Sentencia 2012-00077/20328 de mayo 26 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-37-000-2012-00077- 01 [20328]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Fundación Teatro Nacional

Demandado: Distrito Capital

Impuesto fondo de pobres – períodos 2 a 6 de 2006

Bogotá D.C., veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala determina si la actora estaba obligada a declarar el Impuesto de Fondo de Pobres por los períodos gravables 2 a 6 de 2006. En consecuencia, precisa si se ajustan al ordenamiento jurídico la sanción por no declarar y la liquidación de aforo de que dan cuenta los actos acusados.

Para ello, analiza, en primer lugar, la procedencia de lo que la actora denominó como “hecho nuevo fuera del proceso”. Luego, se refiere a las normas que regulan este impuesto en el Distrito Capital y a los efectos de la cesión de la facultad de recaudo en la determinación del tributo, pues se discute que durante los períodos en discusión el impuesto de fondo de pobres no era exigible, por lo cual tampoco existía el deber de declararlo.

Adicionalmente, estudia la excepción de inconstitucionalidad del artículo 9º del Acuerdo 52 de 2001, que alegó la actora y que también propuso el Ministerio Público.

Por último, la Sala establece si se desconoció el debido proceso de la actora porque la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá profirió la resolución sanción por no declarar sin haberle notificado pliego de cargos.

Para abordar los puntos en mención, la Sala reitera el criterio expuesto en sentencias de 28 de mayo y 3 de junio de 2015, en las que se estudió un asunto similar entre las mismas partes(19).

Cuestión previa: Hecho nuevo dentro del proceso

La demandante alega que la expedición de la Ley 1493 de 2011(20) constituye un hecho nuevo, pues solicitó y tiene derecho al beneficio para contribuyentes cumplidos, por lo cual quedan al día todas las obligaciones pendientes por concepto del Impuesto de Fondo de Pobres.

El artículo 35 de la Ley 1493 de 2011 dispuso lo siguiente:

“ART. 35.—Beneficio para los contribuyentes cumplidos. Los productores de los espectáculos públicos que durante el año 2011 hubieren pagado los impuestos que se derogan en esta ley para tal sector y respecto de la cual se declaran no sujetos, como beneficio por su cumplimiento quedarán al día por todas las obligaciones de los años anteriores y no serán objeto de acción alguna por parte de las administraciones tributarias.

Aquellos contribuyentes que no hubieren declarado o pagado dichos impuestos en el año 2011, podrán ponerse al día declarando y pagando los impuestos de dicho año, sin sanciones ni intereses, a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de esta ley y gozarán del mismo beneficio de cumplimiento establecido en el inciso anterior”.

La anterior norma fue reglamentada por el Decreto 1258 de 14 de junio de 2012, que en el artículo 20, dispuso lo siguiente:

“ART. 20.—Beneficios. Las administraciones tributarias no iniciarán o suspenderán los procesos iniciados respecto de la determinación oficial de los impuestos derogados por la Ley 1493 de 2011 para los espectáculos públicos de las artes escénicas sobre los años 2011 y anteriores, siempre y cuando los contribuyentes hayan declarado y pagado los impuestos correspondientes al año 2011.

Los contribuyentes que no hubieren estado al día en el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el inciso anterior y que hubiesen declarado y pagado los impuestos de los periodos gravables del año 2011 a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011, tendrán el mismo tratamiento de los contribuyentes cumplidos.

PAR.—La constancia de la declaración y pago servirá como soporte para que se suspendan o revoquen las actuaciones de determinación del impuesto generadas con anterioridad a la expedición de la Ley 1493 de 2011”.

Conforme con las disposiciones transcritas, los productores de espectáculos públicos de artes escénicas que durante el 2011 hubieran pagado todos los impuestos derogados por la Ley 1493 de 2011(21), tenían como beneficio quedar al día en todas las obligaciones de los años anteriores y no eran objeto de fiscalización, siempre y cuando comprobaran (i) que durante el año 2011 pagaron los impuestos derogados por la citada ley o, ii) que a más tardar, dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la ley (marzo de 2011), se pusieron al día con la declaración y pago de los correspondientes impuestos.

En el caso en estudio, con base en las normas que consagran el beneficio en mención, el 1º de agosto de 2012 la actora presentó derecho de petición, para que se dé “cumplimiento a lo que ordena, a lo que manda la ley, en el sentido de dar por terminada toda actuación administrativa y judicial en curso – revocando la totalidad de los actos administrativos proferidos en contra de la Fundación Teatro Nacional- en razón del referido Impuesto de Fondo de Pobres y Unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos, tal y como lo dispone la varias veces citada Ley 1493 de 2011 y su respectivo Decreto Reglamentario número 1258 de junio de 2012”(22).

La solicitud fue de carácter general, pues no se refiere a algún período gravable en particular.

Para demostrar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por el año 2011, la actora aportó copia de las declaraciones del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos por el año gravable 2011(23).

En respuesta al derecho de petición, el 17 de agosto de 2012 el demandado comunicó a la actora, lo siguiente(24):

«[…] el beneficio de no iniciar o suspender, aplica para los procesos en curso respecto de la determinación oficial de los impuestos sobre los años 2011 y anteriores”.

