Sentencia 2012-00070 de enero 24 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref: Expediente 2012-00070.

Bogotá, D.C., veinticuatro de enero de dos mil trece.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

Recurso de apelación contra la sentencia de 23 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Actor: José Miguel López Martin.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala:

En relación con la controversia sometida al estudio de la Sala, cabe observar lo siguiente:

La causal en que se fundamenta la demanda es la de violación al régimen de inhabilidades, prevista en el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, por cuanto el demandado si bien presentó renuncia al cargo de representante legal de la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Paipa, para el cual resultó elegido concejal para el periodo constitucional 2008-2011, la misma se materializó el 29 de noviembre de 2006, fecha en que se inscribió en la Cámara de Comercio de Duitama, esto es, dentro del periodo inhabilitante, por cuanto, a juicio del actor, aquel conservó dicha calidad hasta ese día.

Analizadas las pruebas obrantes en el proceso, se puede tener como acreditado que el demandado ostentó la calidad de Concejal del Municipio de Paipa (Boyacá) para el periodo 2008-2011, y reelegido el 30 de octubre de 2011 para los años 2012-2015, conforme consta en los documentos visibles a folios 5 a 28 del expediente.

La Ley 617 de 2000, en su artículo 48 se refirió a las causales de pérdida de investidura, así:

“1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.

2. Por la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o acuerdo, según el caso.

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

4. Por la indebida destinación de dineros públicos.

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley” (destacado fuera de texto).

En relación con la violación al régimen de inhabilidades, la Sala Plena en sentencia de 23 de julio de 2002 (Exp. 7177, actor: Julio Vicente Niño Mateus, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), precisó que la misma no desapareció como causal de pérdida de investidura con la Ley 617 de 2000; que dicha ley de origen gubernamental tuvo por finalidad —según lo expresado en sus motivaciones, fuera del saneamiento fiscal de las entidades territoriales—, establecer reglas de transparencia de la gestión departamental y municipal mediante el fortalecimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, a través de “la ampliación de las causales de pérdida de investidura para concejales y diputados”.

Es así como el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, establece:

“El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

ART. 43.—Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

... 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito” (destacado fuera de texto).

Como ya se indicó, en el caso sub examine se le endilga al demandado la violación al régimen de inhabilidades, prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, por cuanto si bien presentó renuncia al cargo de representante legal de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Paipa, para el cual resultó elegido concejal para el periodo constitucional 2008-2011, tal determinación se materializó el 29 de noviembre de 2006, esto es, dentro del periodo inhabilitante.

La elección de concejales para el periodo 2008-2011 se llevó a cabo el 28 de octubre de 2007, lo que pone de manifiesto que el periodo inhabilitante estaría comprendido entre el 28 de octubre de 2006 al 28 de octubre de 2007. Ello, teniendo en cuenta que la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada, es clara en establecer que es precisamente dentro del año anterior a la elección que quedan prohibidas las conductas o situaciones de hecho que allí se mencionan, entre otras, el haber sido “representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito”.

Cabe señalar que la inhabilidad no se configura por el hecho de que el candidato se inscriba dentro del año anterior a la elección(1), como podría entenderse del enunciado del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, según el cual “No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital...”, pues, se repite, la causal es clara en tomar como parámetro de contabilización del periodo de inhabilidad la fecha de la elección, y así lo ha sostenido la Sala, entre otras, en sentencia de 5 de agosto de 2012 (Exp. 2008-00567 (PI), actor: Germán Olaya Rodriguez, C.P. María Claudia Rojas Lasso), que ahora se prohíja, en la que se precisó:

“... El actor aduce que el concejal demandado incurrió en las causales de inhabilidad establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, porque durante el año anterior a su elección como concejal del municipio de Ibagué se desempeñó como secretario general del concejo municipal de Ibagué.

El cargo de la demanda se concreta en el ejercicio del cargo de secretario general del Concejo Municipal de Ibagué. Para que se configure la causal de inhabilidad consignada en esta norma, es necesario que ocurra “dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección” como concejal.

