Sentencia 2012-00066 de enero 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Ref.: Expediente 11001-03-28-000-2012-00066-00

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Demandante: Fernando Díaz Yara

Demandado: Rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca – Carlos Alberto Corrales Medina

Asunto: Fallo electoral de única instancia

Bogotá, D. C., treinta de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer y decidir en única instancia la demanda de la referencia por así disponerlo el numeral 4 de artículo 149 del CPACA y el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. De la prueba de la elección que se acusa.

La elección del señor Carlos Alberto Corrales Medina como rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (período 2012-2016), se acreditó en debida forma con la copia auténtica del Acuerdo 26 del 12 de septiembre de 2012, expedido por el Consejo Superior de ese ente universitario autónomo del orden nacional (fls. 94-95).

3. Fijación del litigio.

Como se precisó en la audiencia inicial, le corresponde a la Sala determinar si el Acuerdo 26 del 12 de septiembre de 2012 es nulo, por transgredir normas superiores, inobservar requisitos y calidades para ser elegido rector y desconocer el procedimiento establecido para la elección.

4. Cuestión previa.

Con el escrito de alegatos el actor sustentó la ilegalidad del acto de elección demandado en el desconocimiento de “… la norma de calidad NGP1000-2009…”, así como en la falta “… consulta o debate frente a los ternados…” previa designación. También, en que existen “inconsistencias” entre el currículum vítae del demandado y los certificados y/o documentos de soporte anexos a la hoja de vida.

Pues bien, frente a estos razonamientos que expuso el accionante en su escrito de alegatos finales, lo primero que advierte la Sala es que se trata de cargos que no fueron presentados en la demanda y que desbordan el desarrollo del problema jurídico formulado durante la audiencia inicial en la cual se fijó el litigio.

Lo anterior es así, porque si bien el actor refirió la expedición irregular del acto por vicios en el procedimiento de elección, lo hizo con fundamento en la falta de participación de la comunidad universitaria cuando se realizaron las presentaciones del programa de gestión de los aspirantes preinscritos, porque no se dispuso un lugar con suficiente capacidad para albergar a la totalidad de la población académica, y no en la inexistencia de consulta o debate de los ternados.

Además, el cargo relacionado con la falta de requisitos del demandado para desempeñarse como rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presentado en la demanda no versó sobre inconsistencias entre la hoja de vida y los documentos de soporte que el accionado allegó al proceso de elección, sino en que no había fungido como profesor de planta durante 5 años o decano en propiedad, como lo exige el artículo 22 de los Estatutos Generales.

Adicionalmente, el actor en los alegatos de conclusión amplió el concepto de violación normativa, al referir el supuesto desconocimiento de “… la norma de calidad NGP1000-2009…” con la expedición del acto de elección, reproche que tampoco es posible analizar en esta sentencia en la medida en que de hacerlo desconocería el derecho de defensa del accionado, quien basó su defensa en los cargos que se formularon con la demanda.

En consecuencia, en esta providencia solo serán objeto de análisis los cargos de ilegalidad que en contra del acto demandado se formularon con la demanda.

5. Cargo primero: Expedición del Acuerdo 15 de 2012 con violación de la ley.

Indicó el actor en la demanda que el Acuerdo 26 de 2012 desconoce los artículos 1º y 2º de la Ley 909 de 2004 “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, que consagran el principio de mérito para el ejercicio de la función pública(1).

De entrada advierte la Sala que este cargo no tiene vocación de prosperidad, pues si bien la Ley 909 de 2004 aplica de manera supletoria para el caso de los servidores públicos de carrera de los entes universitarios autónomos, tal como lo establece el artículo 3º de esa norma; lo cierto es que no rige para el caso del rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, que es un cargo de período, como se verá a continuación.

El artículo 3 de la Ley 909 de 2004, en lo pertinente dice:

“ART. 3º—Campo de aplicación de la presente ley.

1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a los siguientes servidores públicos:

a) A quienes desempeñan empleos pertenecientes a la carrera administrativa en las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel Nacional y de sus entes descentralizados.

(…)

- Al personal administrativo de las instituciones de educación superior que no estén organizadas como entes universitarios autónomos.

(…)

2. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales como:

(…)

- Entes universitarios autónomos.

(…)”.

Ahora, la Ley 48 de 1945(2) creó el Colegio Mayor de Cundinamarca y con la entrada en vigencia de la Ley 30 de 1992, que organizó el servicio público de la educación superior, adquirió la condición de ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera.

