Sentencia 2012-00078 de abril 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Rad.: 05001-23-33-000-2012-00078-00

Demandante: Frontino Gold Mines Ltda en liquidación (FGM)

Demandado: Corporación Autónoma Regional del Centro Antioquia - Corantioquia.

Bogotá, D.C., diez de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

6.1. Los actos administrativos demandados.

Las resoluciones cuya legalidad se cuestiona en este proceso, son las identificadas bajo los números 130ZF-1201-4842 del 3 de enero de 2012 “por la cual se resuelve una reclamación de tasa retributiva”(8) y 130ZF-1202-4996 del 15 de febrero del mismo año, “por la cual se resuelve un recurso de reposición”(9), expedidas ambas por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, en cuya parte resolutiva se dispuso:

130ZF-1201-4842 de 2012

ART. 1º—Aceptar parcialmente la reclamación presentada por la empresa Frontino Gold Mines Limited en Liquidación obligatoria), con NIT 890.903.503-8, en contra del documento equivalente a la factura Nº ZF-556 del 6 de diciembre de 2010 por concepto de tasa retributiva por vertimientos puntales correspondientes al período 2009, generados en la Planta de Beneficio María Dama del Municipio de Segovia. Departamento de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ART. 2º—Como consecuencia de lo anterior, ordenar al área de facturación y cartera el ajuste parcial del documento equivalente a Nº ZF-556 del 6 de diciembre de 2010, en un valor de cuatro mil novecientos diez millones cuatrocientos sesenta y un mil setecientos veintiséis pesos ($4.910’461.726), que se abonarán a favor del sujeto pasivo de conformidad con los considerandos de esta providencia y lo establecido en el artículo 28 parágrafo del Decreto 3100 de 2003.

PAR.—Lo anterior implica corregir en el aplicativo de facturación y cartera el valor de la tarifa para DBO5 de 103,99 a 103.98 $/Kg.

(...).

130ZF-1202-4996 de 2012

ART. 1º—No reponer y confirmar en todas sus partes la Resolución 130ZF-1201-4842 del 3 de enero de 2012 por medio de la cual se decidió la reclamación presentada por la empresa Frontino Gold Mines Limited en Liquidación obligatoria), con NIT 890.903.503-8, en contra del documento equivalente a la factura Nº ZF-556 del 6 de diciembre de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ART. 2º—No conceder el recurso de apelación por improcedente, según lo expuesto en los considerandos pertinentes.

ART. 3º—Como consecuencia de lo anterior, reclamar el pago de los valores consignados en el documento equivalente a la factura Nº ZF-556 del 6 de diciembre de 2010, teniendo en cuenta los ajustes ordenados en la Resolución 130ZF-1201-4842 del 3 de enero de 2012.

PAR.—Por el tiempo transcurrido entre la fecha límite de pago documento equivalente a la factura Nº ZF-556 del 6 de diciembre de 2010, y la notificación de esta resolución, no se generan intereses de mora. (...)(10).

6.2. Delimitación del Thema Decidendi.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, inciso 1º de la Ley 270 de 1996(11) y en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, debe la Sala analizar si a partir de los cuestionamientos expuestos en el recurso de apelación, debe confirmarse o no la sentencia del 22 de mayo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Si bien los actos demandados en este proceso son las resoluciones números 130ZF-1201-4842 y 130ZF-1202-4996 proferidas en el año 2012, observa la Sala que la sociedad actora al impugnar la sentencia dictada en primera instancia, concentró básicamente todos sus esfuerzos en demostrar que el Acuerdo 262 de 2007, en el cual aquellas su sustentan, es un acto administrativo de carácter general, cuyos efectos vinculantes solamente empezaron a producirse a partir de su publicación en el mes de junio de 2009, motivo por el cual debió aplicarse un factor regional de 1 y no de 5,5 en la liquidación de las tasas retributivas del segundo semestre de ese año, sin considerar el cumplimiento de las metas reducción de los vertimientos contaminantes, pues según su criterio, el segundo semestre de 2009 viene a ser el primer semestre del período quinquenal al cual se refieren el Decreto 3100 de 2003 y el mismo Acuerdo 262.

