Sentencia 2012-00063 de noviembre 12 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Nº del proceso: 110010328000201200063-00

Radicado interno: 2012-0063 (Acum. 2012-0056)

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Actor: Sandra Patricia Sinisterra Rosero y otro.

Acción electoral

Bogotá, D.C., doce de noviembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999(17) —Reglamento del Consejo de Estado—, a esta Sala compete conocer en única instancia de las demandas acumuladas.

2. El acto acusado.

Lo constituye el Acuerdo CD 24 del 24 de julio de 2012 “por medio del cual se designa el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, periodo institucional 24 de julio 2012 – diciembre 31 de 2015”, proferido por el consejo directivo de dicha corporación.

3. Del problema jurídico.

Le corresponde a la Sala determinar si el Acuerdo CD 24 del 24 de julio de 2012 proferido por el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca está viciado de nulidad por la transgresión del ordenamiento jurídico que fue sustentada en los cargos expuestos en las demandas acumuladas, los cuales, por su parte, fueron objeto de la fijación del litigio surtida en desarrollo de la audiencia inicial, a cuyo análisis se procede a continuación.

3.1. Expediente 2012-0063.

3.1.1. Cargos primero y segundo. Del proceso de designación del director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

Expone la demandante que la elección del señor Oscar Libardo Campo Velasco como director general de la CVC desconoció el artículo 125 constitucional y el Decreto 2011 de 2006 “por el cual se establece el procedimiento para la designación del director general de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de régimen especial y se adoptan otras disposiciones” modificado por el Decreto 3685 de 2006, por cuanto no estuvo precedida de un concurso público y, de otro lado, porque no se tuvieron en cuenta las hojas de vida de otros aspirantes al cargo, que acreditaban una mejor trayectoria, experiencia y formación de la del designado.

El demandado indicó que la elección no requería surtirse a través del concurso público, sino por designación del consejo directivo de la corporación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 Ley 99 de 1993(18) y en el artículo 22 del Decreto 1768 de 1994(19), normas con base en las cuales se expidió el Acuerdo CD 14 de 24 de mayo de 2011 del Consejo Directivo de la CVC “por el cual se reglamenta el procedimiento interno para la elección del director general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para el período institucional del 2012 al 31 de diciembre de 2015”(20). Que su designación respetó los principios de publicidad, participación e imparcialidad, contó con la vigilancia permanente de la Procuraduría General de la Nación y se produjo dada su trayectoria, experiencia y formación.

La Sala pone de presente que el artículo 125 constitucional(21) establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa y su ingreso se hará previo el cumplimiento de los requisitos que fije la ley, mediante concurso público. Como excepción a dicha regla general, se encuentran los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. En ese contexto, es preciso determinar en el caso concreto la incidencia que tiene la referida excepción, de cara a la naturaleza que reviste el cargo de director de las Corporaciones Autónomas Regionales.

El artículo 28 de la Ley 99 de 1993(22) “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, dispuso que el director general es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de las corporaciones autónomas y su designación le compete al consejo directivo de dicha autoridad para un período de cuatro (4) años.

De entrada, se advierte que en tanto el legislador confirió la provisión del cargo a los consejos directivos de las corporaciones autónomas, y fijó un periodo para su ejercicio, el empleo público cuya designación se demanda en este escenario procesal, no corresponde a un cargo de carrera que requiera la realización de concurso público y se enmarca dentro de la excepción del canon constitucional.

Igual apreciación hizo la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del citado artículo 28 de la Ley 99 de 1993, cuando consideró(23): 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política, los empleos en los órganos del Estado son de carrera, salvo los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley; en esa perspectiva, la facultad de determinar cuándo un empleo es de libre nombramiento y remoción le corresponde al legislador, como también la de diseñar el mecanismo de elección y designación que para ellos opere en cada caso concreto, estando desde luego sujeto a ciertas condiciones que garantizan que no vulnere el ordenamiento superior. Sobre el tema ha dicho la Corte:

(…).