Cabe advertir que las inhabilidades son aquellas circunstancias personales, previas a la elección, creadas por la Constitución o la ley, que imposibilitan a un ciudadano para ser elegido popularmente. Así lo expuso la Sala Plena de esta corporación en sentencia de 22 de enero de 2002(2):

... Las elecciones se llevaron a cabo el 28 de octubre de 2007 para el periodo 2008-2011, es decir que el periodo inhabilitante estaba comprendido entre el 28 de octubre de 2006 y el 28 de octubre de 2007.

Para la Sala, el concejal demandado no violó el régimen de inhabilidades toda vez que el cargo de secretario general del Concejo Municipal de Ibagué fue desempeñado por fuera del periodo de prohibición legal, esto es, desde el 10 de enero de 2008 hasta el 31 de agosto del mismo año. (...)”.

Precisado lo anterior, de las pruebas obrantes en el proceso, se tiene que:

— A folio 54 del cuaderno principal, obra la renuncia irrevocable del señor Isidro Alexander Lache Sandoval, al cargo de representante legal del Acueducto Regional Peña Negra del municipio de Paipa departamento de Boyacá, presentada a la junta directiva el 25 de octubre de 2006.

— Visible a folios 55 a 57, ibídem, obra el acta 010 de 25 de octubre de 2006, de la reunión extraordinaria de la junta directiva del Acueducto Regional Peña Negra del municipio de Paipa departamento de Boyacá, en la que se lee:

“... Se dio lectura a un oficio del señor presidente Alexander Lache, donde manifiesta su renuncia irrevocable al cargo. Ante esta situación la junta directiva aceptó la renuncia del señor Alexander Lache y se aprobó que el señor vicepresidente Gilberto Rodríguez Patarroyo (...) pasará a desempeñar el cargo de presidente, quien manifestó su aceptación a este, según artículo 51 de los estatutos de la Asociación y mientras se cita a asamblea de delegados para nombrar los cargos correspondientes...”.

— A folio 58, ibídem, obra una comunicación dirigida por el demandado a la Cámara de Comercio de Duitama, informando su renuncia al cargo de presidente del Acueducto Regional Peña Negra y el nombramiento del señor Gilberto Rodríguez Patarroyo como nuevo representante legal de dicha empresa de servicios públicos, según acta 010 de 25 de octubre de 2006, solicitando realizar el respectivo registro, la cual fue recibida el 27 de ese mes y año en la citada entidad.

— A folios 59 a 62, ibídem, obra el acta 011 de 4 de noviembre de 2006, en la cual actuó y firmó como presidente del Acueducto Regional Peña Negra el señor Gilberto Rodríguez Patarroyo, en tanto que el demandado estuvo en calidad de invitado especial.

— Las certificaciones expedidas por la Cámara de Comercio de Duitama, a petición del a quo, visibles a folios 143 del cuaderno principal y 5 del cuaderno del recurso, de 15 de marzo y 4 de mayo de 2012, dan cuenta de lo siguiente:

“Que según acta 03 del 12 de junio de 2005 de la asamblea extraordinaria de delegados inscrita en esta cámara el 15 de julio de 2005, bajo el número 3.37 del libro respectivo, fue nombrado como presidente de la junta directiva, el señor Isidro Alexander Lache Sandoval ...

Que según acta 2 del 4 de junio de 2006 de asamblea de delegados inscrita en esta cámara de comercio el 10 de julio de 2006, bajo el número 3.794 del libro respectivo, fue nombrado como presidente de la junta directiva, el señor Isidro Alexander Lache Sandoval (...) nombramiento que estuvo vigente en esta cámara de comercio hasta el 29 de noviembre de 2006, fecha en la cual se inscribió el nombramiento de un nuevo presidente.

... Que según consta en el acta 03 del 19 de noviembre de 2006, inscrita en esta cámara el 29 de noviembre de 2006 bajo el número 3.983 del libro respectivo, informan que el señor Isidro Alexander Lache Sandoval presentó su renuncia al cargo de presidente de la junta directiva...”.