Por las razones expuestas, la Sala entrará a determinar la naturaleza jurídica de dicho acuerdo, sin perder de vista que los actos demandados son las resoluciones anteriormente mencionadas. En ese orden y con la idea de atender los argumentos de la apelación, procederá a establecer el cumplimiento de los trámites de notificación y/o publicación de dicho acuerdo; a precisar desde cuándo empezó a producir efectos vinculantes; cuál fue el factor regional que debió aplicarse en la liquidación de las tasas retributivas correspondientes al segundo semestre del año 2009; si el a quo dejó de pronunciarse sobre alguno de los extremos de la litis y, por último, si estaban dadas o no las condiciones para condenar en costas a la sociedad demandante, todo con propósito de determinar si el fallo apelado debe confirmarse o revocarse.

6.3. Sobre la naturaleza jurídica del Acuerdo 262 de 2007.

Como es bien sabido, el concepto de “acto administrativo” ha estado referido a aquellas manifestaciones unilaterales de voluntad efectuadas por una autoridad administrativa en ejercicio de una potestad o función legalmente atribuida, dirigidas a producir determinados efectos jurídicos vinculantes en forma directa, ya sea con alcance general o particular.

Según esa concepción tradicional, la unilateralidad de la voluntad de la administración, se muestra como un elemento esencial de todo acto administrativo, bajo la premisa de que la concurrencia de voluntades para el establecimiento de una relación jurídica de derecho público, sólo es exigible y tiene cabida cuando se trata de la celebración de contratos o convenios estatales.

No obstante lo anterior, en el curso de los últimos tiempos ha irrumpido en el campo del derecho administrativo la figura de los “actos consensuados o consensuales”,comouna nueva modalidad de decisiones administrativas, en cuyo proceso de formación y perfeccionamiento debe cumplirse una fase previa de discusión y de consenso entre la autoridad administrativa y el administrado, sin que por ese hecho los acuerdos alcanzados puedan tildarse de contratos o convenios.

Bajo las modernas concepciones inherentes al Estado social y democrático de derecho, se ha venido aceptando que esas relaciones jurídicas de derecho público también pueden dimanar de la aplicación de procedimientos consensuales a través de los cuales se concreta el derecho de los ciudadanos a participar en el proceso de adopción de las decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses particulares o colectivos. Desde esa perspectiva, el procedimiento consensuado se constituye en un mecanismo articulador de la participación ciudadana y en un instrumento orientado a la ponderación de derechos e intereses, a partir de la celebración de consensos sobre la configuración normativa que deben tener las decisiones de la administración.

Como su propio nombre lo indica, en esta modalidad de actos administrativos, la decisión vinculante proferida por la autoridad competente, viene a ser fruto del acuerdo previamente celebrado con quienes tienen la vocación de convertirse en sus futuros destinatarios. A dicho concierto de voluntades se llega como resultado de la aplicación de un procedimiento administrativo ordinariamente reglado, en el cual la participación ciudadana es un requisito forzoso e insoslayable. Dicha participación se concreta ya sea mediante la simple emisión de conceptos u opiniones por parte de los administrados o la celebración de verdaderos acuerdos en torno al contenido dispositivo de las decisiones que se deben adoptar. En todo caso, es importante destacar que el acuerdo celebrado no produce en sí mismo y de manera directa e inmediata un efecto vinculante para las partes, pues su carácter ejecutorio se encuentra supeditado, en primer término, a la expedición de un acto administrativo que concrete y formalice la decisión acordada y, en segundo lugar, al consecuente cumplimiento de los respectivos trámites de publicación y/o notificación.

En otras palabras, tales acuerdos no son en sí mismos la decisión administrativa ni la sustituyen, pues en estricto sentido se trata de unos actos meramente preparatorios que están llamados a predeterminar en todo o en parte el sentido de las decisiones que se deben dictar. Por esa razón el acuerdo de voluntades celebrado no pasa de ser más que un antecedente de la decisión administrativa.

Es importante añadir que si bien los actos administrativos consensuales nacen de la aplicación de esos procedimientos participativos, nada obsta para que en determinadas circunstancias las autoridades competentes permitan la intervención de los particulares en aquellos procedimientos en los cuales ella no es obligatoria. Con todo, no puede soslayarse que en el primero de los casos, la participación de los administrados se encuentra estrecha y directamente asociada al concepto de “debido proceso administrativo”, cuya pretermisión o inobservancia puede llegar a comprometer la legalidad de la decisión resultante y afectar los derechos fundamentales de los interesados o afectados. Tratándose de procedimientos en los cuales la participación ciudadana es meramente optativa o facultativa, el hecho de no abrir esos espacios de participación no tiene ninguna incidencia en la legalidad de la decisión administrativa resultante.

