Sentencia 2012-00080 de diciembre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Rafael Francisco Suárez Vargas

Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 110010325000201200080 00 (0300-2012)

Demandante: Astrid Milena Peñuela Saldaña

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

EXTRACTOS: «2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa. De los actos demandados que pueden ser objeto del control de legalidad.

La demandante demanda la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia emitidas el 31 de octubre de 2007 y el 13 de marzo de 2008, respectivamente, y además, del auto del 18 de septiembre de 2007 por medio del cual se formularon los cargos en su contra.

De conformidad con el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo la demanda debe dirigirse contra los actos administrativos que pusieron fin a la actuación administrativa, es decir, los que resolvió de manera definitiva lo debatido en sedo administrativa. Por su parto, el artículo 50 ibidem, define los actos administrativos definitivos como los que ponen fin a una actuación administrativa o los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto.

Así las cosas, como el auto que profirió pliego de cargos no es el que definió la situación jurídica de la demandante y, por el contrario, constituyó un acto de mero trámite que contiene decisiones necesarias para la emisión del fallo disciplinario; es decir, no es el que culmina la actuación, por ende, no puede ser analizada su validez mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En esa medida, la Sala limitará su examen a las decisiones que impusieron la sanción disciplinaria.

2.2. El juez administrativo y los actos administrativos de carácter disciplinario. Análisis integral de la actuación disciplinaria dentro del proceso contencioso administrativo.

Inicialmente con el fin de decidir esta controversia, es pertinente hacer alusión al alcance del juicio de legalidad que el juez administrativo debe adelantar respecto de los actos administrativos de carácter disciplinario, para luego determinar si de acuerdo con los elementos probatorios obrantes en el expediente, la actuación administrativa acusada está viciada de nulidad.

En sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016(5) proferida por la Sala Plena de esta corporación, se definió que el control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de carácter disciplinario, debe ser integral, como quiera que la actividad del juez «supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales»(6).

La Subsección A de esta corporación(7), en relación con la integralidad de ese juicio, en oportunidades anteriores ha considerado lo siguiente:

Ese juicio integral supone en cuanto a las causales de nulidad, que el juez, en virtud de la primacía del derecho sustancial, puede y debe examinar causales conexas con derechos fundamentales a fin de optimizar la tutela judicial efectiva.

Respecto a la valoración de las probanzas recaudadas en el disciplinario, lo habilita para estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que soportan la imposición de la sanción disciplinaria, porque solo a partir de su objetiva y razonable ponderación, se puede colegir si el acto disciplinario se encuentra debidamente motivado.

Con relación a los principios rectores de la ley disciplinaria, lo faculta para examinar el estricto cumplimiento de todos y cada y uno de ellos dentro la actuación sancionatoria(8).

Acerca del principio de proporcionalidad, de que trata el artículo 18 de la Ley 734 de 2002 referido a que la sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida y la graduación prevista en la ley, cuando el juicio de proporcionalidad de la sanción sea parte de la decisión judicial, el juez puede según lo ordenan el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo(9) y el inciso 3º del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(10), estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas(11).

En cuanto a la ilicitud sustancial, lo autoriza para realizar el análisis de racionalidad, razonabilidad y/o proporcionalidad respecto de ella, al punto que si el asunto lo exige, puede valorar los argumentos que sustenten la afectación sustancial del deber funcional y las justificaciones expuestas por el disciplinado.

En consecuencia, el estudio integral de los actos disciplinarios cuestionados en esta controversia, se hará dentro del marco planteado en la sentencia previamente trascrita.

2.3. Marco normativo.

Como quiera que los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en el mes de diciembre de 2005, época para la cual se encontraba vigente la Ley 734 de 2002(12), es esta la que debe regir el caso bajo análisis.

El derecho disciplinario pretende garantizar la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo; este cometido se vincula de manera íntima al artículo 209 de la Carta Política porque sin un sistema punitivo dirigido a sancionar la conducta de los servidores públicos, resultaría imposible al Estado garantizar que la administración pública cumpliese los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad a que hace referencia la norma constitucional.(13)

Las normas disciplinarias tienen un complemento normativo compuesto por disposiciones que contienen prohibiciones, mandatos y deberes, al cual debe remitirse el operador disciplinario para imponer las sanciones correspondientes, circunstancia que sin vulnerar los derechos de los procesados permite una mayor adaptación del derecho disciplinario a sus objetivos. Así mismo cabe concluir que la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado y que dado que el propósito último del régimen disciplinario es la protección de la correcta marcha de la administración pública, es necesario garantizar de manera efectiva la observancia juiciosa de los deberes de servicio asignados a los funcionarios del Estado mediante la sanción de cualquier omisión o extralimitación en su cumplimiento, por lo que la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia pueden ser sancionados en este campo en cuanto impliquen la vulneración de los deberes funcionales de quienes cumplen funciones públicas.(14)

En suma, la conducta investigada en el presente asunto debe someterse al conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia a la cual todos los servidores públicos deben someterse.

2.4. De las excepciones propuestas por la entidad demandad.

Antes de estudiar el fondo del asunto procede la Sala a resolver las excepciones propuestas por la Procuraduría General de la Nación, las cuales denominó: i) caducidad de la acción, ii) violación del artículo 29 de la Constitución Política, iii) la legalidad de los actos administrativos, y iv) la innominada o genérica.