Ahora bien, existen cargos que en principio caben dentro de la categoría de los de libre nombramiento y remoción, pero que sin embargo el legislador ha querido que sean de período fijo, lo que implica que el retiro antes de que éste haya terminado, está supeditado a las causales que para el efecto fije la ley y no a la mera voluntad discrecional del nominador; ese es el caso de los directores generales de las corporaciones autónomas regionales, cargo que por decisión del legislador le corresponde proveer al consejo directivo de dichas entidades, para un período de tres años, y respecto del cual se autoriza la reelección”.

En el caso concreto de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el consejo directivo adoptó el Acuerdo CD 14 de 24 de mayo de 2011 “por el cual se reglamenta el procedimiento interno para la elección del Director General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para el período institucional del 2012 al 31 de diciembre de 2015”, en consideración, justamente, a las disposiciones de la Ley 99 de 1993 previamente analizadas y al artículo 21 del Decreto 1768 de 1994, que establece los requisitos para ocupar el cargo. Para tal efecto, dispuso un procedimiento que comprende tres etapas i) la convocatoria, inscripción de candidaturas y recepción de hojas de vida y documentos que acrediten cumplimiento de requisitos ii) verificación de los requisitos e informe de cumplimiento iii) designación.

En ese orden, es evidente que el cargo “inobservancia del principio meritocrático” no tiene vocación de prosperidad, pues la designación del referido empleo no está sujeta a las normas de carrera administrativa luego no era jurídicamente exigible la realización de un concurso público- y, las disposiciones en que se sustentó el concepto de violación, —además del canon superior—, esto es, el Decreto 2011 de 2006 “por medio del cual se establece el procedimiento para la designación del director de las corporaciones autónomas regionales y de régimen especial” modificado por el Decreto 3685 de 2006, fueron suspendidas provisionalmente por el Consejo de Estado con auto de 27 de mayo de 2011(24), de manera que no pueden servir de referente normativo para analizar la trasgresión aludida.

En todo caso, se resalta que aun cuando la demandante señaló que el señor Campo Velasco no debió ser designado por cuanto existían hojas de vida superiores a la suya con lo cual se vulneraba el citado Decreto 2011 de 2006, lo cierto es que tampoco sustentó esta afirmación con ocasión de actuaciones surtidas en desarrollo del proceso de designación, razón de más para desechar el cargo en contra del acto de elección.

3.1.2. Tercer cargo. De la posible inhabilidad en que se hallaba el demandado.

Sostuvo la demandante que el demandado estaba inhabilitado porque dentro del año anterior a la elección se desempeñó como gerente de Acuavalle S.A. ESP y como representante legal de la Fundación Promotora de Acciones por la Naturaleza y la Gestión Ambiental —Pangea—, calidades en las que “ejerció autoridad administrativa” e “intervino en gestión de negocios” con ocasión de diferentes contratos y convenios suscritos con la Corporación Autónoma de la que ahora es director. Invocó el artículo 22 del Decreto 1768 de 3 de agosto de 1994(25), con el argumento de que “al director general se le aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para los directores de las entidades descentralizadas del orden nacional”, y con fundamento en ello, solicita la aplicación del artículo 10 del Decreto Ley 128 de de 1976(26), y los artículos 79 y 102 de la Ley 489 de 1998(27), que reenvían al régimen de inhabilidades establecido para congresistas, diputados y concejales.

Teniendo en cuenta que la disposición medular en que se fundamenta el cargo de inhabilidad corresponde al Decreto 1768 de 3 de agosto de 1994proferido por el Presidente de la República, que por virtud del reenvío a otras normas permite la extensión de las inhabilidades de los directores de las entidades descentralizadas del orden nacional a los directores de las corporaciones autónomas regionales(28), la Sala acogerá la postura jurisprudencial que al efecto ha trazado y en consecuencia desestimará el cargo propuesto(29). 