Estos mecanismos de participación y cooperación, además de insinuar la idea de aprobación anticipada y de acatamiento voluntario de las medidas a dictar, hace presuponer el conocimiento de sus términos y condiciones por parte de quienes intervinieron en su elaboración. En todo caso, el hecho de conocer las particularidades y detalles del Acuerdo preparatorio, no puede confundirse con el conocimiento de la decisión administrativa que debe proferir la administración ni exime de la realización de los trámites de publicidad y notificación, pues nada garantiza que el texto final de aquella corresponda efectivamente a lo acordado.

Hechos lo anteriores comentarios, la Sala considera que el Acuerdo 262 de 2007 proferido por el consejo directivo de Corantioquia, con fundamento en el cual se dictaron los actos acusados, participa de todas las características de un acto administrativo consensual, pues en su proceso de preparación esa autoridad ambiental, dando cabal cumplimiento a las previsiones contenidas en los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004, convocó la participación de las firmas Frontino Gold Mines Ltda en Liquidación (FGM) y Servifagro Ltda, con la intención de acordar con ellas las metas individuales de reducción de los vertimientos contaminantes(12), lo cual explica que en sus consideraciones se haya dejado la siguiente constancia:

“Que Corantioquia de conformidad con las exigencias normativas, celebró reuniones de concertación de metas de reducción los días 30 de noviembre, 6 de diciembre y 13 de diciembre de 2006, con los sujetos pasivos del cobro de la tasa retributiva responsables de las cargas contaminantes vertidas en las cuencas o tramos de cuenca de la Quebrada La Cianurada en Zenufaná y Caño El Silencio y Quebrada Juan Vara en Panzenú” (el resaltado es de la Sala)

Con fundamento en ello, el Artículo 3º del Acuerdo 262 de 2007 dispuso en lo pertinente:

ART. 3º—Determinar, a partir de la carga contaminante actual, las metas de reducción individual para aquellos usuarios cuya carga vertida sea mayor al 20% del total de carga que recibe el cuerpo de agua, con su respectivo porcentaje para los tramos indicados en el artículo primero.

Tramo único Quebrada La CianuradaCarga contaminante actual línea base (kg/año)Meta de reducción (kg/año)Porcentaje de reducción (%)
DBO5SSTDBO5SSTDBO5SST
Frontino Gold Mines 3.984.069,7 3.984.069,7 0,0%
Servifagro19.988,1 12.271,9 38,6% 

De acuerdo con lo reglado en el artículo 9º del Decreto 3100 de 2003, la definición de las metas de reducción de los vertimientos contaminantes, presupone la delimitación y caracterización de los tramos o cuerpos de agua, así como la identificación de los usuarios involucrados. A partir de allí, debe surtirse una fase de consulta con los usuarios, orientada a concertar las metas de reducción de vertimientos que se quieren alcanzar en el próximo quinquenio, a partir de lo cual la autoridad ambiental involucrada profiere los actos administrativos mediante los cuales se consagran las metas globales y particulares a cumplir.

En el asunto bajo examen, Corantioquia fijó las metas globales antes aludidas, mediante la expedición de los actos administrativos 8883, 8912, 8926 del 29 de noviembre, 1º de diciembre y 13 de diciembre de 2006, respectivamente, tal como se menciona en las consideraciones del Acuerdo 262 de 2007.

Ahora bien, a diferencia de lo afirmado por la recurrente, la Sala considera entonces que el Acuerdo 262 de 2007 es un acto administrativo de carácter particular y concreto, en la medida en que su preceptiva fija las metas individuales de reducción de los vertimientos a cargo de la firma Frontino Gold Mines Ltda. en liquidación (FGM) en su calidad de agente contaminante de “las cuencas o tramos de cuenca de la Quebrada La Cianurada en Zenufaná (...)”, tomando en cuenta el acuerdo de voluntades celebrado con esa empresa el día 30 de noviembre de 2006(13).

