia. En consecuencia, se niega la condena en costas en ambas instancias.

En suma, se revoca la sentencia apelada. En su lugar, se anulan parcialmente los actos demandados y a título de restablecimiento del derecho se tiene como liquidación del impuesto del actor por el año gravable 2007, la practicada por la Sala. Además, se ordena no condenar en costas en ambas instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar dispone:

1. DECLÁRASE la nulidad parcial de los actos administrativos. Demandados. A título de restablecimiento del derecho, TÉNGASE como liquidación del impuesto sobre la renta por el año gravable 2007 a cargo del actor, la practicada por la Sala.

2. No se condena en costas en ambas instancias.

RECONÓCESE personería a Mauricio Alexander Dávila Valenzuela como apoderado de la DIAN, según poder que está en el folio 411 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

19 Estatuto Tributario. “ART. 750.—Las informaciones suministradas por terceros son prueba testimonial. Los hechos consignados en las declaraciones tributarias de terceros, en informaciones rendidas bajo juramento ante las oficinas de impuestos, o en escritos dirigidos a éstas, o en respuestas de éstos a requerimientos administrativos, relacionados con obligaciones tributarias del contribuyente, se tendrán como testimonio, sujeto a los principios de publicidad y contradicción de la prueba”.

20 Sentencia de 25 de noviembre de 2010, exp. 17253, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

21 Folios 108, 128 a 130 c.a.6

22 Folios 78 a 102 c.a.1

23 Folios 59 a 64 c.a.3 El acta se transcribe en el oficio 0107-201-238,084-1720 de 9 de febrero de 2009, por el cual la DIAN respondió al actor un derecho de petición sobre cómo fue seleccionado para ser investigado.

24 Folio 45 c.ppal.

25 Sentencia de 24 de octubre de 2013, exp. 19478. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

26 Estatuto Tributario. “ART. 684.—Facultades de fiscalización e investigación. La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.
Para tal efecto podrá:
a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.
b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados. […]”.

27 Ver sentencia de 24 de mayo de 2012, exp 17795

28 Ibídem

29 Folios 117 a 119 c.a.3

30 Folios 28 a 56 reverso c.a.5

31 Folios 53 reverso y 54 c.a.7.

32 Sentencia de 15 de junio de 2016, exp. 20132, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

33 El tratadista Manuel María Diez enseña sobre la motivación de los actos administrativos que se deben distinguir dos elementos: i) Los hechos y consideraciones que sirven de fundamento al acto y se relacionan tanto a la oportunidad del acto como a su legalidad y, ii) la correspondencia de la motivación con la materia reglada por el acto.
En el primer evento, dice el autor, al citar a Stassinopoulos, cuando la motivación se refiere a la oportunidad del acto “debe mencionar los hechos concretos y la importancia que la administración le acuerde, como también la influencia que esos hechos han tenido sobre el ejercicio del poder discrecional”; y cuando se relaciona con la legalidad, puede contener “1) un desenvolvimiento del sentido de la ley, de acuerdo con la interpretación dada por el autor del acto; 2) una afirmación de la constatación de los hechos que constituyen la condición para que la aplicación de la ley haya tenido lugar; 3) una afirmación de que estos hechos han sido sometidos a una calificación jurídica apropiada”.
Y en cuanto al segundo elemento, precisa que la correspondencia de la motivación varía según la clase de motivos invocados: “1) si los motivos se relacionan con la interpretación de la ley deben contener la manifestación del autor del acto sobre el sentido de la ley. (…); 2) si se trata de motivos relacionados con la constatación de hechos, la correspondencia existe si se formulan las razones que conforman esa constatación; 3) si la motivación se relaciona con la calificación jurídica del hecho, la sola mención de la calificación adoptada no es suficiente, porque no es sino la conclusión y no el motivo; 4) si el motivo tiene por objeto demostrar el ejercicio correcto del poder discrecional, la correspondencia necesaria del mismo con la conclusión del acto motivado, existe si el acto hace mención de los hechos y de las consideraciones a las que el autor otorga una importancia fundamental”. Manuel María Díez. “El Acto Administrativo”. Tipográfica Editora Argentina S.A. Buenos Aires. 1993.