2.4.1. De la caducidad de la acción.

El apoderado de la entidad demandada manifiesta que si bien, el artículo 130 del Código Contencioso Administrativo señala que el término de caducidad para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es de 4 meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, lo cierto es que la Ley 446 de 1998(15) modificó tal circunstancia, al establecer que dicho lapso comienza a correr desde el mismo día en que el acto es notificado.

El instituto jurídico procesal de la caducidad de la acción se constituye en aquel término que la ley establece para el ejercicio de determinadas acciones, con el fin de que el acceso a la administración de justicia sea oportuno, lo que a su vez permite racionalizar el ejercicio del derecho de acción.(16)

En otras palabras, quien pretenda ejercer el derecho de acceso a la administración de justicia, le asiste el deber correlativo de acudir en forma oportuna ante los estrados judiciales, so pena de que adquieran firmeza las actuaciones respecto de las cuales pretenda una solución y, por tanto, no se pueda válidamente dar inicio al proceso.

La razón de ser de esta figura radica en que el término que la ley fija para ejercer el derecho de acción se torna en un instrumento que genera seguridad jurídica y protege el interés general.

En particular, cuando se trata de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en cuyo ejercicio se demandan actos administrativos de carácter disciplinario, que a su vez implican el retiro bien sea temporal o definitivo del servicio, según lo dispuesto por el artículo 136-2 del Código Contencioso Administrativo(17); se debe tener en cuenta lo considerado por esta Sección en providencia de unificación del 25 de febrero de 2016.(18)

En dicha providencia se determinó que si bien es cierto que el acto de ejecución de la sanción disciplinaria no hace parte de un acto complejo y tampoco crea, modifica o extingue la situación jurídica particular, también lo es que guarda íntima conexión con los fallos disciplinarios, en tanto que se constituye en esa decisión a través de la cual se ejecuta la medida correctiva impuesta en aquellos.

De esta manera, el acto de ejecución se erige en la consecuencia jurídica directa de la imposición de la sanción disciplinaria al servidor público, en la medida en que es el mecanismo mediante el cual dicha sanción se hace efectiva, tal como se infiere del tenor literal del artículo 172 del Código Único Disciplinario, cuando ordena que ejecutoriado fallo sancionatorio, el funcionario competente lo comunicará al funcionario que deba ejecutarlo.(19)

Con esta interpretación se pretende, sin atentar contra los principios de legalidad, seguridad jurídica y buena fe,(20) facilitarle a los administrados el control de los actos de la administración al igual que impedir el fraccionamiento del conteo del término de caducidad, en la búsqueda de la garantía de los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa.(21)

Sin embargo, se advierte que este criterio encuentra su excepción en los eventos en los que la sanción no se ejecuta en cumplimiento de lo que prescribe el artículo 172 de la Ley 734 de 2002 o cuando el acto de ejecución no implica la materialización de la sanción, pues en ellos el cómputo del término de caducidad se debe efectuar desde de la ejecutoria del fallo a través del cual se concluyó la actuación administrativa disciplinaria.

En suma, según esta sentencia de unificación, en los asuntos en los que se emitió un acto que ejecutó la sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio y tal acto sea el que materialice la situación laboral del disciplinado, el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se debe computar desde ese acto de ejecución. Y en los casos en los que no exista el acto que ejecute la sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo o si dicho acto no tiene relevancia frente a los extremos temporales de la relación laboral, el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se debe computar a partir de la ejecutoria del acto definitivo que culminó el proceso administrativo disciplinario.(22)

La Corte Constitucional ha considerado la caducidad como el fenómeno jurídico procesal a través del cual el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público, lo que explica su carácter irrenunciable y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.(23)

El término de caducidad tiene, entonces, como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción y, si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica.

Para el caso bajo examen, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que la oportunidad para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caducará transcurridos 4 meses, los cuales se contabilizarán a partir del día siguiente al de la notificación.

En el presente asunto está probado que la Procuraduría Regional de Cundinamarca profirió decisión sancionatoria de segunda instancia el 13 de marzo de 2008, acto que fue notificado el 11 de abril de 2008, como se observa en los folios 93 a 109 y 117 del cuaderno 1.

Así las cosas, teniendo en cuenta que no existió acto de ejecución de la sanción, el término de los cuatro meses comenzaba a contabilizarse a partir del 12 de abril de 2008 y vencía el 12 de agosto de esa anualidad.

Obra prueba en el proceso de que la demandante presentó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el 25 de abril de 2008, conforme se aprecia del sello impuesto por el Juzgado Único Administrativo de Facatativá.(24)

Conforme a lo dispuesto por el artículo 136 numeral 2º del Código Contencioso Administrativo y acorde a lo considerado por esta sección en providencia de unificación del 25 de febrero de 2016(25), en este caso no operó la caducidad, como quiera que la demanda se interpuso el 25 de abril de 2008, es decir, dentro del término legal establecido.

Finalmente, contrario a lo manifestado por la demandante, la Ley 446 de 1998 no estipuló que el término de caducidad debería contabilizarse desde el mismo día de la notificación del acto sancionatorio, pues en el artículo 44 señaló:

ART. 44.—Caducidad de las acciones. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, quedará así(26):

ART. 136.—Caducidad de las acciones.