6.3. La falta de notificación personal y la publicación tardía del Acuerdo 262 de 2007.

Establecido el carácter particular y concreto del Acuerdo 262 del 19 de julio de 2007, considera la Sala que ese acto ha debido notificarse personalmente a la firma actora. Sin embargo, no obra en el expediente constancia alguna que acredite que ese trámite se haya surtido de manera efectiva. La única evidencia de su publicidad, es la que obra a folios 198 y 199 del cuaderno principal, en donde consta que ese acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial 119 de Corantioquia, correspondiente al mes de junio de 2009.

En todo caso, el hecho de haberse pretermitido la notificación personal del mencionado acuerdo, es una circunstancia que en realidad no compromete en modo alguno su legalidad, pues tal como lo ha venido sosteniendo esta corporación, “La notificación de un acto administrativo, por ser un elemento extrínseco del mismo, no tiene entidad suficiente para enervar su validez, dado que guarda relación únicamente con su eficacia(14)”. En consonancia con lo anterior, es claro que “la falta de notificación, o su realización en indebida forma, no es causal de nulidad de los actos administrativos, sino de ineficacia por falta de publicidad”(15), a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales(16).

En providencia emitida el 8 de agosto de 2012, la Sección Tercera de esta corporación(17) sintetizó con claridad lo relativo a la eficacia de los actos administrativos, en los siguientes términos:

“(...) la publicidad de los actos administrativos no es un requisito para su existencia ni para su validez sino para que ellos puedan producir los efectos a que están destinados.

Con otras palabras, los vicios en la publicidad de los actos administrativos, por no generarse en su producción sino en su comunicación, sólo impactan en su eficacia final y por ello tales hechos jamás pueden aducirse como circunstancias de inexistencia del acto o como causal de invalidez del mismo”.

Desde antaño esta Sala ha venido sosteniendo que la falta de notificación o la notificación irregular de los actos administrativos, no constituyen causal de nulidad de los mismos.

Visto lo anterior, el hecho de que no se hayan adelantado los trámites de notificación personal del Acuerdo 262 de 2007 a la sociedad Frontino Gold Mines Ltda. en Liquidación (FGM) y la circunstancia de haber sido publicado dos años después de su expedición, no compromete la legalidad de las resoluciones demandadas.

6.4. La notificación por conducta concluyente del Acuerdo 262 de 2007.

Para la Sala es claro que de la sola participación de la actora en la fase que antecedió a la expedición del acto administrativo, no puede inferirse su notificación, pues como se expuso en páginas anteriores, una cosa es tener conocimiento de los pormenores del consenso celebrado y otra muy distinta el que pueda tenerse del acto administrativo, pues nada garantiza que el acuerdo de voluntades celebrado en su etapa preparatoria quede efectivamente plasmado en el acto administrativo. En otras palabras, la participación en esa fase previa en modo alguno sustituye la notificación.

En este caso está demostrado que después del 19 de julio de 2007, fecha en la cual se expidió el Acuerdo 262, la actora canceló las tasas retributivas correspondientes al segundo semestre del año 2007 y a los dos semestres del año 2008, en cuya liquidación se aplicó un factor regional equivalente a 1. No obstante lo anterior, no obra en el proceso ninguna evidencia de que los cobros efectuados correspondieran al mismo quinquenio para el cual el Acuerdo 262 de 2007 fijó las metas de reducción. Por lo mismo, no hay razones para predicar que en este caso se configuró la notificación por conducta concluyente del mencionado acuerdo.

Con todo, las falencias que hayan podido presentarse en la notificación de ese acuerdo y el hecho de no poder afirmarse que se produjo su notificación por conducta concluyente, tenga alguna relevancia en el presente proceso, pues ello no desvirtúa la legalidad de las resoluciones acusadas.

6.5. Las supuestas omisiones en que incurrió el fallo apelado.

Como se mencionó en páginas anteriores, el recurrente considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en una omisión, al dejar de pronunciarse sobre la aplicación del multiplicador 5.5 como factor regional para la liquidación de las tasas retributivas correspondientes al segundo semestre del año 2009.