En efecto, la contradicción existente entre el Decreto 1768 de 3 de agosto de 1994 y la Constitución Política ha sido establecida por la Sala en diferentes pronunciamientos, en tanto la fijación del régimen de inhabilidades es un aspecto que tiene reserva legal. Esta determinación se soportó en el contenido de los artículos superiores 123, 150 numeral 23, parágrafo transitorio adicionado al artículo 152 por el artículo 4º del Acto Legislativo 2 de 2004, 181 y 293, que precisan que tan solo el Congreso de la República puede ocuparse de la materia, mediante la expedición de una ley. Sobre el particular se consideró:

“La Sala colige, sin la menor duda, que la fijación o asignación del régimen de inhabilidades tiene reserva legal. Es decir, que únicamente el constituyente y el legislador son las autoridades habilitadas por el ordenamiento superior para determinar las circunstancias constitutivas de inhabilidad para acceder al desempeño de cargos o empleos públicos o para continuar en su ejercicio (inhabilidades sobrevinientes).

De contera, el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad reglamentaria contemplada en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución, no puede arrogarse la atribución de fijar régimen alguno de inhabilidades, mucho menos acudiendo a la técnica del reenvío para hacer que las inhabilidades dictadas por el legislador para ciertos servidores públicos sean a su vez aplicables a otros pero por voluntad del jefe del Gobierno Nacional. Si bien es cierto que tales inhabilidades tienen asiento en una ley, no es el legislador quien decide a qué funcionarios aplicárselas, sino que esa decisión la asume sin competencia el Presidente de la República, no obstante que es el órgano legislativo a quien le concierne hacerlo.

(…).

En este orden de ideas, es atinado afirmar, como así lo hizo el apoderado de la defensa, que el antepenúltimo inciso del artículo 22 del Decreto 1768 de 1994, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de la facultad reglamentaria, es contrario al ordenamiento constitucional porque mediante la técnica del reenvío fijó el régimen de inhabilidades aplicable al director general de las corporaciones autónomas regionales, cuando es lo cierto que únicamente el constituyente y el legislador son las autoridades competentes para expedir ese tipo de normas jurídicas.

Lo anterior lleva a que se inaplique, para este caso, la norma consagrada en el antepenúltimo inciso del artículo 22 del Decreto 1768 de 1994, por virtud de la excepción de inconstitucionalidad. Así, el cargo de inhabilidad apoyado en el Decreto Ley 128 de 1976 artículo 10, en el artículo 43 numeral 2º de la Ley 136 de 1994 y en el artículo 33 numeral 3º de la Ley 617 de 2000, resulta impróspero, porque la norma que servía de hilo conductor según los planteamientos del demandante, es contraria al ordenamiento superior y, por tanto, inaplicable en el sub lite”(30).

Por lo anterior, se procederá a inaplicar por inconstitucional, el antepenúltimo inciso del artículo 22 del Decreto 1768 de 3 de agosto de 1994 expedido por el Presidente de la República, en virtud de lo normado en el artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que faculta al juez contencioso a realizar esa declaratoria de oficio y por vía de excepción.

3.2. Expediente 2012-0056.

3.2.1. Cargos primero y segundo. De la indebida integración del consejo directivo al momento de la elección del demandado.

A. Del Representante de las comunidades negras

Argumentó el demandante que la sesión en la cual se eligió al demandado estuvo conformada irregularmente, por cuanto quien participó como representante de las comunidades negras, no era la persona elegida para ocupar dicha dignidad, situación con la que se vulneró el artículo 29 constitucional, el artículo 2º del Decreto 128 de 1976(31) y los artículos 72 y 73 de la Ley 489 de 1998(32).

Como defensa, el demandado afirmó que la señora Rosa Emilia Solís Grueso fue elegida como representante de las comunidades negras ante el Consejo Directivo de la CVC a través de Acta de 12 de septiembre de 2011 en reunión autónoma y que en tal calidad hizo parte de la sesión del consejo en la cual se le designó como director.