2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe (negritas fuera de texto).

Así las cosas, queda claro que el término de caducidad comienza a contabilizarse al día siguiente de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto según el caso.

Por consiguiente, la excepción de caducidad propuesta no está llamada a prosperar.

2.4.2. De la violación del artículo 29 de la Constitución Política y de la legalidad de los actos acusados

Con relación a estas excepciones, se observa que la que la entidad demandada simplemente se limitas a enunciarlas, mas no las desarrolla; sin embargo, como se trata de excepciones que están íntimamente ligadas con el fondo del asunto, se estudiarán y decidirán al momento de realizar el análisis respectivo.

2.5. De los hechos probados.

2.5.1. Las actuaciones administrativas surtidas dentro del proceso disciplinario(27), son las que a continuación se relacionan: 

El 28 de marzo de 2006 la Procuraduría Provincial de Facatativá profirió auto de investigación disciplinaria en virtud del artículo 152 de la Ley 734 de 2002, a fin de determinar si la conducta desplegada por la investigada, consistente en haber retardado 34 días el envío de las declaraciones recepcionadas a los desplazados, es constitutiva de falta disciplinaria; para el efecto ordenó escuchar en versión libre a la señora Astrid Milena Peñuela. Esta decisión se notificó el 15 de mayo de 2006.(28)

El 18 de septiembre de 2007, el ente de control le formuló pliego de cargos(29) en los siguientes términos:

[...] Astrid Milena Peñuela Saldaña, en su condición de personera municipal de Sasaima, dejó trascurrir 34 días entre la toma de declaraciones de desplazamiento durante el mes de septiembre de 2005 y su radicación para valoración en la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional “Acción Social”, cuando el artículo 32 de la Ley 962 de 2005, señala que tales declaraciones deberán remitirse a la referida agencia presidencial a más tardar al día siguiente de la realización de la diligencia.

[...]

Esta decisión le fue notificada personalmente a la señora Astrid Milena Peñuela el 19 de septiembre de 2007.(30)

El 27 de septiembre de 2007 la investigada presentó descargos solicitando el archivo definitivo del proceso, toda vez que la entidad vulneró los términos procesales consagrados en los artículos 156, 169 y 171 del Código Disciplinario Único.(31)

El 31 de octubre de 2007, una vez agotadas todas las etapas propias del proceso disciplinario, la Procuraduría Provincial de Facatativá la declaró responsable disciplinariamente y la sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 1 mes; este acto se notificó el 8 de noviembre de 2007.(32)

La entidad consideró que no podía pretender la memorialista que el sobrepaso del término de investigación disciplinaria se constituyera, por sí, en otra forma de prescripción. Agregó que esta situación tampoco era causal de pérdida de competencia de la potestad disciplinaria de la que goza la Procuraduría General de la Nación.

Adujo que la Procuraduría Provincial de Facatativá tiene jurisdicción en 30 municipios, siendo una de las más extensas. De ahí que en algunos casos no pueda dar estricto cumplimiento a los plazos establecidos en la ley disciplinaria para cada una de las etapas, lo cual no puede atribuirse a falta de diligencia, sino a situaciones tales como la necesidad de darle trámite prioritario a algunos expedientes.

Como el apoderado de la investigada no atacó el cargo endilgado, tomó como único argumento exculpatorio el planteado por la demandante en la versión libre, consistente en que la tardanza en el envío de las declaraciones de los desplazados obedeció a la carencia de recursos para tal fin.

Este argumento no fue suficiente para eximirla de responsabilidad, pues no se trata de un documento cualquiera, sino de las declaraciones de desplazamiento que provienen de personas desarraigadas, en condiciones de extrema y urgente necesidad de atención y ayuda de parte de los organismos estatales, razón por la cual el legislador, en el artículo 32 de la Ley 962 de 2005 fijó un término perentorio para enviarlas, a más tardar al día siguiente de la recepción, sin embargo, la personera tardó 34 días en hacerlo.

La funcionaria, inconforme con la decisión, interpuso el recurso de apelación que fue resuelto el 13 de marzo de 2008 por la Procuraduría Regional de Cundinamarca, confirmando la suspensión. La decisión fue notificada el 11 de abril del mismo año(33).

2.5.2. De las pruebas aportadas y valoradas dentro de la investigación disciplinaria.

2.5.2.1. Documentales.

Oficio de 20 de octubre de 2005, suscrito por el coordinador de la Unidad Territorial de Cundinamarca de Acción Social, dirigido a la coordinadora de atención al desplazamiento forzado de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, en el que relacionó los municipios de Cundinamarca que registraron tardanza en la remisión de declaraciones, entre ellos Sasaima (Cundinamarca) función a cargo de la personera municipa1(34).

El 1º de diciembre de 2005, la coordinadora de atención al desplazamiento forzado de la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, informó a la Procuraduría Provincial de Facatativá los retrasos en la remisión oportuna de las declaraciones recepcionadas a los desplazados por parte de algunas personerías municipales, incluida la del Municipio de Sasaima, la cual tardó 34 días(35).