La Sala, luego de revisar las consideraciones que le sirven de sustento al fallo apelado, encuentra que no es cierta la anterior afirmación. Para corroborar la anterior afirmación, basta con tener en cuenta que en el numeral 3.4.2 de dicha providencia, el a quo señaló textualmente lo siguiente:

3.4.2. Examinada la liquidación de la tasa correspondiente al segundo semestre del año 2009, se tiene que:

i) En la factura ZF-556 de 2010, el gravamen se calculó con un Fr equivalente a 5.50 para cada una de las sustancias contaminantes (DBO5 y SST). En lo pertinente dispone este documento que:

Nombre del parámetroFecha inicialFecha finalCarga (kg)TarifaFactor regionalValor a pagar en el período
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)01-01-200930-06-200947.600,32103,991.00$4.949.957
01-07-200931-12-200947.600,32103,995.50$27,224-7
Sólidos suspendidos totales (SST)01-01-200930-06-200924.410.419,2044.501.00$1.086.263.654
01-07-200930-12-200924.410.419,2044.505.50$5.974.450.099

ii) Como consecuencia de la reclamación formulada por la sociedad demandante, se expidió la Resolución 130ZF-1201-1842 del 3 de enero de 2012 en la que se advirtió un yerro en el cálculo del Fr, puesto que su ajuste se efectuó tomando como referente dentro de la fórmula a aplicar, el valor de la carga contaminante vertida en el período a facturar, no en el año inmediatamente anterior, como lo dispone el artículo 15 del Decreto 3100 de 2003.

Una vez utilizada la carga contaminante adecuada (esto es, la vertida en el año 2008), el valor final del Fr fue equivalente a 1, lo que supuso, en últimas, una disminución del valor del tributo que disminuyó de $ 6.001.674.861 a $ 1.091.213.135. En ese sentido se manifestó en la Resolución 130ZF-1201- 1842 del 3 de enero de 2012 que:

Ante tal omisión, el cálculo del factor regional para el segundo semestre de 2009, que corresponde al primer semestre del tercer año del quinquenio, se hizo con base en la información disponible de la carga contaminante recibida por la cuenca y vertida por los usuarios (Cc) durante el año 2009, que arroja unos valores en DB05 de 99.338,2 Kg. Y en SST 48.823.605,90 kg.

Al aplicar dichos valores a la fórmula de que trata el artículo 15 del decreto 3100 de 2003, resultó un factor regional de 5,5 para el segundo semestre de 2009 y con base en él se hizo el cálculo de los valores consignados en la factura Nº ZF-556 del 6 de noviembre de 2010.

Según el artículo 15 del Decreto 3100 de 2003, el valor a aplicar en la fórmula para determinar el factor regional para los usuarios que no cumplen la meta de reducción, es el total de la carga contaminante recibida por la cuenca y vertida por los sujetos pasivos de la tasa retributiva (Cc), correspondiente al año inmediatamente anterior expresada en Kg/año, que para el caso que nos ocupa es la de 2008, no la de 2009.

Al calcular el factor regional para el segundo semestre de 2009 se acudió equivocadamente al artículo 21 del Decreto 3100, en lugar del artículo 15 ibídem como era lo correcto, según lo expresado en el párrafo anterior.

El total de la carga contaminante recibida por la cuenca y vertida por los sujetos pasivos de la tasa retributiva (Cc), correspondiente al año 2008, es de 6.045,93 Kg para DB05 y de 3.275.387.8 Kg para SST, valores que se debieron tener en cuenta para realizar la liquidación de la tasa retributiva para el segundo semestre del año 2009.

Aplicando la fórmula del artículo 15 los valores correctos de 6.045.93 Kg para DB05) de 3.275.387.8 Kg para SST se obtiene un factor regional de 1 para el segundo semestre de 2009 y no de 5.5 como erróneamente se consignó en el documento equivalente a la factura Nº ZF-556 del 6 de noviembre de 2010.

Al desarrollar la fórmula del artículo 16 del Decreto 3100 de 2003 con un factor regional de 1 para determinar el monto a pagar por concepto de tasa retributiva en el segundo semestre de 2009, se obtiene una reducción en pesos con respecto a los valores consignados en el documento equivalente a la factura Nº ZF-556 del 6 de noviembre de 2010 de la siguiente manera: el valor de la DB05 pasa de $27.224.762 a $ 4.949.481 y el valor de SST pasa de $ 5,974.450.099 a $ 1.086.263.654.