Para determinar si el acto de elección está viciado de nulidad en relación con el argumento que soporta este cargo, se acudirá al contenido del Acta del 12 septiembre de 2011, suscrita a instancias de las comunidades negras debidamente reconocidas en el departamento del Valle del Cauca, de la que se destaca lo siguiente (fls. 174-195 Exp. 2012-0056):

“Acta de elección del representante y suplente de las comunidades negras al consejo directivo de la CVC.

(…).

El presidente de la asamblea, señor Wilson Osorio en compañía de los delegados de las planchas realiza el conteo de los votos en donde anuncia que la plana número 1 obtuvo 15 votos y la plancha número 2, 16 votos, se cierra la asamblea.

El señor Faustino Delgado, integrante de la plancha número 1 y representante legal del consejo comunitario de la comunidad negra Citronela, pide que revisen los votos, porque había uno que tenía el número de la plancha número 1 y el nombre de los señores Liomedes Mosquera y Beatriz Mosquera, pertenecientes a la plancha número 2.

(…).

Al efectuarse el reconteo de los votos solicitado por el señor José Faustino Angulo Delgado, en su calidad de suplente de la lista 1 y además representante legal del consejo comunitario de la comunidad negra Citronela, efectivamente se evidenció que sí se aplicaba el acuerdo de la asamblea de que los votos se contarían por plancha, la lista ganadora era la que encabezaba la licenciada Rosa Emilia Solis, con suplencia del señor Faustino Angulo Delgado (…)” (resaltado fuera de texto)

De lo anterior, se advierte que la señora Rosa Emilia Solís Grueso resultó elegida como representante de dichas comunidades ante el Consejo Directivo de la CVC, y en tal condición podía participar en la sesión en la que se designó al director de esta corporación, como en efecto acaeció, según lo certificó la Secretaría General de dicha corporación en memorial obrante en los folios 173 a 175 del plenario(33).

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5º del Decreto 1523 de 2003(34) que determina la forma en que se debe realizar la elección del representante de las comunidades negras ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas, puede concluirse que ésta, constituye un acto definitivo de naturaleza electoral, independiente del acto de elección que ahora se demanda en nulidad.

Por esa razón no resulta viable cuestionar la legalidad de la elección del director de la corporación con fundamento en la supuesta invalidez de la elección de un representante ante el consejo directivo, que se insiste, no corresponde a un acto previo a la designación que ahora se censura vía acción de nulidad electoral, sino a un acto autónomo(35).

Entonces como quiera que el acto de elección de la representante de las comunidades negras ante el consejo directivo de la CVC, no ha sido declarado nulo o suspendido por la jurisdicción contenciosa administrativa, goza de presunción de legalidad, y sus efectos jurídicos prevalecen en el ordenamiento. Y aun cuando esta situación se probara, lo cierto es que el cargo no se fundamentó en la indebida conformación del quórum, de manera que tampoco hay lugar a acoger lo expuesto por el demandante(36).

En consecuencia, el cargo no prospera.

B. Del delegado del Gobernador del departamento del Valle del Cauca

Según el demandante el delegado del gobernador del Valle del Cauca para participar de dicha sesión, no era funcionario de la administración departamental, situación con la que se vulneraron los artículos 23, 24, 26, 27 y 29 de la Ley 99 de 1993(37).

Al respecto, se destaca que en desarrollo de la audiencia inicial, se requirió al señor gobernador del departamento del Valle del Cauca para que allegara como prueba, los documentos que certificaran que el señor Luis Hernando Pérez Montoya cumplía con los requisitos para ser escogido como su delegado ante el consejo directivo de la CVC. En cumplimiento de lo anterior, el representante legal del ente departamental allegó el Oficio de fecha 16 de octubre de 2013, del cual es preciso resaltar:

“En ese orden, el Gobernador del Valle del Cauca, delegó mediante los decretos números 1076 de 6 de julio 2012, 1576 de 27 de septiembre de 2012, 1779 de 13 de noviembre de 2013, en el ingeniero Luis Hernando Pérez Montoya la representación del departamento de Valle del Cauca. Así mismo fue el ingeniero Luis Hernando Pérez Montoya delegado por el Gobernador del Valle del Cauca mediante Decreto 1228 de 25 de julio de 2012, para participar en la Asamblea Corporativa de la CVC prevista para el 26 de julio de 2012.