2.5.2.2. Testimoniales.

En el proceso rindió versión libre y espontánea la señora Astrid Milena Peñuela Saldaña, personara municipal de Sasaima, en la que reconoció la mora en la tramitación y envío de las declaraciones tomadas a los desplazados, en especial la del señor Ramiro Vera Zarabanda, mora que obedeció a la falta de recursos para remitir la correspondencia. Declaró que en algunas oportunidades las radicaba en la red de solidaridad, asumiendo ella los costos. Agregó que en ningún momento vulneró los derechos fundamentales de los desplazados, como quiera que hacía esfuerzos para enviar tales documentos; al punto que se trasladó al Municipio de Nocaima para hablar con el personero a fin de solicitarle ayuda para remitir la declaración del señor Vera Zarabanda y así poder recibir los beneficios que el Estado otorga en estos casos particulares(36).

2.6. De los problemas jurídicos del caso concreto.

Le corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: 1) ¿vulneró el ente de control el debido proceso y derecho de defensa por haber proferido los actos administrativos por fuera de los términos contemplados en los artículos 150, 169 y 171 de la Ley 731 de 2002?; ii) ¿podía tramitarse la investigación disciplinaria bajo el procedimiento ordinario?; y iii) ¿se violó el principio de eventualidad o preclusión al no decretar el periodo probatorio?

2.6.1. De la vulneración del debido proceso y derecho de defensa por haberse proferido las actuaciones administrativas por fuera del término consagrado en los artículos 156, 169 y 171 da la Ley 734 de 2002.

Sostiene la actora que el ente de control vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, como quiera que los actos sancionatorios fueron proferidos por fuera de los términos establecidos en los artículos 156, 169 y 171 de la Ley734 de 2002, por lo tanto considera que lo único que procedía en este caso, era el archivo de las diligencias conforme lo consagra el inciso 3º del artículo 150 ibidem.

Previo a resolver el caigo, la Sala se pronunciará respecto del debido proceso y el derecho de defensa, pilares fundamentales en toda actuación judicial y administrativa que garantizan el correcto desarrollo del proceso.

2.6.1.1. Del debido proceso y el derecho de defensa.

El artículo 29 de la Carta Política, el cual se aplica no sólo a las actuaciones judiciales sino también a las de carácter administrativo, implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Sobre este derecho debe descansar la vigencia del derecho disciplinario, en garantía de un orden justo, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales del investigado y el control de la potestad estatal disciplinaria(37).

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.(38)

La Corte determinó que hacen parte de las garantías del debido proceso las siguientes: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo; y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los ,hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.

Estos principios constitucionales también se encuentran consagrados en los artículos 6º y 17 de la Ley 734 de 2002, así:

ART. 6º—Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público.

ART. 17.—Derecho a la defensa. Durante la actuación disciplinaria el investigado tiene derecho e la defensa material y a la designación de un abogado. Si el procesado solicita la designación de un defensor así deberá procederse. Cuando se juzgue como persona ausente deberá estar representado a través de apoderado judicial, si no lo hiciere se designará defensor de oficio, que podrá ser estudiante del consultorio jurídico de las universidades reconocidas legalmente.

2.6.1.2. De la investigación disciplinaria.

La investigación disciplinaria tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió el perjuicio causado a la administración pública y la responsabilidad del investigado.

El artículo 156 de la Ley 734 de 2002 trata lo referente al término de investigación disciplinaria de la siguiente forma:

Término de la investigación disciplinaria. El término de la investigación disciplinaria será de seis meses, contados a partir de la decisión de apertura.

En los procesos que se adelanten por las faltas descritas en el artículo 48, numerales 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11 de este código, la investigación disciplinaria no se podrá exceder de doce meses. Este término podrá aumentarse hasta en una tercera parte, cuando en la misma actuación se investiguen varias faltas o a dos o más inculpados.

Vencido el término de la investigación, el funcionario de conocimiento la evaluará y adoptará la decisión de cargos, si se reunieren los requisitos legales para ello o el archivo de las diligencias.

Con todo si hicieren falta pruebas que puedan modificar la situación se prorrogará la investigación hasta por la mitad del término, vencido el cual, si no ha surgido prueba que permita formular cargos, se archivará definitivamente la actuación.

Respecto del término para proferir los actos sancionatorios, los artículos 169 y 171 ibidem, respectivamente, señalan:

Término para fallar. Si no hubiere pruebas que practicar, el funcionario de conocimiento proferirá el fallo dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del término para presentar descargos, o al del término probatorio, en caso contrario.

Trámite de la segunda instancia. El funcionario de segunda instancia deberá decidir dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el proceso. Si lo considera necesario, decretará pruebas.; de oficio, en cuyo caso el término para proferir el fallo se ampliará hasta en otro tanto.

Respecto del incumplimiento de los tiempos procesales dentro de este trámite, tal circunstancia, per se, no representa una vulneración del debido proceso, tal como lo ha manifestado la jurisprudencia. En efecto, la Corte Constitucional en Sentencia SU-901 de 1º de septiembre de 2005, magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño, señaló:

[...] De lo expuesto se infiere que el incumplimiento del término de indagación previa no conduce a que el órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una grave afectación de garantías constitucionales y a que como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida carezca de validez. Esto es así en cuanto, frente a cada caso, debe determinarse el motivo por el cual ese término legal se desconoció, si tras el vencimiento de ese término hubo lugar o no a actuación investigativa y si ésta resultó relevante en el curso del proceso. Es decir, del sólo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación.