— A folio 5 y 6, ibídem, obra la solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidatos a concejo del municipio de Paipa (Boyacá), por el Partido Liberal Colombiano, en la cual se encuentra incluido el señor Isidro Alexander Lache Sandoval, radicada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el 8 de agosto de 2007, documento aportado con la demanda.

Las pruebas antes relacionadas, ponen de manifiesto que el demandado fungió como presidente de la junta directiva del Acueducto Regional Peña Negra del municipio de Paipa Departamento de Boyacá, desde el 12 de junio de 2005 hasta el 25 de octubre de 2006, fecha en que presentó renuncia irrevocable a dicho cargo, la que le fue aceptada el mismo día por la citada junta, en la reunión extraordinaria convocada para el efecto, mediante el acta 010, nombrando en su reemplazo al señor Gilberto Rodríguez Patarroyo, cambios que fueron informados a la Cámara de Comercio de Duitama, el 27 de octubre de 2006, por el señor Lache Sandoval, para que procediera a la inscripción de la novedad correspondiente, lo cual solo se realizó el 29 de noviembre de ese año, con ocasión del registro del acta 03 de 19 de noviembre de 2006, que daba cuenta de la mencionada renuncia, según consta en las certificaciones expedidas por la cámara de comercio.

De lo hasta aquí expuesto, es evidente que: a) el 25 de octubre de 2006 el demandado presentó renuncia al cargo de presidente del Acueducto Regional Peña Negra del municipio de Paipa departamento de Boyacá y que el mismo día la junta directiva de la citada empresa se la aceptó a través del acta 010; b) los documentos que soportan tal afirmación en la oportunidad procesal correspondiente no fueron redargüidos de falsos por el actor; y c) que hasta el 29 de noviembre de 2006 el demandado figuró en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Duitama como representante legal de aquella, esto es, dentro del término inhabilitante, comprendido entre el 28 de octubre de 2006 al 28 de octubre de 2007, teniendo en cuenta que las elecciones para el periodo constitucional 2008-2011, se realizaron el 28 de octubre de 2007.

Es cierto como lo afirma el actor, y así lo admitió el a quo y el Ministerio Público, que de acuerdo con los artículos 164 y 442 del Código de Comercio, las personas inscritas en la cámara de comercio del domicilio social como representante de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección.

Pero ocurre que la Corte Constitucional al estudiar la exequibilidad de los citados artículos, en Sentencia C-621 de 29 de julio de 2003 (M.P. Gerardo Monroy Cabra), señaló que:

“... 11. Por todo lo anterior la Corte concluye que las normas demandadas no pueden ser consideradas constitucionales, sino bajo el entendido de que la responsabilidad que endilgan a los representantes legales y revisores fiscales salientes de sus cargos, mientras se registra un nuevo nombramiento, no puede carecer de límites temporales y materiales. Dichos límites temporales y materiales implican que: (i) Se reconozca que existe un derecho a que se cancele la inscripción del nombramiento del representante legal o del revisor fiscal en todas las oportunidades en que por cualquier circunstancia cesan en el ejercicio de sus funciones. Este derecho acarrea la obligación correlativa de los órganos sociales competentes en cada caso, de proveer el reemplazo y registrar el nuevo nombramiento. (ii) Para el nombramiento del reemplazo y el registro del nuevo nombramiento se deben observar, en primer lugar, las previsiones contenidas en los estatutos sociales. (iii) Si los estatutos sociales no prevén expresamente un término dentro del cual debe proveerse el reemplazo del representante legal o del revisor fiscal saliente, los órganos sociales encargados de hacer el nombramiento deberán producirlo dentro del plazo de treinta días, contados a partir del momento de la renuncia, remoción, incapacidad, muerte, finalización del término estipulado, o cualquier otra circunstancia que ponga fin al ejercicio del cargo. Durante este lapso la persona que lo viene desempeñando continuará ejerciéndolo con la plenitud de las responsabilidades y derechos inherentes a él. A esta conclusión arriba la Corte, aplicando por analogía las normas que regulan la terminación del contrato de trabajo a término indefinido, contenidas en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 5º del Decreto-Ley 2351 de 1956.[26] (iv) Pasado el término anterior sin que el órgano social competente haya procedido a nombrar y registrar el nombramiento de un nuevo representante legal o revisor fiscal, termina la responsabilidad legal del que cesa en el ejercicio de esas funciones, incluida la responsabilidad penal. No obstante, para efectos de la cesación de la responsabilidad a que se acaba de hacer referencia, el representante legal o el revisor fiscal saliente debe dar aviso a la cámara de comercio respectiva, a fin de que esa información se incorpore en el certificado de existencia y representación legal correspondiente a la sociedad. (v) Si vencido el término de treinta días y mediando la comunicación del interesado a la cámara de comercio sobre la causa de su retiro no se produce y registra el nuevo nombramiento de quien reemplazará al representante legal o al revisor fiscal saliente, este seguirá figurando en el registro mercantil en calidad de tal, pero únicamente para efectos procesales, judiciales o administrativos, sin perjuicio de las acciones que pueda interponer en contra de la sociedad por los perjuicios que esta situación pueda irrogarle. (vi) No obstante todo lo anterior, la falta de publicidad de la causa que da origen a la terminación de la representación legal o de la revisoría fiscal, hace inoponible el acto o hecho frente a terceros, ante quienes el representante legal o revisor fiscal que figure registrado como tal continuará respondiendo para todos los efectos legales.