Asimismo, le comunicó que(25):

“[…] en lo que concierne a los fallos proferidos por la Oficina de Recursos Tributarios a la entrada en vigencia de la Ley y de su Decreto Reglamentario, no es posible acceder a la petición de revocatoria de la totalidad de los fallos administrativos proferidos en contra de la FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL porque respecto de ellos se encuentra agotada la vía gubernativa, además, entre otras porque de acceder a la petición, esta Oficina estaría transgrediendo el principio de seguridad jurídica contenido en los artículos 87 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, la orden Constitucional de irretroactividad de las normas tributarias y el mandato de igualdad para todos los administrados, así:.” (Destaca la Sala)

La respuesta en el sentido de que el beneficio se aplica a los procesos en curso y correlativamente no se aplica a los ya terminados porque está agotada la vía gubernativa, constituye un acto administrativo definitivo porque resuelve de fondo sobre la procedencia del beneficio(26). Por consiguiente, dicho acto es demandable ante esta jurisdicción.

No obstante, en este caso la actora no demandó la legalidad del acto que le negó el beneficio, pues lo que cuestionó fue la legalidad de los actos por los cuales el Distrito Capital le impuso sanción por no declarar y le practicó liquidación de aforo respecto al Impuesto de Fondo de Pobres por los períodos 2 a 6 de 2006.

A su vez, la negativa del beneficio tributario más que un hecho nuevo, constituye una verdadera pretensión que es diferente al objeto del proceso, que, se reitera, gira en torno a la legalidad de los actos de determinación oficial del Impuesto de Fondo de Pobres y de la sanción por no declarar(27).

En consecuencia, en este proceso no cabe pronunciamiento alguno frente a la legalidad de la decisión de la Administración de negar a la actora el beneficio del artículo 35 de la Ley 1493 de 2011.

El Impuesto de Fondo de Pobres y el alcance de la cesión de la facultad de recaudo en la fiscalización y determinación del tributo

En varias oportunidades la Sala se ha pronunciado sobre la legalidad del Impuesto de Fondo de Pobres, criterio que reitera de nuevo en esta ocasión(28).

El artículo 1º del Acuerdo 1 de 1918 creó el Impuesto de Fondo de Pobres, destinado a proteger a las personas desprovistas de todo recurso que estuvieran en estado de mendicidad, recogiéndolas en casas de beneficencia. El artículo 2 del mismo acuerdo dispuso que el mencionado impuesto se conformaba por el producto del 10% del valor de las entradas efectivas a teatros, conciertos, cinematógrafos, plazas de toros y demás espectáculos públicos análogos y el producto de $100 mensuales sobre cada sala o establecimiento de bailes públicos.

Asimismo, el artículo 3º del acuerdo previó que quedaba a cargo de la Alcaldía reglamentar cómo hacer efectiva esta renta, que la renta recaudada quedaba incorporada en el presupuesto vigente y que la Tesorería la llevaría a una cuenta especial, que se denominaría de la misma manera que el impuesto [artículo 5].

El artículo 6º de la Ley 72 de 1926 autorizó al Concejo de Bogotá para organizar libremente sus rentas, percepción y cobro, ya por administración directa, delegada o por arrendamiento, y a darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales y “sin necesidad de previa autorización crear los impuestos y contribuciones que estime necesarios, dentro de la Constitución y la ley”(29).

Igualmente, en el artículo 17 de la citada ley(30) estableció que quedaban “vigentes todas las disposiciones especiales que se han dictado sobre rentas y percepción de ellas en el Municipio de Bogotá y adicionadas y reformadas las disposiciones del Código Político y Municipal y las demás contrarias a la presente Ley”. Por ende, ratificó la legalidad del Impuesto de Fondo de Pobres.

De acuerdo con lo precisado por la Sala, la Ley 72 de 1926 convalidó la expedición irregular del impuesto, comoquiera que fue un tributo creado por un acuerdo municipal y no por la ley. Además, ratificó la vigencia del tributo e hizo suyo el acto viciado, pues no solamente le dio el estatus de norma legal al impuesto creado, sino que lo aceptó y reconoció como si ella lo hubiera creado(31).

El Decreto 423 de 1996(32) se refirió al impuesto fondo de pobres, en el literal j) del artículo 7º, como uno de los impuestos vigentes(33).

A su vez, el Decreto 352 de 2002(34), listó el Impuesto de Fondo de Pobres como impuesto del Distrito Capital, así:

“ART. 7º—Impuestos distritales. Esta compilación comprende los siguientes impuestos, que se encuentran vigentes en el Distrito Capital y son rentas de su propiedad:

[…]

j) Impuesto del fondo de pobres.

[…]”

Y en el artículo 129 del mismo decreto dispuso lo siguiente:

“ART. 129.—Impuesto de pobres. El impuesto del fondo de pobres fue creado por el Acuerdo 1º de 1918 y el artículo 17 de la Ley 72 de 1926.

El impuesto del fondo de pobres es el 10% del valor de las entradas efectivas, sin excepción, a teatros, conciertos, cinematógrafos, plazas de toros, hipódromos, circos de maromas, y demás espectáculos públicos.

PAR.—Los conciertos sinfónicos, las conferencias culturales y demás espectáculos similares que se verifiquen en el Teatro Colón, organizados o patrocinados por el Ministerio de Educación Nacional, tienen una tarifa del 5%.”

Estas normas se aplicaron hasta la expedición del Acuerdo 399 de 2009(35) que en su artículo 1º fusionó el impuesto de azar y espectáculos con el de fondo de pobres, bajo la denominación de impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos(36).