En las condiciones anotadas, el valor total a facturar para el segundo semestre de 2009 pasa de $ 6.001.674.861 a $ 1.091.213.135 es decir, una diferencia a favor de la frontino Gold Mines de $4.910.461.276 cifra en la que se deberá ajustar la factura” (el resaltado es de la Sala).

iii) La Resolución 130ZF.1202-4996 de febrero de 2012 confirmó en su totalidad la resolución anterior, por lo que la determinación adoptada en ella quedó en firme, resultando entonces, que la tasa correspondiente al segundo semestre del año 2009 se computó con base en un Fr equivalente a 1.

El texto anteriormente trascrito, además de poner en evidencia que el cargo formulado en la apelación no se ajusta a la verdad procesal, permite advertir que la autoridad ambiental, al proferir las resoluciones demandadas, rectificó el monto de las tasas al aplicar a la fórmula prevista en el artículo 16 del Decreto 3100 de 2003, un factor regional equivalente a 1 y no a 5.5, lo cual lleva a concluir que la pretensión cardinal de la demanda carece por completo de fundamento fáctico y jurídico. Tanto es así, que el valor total facturado para el segundo semestre de 2009 bajó de $6.001.674.861 a $1.091.213.135.

6.6. Acerca de la condena en costas.

Cuestiona la recurrente el hecho de que en primera instancia se le haya impuesto una condena en costas tan gravosa y exagerada, contraria a los parámetros existentes, olvidando el hecho de que las actuaciones que debieron adelantarse en la primera instancia fueron muy pocas por no haberse adelantado el período probatorio.

Para poder decidir este punto del recurso de apelación resulta oportuno señalar que bajo la vigencia del Decreto-Ley 1 de 1984, la condena en costas estaba sujeta a la conducta que asumieran las partes y por ello la parte vencida en el proceso era condenada solamente cuando había actuado con temeridad o mala fe. Ese sistema subjetivo, hay que decirlo, fue sustituido por uno objetivo en el cual la condena en costas constituye la regla general. Por lo mismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en los acuerdos 1887 y 2222 de 2003, proferidos por la Sala Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura, estima la Sala que el cargo formulado con respecto a las costas no tiene prosperidad.

Vistos los cargos formulados en la apelación, procederá la Sala a confirmar la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta que la recurrente no logró desvirtuar las consideraciones y argumentos en los cuales se funda esa decisión, pero sobre todo, por no haber desvirtuado la presunción de legalidad de las resoluciones 130ZF-1201-4842 del 3 de enero de 2012 y 130ZF-1202-4996 del 15 de febrero del mismo año, expedidas ambas por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, entre otras cosas porque los cuestionamientos planteados por la firma Frontino Gold Mines Ltda en realidad no se dirigieron a controvertir su ilegalidad sino la falta de eficacia del Acuerdo 262 de 2007.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el día 22 de mayo de 2013, mediante la cual se denegó la nulidad de las resoluciones 130ZF-1201-4842 del 3 de enero de 2012 y 130ZF-1202-4996 del 15 de febrero del mismo año, expedidas ambas por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, por las razones expuestas en esta decisión.

2. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(8) Cfr. folios 80 a 96 del cuaderno principal.

(9) Cfr. folios 63 a 77 ibídem.

(10) El texto completo de los actos acusados se encuentra disponible a folios 63 a 96 del cuaderno de primera instancia.

(11) Ley 270 de 1996. Elaboración de las providencias judiciales. Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales. (...).

(12) La participación de los ciudadanos en los procedimientos administrativos relacionados con el medio ambiente tiene su base normativa en el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, en donde se establece que “La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. Con fundamento en esta norma de orden superior, el legislador se ha ocupado de regular los mecanismos de participación en materia de gestión ambiental, los cuales son ampliamente desarrollados en la Ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias y en otras leyes como la Ley 21 de 1981, mediante la cual se ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales; la Ley 70 de 1993, que desarrolló el artículo transitorio 55 de la Constitución en materia de negritudes y el Código de Minas expedido mediante Ley 685 de 2001.

(13) Ver folios 198 y 199.

(14) Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 23 de abril de 1998, expediente 3254, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

(15) Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 16 de julio de 2009, expediente 76001-23-25-000-1998-01215-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso.

(16) Cfr. Artículos 48 del Código Contencioso Administrativo y 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 8 de agosto de 2012, expediente 54001-23-31-000-1999-00111-01(23358), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.