Los anteriores condicionamientos hacen que la permanencia en el registro mercantil de la inscripción del nombre de quien venía ejerciendo la representación legal o la revisoría fiscal de la sociedad se mantenga una vez producida la causa de su desvinculación, como una forma de garantía a los intereses de terceros y por razones de seguridad jurídica. Empero, pasado el término de treinta días, y mediando comunicación del interesado sobre el hecho de su desvinculación, dicha inscripción adquiere un carácter meramente formal.

Finalmente, tratándose del caso en que el representante legal o el revisor fiscal sea una persona jurídica, debe aclararse que si de lo que se trata es de la renuncia, remoción, muerte, etcétera, de la persona natural que a nombre de aquella cumple con la función, lo que procede es su reemplazo en tal actividad, sin necesidad de registro o comunicación alguna...”.

Con posterioridad, la Corte Constitucional, en Sentencia T-974 de 22 de octubre de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), sobre el mismo tema, precisó:

“... Por consiguiente, independientemente de la existencia de una presunción de hecho que supone a la persona inscrita en el registro mercantil como comerciante (C. Co. art. 13, num. 1º), o como representante, administrador o revisor fiscal de una sociedad (C. Co. arts.164 y 442), en la actualidad, se admiten pruebas en contrario que tiendan a desvirtuar dicha calidad.

Por ello, es posible concluir que la calidad de representante, administrador o revisor fiscal no depende del registro, sino de la efectiva posibilidad de realizar actos de representación, administración o revisión fiscal. Luego, si por causas naturales, como la muerte o la incapacidad sobreviniente o, por causas legales, como la remoción del encargo; un representante, administrador o revisor fiscal no puede seguir actuando en nombre de la sociedad, es indiscutible que se desvirtúa la presunción y, por lo tanto, no puede producir efectos probatorios en contra del ente societario...” (destacado y subrayas fuera de texto).

Con fundamento en las disposiciones del Código de Comercio atrás relacionadas y el criterio de la Corte Constitucional en las sentencias transcritas, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 24 de mayo de 2011 (Exp. 2010-00924 (PI), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila), concluyó que la presunción de representación que en el Código de Comercio aparece, sirve para garantizar la responsabilidad en materia civil y comercial, mientras que para efectos de imponer la sanción de pérdida de investidura, la inscripción comporta un elemento probatorio que hace presumir que la persona inscrita formalmente está ejerciendo el cargo, pero esta presunción es susceptible de ser infirmada mediante otras pruebas.