Asimismo, el artículo 1º parágrafo 2º del mismo acuerdo dispuso que “Los contribuyentes del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos en el Distrito Capital, deberán presentar y pagar la declaración del impuesto, dentro del mes siguiente a la realización de la actividad gravada, dentro de los plazos que se establezcan para el efecto por parte del Gobierno Distrital, descontando el valor pagado por concepto de anticipo o retención practicada.”

De acuerdo con las normas en mención y como lo ha precisado la Sala, los elementos esenciales del Impuesto de Fondo de Pobres son los siguientes(37):

1. Sujeto activo: el Distrito Capital.

2. Sujetos pasivos: la persona natural o jurídica que realice espectáculos públicos en los teatros, cinematógrafos, plaza de toros, hipódromos, circos de maromas y demás espectáculos públicos análogos que cobren el ingreso al público.

3. Hecho generador: La realización de cualquier espectáculo público, sin importar la denominación que le dé el empresario en el que se cobre el ingreso al público.

4. Base gravable: el valor de las entradas efectivas.

5. Tarifa: El 10% de la base gravable.

Respecto de la facultad de recaudo del Impuesto de Fondo de Pobres, la Sala reitera que mediante contrato suscrito el 24 de febrero de 1956, el Distrito Especial de Bogotá cedió dicha facultad a la Beneficencia de Cundinamarca, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 33 de 1938, que disponía lo siguiente:

“ART. 12.—Autorízase al Alcalde para traspasar a la Junta General de Beneficencia de Cundinamarca el recaudo del impuesto del Fondo de Pobres mediante un contrato por el cual la Junta General de Beneficencia se comprometa al sostenimiento de todos los indigentes que le remita la Alcaldía en las condiciones que se estipulen en dicho contrato, el cual no requerirá para su validez la posterior aprobación del Concejo.”

Así, con los recursos recaudados, la Beneficencia de Cundinamarca debía atender a los indigentes que le remitiera la Alcaldía de Bogotá en las condiciones que se establecieran en el contrato.

La cesión de la facultad de recaudar los tributos es válida porque tiene que ver con la administración misma de estos, por lo cual, como en este caso, dicha facultad podía transferirse a entidades creadas para atender asuntos específicos de la Administración. En manera alguna dicha cesión implica la modificación del sujeto activo del tributo que, en el caso del Impuesto de Fondo de Pobres, es el Distrito Capital, quien, además, mantuvo la competencia para ejercer los demás aspectos de la administración del tributo, entre ellos, la fiscalización y cobro del impuesto(38).

Es de anotar que la terminación del contrato de recaudo del Impuesto de Fondo de Pobres se informó mediante oficio 2005EE144712 del 26 de mayo de 2005(39), como consta en los considerandos de la Resolución 429 de 9 de junio de 2005, en los que se precisó lo siguiente:

“Que mediante oficio 2005EE144712 del 26 de mayo de 2005, se informa al Gerente General de la Beneficencia de Cundinamarca, de manera conjunta por parte de la Secretaría de Hacienda y el Departamento Administrativo de Bienestar de Bogotá, sobre la terminación a partir del primero (1º) de junio del año en curso del contrato suscrito el 24 de febrero de 1956, entre el Distrito Capital y la citada entidad Departamental.

Que a partir del primero (1º) de junio de 2005, la Secretaría de Hacienda Distrital a través de la Dirección Distrital de Impuestos, asume el recaudo, administración y control del tributo, en los términos del Acuerdo 52 de 2001.

Que en virtud de lo anterior se hace necesario, establecer los lugares y plazos para la presentación de la declaración tributaria y el pago del impuesto del fondo de pobres a partir del primero (1º) de junio de 2005.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ART. 1º—La presentación y pago de la declaración tributaria del impuesto del Fondo de pobres deberá efectuarse ante la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría de Hacienda.

PAR. 1º—Las solicitudes para corregir las declaraciones tributarias, correspondientes al impuesto del fondo de pobres, disminuyendo el valor a pagar a que se refiere el artículo 20 del Decreto Distrital 807 de 1993, deben presentarse ante la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Impuestos.

ART. 2º—Plazo para declarar y pagar el impuesto del fondo de pobres. Los contribuyentes del impuesto del fondo de pobres, deberán presentar y pagar la totalidad del impuesto en una declaración mensual dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente al período objeto de la declaración o a la ocurrencia del hecho generador.

ART. 3º—Vigencia. La presente Resolución rige a partir del primero (1º) de junio del año 2005». (Destaca la Sala)

A pesar de que conforme con la Resolución 429 de 9 de junio de 2005, a partir del 1º de junio 2005 el Distrito Capital reasumía el recaudo del Impuesto de Fondo de Pobres, la Resolución 439 de 20 de junio de 2005(40) dispuso que la anterior resolución regiría a partir de la firma del convenio que garantizara la atención de la población beneficiaria del Impuesto de Fondo de Pobres(41).