El ingeniero Luis Hernando Pérez Montoya se desempeña en el cargo de asesor del despacho del Gobernador, tal y como consta en el decreto de nombramiento número 1067 del 6 de julio de 2012, y acta de posesión número 2012-0436 de 6 de julio de 2012”(38).

Las pruebas documentales que se allegaron con el oficio trascrito, dan cuenta de la existencia de los actos administrativos de delegación referidos y del acta de posesión del ingeniero Luis Hernando Pérez Montoya en calidad de “asesor del despacho del gobernador”, circunstancia suficiente para desestimar el cargo propuesto. En todo caso, de las citadas pruebas, se destaca la certificación allegada por la secretaria general de la CVC, en la que se señaló expresamente, que quien participó en la elección del demandado, fue directamente el señor gobernador del departamento del Valle del Cauca, de manera que resulta inocuo el análisis del cargo.

3.2.1. Tercer cargo. De la convocatoria al consejo directivo para la designación del director de la CVC.

Estimó el demandante que el acto de elección enjuiciado está viciado de nulidad, por cuanto la convocatoria que precedió la sesión en la que se designó como director general de la CVC al señor Campo Velasco, no fue realizada directamente por el presidente del consejo directivo sino por el secretario de dicho órgano, con lo cual se desconoció el artículo 32 de los estatutos de la CVC(39), el artículo 56 de la Ley 70 de 1993(40) y los artículos 1º y 5º del Decreto Reglamentario 1523 de 2003(41).

El demandado señaló que el secretario de la CVC realizó la convocatoria dadas las facultades que sobre el particular le otorgan los estatutos de la corporación.

Al efecto, observa la Sala que el artículo 44 del Acuerdo AC 03 del 26 de marzo de 2010 “por el cual se reforman los estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca”, dispone:

“ART. 44.—Funciones del secretario o secretaria. Son funciones del secretario o secretaria del consejo directivo:

a. Realizar las citaciones a los consejeros y hacerles llegar con un mínimo de un día calendario la documentación requerida para el desarrollo de la sesión.

b. Elaborar y suscribir con su firma las actas y acuerdos del consejo directivo.

c. Dar lectura a las proposiciones y correspondencia dirigida al consejo directivo, proyectos de acuerdo y toda clase de documentos que deban ser leídos en la respectiva sesión plenaria o de comisiones.

d. dar a conocer el resultado de las votaciones que se realicen dentro de la respectiva sesión.

e. dar respuesta conforme a las instrucciones dadas por el consejo directivo a las comunicaciones que así lo requieran.

f. Organizar y responder por el archivo de documentos del consejo directivo.

g. Las demás que por su naturaleza le correspondan”.

Así las cosas, la situación que se describe en el concepto de violación, no tiene vocación de prosperidad dada la facultad expresa que tiene el secretario del consejo directivo para realizar las citaciones a los consejeros, máxime si se tiene en cuenta que las normas en que se sustenta el cargo —diferentes a los estatutos de la CVC—, no guardan relación con la situación concreta, sino que se refieren al procedimiento para la elección de los representantes de las comunidades negras ante los consejos directivos de las corporación autónomas regionales.

Las anteriores son razones suficientes para concluir que se impone negar las pretensiones de las demandas acumuladas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. INAPLICAR, por inconstitucional, el penúltimo inciso del artículo 19 y el antepenúltimo inciso del artículo 22 del Decreto 1768 de 3 de agosto de 1994, expedido por el Presidente de laRepública.