Así discurrió la Sala en esa oportunidad:

“...esta presunción, en materia sancionatoria, por la interpretación restrictiva que tiene en esa área, no es suficiente para efectos de decretar la pérdida de investidura, sino que, bajo un criterio material, debe probarse que, efectivamente se está ejerciendo las gestiones o funciones tendientes a los fines de la empresa o sociedad en la que se desempeña el cargo; de la misma forma, también debe probarse la influencia indebida que ejerce el parlamentario, por el solo hecho de permanecer en el registro mercantil, en caso de que así lo fuera (destacado fuera de texto).

Empero, la presunción de representación que en el Código de Comercio aparece, sirve para garantizar la responsabilidad en materia civil y comercial mientras que, para efectos de imponer la sanción de pérdida de investidura, como se ampliará más tarde, la inscripción comporta un elemento probatorio que hace presumir que la persona inscrita formalmente está ejerciendo el cargo, pero esta presunción es susceptible de ser infirmada mediante otras pruebas” (destacado fuera de texto).

“En el presente asunto, la demandada, antes de posesionarse como congresista, 20 de julio de 2010, renunció ante la respectiva junta de socios de cada empresa donde figuraba como representante legal, lo que indica su intención de no asumir las funciones en cada una de las sociedades antes mencionadas. Estas renuncias y las actas de aceptación emitidas por la junta de socios, fueron aportadas como pruebas a este proceso y no fueron tachados ni discutidos de falsos en la oportunidad procesal, con lo que se desvirtuó la presunción legal aludida. Sobre este punto específico la Corte Constitucional, en Sentencia T-974 del 22 de octubre de 2003, precisó:

‘Por consiguiente, independientemente de la existencia de una presunción de hecho que supone a la persona inscrita en el registro mercantil como comerciante (C. Co. art. 13, num. 1º), o como representante, administrador o revisor fiscal de una sociedad (C. Co. arts. 164 y 442), en la actualidad, se admiten pruebas en contrario que tiendan a desvirtuar dicha calidad.

Por ello, es posible concluir que la calidad de representante, administrador o revisor fiscal no depende del registro, sino de la efectiva posibilidad de realizar actos de representación, administración o revisión fiscal. Luego, si por causas naturales, como la muerte o la incapacidad sobreviniente o, por causas legales, como la remoción del encargo; un representante, administrador o revisor fiscal no puede seguir actuando en nombre de la sociedad, es indiscutible que se desvirtúa la presunción y, por lo tanto, no puede producir efectos probatorios en contra del ente societario‘” (destacado es del texto).

“Para la Sala, las afirmaciones del demandante relacionadas con la presunta falsedad de las renuncias y su trámite, carecen de sustento probatorio pues, dentro del plenario solo aparecen las respectivas renuncias debidamente autenticadas y autorizadas por cada junta de socios. Lo alegado por el actor, además de que se trata de afirmaciones presentadas luego de culminada la etapa probatoria, corresponden a valoraciones subjetivas y a deducciones de la misma índole, que no sirven para descartarles el valor probatorio que tienen estos documentos.

Es decir, conforme a las pruebas aportadas, cobijadas bajo la presunción de la buena fe, debe entenderse que tanto la dimisión de la demandada respecto de cada una de las sociedades como la aceptación por parte de cada junta de socios se hicieron antes de la fecha de su posesión.

Pero en todo caso, lo cierto es que la renuncia y la aceptación, no son los únicos medios probatorios válidos para demostrar la existencia de actividad tendiente a probar el desempeño del cargo o actividades en el sector privado, como comerciante, después de su posesión como parlamentaria, por ello, la Sala resalta que las demás pruebas aportadas al proceso no demuestran que la demandada ejerciera actividad alguna que interfiriera con su labor de congresista.

En efecto, las certificaciones de los bancos no indican movimiento financiero alguno relacionado con actividades de las empresas que siquiera dieran indicio de que la demandada estaba ejerciendo su labor como representante de alguna de las sociedades, como se relacionó arriba; es más, de tiempo atrás, algunas de esas cuentas ya estaban inactivas.