La falta de suscripción del convenio condujo a que el Distrito Capital reasumiera la facultad de recaudo solo a partir del 1 de mayo de 2009, con la Resolución No. SDH-000146 de 29 de abril de 2009, como consta en los considerandos de dicho acto, que dispuso lo siguiente

“[…]

Que la Secretaría Distrital de Integración Social asumirá la atención de las personas que venían siendo atendidas por la Beneficencia de Cundinamarca con cargo a los recursos provenientes del impuesto Fondo de Pobres y para el efecto garantizará a partir del 1º de mayo de 2009 la atención de los mismos por parte del Distrito Capital, conforme se desprende de la comunicación suscrita por los Secretarios de Hacienda y de Integración Social y dirigida a la Beneficencia de Cundinamarca de fecha 29 de abril de 2009.

Que se encuentra en consecuencia acreditado que el Distrito Capital se ha hecho cargo de las personas beneficiarias de la atención con los recursos provenientes del impuesto Fondo de Pobres, lo que habilita, en los términos del artículo séptimo del contrato de fecha 26 de febrero de 1956, suscrito entre el Distrito Capital y la Beneficencia de Cundinamarca, a que la Secretaría de Hacienda, a través de la Dirección Distrital de Impuestos, asuma el recaudo y administración del impuesto Fondo de Pobres, a partir del 1º de mayo de 2009, en los términos del Acuerdo 52 de 2001.

Que de conformidad con el artículo 9º del Acuerdo 52 de 2001, al impuesto Fondo de Pobres le es aplicable el régimen procedimental establecido para el impuesto de Espectáculos Públicos, por lo que el importe del impuesto generado debe materializarse a través de la presentación de una declaración tributaria, tal como opera en el impuesto de Espectáculos Públicos.

Que en virtud de lo anterior se hace necesario, establecer los lugares y plazos para la presentación de la declaración tributaria y el pago del impuesto Fondo de Pobres a partir del mes de mayo de 2009.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Presentación y pago. Establecer a partir del 1 de mayo de 2009, que la presentación y pago de la declaración tributaria del impuesto del Fondo de pobres se efectúe ante la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría de Hacienda.

PAR.—Una vez la Dirección Distrital de Impuestos disponga el servicio de presentación y pago electrónico de la declaración del impuesto Fondo de Pobres, los contribuyentes podrán cumplir su obligación de declarar y pagar, a través de dicho medio.

ART. 2º—Plazo para declarar y pagar el impuesto del fondo de pobres. Los contribuyentes del impuesto del fondo de pobres, deberán presentar y pagar la totalidad del impuesto en una declaración mensual dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente al período objeto de la ocurrencia del hecho generador.

PAR.—La presentación y pago de la declaración del impuesto Fondo de Pobres, correspondiente a los hechos generadores ocurridos en el mes de abril de 2009, se hará a más tardar el día 22 de mayo de 2009.

ART. 3º—Vigencia. La presente Resolución rige a partir del primero (1º) de mayo de 2009 y deroga las Resoluciones 429 de 9 de junio de 2005 y 439 de 20 de junio de 2005. (Destaca la Sala)

Como se precisó, el Acuerdo 399 de 15 de septiembre de 2009 recogió la normativa referente al Impuesto de Fondo de Pobres y dispuso la fusión de ese impuesto con el impuesto de azar y espectáculos, bajo la denominación de impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos y se refirió a la declaración y pago del tributo. El artículo 1 del citado acuerdo dispuso lo siguiente:

“ART. 1º—Fusión de tributos. Bajo la denominación de impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos cóbrense y adminístrense unificadamente el impuesto de azar y espectáculos y el impuesto de fondo de pobres.

La tarifa unificada de este impuesto es el 10% sobre el valor de los ingresos brutos por las actividades gravadas así como sobre el valor de los premios que deben entregarse por concepto de sorteos de las ventas bajo el sistema de clubes, de rifas promociónales y los concursos.

[…]

PAR. 2º—Declaración y pago del impuesto. Los contribuyentes del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos en el Distrito Capital, deberán presentar y pagar la declaración del impuesto, dentro del mes siguiente a la realización de la actividad gravada, dentro de los plazos que se establezcan para el efecto por parte del Gobierno Distrital, descontando el valor pagado por concepto de anticipo o retención practicada.

PAR. 3º—La declaración y pago del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos se realizará en el formulario que para tal efecto prescriba la Dirección Distrital de Impuestos”.

Así pues, el hecho de que a partir del 1º de mayo de 2009 el Distrito Capital hubiera reasumido la competencia de recaudar el impuesto de fondo de pobres no significa que dicha entidad territorial hubiera cedido la titularidad del tributo ni que hubiera perdido la competencia para fiscalizar, determinar y cobrar el impuesto, pues solo cedió la facultad de recaudo, que también hace parte de la administración del impuesto.

No obstante, el hecho de no tener la facultad de recaudo por los períodos 2 a 6 de 2006 no quiere decir, como se indicó, que el demandado perdiera la titularidad del Impuesto de Fondo de Pobres o la competencia para fiscalizar y determinar dicho impuesto.

Por lo tanto, para los períodos gravables 2 a 6 de 2006, el Distrito Capital tenía las facultades de fiscalizar, sancionar y determinar el Impuesto de Fondo de Pobres.

Excepción de inconstitucionalidad

La actora y el Ministerio Público sostienen que el artículo 9 del Acuerdo 52 de 2001, con base en el que el Distrito Capital impuso a la actora la sanción por no declarar, es inconstitucional porque la remisión normativa no es el mecanismo para crear sanciones y porque la sanción se estableció con posterioridad a la creación del Impuesto de Fondo de Pobres, lo que vulnera el principio de legalidad [artículo 29 de la Constitución Política], que consiste en que las sanciones, además de estar clara y expresamente definidas en la ley del tributo omitido, deben ser previas a la conducta que se pretende sancionar.