Segundo: DENEGAR las pretensiones de las demandas acumuladas, atendiendo a las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese”».

(17) Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.

(18) Op. cit. 8.

“ART. 27.—De las funciones del consejo directivo. Son funciones del consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales: (…).

j) Nombrar de acuerdo al artículo siguiente o remover de conformidad con los estatutos, al director general de la corporación”.

(19) Op. cit. 4.

“ART. 22.—Nombramiento, plan de acciones y remoción del director general. El director general tiene la calidad de empleado público, sujeto al régimen previsto en la Ley 99 de 1993, el presente decreto y en lo que sea compatible con las disposiciones aplicables a los servidores públicos del orden nacional.

La elección y nombramiento del director general de las corporaciones por el consejo directivo se efectuará para un período de tres (3) años”.

(20) Visible en los folios 32-35 del cuaderno anexo 1.

(21) “ART. 125.—Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

PAR.—<Parágrafo adicionado por el artículo 6º del Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido”.

(22) “ART. 28.—Del director general de las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible. <Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 1263 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> El director general será el representante legal de la corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el consejo directivo para un período de cuatro (4) años, contados a partir del 1º de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una sola vez.

(23) Corte Constitucional. Sentencia C-1345 de 4 de octubre de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.

(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 2011-00312-00. Actor: Efraín Gómez Cardona.

(25) “Por el cual se desarrolla parcialmente el literal h) del artículo 116 en lo relacionado con el establecimiento, organización o reforma de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de régimen especial, creadas o transformadas por la Ley 99 de 1993”.

(26) “Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas”.

“ART. 10.—De la prohibición de prestar servicios profesionales. Los miembros de las juntas o consejos, durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y los gerentes o directores, dentro del período últimamente señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual actúa o actuaron ni en las que hagan parte del sector administrativo al que aquélla pertenece”.

(27) “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

“ART. 79.—Régimen disciplinario de los miembros de los consejos y de los representantes legales de los establecimientos públicos. Además de lo dispuesto en la Constitución Política sobre inhabilidades de los congresistas, diputados y concejales, para ser miembro de los consejos directivos, director, gerente o presidente de los establecimientos públicos, se tendrán en cuenta las prohibiciones, incompatibilidades y sanciones previstas en el Decreto-Ley 128 de 1976, la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes que las modifiquen o sustituyan”.

“ART. 102.—Inhabilidades e Incompatibilidades. Los representantes legales y los miembros de los consejos y juntas directivas de los establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta en las que la Nación o sus entidades posean el noventa por ciento (90%) o más de su capital social y de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, estarán sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, y responsabilidades previstas en el Decreto 128 de 1976 y demás normas que lo modifiquen o adicionen”.

(28) Independientemente del régimen propio que les es aplicable en virtud de lo normado en la Ley 99 de 1993.

(29) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 9 de octubre de 2013, expediente 2012-0045. Demandante: Gloria Inés Hernández Contreras. Demandado: Director CRQ.

(30) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 19 de septiembre de 2013, expedientes 110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 y 110010328000201200057-00. Demandantes: Eduardo Carmelo Padilla Hernández y otros. Demandado: Director CAR. C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(31) Op. cit. 5.

“ART. 2º—De los deberes de los miembros de las juntas y de los gerentes o directores. Además de los que les señalen otras normas, son deberes de los miembros de las juntas o consejos y de los gerentes o directores:

1. Respectar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los estatutos de la entidad;

2. Desempeñar sus funciones con eficiencia e imparcialidad;

3. Guardar en reserva los asuntos que conozcan en razón de sus funciones y que por su naturaleza no deban divulgarse”.

(32) Op. cit. 6.

“ART. 72.—Dirección y administración de los establecimientos públicos. La dirección y administración de los establecimientos públicos estará a cargo de un consejo directivo y de un director, gerente o presidente”.