34 Folios 67 a 75 c.a.3

35 Folio 9 c.a.1

36 Folios 4, 25 y 26 c.a.2

37 Folios 27 a 37 y 144 a 152 c.a.1

38 Folios 27 a 29 c.a.2

39 Folios 30 a 32 c.a.2

40 Folios 33 a 35 c.a.2

41 Folios 36 a 38 c.a.2

42 Folios 39 a 41 c.a.2

43 Folios 42 a 44 c.a.2

44 Folios 45 a 47 c.a.2

45 Folios 48 a 50 c.a.2

46 Folios 51 a 53 c.a.2

47 Folios 54 a 56 c.a.2

48 Folios 57 a 59 c.a.2

49 Folios 72 a 74 c.a.2

50 Folios 79, 80 y 84 c.a.2

51 Folios 81 a 83 c.a.2

52 Folios 85 a 87 c.a.2

53 Folios 88 a 90 c.a.2

54 Folios 91 a 93 c.a.2

55 Folios 94 a 96 c.a.2

56 Folios 97 a 99 c.a.2

57 Folios 100 a 102 c.a.2

58 Folios 103 a 105 c.a.2

59 Folios 38 a 40 c.a.3

60 Folios 41 a 43 c.a.3

61 Folios 44 a 46 c.a.3

62 Folios 47 a 49 c.a.3

63 Folios 50 a 52 c.a.3

64 Folio 98 c.a.3

65 Folios 76, 107 y 108 c.a.3

66 Folios 90, 109 y 110 c.a.3

67 Folios 95, 111 y 112 c.a.3

68 Folios 78, 113 y 114 c.a.3

69 Folios 94, 115 y 116 c.a.3

70 Folio 60 c.a.2

71 Folio 62 c.a.2

72 Folio 67 c.a.2

73 Folio 68 c.a.2

74 Folio 70 c.a.2

75 Folio 106 c.a.2

76 Folio 107 c.a.2

77 Folio 79 c.a.3

78 Folio 80 c.a.3

79 Folio 82 c.a.3

80 Folio 84 c.a.3

81 Folio 86 c.a.3

82 Folio 88 c.a.3

83 Folio 91 c.a.3

84 Folio 92 c.a.3

85 Folio 96 c.a.3

86 Folios 77, 99 y 100 c.a.3

87 Folio 108 c.a.2

88 Folios 1 a 37 c.a.3

89 Folios 145 c.a 4 y 1 a 56 c.a.5

90 Folios 103 a 108 c.a.5

91 Folios 108 c.a.6 y 45 c.ppal

92 Folios 53 c.a.3, 21 c.a.4, 137 a 149 c.a.6 y 1 a 27 reverso c.a.7

93 Folios 103 a 108 c.a.5.

94 Folios 131 y 131 reverso c.a.6

95 Folios 46 reverso c.a.5 y 4 y 15 c.a.3

96 Folio 43 reverso c.a.5 y 18 c.a.3

97 Folio 30 reverso c.a.5 y 35 c.a.3

98 Folio 41 c.a.5 y 21 c.a.3

99 Folio 48 c.a.5 y 13 c.a.3

100 Folio 39 c.a.5 y 23 c.a.3

101 Folio 38 reverso c.a.5

102 Folio 35 reverso c.a.5

103 Folio 108 c.a.6

104 Folios 28 a 56 c.a.7

105 Folios 1 a 37 c.a.3

106 Folios 129 a 139 c.a.10. En el expediente no existe prueba del resultado de la investigación iniciada por la DIAN respecto a la sanción por no enviar información.

107 Folio 167 c ppal.

108 Folios 160 a 186 y 200 a 223 c.ppal

109 Folio 1 c.a.8

110 Ver sentencias de 3 de junio de 2016, exp. 19312. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 15 de junio de 2016, exp. 21368, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

111 Las actas de las diligencias en las que constan los documentos retirados por la DIAN se encuentran en los folios 14 a 17 y 85 del 86 cuaderno anexo Nº 1., 676 a 681 del cuaderno anexo 4

112 Cfr. Folios 88 y 128 a 168 del cuaderno anexo Nº 1.

113 Cfr. Folios 89 y 504 a 636 de los cuadernos anexo Nº 3 y 4.

114 Cfr. Folios 90 y 91 a 127 del cuaderno anexo Nº 1.

115 Sentencia de 19 de mayo de 2016, exp. 21185. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

116 C-571 de 2010

117 Ley 1819 de 2016, artículo 282. Modifíquese el artículo 640 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
“ART. 640.—Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo.
[…]
PAR. 5º—El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.

118 Ley 1819 de 2016, artículo 282. Modifíquese el artículo 640 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
“ART. 640.—Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente Estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo.
[…]
Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:
3. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme; y b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.
4. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:
a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme; y b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.
[…]”.

119 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.