El artículo 9º del Acuerdo 52 de 2001 del Concejo del Distrito Capital dispuso lo siguiente:

“ART. 9º—Regulación procedimental y sancionatoria para el impuesto de Fondo de Pobres. Para el impuesto de Fondo de Pobres, se aplicará la normativa sancionatoria y procedimental establecida para el impuesto de Espectáculos Públicos.

Así, la sanción por no declarar a la que remite el acuerdo en mención es la del artículo 60 numeral 3º del Decreto 807 de 1993, para el impuesto de espectáculos públicos, que prevé lo siguiente:

“ART. 60.—Sanción por no declarar. La sanción por no declarar dentro del mes siguiente al emplazamiento o a la notificación del auto que ordene inspección tributaria, será equivalente a:

[…]

3. En el caso que la omisión de la declaración se refiera al impuesto de industria, comercio, avisos y tableros, al impuesto de espectáculos públicos o al impuesto de loterías foráneas, será equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) de los ingresos brutos obtenidos en Bogotá D. C. en el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al cero punto uno por ciento (0.1%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada por dicho impuesto, la que fuere superior; por cada mes o fracción de mes calendario de retardo desde el vencimiento del plazo para declarar hasta la fecha del acto administrativo que impone la sanción.

En el caso de no tener impuesto a cargo, la sanción por no declarar será equivalente a uno punto cinco (1,5) salarios mínimos diarios vigentes al momento de proferir el acto administrativo por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, contados a partir del vencimiento del plazo para declarar.”

La anterior remisión normativa si bien puede constituir una falta a la técnica jurídica(42), no desconoce, en sí misma, el principio de legalidad del tributo y las sanciones.

En cuanto a la remisión a las normas sancionatorias, la Corte Constitucional ha precisado que en estas deben estar presentes los contenidos mínimos que permitan al intérprete y ejecutor de la norma identificar un determinado cuerpo normativo sin que haya lugar a ambigüedades ni a indeterminaciones y que las normas deben contener los elementos que permitan definir con precisión y claridad la conducta sancionada, como se advierte en el presente asunto.

Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente(43):

“Así mismo que para que la remisión normativa que eventualmente se efectué sea constitucional i) la disposición que la efectúa ha de comprender unos contenidos mínimos que le permitan al intérprete y ejecutor de la norma identificar un determinado cuerpo normativo sin que haya lugar a ambigüedades ni a indeterminaciones al respecto; ii) que las normas a las que se remite contengan, en efecto, los elementos que permiten definir con precisión y claridad la conducta sancionada, de forma tal que su aplicación se efectúe con el respeto debido al principio de tipicidad. Finalmente no sobra reiterar que lógicamente a las personas no se les puede aplicar una descripción de la conducta sancionada efectuada con posterioridad a la realización de dicha conducta, porque ello desconocería el principio de lex praevia.”

Además, tanto el Acuerdo 52 de 2001 como el Decreto 807 de 1993 fueron expedidos con fundamento en el artículo 162 del Decreto Ley 1421 de 1993, que establece que las normas del Estatuto Tributario Nacional sobre procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, fiscalización, terminación, discusión, cobro y, en general, la administración de los tributos serán aplicables en el Distrito Capital conforme con la naturaleza y estructura funcional de los impuestos de este(44), regla que es similar a la del artículo 59 de la Ley 788 de 2002(45).

Con relación a la última norma en mención, la Sala ha precisado que los municipios y departamentos deben aplicar tanto el régimen sancionatorio (aspecto sustancial) como el procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en el Estatuto Tributario. No obstante, esas entidades territoriales están facultadas para disminuir el monto de las sanciones, que es un aspecto sustancial, y, en general, para simplificar procedimientos, incluido el sancionatorio (que es un aspecto procedimental)(46).

Cabe reiterar que la sanción establecida en el artículo 60 del Decreto 807 de 1993, es la prevista en el artículo 643 del Estatuto Tributario(47), pues comparten el mismo supuesto —la omisión del contribuyente de declarar aun cuando le asiste el cumplimiento de dicha obligación— y la misma finalidad —reprender el incumplimiento del deber formal de declarar—. En ese sentido la Sala precisó lo siguiente(48):

“En el caso concreto, se observa que la sanción en estudio es aquella que se impone por el incumplimiento del deber formal de declarar, denominada sanción por no declarar, prevista en el artículo 643 del Estatuto Tributario, que resulta compatible con el impuesto de fondo de pobres, porque en este tributo, al igual que en los señalados en la norma a nivel nacional, se parte del supuesto de que el contribuyente o responsable tiene que cumplir con esa obligación, pese a lo cual, omite hacerlo”.

También se reitera que lo que hizo el artículo 9º del Acuerdo 52 de 2001 fue remitir “a la normativa sancionatoria y procedimental establecida para el impuesto de espectáculos públicos” y que la sanción por no declarar debe imponerse siguiendo el procedimiento del Estatuto Tributario Nacional(49), como lo prevé el artículo 103 del Decreto 807 de 1993 “Por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y de dictan otras disposiciones”(50).

En lo que respecta al argumento concerniente a que la norma que fija la sanción no es previa al hecho sancionado [el incumplimiento del deber de declarar por los períodos 2 a 6 de 2006], la Sala encuentra que la norma sancionatoria, es decir, el artículo 9º del Acuerdo 52 de 2001, comenzó a regir a partir del 31 de diciembre de 2001(51) y la infracción se cometió el año 2006. De manera que la conducta sancionada se materializó con posterioridad a la tipificación de la infracción, ello de conformidad con el principio de legalidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

En consecuencia, no procede la excepción de inconstitucionalidad y el Distrito Capital podía imponer la sanción por no declarar con base en el artículo 9º del Acuerdo 52 de 2001, en concordancia con el artículo 60 numeral 3º del Decreto 807 de 1993. Igualmente, podía practicar la liquidación de aforo para lo cual debía aplicar el procedimiento previsto en el artículo 103 del Decreto 807 de 1993, en concordancia con los artículos 715 y siguientes del Estatuto Tributario.

Debido proceso en la imposición de la sanción por no declarar

La sanción por no declarar el Impuesto de Fondo de Pobres está regulada en el artículo 9º del Acuerdo 50 de 2001, en concordancia con el artículo 60 numeral 5º del Decreto 807 de 1993, cuyo texto es el siguiente:

“ART. 60.—Sanción por no declarar. La sanción por no declarar dentro del mes siguiente al emplazamiento o a la notificación del acto que ordena inspección tributaria, será equivalente a:

[…]

En el caso de que la omisión de la declaración se refiera al impuesto sobre espectáculos públicos, al impuesto de juegos, o al impuesto de rifas, sorteos, concursos, bingos y similares, al diez por ciento (10%) de los ingresos brutos obtenidos durante el período al cual corresponda la declaración no presentada, o de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada, la que fuere superior.

[…]”.

El procedimiento para imponer la sanción por no declarar está consagrado en el artículo 103 del Decreto 807 de 1993(52), que alude a los artículos 715 y 716 del Estatuto Tributario, conforme con los cuales la Administración debe proferir un emplazamiento por no declarar y en caso de que el contribuyente no declare, procede la sanción por no declarar el tributo(53) que, en este caso, como se precisó, está prevista en el artículo 9º del Acuerdo 52 de 2001, en concordancia con el artículo 60 numeral 5º del Decreto 807 de 1993.

En ese sentido, para la imposición de la sanción por no declarar el Impuesto de Fondo de Pobres, el acto de trámite previo y obligatorio establecido por la normativa nacional y distrital es el emplazamiento para declarar, pues las normas en mención no prevén que deba expedirse pliego de cargos.

Es de anotar que el pliego de cargos y el emplazamiento para declarar son actos de trámite de contenido diferente, pues, en general, el primero es un acto por el cual la autoridad tributaria propone al contribuyente la imposición de una sanción que corresponde a una infracción en la que este ha incurrido y el segundo, que es de aplicación especial, es un acto que invita al contribuyente a cumplir con el deber de declarar y le otorga la posibilidad de presentar la declaración dentro del mes siguiente a su notificación. Solo en caso de que persista en la omisión, la Administración está facultada para imponer la sanción por no declarar el impuesto correspondiente.

Adicionalmente, en diversas oportunidades la Sala ha precisado que la sanción por no declarar no requiere la expedición previa del pliego de cargos, comoquiera que no existe disposición que exija la expedición de dicho acto como requisito previo a la imposición de la referida sanción(54).

Asimismo, la Sala ha sostenido que el emplazamiento para declarar es el requisito de validez para la imposición de la sanción por no declarar y que la formulación del pliego de cargos no es aplicable al trámite especial de aforo(55).

Sobre el particular, la Sala sostuvo lo siguiente(56):

La formulación de pliego de cargos antes de la imposición de la sanción mediante resolución independiente, es una previsión general y, por tanto, inaplicable frente al trámite especial del proceso de aforo, que sólo exige el emplazamiento para declarar como acto previo a la sanción(57), y no ordenó la formulación de pliego de cargos como exigencia adicional(58).

Sobre este punto, en sentencia de 28 de enero de 2010, exp. 17209, C.P. doctora Martha Teresa Briceño de Valencia, la Sala reiteró que para la imposición de la sanción por no declarar, el acto previo establecido por la ley es el emplazamiento para declarar, de acuerdo con el trámite especial de aforo que prevén los artículos 103 del Decreto 807 de 1993, y 715 y 716 del Estatuto Tributario, para los obligados a declarar que omiten cumplir dicho deber”. (Subraya la Sala)

En esas condiciones, la expedición y notificación del emplazamiento para declarar es el único requisito de validez para la imposición sanción por no declarar.

En el caso en estudio, se encuentran probados los siguientes hechos:

- Por Resolución 2011EE16732 de 4 de febrero de 2011, el demandado emplazó a la demandante para que declarara el Impuesto de Fondo de Pobres por los periodos 2 a 6 de 2006, para lo cual dio un plazo de un mes(59).

- El emplazamiento para declarar se expidió con fundamento en el artículo 103 del Decreto 807 de 1993, que, como se precisó, hace aplicable a la sanción por no declarar el Impuesto de Fondo de Pobres, el artículo 715 del E.T., que prevé lo siguiente:

“ART. 715.—Emplazamiento previo por no declarar. Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la administración de impuestos, previa comprobación de sus obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir en su omisión.