De este modo, aparte de la eventual falta disciplinaria en que pueda incurrir el servidor que incumplió ese término, él se halla en el deber de tomar una decisión con base en la actuación cumplida hasta el momento en que el vencimiento de ese término operó. Si en tal momento existen dudas, éstas se tornen insalvables y surge la obligación de archivar la actuación; pero si tales dudas no existen, esto es, sí aparecen cumplidos los objetivos pretendidos con la indagación preliminar, nada se opone a que se abra investigación disciplinaria pues precisamente esta es una de las decisiones que se pueden tomar en tal momento.

[…] (Negrilla fuera del texto).

En un caso similar, la Sala en sentencia de 19 de mayo de 2011(39), concluyó que: «si bien el investigador disciplinario, efectivamente, excedió el término de seis (6) meses consagrado en el artículo 156 de la Ley 734 de 2002 esa circunstancia objetiva, per se, no limita el ejercicio de su potestad disciplinaria», sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios que incidieron en el incumplimiento del término procesal. En el mismo sentido, esta Sección ha expresado:

[...] De conformidad con los anteriores precedentes, si el operador disciplinario excede el término de los 6 meses que prevé el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, esa situación temporal por sí sola no genera violación al debido proceso, ni implica que se tenga que tomar como, única decisión el archivo de las diligencias.

(...)

Visto lo anterior, aunque el término de seis meses se hubiera sobrepasado, la oficina de control interno disciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no perdió la competencia para adelantar el proceso disciplinario; facultad prevista en los artículos 2º y 67 de la Ley 734 de 2002, que establecen la titularidad y el ejercicio de la acción disciplinaria de las oficinas de control disciplinario interno para conocer y sancionar disciplinariamente a sus servidores públicos, y el numeral 2º del artículo 17 del Decreto 0987 de 2012, le otorga esta competencia de manera concreta a la oficina de control interno disciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En consecuencia, esta oficina tenía la potestad disciplinaria para adelantar en contra del actor, el respectivo proceso hasta el fallo de primera instancia, competencia que no se pierde por excederse el operador en los términos procesales [...]

Se insiste entonces, que el incumplimiento de los términos procesales no se traduce en un elemento sustancial para la pérdida de competencia de la oficina de control interno disciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el ejercicio de la potestad disciplinaria para tramitar el proceso administrativo en contra del actor; tampoco el legislador ha previsto el incumplimiento de los términos procesales como causal de nulidad del proceso disciplinario, ni esa circunstancia afecta la validez de las pruebas recaudadas (Resaltado de fuera del original).

En el caso concreto aprecia la Sala que la investigación disciplinaria inició el 28 de marzo del 2006 y el auto de cargos se profirió el 18 de septiembre de 2007(40), es decir, superando el término de 6 meses establecido por el artículo 156 de la Ley 734 de 2002. Igual sucedió con los actos enjuiciados que se emitieron por fuera de los términos procesales consagrados en los artículos 169 y 171 ibidem. No obstante, tal situación no genera pérdida de competencia por parte del operador disciplinario para seguir conociendo del asunto, pues esta facultad solo se pierde en casos taxativamente señalados en la ley y cuando opera la prescripción de la acción, situaciones que no se presentan en el sub lite.

Siguiendo la línea jurisprudencial, resulta claro que el incumplimiento de los términos procesales, sin desconocer su importancia, no conduce a que el órgano de control disciplinario incurra automáticamente en una grave afectación de garantías constitucionales y que como consecuencia de ésta toda la actuación cumplida carezca de validez siempre que se respeten las otras garantías que entraña el debido proceso, como lo es el derecho de defensa, la oportunidad para pedir pruebas y controvertir las existentes, como se evidencia que sucedió en el presente caso. Además, según se explicó, el sobrepasar los términos procesales tampoco, implica la nulidad de los actos enjuiciados por falta de competencia, pues esta perdura mientras no venza el término de prescripción de que trata el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

Obsérvese que en este caso el investigador no tenía interés en dejar permanentemente sub judice a la encartada, como quiera que desde el 18 de septiembre de 2007 fecha en la que se profirió pliego de cargos, se le imprimió la celeridad que el proceso disciplinario requería, pues el 31 de octubre del mismo año se expidió el fallo de primera instancia.(41)

En suma, el caso bajo estudio se tramitó conforme al procedimiento consagrado en el Código Disciplinario Único, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa de la investigada, en tanto tuvo acceso directo a la actuación procesal que contra ella se adelantaba, conoció de primera mano las pruebas, se notificó de las decisiones, las controvirtió, presentó alegatos de conclusión e interpuso los recursos de ley.

Los actos que impusieron la sanción a la actora contienen un extenso capítulo en el cual se analizaron los elementos de convicción aportados al proceso disciplinario, cuyas principales anotaciones fueron transcritas en acápites anteriores. De ahí que resulta evidente que el análisis de las pruebas efectuado por la Procuraduría fue acucioso, integral e imparcial (art. 129, CDU), basado en el acopio de elementos de juicio que indefectiblemente condujeron a determinar de manera inequívoca la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad de la investigada.

