Sentencia 2012-00060 de abril 12 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp.: 11001-02-04-000-2012-00060-03

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Discutido y aprobado en sesión de once de abril de dos mil doce.

Bogotá, D.C., doce de abril de dos mil doce

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La jurisprudencia nacional, de manera invariable, ha sostenido que, por regla general, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Los criterios establecidos para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos están cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de sus conflictos a la jurisdicción.

2. En el caso sub judice, a partir del examen del expediente, y específicamente del acta en donde consta la audiencia preliminar de control de legalidad citada en los hechos, no logra advertirse una vulneración a los derechos fundamentales del actor, toda vez que el tribunal acusado realizó una legítima interpretación de la normatividad aplicable al caso concreto y con base en ella tomó una decisión coherente, razonable y motivada (fls. 47 a 54).

En efecto, tras pronunciarse sobre la procedencia de la asistencia de la parte investigada a la audiencia, y declarar, con sujeción al artículo 244 del Código de Procedimiento Penal, ajustada a la legalidad la búsqueda de las evidencias recaudadas, el tribunal consideró que esa no era la fase procesal oportuna para revelar el contenido de las mismas, ni aquel era el objeto de tal diligencia (fl. 54).

Tal interpretación no es arbitraria ni irrazonable, pues se sustentó en la normatividad vigente, la que, en ningún caso, establece la posibilidad de exponer y debatir en la diligencia de revisión posterior de legalidad, las evidencias recaudadas, como se extrae de la norma recién citada.

Además, aunque el inciso segundo del artículo 237 del Código de Procedimiento Penal fue declarado exequible de manera condicionada, en el sentido de permitir la asistencia del investigado a la audiencia reseñada, de tal declaratoria no se colige la posibilidad u obligación, por parte del ente investigador, de exhibir el material probatorio recolectado.

Resulta entonces evidente que la decisión atacada por esta vía estuvo legalmente motivada, por lo que mal podría argumentarse que desconoció el debido proceso de las partes.

En ese orden, es palmario que la pretensión del tutelante se circunscribió, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a la valoración que el juzgador realizó de la normatividad aplicable al caso; lo cual, naturalmente, excede el ámbito del sentenciador de tutela, pues claro está que constitucional y legalmente el funcionario judicial tiene entera libertad para realizar una libre hermenéutica de las normas, sin llegar, por supuesto, al límite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.

3. Por consiguiente, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto fáctico, ni por ninguna otra actuación caprichosa que el tribunal accionado adoptó la decisión, pues los motivos que adujo en su providencia constituyen una interpretación judicial perfectamente válida y razonable, de ahí que no se avizora la configuración de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, no se advierte violación al debido proceso del tutelante.

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en la primera instancia.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de procedencia y fecha señaladas.

Comuníquese telegráficamente esta decisión a los interesados y en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión».