Sentencia 2012-00079 de abril 15 de 2013

 

Sentencia 2012-00079 de abril 15 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Radicación 44001233300020120007901

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Comunidad Wayúu de Irrachon

Demandado: Alcaldía Municipal de Riohacha - Secretaría de Gobierno Municipal - Inspección Central de Policía, y Superintendencia de Notariado y Registro

Acción de tutela - Autoridades nacionales y municipales

Bogotá, D.C., quince de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para conocer de la impugnación de la sentencia del 28 de enero de 2013 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, que otorgó el amparo de los derechos fundamentales invocados por la comunidad Wayúu de Irrachon en su demanda de tutela contra la Alcaldía Municipal de Riohacha - Secretaría de Gobierno Municipal - Inspección Central de Policía y la Superintendencia de Notariado y Registro.

2. Recapitulación de los hechos demostrados en el presente proceso.

Es procedente, en forma preliminar, una breve recapitulación de los hechos que fueron demostrados por las partes en el presente proceso de tutela, ya que ni la demanda inicial ni las contestaciones proveen un escenario fáctico completo sobre el cual se pueda adoptar una decisión informada.

El terreno sobre el cual se centra la controversia entre las partes corresponde a un lote de 66 hectáreas de extensión adjudicado judicialmente a la señora Ana María Pushaina, que se sobrepone —en una extensión que no ha sido determinada con precisión en el presente proceso— con tierras cuya propiedad formal está registrada a nombre de la señora Lida Henríquez, quien las compró en el año 2012 al señor Germán González, quien a su turno las compró en el año 2009. La historia de este predio, así, tiene dos facetas relevantes: la de su propiedad formalmente registrada, y la de su posesión material por una comunidad indígena. En adelante se hará referencia a este terreno como “las tierras objeto de controversia”.

Desde el punto de vista de la propiedad formal, se ha demostrado en el expediente que las tierras objeto de controversia fueron objeto de las siguientes transacciones jurídicas:

a. El Ministerio de Agricultura adjudicó la propiedad de un terreno baldío de 142 hectáreas, mediante resolución del 30 de septiembre de 1953, a los señores Teresa de Jesús Van Leenden, Germán Rivera y Manuel Bernardo Alvarez.

b. Teresa de Jesús Van Leenden vendió en 1956 su fracción de propiedad a la señora Lucila Iguarán de Amaya, quien quedó como propietaria de 2/3 del predio.

c. Iris Isabel Iguarán recibió por sucesión en 1993 las 2/3 partes de la propiedad del predio de su madre Lucila Iguarán; y posteriormente promovió proceso judicial para ser eventualmente declarada propietaria del 1/3 restante, por vía de la prescripción adquisitiva. La sentencia que declaró la operancia de la usucapión fue proferida el 1º de diciembre de 2003, y registrada el 1º de febrero de 2004.

d. Iris Isabel Iguarán vendió la propiedad del predio a Germán González Iguarán mediante contrato de compraventa del 20 de febrero de 2009. A su turno, Germán González Iguarán procedió a dividir el predio, que para ese entonces tenía 66 hectáreas, en tres lotes distintos, mediante operación de desenglobe de mayo de 2012.

e. En mayo de 2012, la señora Lida Henríquez Iguarán compró uno de los tres lotes desenglobados por el señor Germán González, por una extensión total de veinticinco hectáreas. En ejercicio de este derecho real, la señora Henríquez promovió querella policiva para obtener el lanzamiento de la comunidad indígena que habitaba el predio.

Desde el punto de vista de la posesión material, se ha demostrado que las tierras objeto de controversia, lejos de haber sido poseídas por sus propietarios formalmente registrados, han sido materialmente poseídas y habitadas por una comunidad indígena Wayúu. En efecto, la señora Ana María Pushaina inició su posesión, según lo comprobaron sendos testigos, desde hace más de treinta años, posesión en ejercicio de la cual estableció su familia y se constituyó como comunidad indígena con una autoridad tradicional, estableció un cementerio donde dio sepultura a sus familiares, y ha desarrollado en forma permanente actividades de agricultura y pastoreo de conformidad con las pautas propias de su cultura ancestral. La señora Ana María Pushaina promovió demanda ordinaria buscando que se declarara judicialmente la prescripción adquisitiva de dominio sobre las 66 hectáreas ocupadas por su ranchería, y así lo obtuvo, mediante fallo proferido en septiembre de 2010.

Cuando la señora Pushaina buscó que se registrara el fallo judicial de septiembre de 2010, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha se negó a hacerlo, alegando que ya existía registro de otra sentencia que declaró la prescripción adquisitiva sobre las mismas tierras, a saber, la sentencia de diciembre de 2003 que declaró que había operado la usucapión de 1/3 parte de la propiedad del lote a favor de la señora Iris Isabel Iguarán. Se intentó registrar la sentencia en tres oportunidades, y en las tres oportunidades la Oficina de Registro se negó a hacerlo.

Posteriormente, la señora Lida Henríquez, quien compró formalmente el predio en mayo de 2012, promovió una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho en contra de la comunidad indígena asentada en las tierras objeto de controversia. Si bien la diligencia de lanzamiento fue suspendida, por considerarse que se había acreditado la existencia de un conflicto jurídico sobre la propiedad de las tierras, posteriormente el superior jerárquico del funcionario que llevó a cabo la diligencia procedió a revocar su decisión y ordenar que se llevara a cabo, decisión adoptada en diciembre de 2012. Frente a estas decisiones de lanzamiento y de negativa a registrar el fallo que amparó la propiedad de la comunidad indígena es que se interpone la acción de tutela que ocupa la atención de la Sala. Las decisiones administrativas que decretaron el lanzamiento han sido suspendidas por orden del juez de tutela de primera instancia, y su desenlace está pendiente de la decisión que sobre este caso haya de adoptar el Consejo de Estado en la presente providencia.

3. Procedencia formal de la acción de tutela.

El primer asunto que debe determinar la Sala es el de la procedencia formal de la acción de tutela para resolver los problemas jurídicos traídos a su atención.

De conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela únicamente procede en ausencia de mecanismos alternativos de protección judicial de los derechos que se invocan como amenazados o violados; interpretando el alcance de esta disposición, la jurisprudencia constitucional ha precisado en numerosos pronunciamientos que, en efecto, por virtud del carácter residual de la acción de tutela, ésta no procede cuando existan canales alternativos de defensa judicial que sean eficaces e idóneos para lograr el amparo invocado. En palabras de la Corte Constitucional en sólo uno de los pronunciamientos que componen esta larga línea jurisprudencial,

“3.1. En términos del artículo 86 constitucional, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial que permite la protección inmediata de los derechos fundamentales de una persona, cuando la acción u omisión de cualquier autoridad pública o incluso de los particulares(23), vulnera o amenaza tales derechos constitucionales(24).

3.2. Este mecanismo privilegiado de protección es, sin embargo, residual y subsidiario(25). En armonía con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, sólo procede la acción de tutela cuando (1) el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial en el ordenamiento, caso en el cual la tutela entra a salvaguardar de manera inmediata los derechos fundamentales invocados, o (2) cuando existiendo otro medio de defensa judicial, éste no resulta idóneo para el amparo de los derechos vulnerados o amenazados(26), o (3) cuando existiendo el medio idóneo alternativo de defensa judicial, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable(27) a los derechos fundamentales.

3.3. En aquellos casos en que se constata la existencia de otro medio de defensa judicial, establecer la idoneidad del mecanismo de protección alternativo supone que, el otro medio de defensa judicial debe ser evaluado en concreto, es decir, teniendo en cuenta su eficacia en las circunstancias específicas que se invoquen en la demanda de tutela(28). Por tal razón, el juez de la causa, debe establecer si ese mecanismo permite brindar una solución ‘clara, definitiva y precisa’(29) a los acontecimientos que se ponen en consideración en el debate constitucional y su aptitud para proteger los derechos invocados. En consecuencia, ‘el otro medio de defensa judicial existente, debe, en términos cualitativos, ofrecer la misma protección que el juez constitucional podría otorgar a través del mecanismo excepcional de la tutela’(30).

Para apreciar el medio de defensa alternativo, la jurisprudencia ha estimado conducente tomar en consideración entre otros aspectos ‘(a) el objeto del proceso judicial que se considera que desplaza a la acción de tutela’ y, ‘(b) el resultado previsible de acudir al otro medio de defensa judicial respecto de la protección eficaz y oportuna de los derechos fundamentales’(31). Tales elementos, junto con el análisis de las circunstancias concretas del caso, permiten comprobar si el mecanismo judicial alterno de protección es conducente o no para la defensa de los derechos que se alegan lesionados. De ser ineficaz, la acción de tutela será procedente. Si el mecanismo es idóneo para la protección de los derechos, se deberá acudir entonces al mismo, salvo que se solicite o se desprenda de la situación concreta, que la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”(32).

Observa la Sala que el apoderado de la señora Iris Isabel Iguarán, propietaria formal del predio hasta el año 2009, interpuso un recurso extraordinario de revisión el 20 de septiembre de 2012 contra la sentencia del 6 de septiembre de 2010 que declaró la operancia de la prescripción adquisitiva de dominio a favor de la señora Ana María Pushaina. El juez de tutela de primera instancia —Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira— consideró que el trámite de este recurso constituía un escenario apropiado para resolver el supuesto conflicto de tierras subyacente, y en consecuencia en su sentencia se pronunció únicamente sobre el desalojo ordenado por la Inspección de policía competente, suspendiendo su realización hasta tanto se resuelva el recurso de revisión en cuestión.

Sin embargo, en este punto el Consejo de Estado discrepa de la posición asumida por el a quo, ya que en este caso concreto el recurso extraordinario de revisión resulta manifiestamente improcedente, puesto que no están dadas las condiciones establecidas en forma expresa en la ley procesal para que se pueda admitir y prospere.

En efecto, se observa de entrada que quien interpuso el recurso extraordinario de revisión, señora Iris Isabel Iguarán, pidió que a través de este recurso se revisara y modificara el título de prescripción adquisitiva que favorece a los indígenas, para invalidarlo. Es decir que no se trata de un medio alternativo de defensa judicial de los derechos que los tutelantes, esto es, la comunidad Wayúu de Irrachon, pretenden que sean amparados; muy por el contrario, se trata de un recurso que ya se ejerció para favorecer a su contendora en la disputa jurídica bajo examen, para efectos de oponerse y derrotar las pretensiones de la comunidad indígena. Por su propio peso se concluye que este recurso, actualmente en curso, no constituye un mecanismo alternativo de defensa judicial disponible para la comunidad indígena accionante.

Lo cual no obsta, nota la Sala, para que el recurso de revisión pueda constituir eventualmente una oportunidad para plantear el debate jurídico de fondo sobre el conflicto planteado entre las dos sentencias de usucapión relativas a este predio; sin embargo, en este punto encuentra el Consejo de Estado que se produce la manifiesta improcedencia del recurso extraordinario de revisión planteado por la señora Iguarán. En efecto, consta en el expediente que la señora Iris Isabel Iguarán interpuso un recurso extraordinario de revisión el día 20 de septiembre de 2012 contra la sentencia del 6 de septiembre de 2010 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, invocando como causal de revisión la establecida en el artículo 380-9 del Código de Procedimiento Civil, a saber:

ART. 380.—Causales. “Son causales de revisión: (...) 9. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada, entre las partes del proceso en que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad litem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

El Consejo de Estado considera que la improcedencia de este recurso frente a la sentencia del 6 de septiembre de 2010 es manifiesta y evidente, ya que no se ha cumplido el supuesto material indispensable establecido por la norma, a saber, que la señora Iguarán dentro del proceso de prescripción adquisitiva promovido por la señora Pushaina no hubiese podido alegar la excepción de cosa juzgada por habérsele sido designado un curador ad litem e ignorar la existencia del proceso. Al contrario, la señora Iguarán intervino activamente en el proceso que dio lugar a la declaración judicial de usucapión a favor de Ana María Pushaina, y no invocó en ningún momento del mismo la excepción de cosa juzgada por la existencia de la sentencia judicial que declaró la prescripción de 1/3 parte de la propiedad a su favor.

Así las cosas, por la manifiesta improcedencia del recurso extraordinario de revisión en este caso, concluye el Consejo de Estado que no constituye un medio judicial alternativo de defensa de los derechos invocados en la demanda de tutela.

En consecuencia, la Sala considera que la acción de tutela es formalmente procedente por no existir en este momento una vía alternativa de defensa judicial de los derechos invocados en la demanda.

4. Necesidad de que la jurisdicción ordinaria se pronuncie sobre el conflicto jurídico territorial planteado entre la comunidad indígena y la propietaria formal de las tierras; orden de tutela de no innovar en el interregno.

Establecida la procedencia formal de la acción de tutela, procede el Consejo de Estado a determinar la aptitud de esta vía jurisdiccional excepcional para resolver todos los problemas jurídicos planteados por el caso bajo revisión.

En apariencia el caso bajo revisión plantearía un simple conflicto jurídico de tierras entre una persona particular y una comunidad indígena. Sin embargo, un análisis más cuidadoso revela que el presente caso plantea un conflicto entre dos títulos jurídicos —sentencias judiciales— que declararon la usucapión sobre un predio determinado a favor de personas distintas y en condiciones divergentes, en momentos distintos del tiempo, y en el cual se enfrentan, por un lado, (a) una comunidad indígena que ve cuestionada su permanencia en el territorio en el que desarrolla sus actividades ancestrales, sobre el cual ha construido sus cementerios y a cuya propiedad ha accedido por declaración judicial, y por otro, (b) una propietaria particular que adquirió 25 hectáreas de esos terrenos en el año 2012 sin haberlos detentado materialmente jamás, que alega poseerlos en virtud de su compra formal, y que sobre esa base promovió una querella policiva buscando el desarraigo de la comunidad indígena.

Recuerda la Sala que el terreno sobre el cual se centra la controversia entre las partes corresponde a un lote de 66 hectáreas de extensión adjudicado judicialmente a la señora Ana María Pushaina, que se sobrepone —en una extensión que no ha sido determinada con precisión en el presente proceso— con tierras cuya propiedad formal está registrada a nombre de la señora Lida Henríquez, quien las compró en el año 2012 al señor Germán González, quien a su turno las compró en el año 2009 a Iris Isabel Iguarán. No es claro exactamente en dónde se superponen los derechos territoriales, puesto que la señora Lida Henríquez compró un Lote de 25 hectáreas desenglobados de la extensión total de una finca respecto de la cual, dos propietarios antes que ella, se declaró la prescripción adquisitiva de 1/3 de la propiedad global; a su vez, este Lote aparentemente está contenido dentro de las 66 hectáreas adjudicadas a Ana María Pushaina, o se sobrepone con ellas en una extensión significativa. Sea como fuere, las partes en el presente proceso alegan simultáneamente tener un título de propiedad sobre el predio donde se asienta la ranchería Irrachon, en torno al cual se circunscribe así el objeto de litigio. Sobre estas tierras pesan dos sentencias judiciales declarativas de usucapión y sucesivas en el tiempo. ¿Cuál es, se pregunta la Sala, el status jurídico-constitucional de esta confrontación entre sentencias judiciales de usucapión, y cómo se resuelve el conflicto a la luz de la Carta Política?

Este conflicto jurídico, que trasciende de lejos el tema meramente civil y agrario para revestirse de hondas repercusiones jurídico-constitucionales, requiere sin embargo que la jurisdicción ordinaria resuelva los siguientes problemas:

¿Cuál es el status jurídico de una contraposición entre dos sentencias judiciales sucesivas que declaran la usucapión de las mismas tierras a favor de distintas personas, siendo el primero de los beneficiarios en el tiempo el propietario formal y registrado de 2/3 partes del dominio del predio —quien eventualmente vendió su derecho real—, y el segundo beneficiario una autoridad ancestral indígena que ha poseído materialmente las tierras en disputa durante décadas —en ejercicio de sus actividades ancestrales de sustento—? ¿Cuál de estas dos sentencias ha de tener prevalencia jurídica en este caso concreto?

¿Cuáles son las pautas provistas por el ordenamiento legal colombiano, la Constitución Política y el derecho internacional de los derechos humanos para resolver conflictos por la propiedad de la tierra entre una comunidad indígena y terceros no indígenas, así sean de buena fe? ¿Cómo se han de aplicar dichas pautas a la ponderación de los derechos confrontados en el caso bajo estudio?

Para la Sala, estos delicados problemas jurídicos no pueden ser resueltos, a la luz de la Constitución Política, por el juez de tutela. El juez de tutela únicamente tiene jurisdicción en este caso para pronunciarse sobre la diligencia de desalojo policivo que se adelantó sin que se hubiese obtenido una solución judicial de fondo al conflicto jurídico-territorial sustantivo que enfrenta a las partes, puesto que esta actuación prematura y abusiva de la autoridad sí constituyó una afrenta a los derechos fundamentales de la comunidad indígena. Aparte del tema específico del desalojo, la controversia jurídica entre las partes plantea problemas jurídicos que, si bien tienen claras repercusiones constitucionales, son del resorte de la jurisdicción ordinaria.

Dado que, como se vio, no es el recurso extraordinario de revisión pendiente de resolver la vía adecuada para ventilar el conflicto jurídico que enfrenta a la comunidad Wayúu de Irrachon con la señora Lida Henríquez, considera el Consejo de Estado que es sólo a través de la iniciación de un nuevo proceso judicial ordinario que se logrará dar una solución a esta controversia; y que mientras se obtiene un nuevo pronunciamiento judicial definitivo que dé respuesta a tales problemas jurídicos sustantivos, las autoridades deben abstenerse de adoptar cualquier medida que modifique la situación actual en perjuicio de una de las partes en la controversia - como por ejemplo un desalojo policivo prematuro que, por haberse adelantado en ausencia de una decisión judicial de fondo, constituyó un claro abuso del derecho.

Corresponde a la señora Lida Henríquez, o a la comunidad indígena de Irrachon si así lo tiene a bien, iniciar el proceso judicial ordinario al que haya lugar para dar una respuesta a estos problemas jurídicos. No es el Consejo de Estado en sede de tutela la autoridad competente para indicar cuál proceso judicial ha de ser iniciado por las partes, que están en libertad de ponderar las distintas alternativas que les provee el ordenamiento jurídico colombiano para lograr este cometido.

Para lo que sí tiene el juez de tutela competencia en este caso, y de hecho un deber constitucional de acción, es para detener la diligencia policiva de desalojo de la comunidad indígena de estas tierras, por cuanto su desarrollo y ejecución presuponen una resolución del complejo conflicto jurídico subyacente, resolución que obligatoriamente tiene que ser otorgada por la jurisdicción ordinaria, y que a la fecha no se ha dado. Por ello, haber iniciado y desarrollado esta actuación policiva constituyó una vía de hecho por parte de la autoridad de policía, que actuó sin contar con los fundamentos jurídicos necesarios para ello puesto que intentó hacer valer un título jurídico de propiedad claramente precario y materialmente sujeto a ulterior resolución judicial. Nota la Sala que la diligencia de desalojo que se intentó hacer fue efectivamente suspendida por existir un conflicto jurídico de fondo que debía ser resuelto por las autoridades judiciales; no obstante, esta decisión —ajustada a derecho— fue revocada al resolver el recurso gubernativo interpuesto por la parte querellante, y en consecuencia actualmente, en ausencia de una orden de tutela que le detenga, la autoridad policiva efectivamente llevaría a cabo el desalojo. Esta situación es constitucionalmente inadmisible. Por lo mismo, la Sala ordenará a las autoridades policivas de Riohacha, demandadas, que se abstengan de adelantar cualquier tipo de actuación policiva orientada a desalojar a la comunidad Wayúu de Irrachon de las tierras que actualmente ocupan, hasta tanto la jurisdicción ordinaria se pronuncie, mediante sentencia definitiva y en firme, sobre los problemas jurídicos que enfrentan a las partes y que la Sala recién identificó, luego del desarrollo y culminación de un proceso ordinario que la señora Lida Henríquez o la comunidad de Irrachon habrán de promover cuando así lo tengan a bien.

5. Reglas constitucionales que gobiernan la ponderación de derechos en casos de conflictos entre la propiedad indígena y la propiedad no indígena de las tierras.

Dado que el accionante en este caso es la autoridad tradicional de una comunidad indígena perteneciente al pueblo Wayúu de la Guajira, y que obra en representación de los miembros de dicha comunidad, el Consejo de Estado considera procedente recapitular brevemente las pautas provistas por la Constitución Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para resolver conflictos por la propiedad de la tierra entre una comunidad indígena y terceros no indígenas.

5.1. Los derechos territoriales indígenas y sus derechos conexos.

Es amplia la jurisprudencia colombiana que ha reconocido y precisado el status constitucional del derecho a la propiedad de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas del país. Con base en una lectura conjunta de lo dispuesto en los artículos 67, 329 y 330 de la Carta Política, a la luz de las obligaciones internacionales del Estado —derivadas principalmente del Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas(33)—, ha afirmado en forma contundente la Corte Constitucional:

“Así la jurisprudencia de esta corporación, articulando los preceptos 1º, 7º, 8º, 10, 13, 63, 67, 68 y 333 de la Carta a fin de establecer la génesis del derecho de los indígenas a la propiedad colectiva y sus alcances, ha puntualizado lo siguiente:

— Que en la base de nuestro Estado social de derecho se encuentra la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y que ésta no puede concebirse sin el reconocimiento integral del derecho territorial de los grupos étnicos a las tierras que tradicionalmente ocupan.

— Que la Carta Política, a la par que garantiza la propiedad privada, protege las formas asociativas y solidarias de propiedad, el patrimonio cultural y natural de la nación, las tierras de resguardo y las comunales de los grupos étnicos y la diversidad e integridad del ambiente.

— Que el ordenamiento constitucional entiende la cultura pluralista de la nación colombiana como una riqueza que se debe conservar, mediante la promoción, investigación, la ciencia y el desarrollo de todas las expresiones y valores culturales.

— Que el derecho de las comunidades indígenas sobre su territorio colectivo se funda en la Carta Política y en el Convenio 169 de la OIT.

(...) ... 4.3. La doctrina y jurisprudencia de la Corte Constitucional en punto a la protección de los grupos indígenas que sirve de marco conceptual a este fallo es la siguiente: (i) para las comunidades indígenas resulta importante destacar la vinculación estrecha entre su supervivencia y el derecho al territorio como el escenario donde se hace posible la existencia misma de la etnia;(ii) de manera reiterada la jurisprudencia constitucional ha sostenido que del reconocimiento a la diversidad étnica y cultural depende la subsistencia de los pueblos indígenas y tribales y que son éstos quienes pueden conservar y proyectar en los diferentes ámbitos el carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana, sustrato del Estado social de derecho acogido en la Carta; (iii) el Estado colombiano, se encuentra obligado a respetar la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y a contribuir realmente con la conservación del valor espiritual que para todos los grupos étnicos comporta su relación con la tierra y su territorio, entendido este como “lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera”; (iv) que la Ley 31 de 1967, mediante la cual fue incorporado a la legislación nacional el Convenio 107 de 1957 de la OIT, desarrolla ampliamente el derecho de estos pueblos a que los Gobiernos i) determinen sus propiedades y posesiones mediante la delimitación de los espacios efectivamente ocupados, ii) salvaguarden sus derechos a utilizar “las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”; y iii) protejan especial y efectivamente sus facultades de utilizar, administrar y conservar sus recursos naturales.

(...) ... 4.8. La Corte reitera de esa manera, (i) que los grupos indígenas gozan de una especial protección por parte del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 superior y (ii) que el derecho de propiedad colectiva sobre los territorios indígenas, como ya se ha dicho, reviste la mayor importancia dentro del esquema constitucional al ser esencial para la preservación de las culturas y los valores espirituales de estos pueblos. Por ende, el dominio comunitario sobre tales territorios debe ser definido claramente por el Estado, en tanto su desconocimiento quebrantaría de manera grave la identidad misma de la comunidad, implicaría ruptura del principio constitucional que la reconoce y, en el fondo, llevaría a destruir la independencia que los caracteriza, con notorio daño para la conservación y adecuado desarrollo de sus culturas y creencias. Atendiendo lo reseñado, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, el Estado colombiano como Estado parte de la convención se ve obligado a asegurarle a esta comunidad, la protección efectiva de su derecho de propiedad”(34).

Las razones que sustentan esta consagración constitucional e internacional del derecho a la propiedad territorial de los miembros de los pueblos indígenas han sido bien expuestas por los organismos del sistema interamericano de derechos humanos. Tanto la comisión como la Corte interamericanas de derechos humanos han enfatizado, en sólida jurisprudencia, que los pueblos indígenas guardan una relación única y esencial con sus territorios, de cuyo ejercicio depende a su turno el goce efectivo de derechos fundamentales como la vida, la salud, la alimentación, el agua, la libertad religiosa y la integridad cultural. En palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

““La relación única entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios ha sido ampliamente reconocida en el derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 21 de la Convención Americana y el artículo XXIII de la Declaración Americana protegen esta vinculación estrecha que guardan con las tierras, así como con los recursos naturales de los territorios ancestrales(35), vinculación de importancia fundamental para el goce de otros derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales(36). Según han reiterado la CIDH y la Corte Interamericana, la preservación de la conexión particular entre las comunidades indígenas y sus tierras y recursos se vincula con la existencia misma de estos pueblos, y por lo tanto “amerita medidas especiales de protección”(37). La Corte Interamericana ha insistido en que “los Estados deben respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio a modo de garantizar su supervivencia social, cultural y económica”(38). Para la CIDH, la relación especial entre los pueblos indígenas y tribales y sus territorios significa que “el uso y goce de la tierra y de sus recursos son componentes integrales de la supervivencia física y cultural de las comunidades indígenas y de la efectiva realización de sus derechos humanos en términos más generales”(39).

56. Dicha relación especial es fundamental tanto para la subsistencia material(40) como para la integridad cultural(41) de los pueblos indígenas y tribales(42). La CIDH ha sido enfática en explicar, en este sentido, que “la sociedad indígena se estructura en base a su relación profunda con la tierra”(43); que “la tierra constituye para los pueblos indígenas una condición de la seguridad individual y del enlace del grupo”(44); y que “la recuperación, reconocimiento, demarcación y registro de las tierras significan derechos esenciales para la supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria”(45). En la misma línea, la Corte Interamericana ha señalado que “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”(46); que “la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural”(47); y que “la garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. En función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas”(48)(49).

Estas pautas jurisprudenciales han sido recogidas por la Corte Constitucional de Colombia, la cual ha reconocido que ““la mayor parte de los pueblos indígenas y tribales tienen un concepto del territorio que resulta ajeno a la cultura occidental. Para estos pueblos, la tierra está íntimamente ligada a su existencia y supervivencia desde el punto de vista religioso, político, social y económico; no constituye un objeto de dominio sino un elemento del ecosistema con el que interactúan. Por ello, para muchos pueblos indígenas y tribales la propiedad de la tierra no recae sobre un solo individuo, sino sobre todo el grupo, de modo que adquiere un carácter colectivo”(50); y que “[p]ara las comunidades indígenas el territorio tradicionalmente ocupado y sus recursos naturales no persiguen fines mercantilistas; por el contrario, están íntimamente ligados a su existencia y supervivencia como grupos culturalmente diferenciados, desde el punto de vista religioso, político, social y económico(51). Por esta razón, el reconocimiento de este derecho a la propiedad, posesión y uso de las tierras y territorios ocupados ancestralmente de forma colectiva es fundamental para su permanencia y supervivencia”(52).

5.2. Criterios de ponderación aplicables en casos de conflicto entre la propiedad indígena y no indígena de las tierras y los recursos naturales.

Cuandoquiera que se presenten al juez, para su resolución, conflictos entre los derechos fundamentales de dos sujetos, el método a aplicar para resolver la controversia es el de la ponderación de los derechos enfrentados a la luz de la Carta Política como un todo. Dado que en el presente caso el Consejo de Estado se encuentra ante un tal conflicto —v. g. entre el derecho a la propiedad de quien está inscrita como dueña formal de las tierras, y el derecho a la propiedad de la comunidad indígena que posee materialmente el predio—, son relevantes los criterios de ponderación que provee la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los casos en que se traben conflictos entre la propiedad de una comunidad indígena y la propiedad común no indígena. Estos criterios fueron sintetizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los términos siguientes, cuya relevancia para la resolución del caso actual es evidente:

“116. El reconocimiento efectivo de los derechos de propiedad comunal indígena, incluyendo sus derechos sobre tierras o territorios que no usan u ocupan de forma efectiva pero cuya recuperación reivindican, puede entrar en conflicto con reclamos de propiedad de terceros. La Corte ha aclarado que “la propiedad privada de los particulares” y la “propiedad comunitaria de los miembros de las comunidades indígenas” se encuentran ambas amparadas por la Convención Americana(53), y que cuando estos derechos entran en conflicto, el problema debe ser resuelto de conformidad con los principios que rigen las limitaciones a los derechos humanos(54).

117. La Corte Interamericana ha provisto algunas pautas para que los Estados apliquen con miras a resolver conflictos entre la propiedad territorial indígena y la propiedad privada particular. En todos los casos, las restricciones admisibles al goce y ejercicio de estos derechos deben ser (a) establecidas por ley; (b) necesarias; (c) proporcionales, y (d) su fin debe ser el de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática(55).

— El artículo 21.1 de la Convención Americana dispone que la ley puede subordinar el uso y goce de los bienes al interés social. “La necesidad de las restricciones legalmente contempladas dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, siendo insuficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno. La proporcionalidad radica en que la restricción debe ajustarse estrechamente al logro de un legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho restringido. Finalmente, para que sean compatibles con la convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad del pleno goce del derecho restringido”(56).

— “Los Estados deben valorar caso por caso las restricciones que resultarían del reconocimiento de un derecho por sobre el otro. Así, por ejemplo, los Estados deben tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural”(57).

— “Al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros”(58).

— “Por el contrario, la restricción que se haga al derecho a la propiedad privada de particulares pudiera ser necesaria para lograr el objetivo colectivo de preservar las identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista en el sentido de la Convención Americana; y proporcional, si se hace el pago de una justa indemnización a los perjudicados, de conformidad con el artículo 21.2 de la convención”(59).

(...).

119. Debe tenerse presente que, según lo ha precisado la Corte Interamericana, el hecho de que las tierras reclamadas hayan sido trasladadas de propietario en propietario por un largo período de tiempo y estén debidamente registradas no constituye un motivo suficiente para justificar la falta de reconocimiento del derecho a la propiedad y recuperación territorial de los pueblos indígenas y tribales, ni releva a los Estados de responsabilidad internacional por dicha falta de concreción(60). El derecho de los pueblos indígenas y tribales a la propiedad y a la restitución persiste aunque las tierras reclamadas estén en manos privadas, y no es aceptable que las reclamaciones territoriales indígenas sean denegadas automáticamente por tal motivo - en cada caso debe hacerse un ejercicio de ponderación para establecer limitaciones a uno u otro de los derechos de propiedad en conflicto, a la luz de los estándares de legalidad, necesidad, proporcionalidad y objetivo legítimo en una sociedad democrática, teniendo en cuenta las especificidades del pueblo indígena respectivo(61). La voluntad de los propietarios actuales de las tierras ancestrales no puede per se impedir el goce efectivo del derecho a la recuperación territorial(62).

(...) 122. Las consideraciones anteriores pueden interpretarse como un deber estatal de priorizar, en términos generales, los derechos de los pueblos indígenas en casos de conflicto con derechos de propiedad de terceros, en la medida en que los primeros están vinculados a la supervivencia cultural y material de estos pueblos. Ello no implica el desconocimiento del derecho a la justa compensación que puedan corresponder a los terceros de buena fe, como consecuencia de la limitación a su derecho legítimo de propiedad en favor del derecho de propiedad comunal bajo el artículo 21 de la Convención Americana. En relación con los terceros que no son poseedores de buena fe, es responsabilidad del Estado garantizar a los pueblos indígenas el goce efectivo del derecho de propiedad comunal, incluyendo el derecho a la restitución”(63).

También tiene claramente establecido la jurisprudencia interamericana que el derecho de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, del que son titulares los miembros de los pueblos indígenas, incluye como uno de sus componentes el derecho a que los fallos judiciales que protegen los derechos territoriales indígenas se cumplan; se viola el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los miembros de los pueblos indígenas, cuando las sentencias y demás decisiones judiciales que amparan sus derechos son incumplidas o ignoradas(64).

Las anteriores pautas han de ser tenidas en cuenta y aplicadas por los jueces ordinarios que conozcan de este caso, tanto por el juez pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto por Iris Isabel Iguarán, como por el juez que conozca del nuevo proceso ordinario a ser iniciado por las partes.

7. Decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 28 de enero de 2013 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, en el sentido en que DECRETÓ EL AMPARO de los derechos fundamentales al debido proceso, la vivienda digna y el mínimo vital de los miembros de la comunidad indígena Wayúu de Irrachon.

2. MODIFICAR la orden de tutela impartida en el numeral primero de la sentencia que se confirma, la cual quedará así:

ORDENAR al Secretario Municipal de Gobierno y Desarrollo Comunitario de Riohacha que se asegure que las inspecciones de policía sujetas a su jurisdicción se ABSTENGAN de adelantar cualquier tipo de actuación policiva orientada a desalojar a la comunidad Wayúu de Irrachon de las tierras que actualmente ocupan, hasta tanto la jurisdicción ordinaria se pronuncie, mediante sentencia definitiva y en firme, sobre los problemas jurídicos que enfrentan a las partes y que la Sala identificó en la presente sentencia, luego del desarrollo y culminación de un proceso judicial ordinario que la señora Lida Henríquez o la comunidad de Irrachon habrán de promover cuando así lo tengan a bien.

3. COMUNICAR la presente sentencia al Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha.

4. DEJAR SIN EFECTOS todas las actuaciones desarrolladas por la Inspección de Policía de Riohacha en el curso de la querella de lanzamiento por ocupación de hecho promovida por la señora Lida Henríquez en contra de la comunidad de Irrachon, desde el momento en que dicha querella fue recibida por el funcionario competente.

5. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para efectos de su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».

(23) En los términos que señala el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

(24) Corte Constitucional, SU-1070 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(25) Ver entre otras las sentencias T-827 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-648 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1089 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-691 de 2005, M.P. Jaime córdoba Triviño y T-015 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(26) Lo que permite que la tutela entre a proteger de manera directa los derechos presuntamente vulnerados.

(27) Sobre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes las sentencias C-1225 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-1070 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; SU-544 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-1670 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, y la T-225 de 1993 en la cual se sentaron las primeras directrices sobre la materia, que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior. También puede consultarse la Sentencia T-698 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y la Sentencia T-827 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(28) El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone que “La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

(29) Corte Constitucional, Sentencia T-803 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(30) Sentencia T-384 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, citada por la Sentencia T-206 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(31) Corte constitucional, Sentencia T-822 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esa sentencia se cita la T-569 de 1992, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, que señaló lo siguiente: ‘De allí que tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable’ (resalta la Sala).

(32) Corte Constitucional, Sentencia T-764 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(33) En varias providencias, la Corte Constitucional ha sostenido que “la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por las Naciones Unidas en el año 2007, refleja la posición actual de la comunidad internacional sobre la autonomía de las comunidades indígenas, declaración que para el juez constitucional se constituye en una pauta de interpretación importante de los derechos fundamentales de las comunidades tribales” (Sent. T-601/2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; citando las sentencias T-704/2006, T-514/2009 y T-617/2010).

(34) Sentencia T-433 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.

(35) CIDH, Informe de seguimiento - Acceso a la justicia e inclusión social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr. 156. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C Nº 79, párr. 148. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C Nº 125, párr. 137. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C Nº 146, párrs. 118, 121. Esta relación única con el territorio tradicional “puede expresarse de distintas maneras, según el pueblo indígena del que se trate y las circunstancias concretas en que se encuentre, y puede incluir el uso o presencia tradicional, ya sea a través de lazos espirituales o ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos; caza, pesca o recolección estacional o nómada; uso de recursos naturales ligados a sus costumbres; y cualquier otro elemento característico de su cultura” [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C Nº 146, párr. 131]. Cualquiera de estas modalidades está amparada por el derecho a la propiedad protegido por los instrumentos interamericanos de derechos humanos.