En ese orden de ideas, el cargo relacionado con la presunta vulneración de sus derechos de defensa y debido proceso, por haberse proferido la investigación disciplinaria y los actos sancionatorios por fuera del término establecido por los artículos 150, 169 y 171 de la Ley 731 de 2002 no está llamado a prosperar.

2.7. De la indebida aplicación del procedimiento ordinario.

Señala la demandante que la Procuraduría al tramitar la investigación disciplinaria bajo el procedimiento ordinario, le vulneró el debido proceso, pues olvidó analizar que al haber confesado la realización de la conducta se cumplió con uno de los requisitos del artículo 175 de la Ley 734 de 2002 para que la investigación se adelantara por el procedimiento verbal.

2.7.1. Del procedimiento verbal.

La Ley 734 de 2002 introdujo el llamado procedimiento verbal disciplinario dentro de sus procedimientos especiales, en los artículos 175 y siguientes. Si bien la Ley 200 de 1995 también incluía una disposición sobre procedimiento verbal, era solo una ampliación del procedimiento especial ante el Procurador General de la Nación y no un procedimiento autónomo como tal.

En efecto, el artículo 175(42) del Código Disciplinario Único señala que el procedimiento verbal contra los servidores públicos se aplicará cuando el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta; cuando haya confesión; cuando la falta sea leve, o gravísima y en todo caso, cualquiera que sea el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir el pliego de cargos; de lo que se puede deducir que las faltas calificadas como graves no pueden ser investigadas bajo este procedimiento.

Este procedimiento se caracteriza a grandes rasgos por ser considerado más corto en cuanto su duración; las etapas son más reducidas y se desarrollan en audiencia; las notificaciones se producen en estrados y la oralidad es la regla general que lo rige haciéndolo mucho más apto para implementar los medios técnicos de que trata el artículo 98 del Código Disciplinario Único.

La Corte Constitucional(43) ha analizado en varias oportunidades la constitucionalidad de los procesos verbales y ha determinado que son constitucionales y desarrollan los principios de celeridad, eficacia, economía procesal y oralidad, cómo lo hace también el procediendo ordinario.

2.7.2. Del proceso ordinario disciplinario.

Si bien el procedimiento ordinario es más dispendioso, también busca garantizar los derechos fundamentales de los investigados de una manera justa, luego es indiferente en materia disciplinaria que el proceso deba seguirse por este o por el verbal, pues en una y otra situación se debe respetar el debido proceso, el derecho de defensa y los principios que rigen la actuación administrativa, la única diferencia entre ellos es la agilidad que se le imprime al proceso verbal;

En el caso bajo estudio está demostrado que la señora Astrid Milena Peñuela Saldaña, en versión libre rendida el día 20 de junio de 2006 ante la Procuraduría Provincial de Facatativá confesó la realización de la conducta, situación que permite que dicho comportamiento se encuadre dentro de los requisitos contemplados en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002 para tramitar la actuación disciplinaria por el procedimiento verbal.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que la Procuraduría Provincial de Facatativá, en el auto de cargos proferido el 18 de septiembre de 2007 calificó la falta como grave acorde con los numerales 1º, 2º, 4º y 5º del artículo 43 del Código Disciplinario Único(44), circunstancia esta que admite adelantar la investigación por el procedimiento ordinario. Obsérvese que el artículo 175 del Código Disciplinario Único señala los eventos en los cuales debe aplicarse el procedimiento verbal, sin embargo una lectura razonada de la norma permite inferir que en aquellos casos en que la falta sea calificada como grave, la acción disciplinaria debe tramitarse bajo el procedimiento ordinario, sin que ello implique vulneración al debido proceso. Lo importante aquí, es que se garanticen los derechos fundamentales de los sujetos procesales en uno u otro caso.

Así las cosas, la Sala advierte que si bien la investigación disciplinaria se tramitó conforme al procedimiento ordinario regulado por la Ley 734 de 2002, esta circunstancia no implica la vulneración al debido proceso, pues dentro del trámite respectivo se garantizaron los derechos fundamentales a la investigada. Efectivamente, esta conoció los cargos en forma clara, concisa y oportuna, se notificó de las decisiones, pudo ejercer todos los medios de réplica, controvertirlos, presentar alegatos y en general, participar de modo activo en todo el proceso. En fin, la entidad de control le garantizó el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de legalidad.

En ese orden de ideas, el cargo referido a la presunta vulneración de su derecho al debido proceso por haberse tramitado la investigación a través del procediendo ordinario tampoco está llamado a prosperar.

2.8. Del desconocimiento del principio de la eventualidad o preclusión.

Manifiesta la señora Astrid Milena Peñuela que el ente de control vulneró este principio, como quiera que omitió cerrar la etapa probatoria.

2.8.1. Del principio de la eventualidad o preclusión en materia disciplinaria.

Este principio busca el orden, la claridad y rapidez en la marcha del proceso. Es muy riguroso en los procedimientos escritos y parcialmente en los orales. Es el principio que garantiza la correcta construcción del proceso porque la organización que debe reinar en él se asegura mediante el cumplimiento de ese orden preestablecido por la ley, en forma tal que sobre la base de la firmeza del primer acto procesal se funda la del segundo, y así sucesivamente, hasta la terminación del trámite, usualmente con una sentencia.(45)

El principio de la eventualidad enseña que siguiendo el proceso en el orden señalado por la ley, se logra su solidez jurídica, la cual se obtiene con el ejercicio de los derechos de las partes y con el cumplimiento de las obligaciones del juez, en el momento oportuno, y no cuando arbitrariamente se deseen realizar, de ahí la trascendente misión que cumple su inexorable observancia dentro de los procesos.(46)

Es a través de este principio que el proceso se divide en períodos o etapas, dentro de los cuales pueden cumplirse determinados actos o realizarse determinadas conductas. Es este un principio fundamental para el orden que debe existir en el proceso(47).

En conclusión, se trata de un principio esencial del derecho procesal para cuyo desarrollo se establecen diversas etapas que han de cumplirse, así como las oportunidades en que cada tina de ellas debe llevarse a cabo, vencidas las cuales no pueden ya adelantarse. En razón a este principio es que se establecen términos dentro de los cuales se puede hacer uso de los recursos de ley; así mismo, para el ejercicio de ciertas acciones o recursos extraordinarios, cuya omisión genera la caducidad o prescripción como sanción a la inactividad de la parte facultada para ejercer el derecho dentro del límite temporal establecido por la ley.(48)

En el caso sub examine está probado que la actora no solicitó la práctica de pruebas(49), tampoco la entidad consideró decretarlas de manera oficiosa, razones por las cuales las únicas tenidas en cuenta fueron las relacionadas en el auto de investigación del 28 de marzo de 2006 visible a folios 11 y 12, en donde se solicitó a la Coordinación de Acción Social la documentación relacionada con la mora en el envío de las declaraciones de desplazados por parte de la Personería de Sasaima y en el auto de cargos de fecha 18 de septiembre de 2007, en donde solo se tuvieron en cuenta las solicitadas en el auto de investigación, las cuales mostraron de manera fehaciente la objetiva ocurrencia del hecho endilgado, como fue la tardanza en la tramitación de declaración de desplazamiento por parte de la inculpada, circunstancia que ella misma reconoció en su versión libre, motivos que resultaron suficientes para formular acusación en su contra.

En ese orden de ideas aprecia la Sala que, como quiera que las partes no solicitaron pruebas más que las aludidas anteriormente, no era necesario abrir periodo probatorio en la investigación disciplinaria, no por omisión de la Procuraduría; tampoco con el ánimo de vulnerar el principio de la eventualidad o preclusión, sino porque no había pruebas por practicar. Además, porque la conducta constitutiva de falta disciplinaria estaba debidamente probada. Por consiguiente, al operador disciplinario no le quedaba otro camino que proferir fallo conforme al artículo 169 de la Ley 734 de 2002, como en efecto lo hizo.

Por consiguiente, este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

3. Conclusión.

Para la Sala, los actos sancionatorios proferidos por la Procuraduría Provincial de Facatativá el 31 de octubre de 2007 y por la Procuraduría Regional de Cundinamarca el 13 de marzo de 2008, están conformes con las garantías constitucionales y legales que los gobiernan, pues se le brindó a la disciplinada la oportunidad de presentar descargos, pruebas y controvertir las aportadas. Quedó claro además, que el incumplimiento de los términos procesales no es razón suficiente para declarar vulnerado el debido, proceso, máxime cuando quedó evidenciado el respeto por parte de la entidad de las garantías enunciadas. En consecuencia, los actos demandados conservan su validez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

DENEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Astrid Milena Peñuela Saldaña, contra la Nación, Procuraduría General de la Nación.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Archívese el expediente.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Consejeros: William Hernández Gómez—Gabriel Valbuena Hernández—Rafael Francisco Suárez Vargas».

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, Rad. 1220-2011, demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruiz, demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación, C.P. William Hernández Gómez.

Lo anterior supone tal como se considera en esta decisión, que «1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial.

6 Sic.

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de julio de 2017, Nº interno 2057-2011, M.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

8 Esta cita es propia del texto transcrito: Ley 734 de 2002 en los artículo 4º a 21 contempla los principios de legalidad, ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana, presunción de inocencia, celeridad, culpabilidad, favorabilidad, igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la defensa, proporcionalidad, motivación, interpelación de la ley disciplinaria, aplicación de principios e integración normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia.

9 Cita propia del texto transcrito: Artículo 170 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 38 del Decreto 2304 de 1989. «Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de los contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar estas».

10 Cita propia del texto transcrito: Artículo 187 inciso 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: «Para restablecer el derecho particular, la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas».

11 Esta cita hace parte del texto transcrito: La sentencia de unificación al respecto determina que «El juez de lo contencioso administrativo está facultado para realizar un “control positivo”, capaz de sustituir la decisión adoptada por la administración, lo que permite hablar de “[...] un principio de proporcionalidad sancionador, propio y autónomo de esta esfera tan relevante del derecho administrativo, con una jurisprudencia abundante y enjundiosa, pero de exclusiva aplicación en dicho ámbito. [...]”, lo cual permite afirmar que “[...] el derecho administrativo sancionador ofrece en este punto mayores garantías al inculpado que el derecho penal […]”. Ahora bien, cuando el particular demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo lo hace en defensa de sus intereses y no de la ley. En consecuencia, el juez debe atender la realidad detrás del juicio disciplinario administrativo puesto que “[…] si la esfera subjetiva se torna en centro de gravedad, el interés del particular adquiere un protagonismo que la ley no ha querido obviar, elevando al grado de pretensión, junto con la anulatoria, a la solicitud de restablecimiento de la situación jurídica individual [...]».

12 Por la cual se expidió el Código Disciplinario Único.

13 Corte Constitucional, Sentencia C-942 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

14 Corte Constitucional, Sentencia C-942 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

15 Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia de 3 de febrero de 2017, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

17 Código Contencioso Administrativo, artículo 136: «Caducidad de las acciones. 2. La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de 25 de febrero de 2016, Rad. 1493-2012, demandante: Rafael Everto Rivas Castañeda, demandado: Procuraduría General de la Nación y otro, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. En esta decisión se consideró: «Corolario de lo expuesto y a manera de síntesis de las consideraciones precedentes, la Sala aclara los criterios para la determinación de los eventos en que sea procedente dar aplicación a la interpretación del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo antes expuesta, en los siguientes términos: La posición deberá ser aplicada en aquellos eventos en los que: I) Se controviertan actos administrativos que Impongan sanciones disciplinarias que impliquen el retiro temporal o definitivo del servicio, ii) Cuando en el caso concreto haya sido emitido un acto de ejecución según lo dispuesto en el artículo 172 del Código Disciplinario Único, y iii) Cuando dichos actos de ejecución materialicen la suspensión o terminación de la relación laboral administrativa. Es en estos eventos en los que de conformidad con los artículos 29 y 229 de la Constitución Política y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo debe ser interpretado en el sentido en que el término de caducidad será computado a partir del acto de ejecución de la sanción disciplinaria».

19 «Esta circunstancia no solamente implica que el sujeto disciplinado dispone de un término más amplio para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que consecuentemente otorga a la persona una mejor oportunidad para elaborar su defensa ante las autoridades judiciales, lo que sin lugar a dudas redunda en un ejercicio más adecuado de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa». Rad. 1493-2012, sentencia de 25 de febrero de 2016, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

20 «Debe aclararse que fa interpretación más favorable del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo no riñe con el principio de seguridad jurídica, por cuanto en todo caso se trata de establecer una regla clara para la contabilización del término de caducidad en los casos en los que se acudió a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir actos administrativos disciplinarios que implicaran el retiro temporal o definitivo del servicio.
Tampoco es posible argumentar que un criterio más favorable conlleve un desconocimiento del principio de buena fe establecido en el artículo 83 de la Constitución Política, pues por el contrario a juicio de la Sala, esta interpretación parte de la presunción de que las actuaciones de los particulares se ciñen a sus postulados», Rad. 1493-2012, sentencia de 25 de febrero de 2016, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

21 Sic.

22 Rad. 1493-2012, sentencia de 25 de febrero de 2016, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

23 Sentencia C-832 de 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

24 Fl. 147 del cdno. 1.

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de 25 de febrero de 2016, Rad. 1493-2012, demandante: Rafael Everto Rivas Castañeda, demandado: Procuraduría General de la Nación y otro, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. En esta decisión se consideró: «Corolario de lo expuesto y a manera de síntesis de las consideraciones precedentes, la Sala aclara los criterios para la determinación de los eventos en que sea procedente dar aplicación a la interpretación del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo antes expuesta, en los siguientes términos: La posición deberá ser aplicada en aquellos eventos en los que: i) Se controviertan actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias que impliquen el retiro temporal o definitivo del servicio, ii) Cuando en el caso concreto haya sido emitido un acto de ejecución según lo dispuesto en el artículo 172 del Código Disciplinario Único, y iii) Cuando dichos actos de ejecución materialicen la suspensión o terminación de la relación laboral administrativa. Es en estos eventos en los que de conformidad con los artículos 29 y 229 de la Constitución Política y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo debe ser interpretado en el sentido en que el término de caducidad será computado a partir del acto de ejecución de la sanción disciplinaria».

26 Derogado por el artículo 309, Ley 1437 de 2011, a partir del 2 de julio de 2012.

27 Cdno. 1 (empastado).

28 Fls. 11 a 12. 15.

29 Fls. 24 a 34.

30 Fl. 35.

31 Fls. 41 a 55.

32 Fls. 59 a 73y 75.

33 Fls. 76 a 96, 97 a 113 y 117.

34 Fl. 8 a 9.

35 Fls. 6 a 7.

36 Fls. 21 a 22.

37 Así lo ha considerado la Corle Constitucional en Sentencia C-708 del 22 de septiembre de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la cual será citada más adelante.

38 Sentencia C-341/2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

39 Proceso Nº 730012331000200401306 01 (0684-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

40 Fls. 24 a 34 del cdno. 1.

41 Fls. 59 a 69 del cdno. 1.

42 ART. 175.—Aplicación del procedimiento verbal. <Artículo modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.

También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2º, 4º, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley.

En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos.

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.

43 Sentencia C-370 de 2012.

44 Fl. 31 del cdno. ppal.

45 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil colombiano, Parte General, Tomo I, Octava Edición, Dupré Editores, Bogotá, D.C., 2002.

46 Ibidem.

47 Sentencia C-449 de 1995, M.P. Jorge Arengo Mejía.

48 Auto 232 del 14 de junio de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

49 Fls. 39 a 55 del cdno. 1.