El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 642.” (Destaca la Sala)

- Dado que la actora no declaró dentro del mes concedido en el emplazamiento anterior, por Resolución 302-DDI-095759 de 9 de marzo de 2011, el demandado impuso a la actora sanción por no declarar el Impuesto de Fondo de Pobres por los periodos 2 a 6 de 2006(60).

- El 11 de marzo de 2011, el demandado practicó la Liquidación Oficial de Aforo del impuesto de fondo de pobres.

- La actora interpuso recurso de reconsideración contra las dos decisiones y por Resolución DDI005029 de 23 de febrero de 2012, el demandado confirmó los actos recurridos(61).

Es de anotar que la Administración aplicó correctamente el artículo 103 del Decreto 807 de 1993, pues la expedición previa del emplazamiento para declarar es requisito de validez de la sanción por no declarar, en concordancia con los artículos 715 y 716 del Estatuto Tributario(62).

Lo anterior, porque, se insiste, se emplazó a la actora para que declarara y se le dio la oportunidad de presentar las declaraciones del Impuesto de Fondo de Pobres de los periodos 2 a 6 de 2006, dentro del mes siguiente a la notificación del emplazamiento, de manera que no se encuentra violación alguna del derecho del debido proceso de la actora ni causal de nulidad de los actos administrativos enjuiciados.

Por lo expuesto, respecto de los períodos 2 a 6 de 2006 proceden tanto la sanción por no declarar como la liquidación de aforo previstas en los actos acusados.

En relación con la condena en costas, el artículo 188 del C.P.A.C.A., dispone lo siguiente:

“Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

El artículo 365 del Código General del Proceso señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

“2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

“3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

“4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

“6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

“7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.”

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 3 del artículo 365 del C.G.P. Sin embargo, como lo ha precisado la Sala, esta circunstancia debe analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”(63).

En esas condiciones, se advierte que, una vez revisado el expediente, no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas o agencias en derecho. Por tanto, se confirma la decisión de no condenar en costas en primera instancia y se niegan en esta instancia.

Las razones que anteceden son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

No se condena en costas al demandante.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

19 Expedientes 20489, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez y 20606, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

20 Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones

21 “ART. 37.—Vigencias y derogatorias. Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga en lo que respecta a los espectáculos públicos de las artes escénicas en ella definidos, el impuesto a los espectáculos públicos, de que trata el numeral 1 del artículo 7º de la Ley 12 de 1932, el literal a) del artículo 3º de la Ley 33 de 1968 y las normas que los desarrollan, igualmente deroga en lo que respecta a dichos espectáculos públicos de las artes escénicas, el impuesto al deporte de que trata el artículo 77 de la Ley 181 de 1995 y las demás disposiciones relacionadas con este impuesto, así como el artículo 2º de la Ley 30 de 1971. Y deroga en lo que respecta dichos espectáculos públicos de las artes escénicas el impuesto del fondo de pobres autorizado por Acuerdo 399 de 2009.”

22 Folios 247 a 250 c.ppal

23 Folios 251 a 262 c.ppal

24 Folios 243 a 246 c.ppal

25 Ibídem

26 Es de anotar que para la Administración los actos demandados obedecen a procesos administrativos ya terminados porque respecto de estos se agotó la vía gubernativa mediante los actos que decidieron el recurso de reconsideración.

27 Sentencias de 28 de mayo de 2015, exp 20489. C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 3 de junio de 2015, exp. 20606, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

28 Sentencias de 9 de junio de 2000, exp. 10029 C.P. Julio Enrique Correa Restrepo, de 9 de octubre de 2014, exp. 20330, C.P Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y de 28 de mayo de 2015, exp. 20489, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

29 “ART. 6º—El Concejo Municipal de Bogotá, puede organizar libremente sus rentas, percepción y cobro, ya por administración directa, delegada o por arrendamiento, y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales y sin necesidad de previa autorización crear los impuestos y contribuciones que estime necesarios, dentro de la Constitución y las leyes.”

30 “ART. 17.—Quedan vigentes todas las disposiciones especiales que se han dictado sobre rentas y percepción de ellas en el Municipio de Bogotá y adicionadas y reformadas las disposiciones del Código Político y Municipal y las demás contrarias a la presente Ley.”

31 Sentencia de 9 de junio de 2000, exp. 10029, C.P. Julio Enrique Correa Restrepo, reiterada en sentencias de 9 de octubre de 2014, exp. 20330, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, y de 28 de mayo de 2015, exp. 20489, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

32 “Por el cual se expide el cuerpo jurídico que compilan las normas sustanciales vigentes de los tributos distritales”

33 ART. 7º—Impuestos Distritales. Esta compilación comprende los siguientes impuestos, que se encuentran vigentes en el Distrito Capital y son rentas de su propiedad:
a) Impuesto predial unificado.
[…]
j) Impuesto del fondo de pobres.
[…]

34 “Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital”

35 “Por medio del cual se adoptan medidas de simplificación tributaria en el Distrito Capital”

36 ART. 1º—Fusión de tributos. Bajo la denominación de impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos cóbrense y adminístrense unificadamente el impuesto de azar y espectáculos y el impuesto de fondo de pobres.
La tarifa unificada de este impuesto es el 10% sobre el valor de los ingresos brutos por las actividades gravadas así como sobre el valor de los premios que deben entregarse por concepto de sorteos de las ventas bajo el sistema de clubes, de rifas promociónales y los concursos.
Para efectos de la fiscalización y determinación del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos, la administración tributaria podrá aplicar controles de caja, establecer presunciones mensuales de ingreso y realizar la determinación estimativa de que trata el artículo 117 del Decreto 807 de 1993.
Las autoridades distritales encargadas de autorizar espectáculos públicos exigirán el registro de estos contribuyentes y la presentación de pólizas para garantizar el pago de los impuestos. Para tal efecto, la póliza tendrá una vigencia no inferior a dos (2) años, contados a partir de la fecha de realización del espectáculo.
Este impuesto se causa sin perjuicio del impuesto de industria y comercio a que hubiere lugar.”