La naturaleza jurídica de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, que se ajusta a los mandatos de los artículos 69 de la Constitución Política(3) y 28, 65 y 66 de la Ley 30 de 1992(4), permite que su consejo directivo esté a cargo de su direccionamiento y gobierno y, en esa medida, es este órgano el encargado de expedir sus estatutos, así como el reglamento del procedimiento para la elección de su rector, normativas que se encuentran contenidas en los acuerdos 11 de 2000 y 11 de 2012(5).

Así las cosas, el Acuerdo 11 de 2000 (Estatutos de la Universidad), en lo pertinente dice en su artículo 21:

“Periodo, forma de designación y de remoción del rector. El rector será nombrado por el Consejo Superior Universitario para un periodo de cuatro años de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a. En el plazo fijado en la reglamentación que expida para el efecto el Consejo Superior Universitario, el secretario general recibirá una terna de candidatos propuestos por el Consejo Académico; en el proceso participará la comunidad académica a través de sus representantes.

b. El secretario general verificará si los candidatos cumplen los requisitos señalados en el presente estatuto; expedirá la respectiva constancia y remitirá al rector las hojas de vida para su presentación al Consejo Superior Universitario.

c. El Consejo Superior Universitario, designará al rector de la universidad para el periodo respectivo.

(…)”.

Por su parte, el Acuerdo 11 de 2012, con el cual el Consejo Superior Universitario reglamentó el procedimiento de designación del rector, establece en su artículo 10º lo siguiente:

“Designación. El Consejo Superior Universitario, en sesión especialmente señalada para este fin y mediante votación individual y secreta, designará con la mayoría absoluta de votos de los miembros presentes, al rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para el próximo período de cuatro (4) años”.

Conforme a lo anterior, para la Sala es claro que la designación del rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca está regulada por los acuerdos 11 de 2000 y 11 de 2012. Así las cosas, y a diferencia de como lo afirma el actor, la aplicación de la Ley 909 de 2004 para el caso concreto no es procedente, ni siquiera de manera supletoria, pues no se trata de un empleo de carrera sino de período.

Y tampoco se advierte que el procedimiento de designación del rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca establecido por el Consejo Superior Universitario implique el adelantamiento de un concurso de méritos, pues se trata de un cargo público de elección que se provee con la decisión mayoritaria de los miembros que componen dicho órgano de dirección, como lo establece el artículo 10 del Acuerdo 11 de 2012(6), lo que además implica que no se trata de un acto que requiera motivación, pues es el reflejo de su voluntad, ejercida con plena autonomía. En consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar.

6. Cargo segundo: Falta de requisitos y calidades para ser elegido rector.

Afirmó el actor en la demanda que el señor Carlos Alberto Corrales Medina no cumple con los requisitos para ser rector de la entidad educativa establecidos en el artículo 22 de los Estatutos Generales de la Universidad.

El artículo en mención, reproducido por el artículo 2º del Acuerdo 11 de 2012, que reglamentó el proceso de elección, establece:

“Requisitos y calidades: Para ser rector se requiere poseer título universitario y de posgrados y haber sido, además, rector, vicerrector o decano en propiedad, de una universidad o institución universitaria o haber sido profesor universitario al menos durante cinco (5) años”.

De conformidad con la norma transcrita, y en lo que al objeto del proceso interesa, el ejercicio del cargo de rector exige el cumplimiento de una de las cuatro siguientes posibilidades: haber sido i) rector; o, ii) vicerrector; o, iii) decano; o, iv) profesor universitario por un mínimo de 5 años.

Indicó el actor que el accionado no cumple con las condiciones señaladas por la norma pues, de un lado, los 5 años como profesor universitario que se exigen deben ser acreditados en condición de docente de planta, y el accionado se desempeñó como tal por un tiempo de 2 años, porque los demás años que certificó fue en calidad de profesor de cátedra y ocasional.

Y del otro, que si bien fungió como decano en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, lo cierto es que lo hizo en “encargo” y que, por ende, no fue en propiedad como lo exige la normativa.