“ART. 73.—Integración de los consejos de los establecimientos públicos y deberes de sus miembros. Los consejos directivos de los establecimientos públicos se integrarán en la forma que determine el respectivo acto de creación.

Todos los miembros de los consejos directivos o asesores de los establecimientos públicos deberán obrar en los mismos consultando la política gubernamental del respectivo sector y el interés del organismo ante el cual actúan.

Los consejos de los establecimientos públicos, salvo disposición legal en contrario, serán presididos por el ministro o el director de departamento administrativo a cuyo despacho se encuentre adscrita la entidad o por su delegado”.

(33) “La suscrita secretaria general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca —CVC— Certifica: Que el día 24 de julio de 2012 se llevó a cabo la elección del director general para el periodo 2012-2015 y los integrantes del consejo directivo fueron los siguientes: (…) Licenciada, Rosa Emilia Solís Grueso, representante de las Comunidades Negras del Valle del Cauca”.

(34) “Por el cual se reglamenta el procedimiento de elección del representante y suplente de las comunidades negras ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales y se adoptan otras disposiciones”.

“ART. 5º—Elección. Las comunidades negras, en la reunión pertinente, adoptarán la forma de elección de su representante y suplente ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.

Cuando a la elección no asistiere ningún representante legal de los consejos comunitarios o por cualquier causa imputable a los mismos, no se eligieren sus representantes, el director general de la corporación autónoma regional dejará constancia del hecho en un acta y realizará una nueva convocatoria pública dentro de los quince (15) días calendario siguientes, aplicando el procedimiento previsto en el presente decreto.

PAR. 1º—En este último evento, deberá continuar asistiendo al consejo directivo el representante de los consejos comunitarios que se encuentre en ejercicio del cargo y hasta tanto se elija su reemplazo.

PAR. 2º—Independientemente de la forma de elección que adopten las comunidades negras, su representante y suplente ante el consejo directivo de la respectiva corporación autónoma regional, serán en su orden los que obtengan la mayor votación”.

(35) Similar razonamiento se expuso en la Sentencia de 19 de septiembre de 2013 Op. cit. 29.

(36) Ibídem.

(37) Op. cit. 8.

(38) Acta que obra en el folio 182 del plenario.

(39) “ART. 32.—Reuniones. Las reuniones del consejo directivo serán ordinarias y extraordinarias y se efectuarán en la sede principal de la corporación o donde lo determine el consejo directivo.

Sesiones ordinarias. El consejo directivo se reunirá al menos una vez al mes, previa convocatoria que haga el presidente, el director general de la corporación o la mayoría de sus miembros, con citación no inferior a cinco (5) días hábiles.

En las sesiones ordinarias se podrá tratar cualquier asunto de los que legal y estatutariamente le corresponde.

Sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias del consejo directivo, podrán ser convocadas en cualquier tiempo, por el presidente del consejo o su delegado, por tres (3) miembros del mismo, por el director general de la corporación, con citación no inferior a dos (2) días calendario. Quienes convoquen a sesiones extraordinarias, deberán indicar en la convocatoria los motivos de citación y los asuntos que serán sometidos a su consideración. En el consejo directivo extraordinario solo se podrán tratar los temas para el cual fue convocado.

PAR. 1º—A las reuniones del consejo directivo asistirá el director general con voz pero sin voto y asistirán aquellas personas que el consejo directivo determine.

PAR. 2º—El consejo directivo podrá sesionar fuera de la jurisdicción de la corporación, cuando quiera que se trate de la sesión conjunta de los consejos directivos de las corporaciones que compartan un mismo ecosistema estratégico, que deban atender citaciones del Presidente de la República, Congreso de la República o del Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como ente rector del SINA”.

(40) Por la cual se desarrolla el artículo 55 transitorio de la Constitución.

(41) Por el cual se reglamenta el procedimiento de elección del representante y suplente de las comunidades negras ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales y se adoptan otras disposiciones.