Las certificaciones que indican la existencia de cuentas vigentes al momento de posesionarse la demandada como congresista, tienen unos saldos exiguos, de los cuales no puede deducirse movimiento o gestión con respecto de alguna de las sociedades, además de que no se demuestra que la demandada después del 20 de julio de 2010, hubiese realizado alguna actividad bancaria.

En el mismo sentido, el contrato de arrendamiento donde funcionaba el establecimiento de comercio de la sociedad La Malagueta Limitada, ubicado en el centro comercial “Melao” en la ciudad de Barranquilla, también fue terminado y el local entregado al arrendador antes de la posesión de la demandada.

En suma, después de las renuncias de la demandada a los cargos de gerente y su aceptación por las juntas directivas respectivas, no existe ninguna otra prueba que demuestre su ejercicio o actividad en alguna de las empresas en las que formalmente aparecía como representante legal de las sociedades, después de su posesión como congresista.

Además de la falta de movimientos o actividades comerciales de las sociedades en las que formaba parte la demandada, se puede deducir que su figuración en las sociedades como representante legal tampoco le aportaba beneficios o privilegios a alguna de las empresas inactivas.

De lo anteriormente expuesto es evidente que la demandada, si bien aparecía como representante o gerente de las sociedades citadas, requisito que por sí sólo no configuraría la causal de pérdida de investidura, es claro que la segunda exigencia, esto es, la realización de gestiones o actividades relacionadas con el objeto social de las empresas, no fue demostrado en el plenario ni antes ni después de adquirir la condición de congresista.

Así las cosas, por lo antes dicho se descarta de plano el hecho de que la demandada esté incursa en una inhabilidad o prohibición que, eventualmente, implique algún reproche sancionatorio conducente a declarar la pérdida de investidura...”.

Los argumentos transcritos precedentemente, que la Sala prohíja por resultar similares al caso bajo examen, permiten colegir que en el caso bajo examen no concurre la causal de pérdida de investidura endilgada, toda vez que, como ya se indicó, tanto la renuncia del demandado al cargo de representante legal del Acueducto Regional Peña Negra del municipio de Paipa departamento de Boyacá como el acta 010 de 25 de octubre de 2006, a través de la cual la junta directiva acepta la dimisión, gozan de la presunción de buena fe, dado que no fueron tachados de falsos por el actor en la etapa procesal correspondiente.

Tampoco se presenta el segundo requisito para que se configure dicha causal, dado que no hay prueba dentro del proceso de la cual se evidencie que el demandado haya ejercido gestiones o actividades relacionados con el objeto social de la empresa de servicios públicos, con posterioridad a la aceptación de la renuncia al cargo de representante legal de esta (oct. 25/2006) y luego de la posesión como concejal del municipio de Paipa, Boyacá. Por el contrario, en el acta 011 de 4 de noviembre de 2006, se observa que quien actúa y firma como presidente del Acueducto Regional Peña Negra es el señor Gilberto Rodríguez Patarroyo, quien fue nombrado en reemplazo del demandado (según consta en el acta 010 de oct. 25/2006), documento que resulta veraz, en la medida en que no fue redargüido de falso.

Ahora, como lo adujo el Ministerio Público, el hecho de no haber registrado la novedad de la aceptación de la renuncia, no es imputable al aquí demandado, pues su registro corresponde a la empresa prestadora de servicios públicos Peña Negra de Paipa, toda vez que se trata de un trámite administrativo.

Por último, no se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación, ya que el actor no allegó prueba alguna tendiente a demostrar el presunto fraude procesal que predica de la actuación del demandado y su apoderado.

En consecuencia, al no configurarse la causal de pérdida de investidura alegada, es procedente confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de enero de 2013».

(1) En el sub lite el demandado se inscribió el 8 de agosto de 2007, como candidato al Concejo Municipal de Paipa, conforme se indica en la página 2, del acápite de antecedentes de la presente providencia.

(2) Exp. 2001-0148. Actor: Luis José Argemiro Cárdenas Agudelo, M.P. Germán Ayala Mantilla.