Pues bien, analizado el material probatorio obrante en el expediente, encuentra la Sala que según constancia expedida el 12 de julio de 2012 por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (fls. 41-45), documento que el mismo actor aportó con el escrito de demanda, el accionado ha sido docente de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de forma ininterrumpida desde el año 2000 así:

  1. Docente de cátedra desde enero de 2000.
 

  1. Docente ocasional de medio tiempo desde julio de 2001.
 

  1. Docente ocasional de tiempo completo desde julio de 2003.
 

  1. Docente de planta de tiempo completo desde el 15 de julio de 2004.
 

El mencionado certificado indica que mientras el demandado se desempeñaba como docente de planta, se produjo su comisión en el cargo de decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (13 de junio de 2006), y que en el segundo período académico del 2007 y primero del 2008 le fueron asignados programas de trabajo académico.

Ahora, el examen del contenido del artículo 22 de los Estatutos Generales así como del material probatorio, permite a la Sala concluir que el demandado cumple con el requisito puesto en duda por el actor de “haber sido profesor universitario al menos durante cinco (5) años”.

Lo anterior es así porque, primero, la norma exige al aspirante a rector el haberse desempeñado como docente durante determinado tiempo, pero no, como lo afirma el accionante, que lo haya sido en determinada modalidad, esto es, de cátedra, ocasional o de planta; y segundo, está acreditado que el señor Carlos Alberto Corrales Medina se desempeñó como profesor universitario desde el año 2000, hasta, por lo menos, cuando se produjo la comisión para desempeñar el cargo de decano, que ocurrió el 13 de junio de 2006, es decir, que en definitiva fue profesor universitario por un tiempo superior a 5 años.

Entonces, visto que el artículo 22 del Acuerdo 11 de 2000 exige el cumplimiento de al menos una de las cuatro posibilidades por parte de los aspirantes para ocupar el cargo de rector, y acreditada la condición de profesor universitario del señor Carlos Alberto Corrales Medina por un tiempo superior a 5 años, concluye la Sala que el cargo formulado por el incumplimiento de requisitos del demandado no prospera y, por ende, se hace inane realizar un análisis sobre el otro reproche planteado por el actor relacionado con el desempeño de la decanatura del accionado.

7. Cargo tercero: Expedición irregular del Acuerdo 26 de 2012 por vicios de procedimiento.

Por último, el actor alegó con la demanda que el acto enjuiciado fue expedido de forma irregular porque no se contó con la participación de la comunidad educativa, pues la socialización del programa de gestión de los aspirantes preinscritos se realizó en un lugar con capacidad máxima de 300 personas, cuando la población académica es de más de 6.000 personas.

El proceso de designación del rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, como se reseñó en precedencia, se rige por lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo 11 de 2000 (Estatutos Generales de la Universidad).

En ejercicio de sus atribuciones, el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 11 de 2012, por medio del cual reglamentó específicamente el procedimiento de designación del rector y al afecto previó el siguiente trámite:

1. Divulgación (artículo 3).

2. Convocatoria (artículo 4).

3. Preinscripción al cargo de rector (artículo 5).

4. Socialización del programa de gestión (artículo 6).

5. Consulta a la comunidad universitaria, cuyo resultado no es vinculante (artículo 7).

6. Inscripción de candidatos (artículo 8).

7. Procedimiento para la integración de la terna (artículo 9).

a. Revisión de documentos por el secretario general.

b. Entrega de resultados al Consejo Académico.

c. Integración de la terna de candidatos.

8. Designación (artículo 10).

De otro lado, mediante Acuerdo 12 de 2012 el Consejo Superior Universitario del Colegio Mayor de Cundinamarca fijó el cronograma para el proceso de selección del rector (periodo 2012-2016) el cual incluía:

1. Preinscripción de aspirantes.

2. Publicación del acta de candidatos preinscritos.

3. Publicación de las hojas de vida de los aspirantes.

4. Socialización de los programas de gestión.

5. Consulta previa a la comunidad universitaria.

6. Inscripción formal.

7. Valoración de las hojas de vida.

8. Formulación de la terna.

9. Designación del rector.

Pues bien, el examen de la normativa que rigió el proceso de elección del rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca permite a la Sala concluir que en efecto se debió realizar un trámite de socialización ante la comunidad universitaria de los programas de gestión que presentaban los candidatos a cargo de rector (artículo 6º del Acuerdo 11 de 2012), en las siguientes condiciones:

“Socialización del programa de gestión: Con el fin de exponer ante la comunidad universitaria los programas de gestión propuestos por los aspirantes preinscritos, en el cronograma institucional se destinarán tres (3) días, esta franja de tiempo está sujeta a cambios de acuerdo con el número de preinscritos. Del total de estos, se conformaran las listas según el orden de preinscripción. Al iniciar la sesión se realizará el sorteo con el fin de establecer el turno que corresponda a cada persona; los aspirantes dispondrán de hasta cuarenta y cinco minutos (45’) para socializar su programa de gestión, de los cuales máximo treinta minutos (30’) serán de exposición.