37 Sentencias de 9 de octubre de 2014, exp. 20330 C.P Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y de 28 de mayo de 2015, exp 20489 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

38 Sentencia de 28 de mayo de 2015, exp 20489 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

39 Por la cual se establecen los lugares y plazos la presentación y pago de la declaración tributaria del impuesto del Fondo de Pobres.

40 Por medio de la cual se modifica la vigencia de la Resolución 429 del 9 de junio de 2005

41 ART. 1º—Modifíquese el artículo 3 de la Resolución 429 del 9 de junio de 2005, el cual quedará así:
«ART. 3º—Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la firma del convenio que garantice la atención de la población beneficiaria del impuesto de fondo de pobres».

42 Corte Constitucional, sentencia C-710-2001.

43 Corte Constitucional C-507-2006

44 En similar sentido lo hacía el artículo 66 de la Ley 383 de 1997:

45 “ART. 59.—Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.”

46 Sentencia de 29 de noviembre de 2012, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, exp 17062, reiterada en sentencia de 24 de octubre de 2013, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, exp. 19735 y de 28 de mayo de 2015, exp. 20489 .C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

47 “ART. 643.—Sanción por no declarar. La sanción por no declarar será equivalente:
1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, al veinte por ciento (20%) del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Administración por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al veinte por ciento (20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior.
2. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre las ventas, al diez por ciento (10%) de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Administración por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al diez por ciento (10%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de ventas presentada, el que fuere superior.
3. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración de retenciones, al diez por ciento (10%) de los cheques girados o costos y gastos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la Administración por el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al ciento por ciento (100%) de las retenciones que figuren en la última declaración de retenciones presentada, el que fuere superior.
4. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de timbre, la sanción por no declarar será equivalente a cinco (5) veces el valor del impuesto que ha debido pagarse.
[…]”

48 Sentencia de 28 de mayo de 2015, exp. 20489, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez,

49 Ibídem

50 “ART. 103.—Liquidación de Aforo. Cuando los contribuyentes no hayan cumplido con la obligación de presentar las declaraciones, la Dirección Distrital de Impuestos, podrá determinar los tributos, mediante la expedición de una liquidación de aforo, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 715, 716, 717, 718 y 719 del Estatuto Tributario en concordancia con lo consagrado en los artículos 60 y 62”. Los artículos 60 y 62 del Decreto 807 de 1993 se refieren, en su orden, a la sanción por no declarar y a la sanción por extemporaneidad por la presentación de la declaración posterior al emplazamiento o auto que ordena inspección tributaria.

51 Publicado en los Anales 219 de 31 de diciembre de 2001 y en el Registro Distrital 2545 de 31 de diciembre de 2001. Ello, en consonancia con el artículo 13 del mismo Acuerdo, que ordenó su entrada en vigor a partir de su publicación.

52 “ART. 103.—Liquidación de Aforo. Cuando los contribuyentes no hayan cumplido con la obligación de presentar las declaraciones, la Dirección Distrital de Impuestos, podrá determinar los tributos, mediante la expedición de una liquidación de aforo, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en los artículos 715, 716, 717, 718 y 719 del Estatuto Tributario en concordancia con lo consagrado en los artículos 60 y 62”. Los artículos 60 y 62 del Decreto 807 de 1993 se refieren, en su orden, a la sanción por no declarar y a la sanción por extemporaneidad por la presentación de la declaración posterior al emplazamiento o auto que ordena inspección tributaria.”

53 “ART. 715.—Emplazamiento previo por no declarar. Quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la Administración de Impuestos, previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de un (1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión.
El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 642.”
“ART. 716.—Consecuencia de la no presentación de la declaración con motivo del emplazamiento. Vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la Administración de Impuestos procederá a aplicar la sanción por no declarar prevista en el artículo 643.”

54 Sentencias de 13 de noviembre de 2008, Exp. 16350, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 28 de junio de 2010, Exp. 17415, C.P. William Giraldo Giraldo; 3 de marzo de 2011, Exp. 17459, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

55 Artículo 717 del Estatuto Tributario

56 Sentencia de 29 de abril de 2010, exp 16693, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

57 En este sentido, ver la sentencia del 15 de de noviembre de 2007, exp. 15015, C. P. Dr. Héctor J. Romero Díaz.

58 Sentencia del 13 de octubre de 2000, exp. 10657, C. P. Dr. Daniel Manrique Guzmán.

59 Folios 127 c.a.

60 Folios 23 a 28 c.ppal

61 Folios 29 a 38 c.ppal

62 Sentencias de 29 de abril de 2010, exp. 16693, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 3 de marzo de 2011, exp. 18328, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

63 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.