(36) CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1054.

(37) CIDH, Informe 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 128.

(38) Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C Nº 172, párr. 91. La Corte Interamericana ha reiterado que “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica” [Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C Nº 79, párr. 149].

(39) CIDH, Informe Nº 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 114. La Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha adoptado un criterio similar [al de la CIDH] respecto del derecho de propiedad en el contexto de los pueblos indígenas, reconociendo las formas comunales de tenencia de la tierra por los indígenas y la relación singular que los pueblos indígenas mantienen con su tierra” [CIDH, Informe 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 116. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C Nº 79].

(40) La protección de la cultura de los pueblos indígenas comprende la preservación de aspectos vinculados a su organización productiva, lo cual incluye entre otras la cuestión de las tierras ancestrales y comunales [CIDH, Informe 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 120]. El control de la tierra protegido por el artículo 21 “refiere a la vez a su capacidad de brindarle recursos para el sustento y al espacio geográfico necesario para la reproducción cultural y social del grupo” [CIDH, Informe 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, párr. 128].

(41) Los conceptos de familia y de religión se conectan íntimamente con el territorio tradicional, en donde los cementerios ancestrales, los lugares de significado e importancia religiosos y los patrones de parentesco se vinculan a la ocupación y uso de sus territorios físicos [CIDH, Informe 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 155]. Por ello, al ser el territorio y los recursos naturales elementos integrantes de la cosmovisión, vida espiritual y forma de subsistencia de los pueblos indígenas y tribales, forman parte intrínseca del derecho de las personas que los conforman a la identidad cultural [CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1054].

(42) La relación especial entre los pueblos indígenas o tribales y sus territorios ancestrales tiene relevancia jurídica adicional en aspectos específicos. El reconocimiento del estrecho vínculo material y cultural entre los pueblos indígenas y sus territorios tradicionales es un factor fundamental para la determinación de derechos en casos de conflictos de propiedad con terceros, en los que los Estados deben considerar las implicaciones de los derechos territoriales de los pueblos indígenas sobre su identidad cultural y supervivencia material. La especial relación que los pueblos indígenas y tribales mantienen con sus territorios tradicionales ha sido también tenida en cuenta por la Corte Interamericana a la hora de determinar reparaciones en casos en los que comunidades específicas se han visto desposeídas forzosamente de sus territorios. Así, en el caso Moiwana, la Corte consideró que el desplazamiento forzoso de la comunidad había “lesionado emocional, espiritual, cultural y económicamente” a sus miembros, considerando este hecho relevante para el cálculo de las indemnizaciones por el daño inmaterial que el Estado debía reparar [Corte IDH, Caso Comunidad Moiwana vs. Surinam. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C Nº 124, párr. 145(c)].

(43) CIDH, Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril de 2001, capítulo XI, párr. 56.

(44) CIDH, Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000, capítulo X, párr. 16.

(45) CIDH, Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000, capítulo X, párr. 16.

(46) Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C Nº 79, párr. 149. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C Nº 125, párrs. 124, 131. Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C Nº 116, párr. 85.

(47) Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C Nº 125, párr. 135. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C Nº 146, párr. 118.

(48) Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C Nº 125, párr. 154.

(49) Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales - Normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos”; Washington, 2010.

(50) Sentencia T-693 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(51) En la Sentencia T-188 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional reconoció la relación entre el territorio y la supervivencia y cosmovisión de las comunidades indígenas. La Corte afirmó: “El derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes. Esta circunstancia es reconocida en convenios internacionales aprobados por el Congreso, donde se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con los territorios que ocupan, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes”. Ver también la Sentencia T-652 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(52) Sentencia T-693 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(53) Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C Nº 214, párr. 143.

(54) Según la Convención Americana, el ejercicio de los derechos humanos encuentra un límite en “los derechos de los demás”, “la seguridad de todos” y “las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 32.2. Por su parte, el artículo 21 de la convención permite la limitación del derecho de propiedad “mediante el pago de una indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”. Ibíd., artículo 21.2. Sobre la base de estas disposiciones, así como de la práctica de otros tribunales internacionales, la jurisprudencia de la Corte permite las limitaciones al ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la convención si se cumplen tres requisitos: “a) deben estar establecidas por ley; b) deben ser necesarias; c) deben ser proporcionales, y d) deben hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática”. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C Nº 125, párrs. 144-145 [citando, mutatis mutandi, Corte IDH, Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C Nº 111, párr. 96]. Cfr. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C Nº 74, párr. 155. Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C Nº 107 (2004), párr. 127; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C Nº 146, párr. 137. Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones preliminares. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C Nº 172, párr. 122.

(55) Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C Nº 125, párr. 144.

(56) Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C Nº 125, párr. 145. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C Nº 111, párr. 96. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones preliminares. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C Nº 107, párr. 127. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C Nº 74, párr. 155.

(57) Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C Nº 125, párr. 146. Ver también: CIDH, Acceso a la justicia e inclusión social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 241.

(58) Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C Nº 125, párr. 147.

(59) Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C Nº 125, párr. 148. Ver también: CIDH, Acceso a la justicia e inclusión social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 241.

(60) Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C Nº 146, párrs. 136, 137.

(61) Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C Nº 146, párr. 138.

(62) Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C Nº 146, párr. 138.

(63) Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales - Normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos”; Washington, 2010.

(64) Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales - Normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos”; Washington, 2010.