PAR. 1º—La programación de las sesiones debe garantizar que cada candidato pueda exponer su programa de gestión tanto en el horario diurno como en el nocturno.

PAR. 2º—La socialización del programa de gestión por parte de los candidatos será moderada por un profesional externo de la universidad, quien será contratado para el efecto por la Vicerrectoría Administrativa”.

Revisado el material probatorio obrante en el expediente (fls. 386 a 417), encuentra la Sala el Comunicado Nº 5 de 26 de julio de 2012 expedido por la Secretaria General de la universidad con el cual se informó la fecha, hora y el trámite a seguir para la socialización de los programas de gestión de los aspirantes preinscritos así:

“Proceso de designación de rector

(…)

Socialización programas de gestión

De conformidad con el Acuerdo 11 de 2012, artículo 6º y el Acuerdo 12 de 2012, sobre la socialización de los programas de gestión ante la comunidad universitaria, se informa:

1. Del total de los aspirantes preinscritos se han conformado tres (3) listas según el orden de preinscripción, así:

Agosto 1

- Jorge Alberto Rivadeneira Ramírez

- Germán Santiago Acuña González

- Guillermo Salas Toro

- Luis Enrique Castillo Cubillos

- Amparo de Jesús Zárate Cuello

Agosto 2

- Mirtha Patricia Bejarano Ramón

- Over Humberto Serrano Suárez

- Patricia Duque Cajamarca

- David García Vanegas

- Hernando Sánchez Ruiz

Agosto 3

- Luis Carlos Montoya González

- Carlos Alberto Corrales Medina

- Ricardo Martínez Quintero

- Martha Espinosa de Martínez

- José Joaquín Osorio Ruiz

2. En atención al Acuerdo 11 de 2012, artículo 6º, al iniciar cada sesión se realizará sorteo, con el fin de establecer el turno que corresponda a cada aspirante. Dicho sorteo se llevará a cabo a las 8:15 a.m. en el Aula Múltiple de la Sede Principal, los días 1º, 2 y 3 de agosto.

3. Cada candidato expondrá su programa de gestión, tanto en el horario diurno como nocturno, a continuación se registran los turnos programados:

- Primer turno: 9:00 a.m. y 5:00 p.m.

- Segundo turno: 10:00 a.m. y 6:00 p.m.

- Tercer turno: 11:00 a.m. y 7:00 p.m.

- Cuarto turno: 12:00 m. y 8:00 p.m.

- Quinto turno: 1:00 p.m. y 9:00 p.m.

4. Los expositores dispondrán hasta de cuarenta y cinco minutos (45’) para socializar su programa de gestión, de los cuales máximo treinta minutos (30’) serán de exposición.

(…)”.

Posteriormente, mediante Comunicado Nº 6 de 30 de julio de 2012, la Secretaría General de la universidad indicó que:

“(…)

3. El señor rector en Circular Nº 4 de julio 26, dirigido a: vicerrectoras, decanos, jefes y encargados de todas las dependencias, ha señalado: ‘Les presento un cordial saludo y me permito solicitarles se tomen las medidas administrativas y académicas que permitan la participación amplia de los diferentes estamentos de la universidad, en la socialización de los programas de gestión por parte de los aspirantes a la rectoría y en la consulta correspondiente, los días 1º, 2, 3 y 8 de agosto de 2012, de acuerdo con la programación establecida.’

(…)”.

Los comunicados Nº 8, 9 y 10, de 1º, 2 y 3 de agosto de 2012, informaban el resultado de los sorteos para los turnos de socialización del programa de gestión de los aspirantes y las horas correspondientes para cada uno de ellos.

Ahora bien, encuentra la Sala que el contenido de la normativa que rigió el proceso de designación del rector, estableció la realización de una jornada de socialización de los programas de gestión de los aspirantes preinscritos; sin embargo, ninguna exigencia hizo respecto del lugar en que dicha actividad debió llevarse a cabo.

La finalidad de socializar los programas de gestión radica en que la comunidad universitaria tenga conocimiento de las propuestas de quienes buscan ser designados como la primera autoridad ejecutiva del ente educativo. Ello implica entonces que la jornada se celebre, como mínimo, en un lugar al que puedan acceder libremente los interesados en informarse sobre los planes que presentarán aquellos que cuentan con una posibilidad de ser elegidos rector.

Según se advirtió a partir del material probatorio, las directivas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca escogieron el “Aula Múltiple” de la institución para la socialización de los programas de gestión de los aspirantes, lugar, que según afirmó el mismo accionante en los escritos con los que intervino oportunamente durante el proceso, “… tiene una capacidad máxima de 300 asistentes sentados y algunos de pie…”, lo que a juicio de la Sala resulta suficiente en especial si se tiene en cuenta que a algunas de las exposiciones “… solo acudieron alrededor de 40 personas de la comunidad universitaria…”, como también lo indicó el demandante.

El anterior análisis permite evidenciar que el fundamento del cargo formulado por el actor versa puntalmente sobre la supuesta insuficiencia del lugar donde fue llevada a cabo la socialización de los programas de gestión; sin embargo, se trata de una afirmación carente de sustento probatorio y que además en nada contraviene la normativa que rige el proceso, o implica el incumplimiento de alguna de las etapas previstas para la designación del rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Adicionalmente, no sobra señalar que el proceso de designación en lo que a la socialización de los programas de gestión respecta, aparece conforme a las previsiones de los Estatutos Generales de la Universidad como se estableció a partir del material probatorio analizado.

En consecuencia, por no encontrarse irregularidad alguna en la etapa de socialización de los programas de gestión de los preinscritos que contravenga la normativa que rigió la elección del señor Carlos Alberto Corrales Medina como rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (período 2012-2016); se concluye, el cargo no prospera.

8. Conclusión.

La Sala, a modo de síntesis, denegará las pretensiones de la demanda formulada por el señor Fernando Díaz Yara, pues el Acuerdo 26 de 2012 fue expedido con observancia de normas de orden superior y con respeto del procedimiento establecido para la elección del rector. Y además, porque el señor Carlos Alberto Corrales Medina cumple con requisitos y calidades para ser elegido rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Denegar las pretensiones de la demanda.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Notifíquese, publíquese y cúmplase».

(1) “ART. 1º—Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública.

Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública, conforman la función pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad.

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos:

a) Empleos públicos de carrera;

b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;

c) Empleos de período fijo;

d) Empleos temporales”.

“ART. 2º—Principios de la función pública.

1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad.

2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional, son los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

3. Esta ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la efectiva prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos:

a) La profesionalización de los recursos humanos al servicio de la administración pública que busca la consolidación del principio de mérito y la calidad en la prestación del servicio público a los ciudadanos;

b) La flexibilidad en la organización y gestión de la función pública para adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, flexibilidad que ha de entenderse sin detrimento de la estabilidad de que trata el artículo 27 de la presente ley;

c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, que se concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los acuerdos de gestión;

d) Capacitación para aumentar los niveles de eficacia”.

(2) “Por la cual se fomenta la creación de Colegios Mayores de Cultura Femenina”.

(3) Dice el artículo 69 de la C. P.: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

(4) “ART. 28.—La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.

“ART. 65.—Son funciones del Consejo Superior Universitario:

a) Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional.

b) Definir la organización académica, administrativa y financiera de la institución.

c) Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el estatuto general y las políticas institucionales.

d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución.

e) Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos.

f) Aprobar el presupuesto de la institución.

g) Darse su propio reglamento.

h) Las demás que le señalen la ley y los estatutos.

PAR.—En los estatutos de cada universidad se señalarán las funciones que puedan delegarse en el rector.”

“ART. 66.—El rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal u oficial y será designado por el Consejo Superior Universitario. Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los respectivos estatutos.

PAR.—*(Aparte tachado inexequible. La designación del rector de las instituciones estatales u oficiales que no tienen el carácter de universidades de conformidad con la presente ley se efectuará por parte del Presidente de la República, el gobernador o el alcalde según el caso, de ternas presentadas por el Consejo Directivo. El Estatuto General determinará los requisitos y calidades que deben reunir los candidatos y los procedimientos para la integración de esta terna, en los cuales deberá preverse la participación democrática de la comunidad académica)*”.

(5) “Por el cual se modifica el Acuerdo 11 de 2004, Reglamentación del proceso de designación de rector para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca”.

(6) “Designación: El Consejo Superior Universitario, en sesión especialmente señalada para este fin y mediante votación individual y secreta, designará con la mayoría absoluta de votos de los miembros presentes, al rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para el próximo período de cuatro (4) años”.